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Última modificación: 2013-04-29
El derecho al habeas data de las personas privadas de la libertad en contra de quienes se adelantan distintas causas penales

Un ciudadano solicita la protección a su derecho de defensa y al debido proceso basado en las supuestas irregularidades en que incurrieron las autoridades judiciales, que lo investigaron, acusaron, juzgaron y profirieron una condena en su contra por el delito de homicidio en el año de 2003. La sentencia le fue notificada en el año 2008. El actor no tuvo conocimiento de dicho proceso a pesar de que se encontraba privado de la libertad desde el 10 de enero de 2001.

La Corte recuerda que en el artículo 15 de la Constitución se establece el derecho de habeas data, según el cual todas las personas pueden conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. De esta manera, existe la obligación del Estado de que los archivos y bancos de datos públicos estén debidamente actualizados. Así, las autoridades judiciales, acudiendo a la información actualizada, veraz y confiable, que les suministra quienes administran los bancos de datos estatales, deben citar o poner en conocimiento a las personas vinculadas a las actuaciones judiciales, a efectos de que puedan ejercer su derecho de defensa.

La necesidad de contar con adecuadas bases de datos respecto de las personas privadas de la libertad, ha sido plasmada por el legislador en el artículo 129 de la Ley 906 de 2004 donde se le impone la Fiscalía General de la Nación, el deber de llevar ?un registro de las personas a las cuales se haya vinculado a una investigación penal. Para el efecto, el funcionario que realice la vinculación lo informará dentro de los cinco (5) días siguientes a la decisión, al sistema que para tal efecto lleve la Fiscalía General de la Nación?. A su vez la Ley 65 de 1993 ?Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario?, establece en su artículo 54 que toda persona privada de la libertad debe ser reportada dentro de las veinticuatro horas siguientes, con su respectiva identidad y situación jurídica al Inpec, el cual deberá crear el registro nacional de dichas personas, manteniéndolo debidamente actualizado y el artículo 56 indica que los centros de reclusión deben llevar un registro de ingreso y egreso con los datos especiales de cada interno, fecha, hora de ingreso, estado físico, fotografía y reseña dactiloscópica.

La Corte manifiesta que a las personas recluidas en los establecimientos carcelarios, no les corresponde asumir la carga de la ineficiencia estatal en el manejo de la información atinente a su ubicación, por tanto, cualquier notificación que corresponda adelantarse en estos casos, debe hacerse de manera personal, informando a los procesados el estado en que se encuentren las distintas causas seguidas en su contra, pues de lo contrario, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales y esta situación conllevaría a la nulidad de las actuaciones que se surtan a partir del momento en que se le impide ejercer su derecho de defensa por desconocimiento del proceso seguido en su contra.

Con base en lo expuesto, la Corte declara la nulidad de lo actuado a partir del auto por medio del cual el Juzgado avocó el conocimiento del proceso procediendo a notificar personalmente al procesado en el centro carcelario donde esté recluido, sobre el estado en que se encuentra el proceso, con el fin de que lo conozca y pueda ejercer su derecho de defensa.

Además exhorta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, a la Policía Nacional y al Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC-, para que dentro de sus competencias, dispongan lo necesario para que se creen los medios técnicos para asegurar a los operadores judiciales el acceso a la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-105-10

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