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Última modificación: 2013-06-17
Los internos con diversa orientación sexual pueden ingresar elementos de uso personal a los establecimientos carcelarios, necesarios para el ejercicio de dicha identidad

Un ciudadano privado de su libertad manifiesta que tiene la condición de ?gay transexual?. Por este motivo porta el cabello largo y usa productos de maquillaje y accesorios. Manifiesta que en razón a su identidad sexual, es sometido a tratamientos discriminatorios y violentos por parte de la guardia penitenciaria, quienes se oponen al estilo de su cabello y han decomisado los elementos que le permiten ejercer su opción sexual.

Estos comportamientos llevan al actor a concluir que los servidores públicos del establecimiento penitenciario desconocen sus derechos fundamentales. Por ende, impetró acción de tutela en contra del INPEC.

La Corte considera que la limitación de derechos fundamentales de las personas reclusas no pueden tener un grado de intensidad que implique la afectación del núcleo esencial de derechos diferentes a la libertad de locomoción y la libertad personal, ya que sólo serán razonables y proporcionadas constitucionalmente, las restricciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que sean ?legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente?, en este sentido el ejercicio de la sexualidad es uno de los derechos que escapan de las suspensiones propias de la privación de la libertad.

En criterio de la Corte la protección de la identidad y la opción sexual es consecuencia del principio de dignidad humana. Por ende, toda interferencia o afectación a este derecho es un grave atentado a su integridad y dignidad.

Para el caso particular del actor, la adopción de su identidad sexual está mediada por el uso de maquillaje, el pelo largo y determinadas prendas de vestir, elementos todos ellos que permiten reafirmar dicha opción y atenuar las imposiciones que le generan las características propias del sexo fenotípico. En otros términos, el adecuado ejercicio del derecho a la autonomía personal, reflejado en la determinación de la opción sexual, depende del uso de tales elementos por parte del accionante, por lo que la privación injustificada de los mismos conlleva la vulneración de sus derechos a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad. La institución demandada en abierta contradicción con los postulados del debido proceso, impuso sanciones al actor, consistentes en la prohibición de ingresos de sus elementos y la imposición de maneras determinadas de presentación personal, incompatibles con su opción sexual. Estas sanciones no estuvieron precedidas de ningún procedimiento disciplinario, ni tampoco de una motivación suficiente, que diera cuenta del porqué la apariencia física del recluso era incompatible con la disciplina y las limitaciones a los derechos fundamentales propias de la privación de la libertad en los establecimientos carcelarios.

A juicio de la Corte, el Director General del INPEC deberá prever expresamente en el Acto Administrativo que modifique dichos reglamentos, que la imposición de medidas y sanciones disciplinarias a las personas privadas de la libertad no deberá interpretarse de manera tal que sirvan de menoscabo para los derechos de las personas reclusas de identidad u opción sexual diversas. En ese sentido, las medidas y sanciones disciplinarias al interior de los establecimientos penitenciarios no podrán tener un alcance tal que (i) sirvan para prohibir el ingreso de elementos de uso personal a los establecimientos carcelarios, necesarios para que las personas reclusas de identidad sexual diversas puedan garantizar el ejercicio de dicha identidad; (ii) discriminen a las personas reclusas de identidad u opción sexual diversas en el derecho a la visita íntima, en iguales condiciones que las personas reclusas heterosexuales; y, de manera general, (iii) discriminen en el acceso y goce de los derechos adscritos a las personas privadas de la libertad, por el solo hecho de pertenecer a una minoría de identidad u opción sexual diversas.

La Corte decide tutelar los derechos invocados por el accionante. En segundo lugar ordena al director del establecimiento de reclusión que inicie una campaña de sensibilización y capacitación a los funcionarios, personal de guardia e internos de ese establecimiento, sobre la protección de los derechos constitucionales de los reclusos y reclusas de identidad u opción sexual diversa.

Por último ordena al Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que adelante las acciones tendientes a reformar las normas reglamentarias en materia de régimen de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, con el fin que resulten compatibles con la protección de los derechos constitucionales de las personas internas de identidad u opción sexual diversas, conforme lo expone la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-062-11

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