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Última modificación: 2007-08-08
Traslado de los internos y protección del derecho a la vida

· Responsabilidad de las autoridades carcelarias

Un interno consideró que sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad estaban en riesgo desde que el INPEC lo trasladó a un establecimiento carcelario donde se encontraban recluidas personas que fueron sindicadas y encarceladas gracias al testimonio que el actor rindió durante el proceso que se siguió contra estas últimas. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que la condición de recluso lo coloca dentro de un régimen penitenciario caracterizado por la supresión de ciertos derechos o prerrogativas y lo ubica dentro de un régimen excepcional, que siendo reglado, está bajo la dirección de las autoridades legalmente constituidas para el efecto, recayendo en ellas la responsabilidad de tomar precisas determinaciones, en cuanto a la suerte de los internos, dentro de las que se encuentra, por parte del director del INPEC la reubicación de los mismos por razones especiales.

Lo que comporta el escoger un establecimiento carcelario que ofrezca las debidas y adecuadas medidas de seguridad para proteger la vida e integridad física de cualquier recluso que se encuentre interno en los penales del país. No obstante, en lo posible, y conforme con las circunstancias concretas de cada caso, lo deseable y recomendable es que la administración de prisiones deba seleccionar un lugar diverso de aquel donde permanezcan recluidos quienes tienen demostrado interés de cegar la existencia del actor por parte de terceros nota 1.

· Lugares especiales de reclusión para proteger a defensor de derechos humanos

?Un interno considera que corre peligro su vida en el sitio de reclusión debido a su trabajo como defensor de derechos humanos. La Corte Constitucional al conceder la tutela de los derechos a la vida y a la igualdad del interno y ordenar su traslado a una casa fiscal de la institución carcelaria declaró el estado de cosas inconstitucional en la falta de protección a los defensores de derechos humanos por lo que procedió a hacer un llamado a prevención a las autoridades de la República. Manifestó la responsabilidad del Estado respecto al derecho a la vida de las personas detenidas como frente al derecho a la vida de los defensores de los derechos humanos. Adujo que la discrecionalidad para el traslado no es absoluta cuando peligra la vida del recluso por estar ligada a la justiciabilidad y responsabilidad del Estado?. * nota 2

· Lugares especiales de reclusión para proteger a agente de policía

La madre de un detenido instauró acción de tutela para la defensa de los derechos a la vida y a la integridad personal de su hijo quien fue agente de policía, dado que en el lugar donde se encontraba recluido también permanecían algunos guerrilleros a los cuales él dio captura. La Corte Constitucional al proteger los derechos a la vida y a la integridad personal del interno reiteró la importancia de los sitios especiales de reclusión en defensa de la vida e integridad de ciertos reclusos. Igualmente, la responsabilidad que pesa sobre el Estado por la seguridad de los internos y detenidos.

Los sitios especiales de reclusión para ciertas personas no constituyen un privilegio "sino una prudente medida de seguridad" que tiene por objeto el desarrollo de una de las funciones primordiales de las autoridades en el Estado de Derecho: proteger la vida y la integridad de todas las personas, aun las privadas de su libertad por razón de condena judicial o de modo preventivo. Al tener el recluso restringido su derecho a la libertad, resulta que el Estado es responsable por las omisiones que de lugar a la vulneración o amenaza de tales derechos por parte de las mismas autoridades carcelarias, de los guardianes o de los demás reclusos, pues tales daños y violaciones de derechos son por definición antijurídicos nota 3.

· Protección a reclusos acusados de la comisión de delitos contra la dignidad y el honor sexuales

Un recluso interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ?INPEC-, pues aquejado de enfermedad en la próstata y programado en varias ocasiones para intervención quirúrgica, a la fecha del reclamo de amparo no se la habían practicado. El INPEC informó que al interno sí se le había suministrado la atención médica requerida y que éste se negó a acudir a la cirugía programada por temor a que durante su movilización para que esta se llevara a cabo lo mataran por el tipo de delito que había motivado su condena (delito contra la dignidad y el honor sexuales). A partir de un informe ordenado por la Corte Constitucional, se concluyó que existía una serie de prejuicios respecto de los reclusos acusados de tales delitos -tanto dentro de la población reclusa como de los funcionarios del sistema carcelario y penitenciario- que lleva a conductas retaliatorias en contra de ellos.

La Corte Constitucional reiteró que la privación de la libertad de una persona la somete a una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte del Estado, representado en este caso por el INPEC. Según la Corte, dicha obligación no se contrae únicamente al acto de la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se pueda ver sometida la persona durante su reclusión, sino que tiene como base la responsabilidad de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad. En el presente caso, uno de los elementos básicos para el respeto de la dignidad humana es la debida protección a la vida. La Corte ha sostenido, en relación con la vida de los internos, que el Estado tiene una obligación de resultado, consistente en impedir de manera real y efectiva cualquier tipo de agresión que la amenace, bien sea que la amenaza provenga de otros reclusos, de terceros particulares o de agentes del Estado, para lo cual, si es necesario, deberá aplicar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulte indispensable hacerlo para proteger la vida de estos.

Sin embargo, cuando el riesgo para el derecho a la vida se focaliza en contra de cierto grupo de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas especiales necesarias para impedir en forma eficaz que dichas amenazas se ejecuten. En este sentido, advierte la Corte acerca de la absoluta armonía que debe existir entre esas medidas de protección que adopten las autoridades carcelarias, con los derechos constitucionales de los reclusos. Es decir, tales medidas no deben impedir la realización de la función resocializadora de la pena y el acceso a beneficios penitenciarios que de cualquier forma dificulten la obtención de la libertad, pues de lo contrario generarían situaciones de trato desigual en contra de los mismos. En referencia concreta del derecho a la salud del interno accionante, la Corte expresó que por razón de la privación de la libertad, para reconocer el carácter fundamental del derecho a la salud no se requiere demostración de su conexidad con el de la vida. En consecuencia, el Estado tiene, frente al interno, el deber de ofrecerle la atención médica que requiera, de manera oportuna y por el tiempo que sea necesario.

Para la Corte quedó claro que para el interno demandante existía una real amenaza a la vida como consecuencia del acto punible por el cual estaba privado de su libertad. Su petición tenía pleno sentido, pues el Estado ha incumplido su deber de asegurar las condiciones necesarias para que él pueda consentir en la realización de la cirugía. La Corte dispuso que el INPEC deberá diseñar un plan para garantizar su vida e integridad física para que éste pueda acudir con seguridad al centro de atención médico indicado por las autoridades penitenciarias para recuperar su salud.

Además, ordenó al INPEC iniciar programas y planes de selección, preparación y sensibilización del personal administrativo y de guardia, a fin de vincular a personas respetuosas de los derechos humanos; realizar un estudio que permita determinar los factores estructurales en el diseño de las cárceles que inciden negativamente en las oportunidades de protección de la integridad y vida de los reclusos sindicados de delitos sexuales, y adoptar medidas para garantizar el anonimato de los mencionados internos, con la asistencia de la Defensoría del Pueblo. También ordenó que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación investigaran las amenazas, maltratos físicos y otros actos en contra de la integridad de las personas sindicadas y condenadas por delitos sexuales referidos en el informe analizado y en la presente sentencia nota 4



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-611-00. Ver también la Sentencia T-774-06.
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-590-98
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-247-96
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-958-02

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