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Última modificación: 2007-08-08
Derecho de los reclusos al mínimo vital e integridad

· Alimentación carcelaria

?Una persona instauró acción de tutela por cuanto las raciones alimentarias que recibe en la cárcel donde se encuentra privada de la libertad han disminuido en cantidad y calidad. La Corte Constitucional al conceder la tutela de los derechos a la vida, integridad física, salud, igualdad y trabajo consideró que aunque exista privación de la libertad del condenado éste sigue siendo una persona humana cuya dignidad debe ser respetada en el curso de la ejecución de la pena impuesta, y sus derechos fundamentales -aunque algunos de ellos deban necesariamente sufrir la restricción inherente al castigo- continúan siendo exigibles y pueden ser reclamados ante los jueces por la vía del amparo. El Estado tiene la obligación de brindar a los internos una alimentación suficiente y adecuada; cuando incumple con dicho deber desconoce indiscutiblemente la dignidad humana y viola los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal de los reclusos. El hambre, que supone necesariamente sufrimiento y ostensible daño a la integridad personal -física y mental- de quien la padece, constituye un trato cruel e inhumano, proscrito por nuestro ordenamiento, e implica una pena adicional no contemplada en la ley?. * nota 1

?En otro caso similar, un interno a través de la tutela señaló que la alimentación que viene recibiendo en el centro carcelario es de pésima calidad y la cantidad que le es suministrada es muy poca y que, además, algunos días la comida que les dan viene descompuesta. La Corte Constitucional advirtió el deber de velar porque en el futuro los alimentos dados a los reclusos de la cárcel sean suministrados sin interrupción y cumplan los requerimientos higiénico-sanitarios mínimos, que garanticen una correcta alimentación. Los internos deberán recibir su alimentación diaria, la cual tendrá que responder a condiciones mínimas de higiene, valor nutricional y una calidad y cantidad que les permita su sana y completa nutrición?. * nota 2

?En otra ocasión, la Corte Constitucional señaló que, el racionamiento alimentario, la provisión de comida no apta para el consumo humano o la alimentación evidentemente desbalanceada, apareja un sufrimiento innecesario que constituye un tratamiento indigno o inhumano, a través del cual se compromete el mínimo vital del recluso. Este tipo de castigo suplementario resulta absolutamente reprochable desde la perspectiva de un Estado social y democrático de derecho que no persigue el sufrimiento innecesario del recluso como venganza por el daño causado a la sociedad o como mecanismo para purgar su culpa, sino su total rehabilitación para que pueda administrar adecuadamente su libertad cuando regrese a la vida comunitaria?. * nota 3

En otra ocasión, los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) aseguraron que la alimentación que se les suministraba era de muy mala calidad y no respetaba ninguna de las normas de sanidad y salubridad, no era balanceada, no se tenían en cuenta las condiciones de salud de algunos internos e igualmente ?se nos ha negado el derecho a procurar la alimentación por nuestros propios medios?. El INPEC respondió en el sentido de que se cuenta con la asesoría de una nutricionista y una ingeniera de alimentos, quienes por medio de un estudio riguroso, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, edades, tallas y promedio de peso, establecieron un ciclo de 14 minutas de alimentación normal y otras para dietas, teniendo en cuenta las patologías comunes que se han venido presentando.

Sobre el particular estimó la Corte que el INPEC no estaba vulnerando los derechos fundamentales de los internos ya que estaban haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de la alimentación, loable iniciativa que por supuesto debía continuar hasta el límite que el presupuesto del establecimiento lo permitiera. En cuanto la prohibición del ingreso de alimentos, la Corte consideró que se trataba de una medida proporcional por cuanto busca una finalidad constitucionalmente válida, cual es, mantener el orden y la seguridad en el establecimiento de reclusión; era necesaria ya que la experiencia demostró que el ingreso de comida había sido aprovechado para esconder sustancias prohibidas y armas, y era estrictamente proporcional en cuanto el centro de reclusión continuara con sus esfuerzos por brindarle una mejor y más equilibrada alimentación a la población interna.

En este orden de ideas, la Corte previno a las directivas del centro de reclusión para que continuara realizando los esfuerzos que fueran necesarios para que, dentro de las limitaciones presupuestales, mejorara la calidad de la alimentación brindada a los internos, en el sentido de que fuera balanceada. nota 4

· Elementos mínimos de dotación

Un interno instauró acción de tutela contra la Dirección de un establecimiento de reclusión por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la ?buena presentación y dotación reglamentaria?, ya que según lo dispuesto por el Código Penitenciario y Carcelario y el reglamento interno del respectivo penal, la administración penitenciaria debe proveer a los reclusos de determinados elementos. Según el demandante, al momento de ingresar al establecimiento se le informó que tenía derecho a recibir como dotación reglamentaria ?2 uniformes, 2 sabanas, 2 fundas, 1 par de botas, ropa interior y útiles de aseo personal para un periodo de un año?, sin embargo, después de treinta meses de reclusión solamente había recibido un uniforme y un par de botas. Afirmó que después de tanto tiempo de diario uso obligatorio, su uniforme estaba visiblemente deteriorado, por lo que había tenido que pedir prestado el uniforme a otros internos para recibir la visita de sus familiares y para ir a estudiar.

Asimismo, denunció un comportamiento irregular por parte de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, consistente en obligar a los internos a firmar una planilla como constancia de entrega de los dos uniformes, sin que esto hubiera ocurrido en realidad. El juez de primera instancia negó el amparo solicitado, pues consideró que la pretensión del actor era improcedente, ya que ?de bulto se aprecia que lo alegado por el actor no compromete directamente ningún derecho fundamental?. Para el juez, el deber de suministro de implementos de aseo y de uso personal tiene origen en el Código Penitenciario y Carcelario y en el reglamento del penal, pero no tiene ningún asidero en la Constitución. Afirmó el juez, que el derecho a la dotación puede exigirse, por ejemplo, mediante la acción de cumplimiento, y no mediante la acción de tutela que está establecida para la defensa de los derechos fundamentales. La Corte revocó la decisión del juez de instancia ya que consideró que no era correcto afirmar que los derechos consagrados en el artículo 67 de la ley 65 de 1993 y 62 de la resolución 0139 de 2003, tienen exclusivamente un rango de ley.

Para la Corte, por el contrario, esos derechos (i) constituyen un desarrollo de los contenidos de dos disposiciones constitucionales que consagran derechos fundamentales (art. 1, 12 Constitución Política), además, (ii) guardan cierta relación conceptual con el contenido del derecho al mínimo vital, en la medida en que garantizan condiciones mínimas de existencia; (iii) deben interpretarse según su contexto normativo, que para el caso está definido por las llamadas relaciones de especial sujeción en las que, dada la subordinación e indefensión del recluso, aumentan los deberes positivos del Estado; porque además (iv) persiguen la protección de la dignidad humana en términos funcionales, en la medida en que garantizan condiciones cualificadas de reclusión y eliminan posibles prácticas discriminatorias no informadas y, finalmente, (v) porque son traducibles en un derecho subjetivo, al aparecer de manera clara los elementos de la relación jurídica, a partir de la verificación del hecho operativo de la reclusión: un titular, la definición y determinación de la prestación y el sujeto pasivo de la obligación.

La Corte ordenó al representante legal de la Penitenciaría hacer efectiva la entrega al interno de los objetos que componen la dotación señalada en la ley y en la reglamentación. De igual forma, la Corte compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigara si en efecto se hacía firmar planillas certificando la entrega de dotaciones no suministradas. nota 5



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-718-99. Ver también la Sentencia T-851-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-208-99
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-714-96. Ver también las Sentencias T-1045-04, T-1239-04
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-490-04. En el mismo sentido ver Sentencia T-1145-05.

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