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Última modificación: 2007-08-08
Derecho de los reclusos a la igualdad

· No vulneración por trato diferente a enfermedades

El actor, recluido en un establecimiento carcelario, expresó que padecía el síndrome "Guillain-Barré" y que se sentía discriminado por cuanto a otras personas que sufrían esa misma enfermedad, como sucede por ejemplo con el sindicado Diomedes Díaz, sí se les había autorizado la detención domiciliaria. La Corte Constitucional sostuvo que aunque por algunas temporadas el demandante había estado privado de la terapia que necesitaba para que su estado de salud mejorara, o por lo menos para que no se agravara, al momento de proferir la sentencia la Corte encontró que las pruebas aportadas daban cuenta de que el recluso venía recibiendo la atención requerida por lo cual consideró que ya no existía objeto para tutelar. No obstante, dado el grave estado de salud del peticionario y con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales (artículo 2 Constitución Política), se estima pertinente prevenir al hospital y a las autoridades penitenciarias para que continúen brindando toda la atención que requiera el paciente.

En cuanto se refiere a la violación del derecho a la igualdad, no está llamado a prosperar el amparo constitucional, puesto que a pesar de que otra persona pueda padecer el mismo síndrome que el demandante, es importante tener en cuenta que, según aparece en su historia clínica y de acuerdo con lo afirmado en los conceptos médicos, se trata de una enfermedad con muy variadas manifestaciones, por lo que cada paciente puede pasar por estadios diferentes en el curso de su desarrollo. Por lo anterior resultó improcedente comparar la situación en que se encontraba el actor con la de otra persona que sufría la misma enfermedad. En consecuencia, no se halló probada la violación del derecho a la igualdad por ese aspecto nota 1.

· Diferencias de trato entre sindicados y condenados para la entrega de elementos mínimos de dotación viola derecho a la igualdad

Según los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) las directivas del centro de reclusión no les estaban brindando los elementos de aseo necesarios. El INPEC argumentó que, por razones presupuestales, esos elementos les fueron entregados a la persona únicamente al momento de su ingreso al mismo, pero que luego debía procurárselos de su propio peculio o el de su familias. El artículo 62 del Reglamento Interno del Reclusorio Carcelario y Penitenciario de Cómbita dispone un listado de elementos mínimos de dotación al condenado, dotación que estará a cargo del Estado. Estos elementos comprenden vestido diario, elementos de cama y útiles de aseo.

Sobre el particular, la Corte consideró que la mencionada disposición reglamentaria contraría el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, por cuanto no existía justificación alguna para que a los sindicados que se encontraban recluidos en las instalaciones de Cómbita no se les proveyera con la regularidad necesaria los mismos elementos básicos que el reglamento prevé para los condenados. El Estado ?dice la Corte- no puede alegar dificultades de orden presupuestal para no proveer a todos los internos un conjunto de elementos esenciales para llevar una vida digna. Por tal razón, ordena a las directivas del centro de reclusión inaplicar la restricción de provisión de elementos mínimos a los condenados, que establece el reglamento y cumplir el mandato que establece el artículo 13 constitucional. Confirmó así el fallo de segunda instancia, según el cual las directivas del centro de reclusión debían entregarle a los internos, de manera periódica, los elementos de aseo establecidos en el reglamento interno nota 2.

· Prohibición de discriminar a algunos internos en la asignación de bonificaciones por la ejecución de trabajos similares

Un interno presento acción de tutela por la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, y al desconocimiento de los artículos 17 (prohibición toda forma de esclavitud y servidumbre) y 53 (derecho al mínimo vital, el derecho a la remuneración oportuna) debido a que no se le reconoció una bonificación por los servicios que prestó como auxiliar de expendio de la cafetería del centro de reclusión como sí se hizo con otros internos que realizaban actividades similares o idénticas. La Corte protegió el derecho fundamental a la no discriminación del interno al considerar que no había razones legales ni constitucionales que justificaran un trato diferenciado.

Cuando un grupo de internos esté prestando similares servicios dentro del penal con el fin de que se les reconozca una bonificación y alguno de ellos no la reciba, se violaría su derecho a la igualdad por trato discriminatorio. Esto porque el trato diferenciado de situaciones semejantes solo puede legitimarse cuando se ofrezcan serios motivos constitucionales y legales para ello y se cumplan determinados criterios.

La Corte indico que ?aquellos tratos diferenciados que tengan como consecuencia la exclusión de personas o grupos que tradicionalmente han sido estigmatizados y señalados y que conlleven, en últimas, la negación del ejercicio de sus derechos fundamentales, se encuentran proscritos por la Constitución. La discriminación no sólo se configura cuando, frente a supuestos de hecho iguales en lo relevante, la ley deriva consecuencias desiguales, sino también cuando las autoridades administrativas, amparadas en sus facultades legales, aplican criterios de diferenciación evidentemente irrazonables resguardados en un supuesto manto de legalidad, cuyo efecto es la vulneración del derecho fundamental a la igualdad. En el último caso, las medidas discriminatorias son implementadas por la autoridad, mediante actuaciones presuntamente legales, sustentadas en los criterios antes señalados, y que están proscritos constitucionalmente, lo cual, se repite, trae como consecuencia la exclusión de grupos tradicionalmente estigmatizados aunque se alegue como justificación para ello el peligro que entrañan para ?la sociedad? y el daño que presuntamente ocasionan a la misma.? nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1291-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03. Ver también la Sentencia T-578-05
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-1326-05

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