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Última modificación: 2006-08-01
Solicitud de interno de visita intima con persona recluida en otro centro penitenciario debe indicar esa situación

Un interno considera que se le han violado los derechos fundamentales a la intimidad y a la igualdad, al no concedérsele el derecho a la visita conyugal o íntima.

El accionante manifiesta que se ha dirigido ante las directivas del establecimiento carcelario en mención, con el fin de que le sea concedida dicha visita sin que su pretensión haya sido atendida favorablemente. Asegura que con el fin de ejercer el derecho a la visita conyugal, ha solicitado el traslado de su compañera permanente al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada Caldas, en donde él se encuentra recluido, o en su defecto, su traslado a la Cárcel del Distrito Judicial de Chaparral Tolima, sitio de reclusión de ella.

No obstante la aseveración del interno accionante, se pudo establecer que si bien su solicitud de visita conyugal efectivamente se hizo, en ella no especifica el traslado de una ciudad a otra por encontrarse su pareja igualmente detenida.

Las autoridades judiciales de instancia que atendieron la demanda de tutela denegaron el amparo solicitado manifestando que el accionante debía agotar ante el INPEC el trámite administrativo señalado en el Reglamento General de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. En concepto de tales autoridades a través de la acción de tutela no se puede ?aspirar a que se contraríen las normas reglamentarias pertinentes, procedimiento que es necesario en orden a evaluar las circunstancias particulares de cada caso?.

La Corte, por su parte, en esta ocasión, consideró que la discusión no debía plantearse en orden a determinar si el demandante tenía o no derecho a la visita íntima o conyugal, como derecho fundamental, sino en el sentido de que para ejercer dicho derecho debía someterse al reglamento establecido por la administración y autorizado por la ley.

Estimó la Corte que el cumplimiento de los procedimientos previos establecidos en la ley y los reglamentos es indispensable para la realización de un estudio previo de las circunstancias, ya que las autoridades penitenciarias y carcelarias donde se encuentran los solicitantes de una visita íntima -en las condiciones descritas-, no sólo deben garantizarles su seguridad, sino también la de los funcionarios involucrados en el traslado respectivo.

En el presente caso, el peticionario omitió en su solicitud escrita señalar la necesidad del traslado a otro centro donde su compañera había aceptado la visita íntima, lo que muestra su desconocimiento acerca de cuáles son los procedimientos a seguir, los requisitos que debe reunir, los cuales el recluso no tiene por qué conocer si no ha recibido la orientación pertinente de la cual depende el ejercicio efectivo de sus derechos.

La Corte ordenó entonces al director del correspondiente establecimiento de reclusión informar, orientar y prestar la ayuda necesaria al peticionario, sobre el procedimiento a seguir con el fin de obtener el beneficio de la visita conyugal y así proteger su derecho fundamental a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la protección integral de la familia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-134-05

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