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Última modificación: 2007-08-08
Deber de trasladar a los reclusos para garantizar las visitas íntimas

Por considerar que se estaba violando su derecho fundamental a la intimidad, un recluso, cuya compañera también se encontraba privada de la libertad, interpuso acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y de un Comando del Departamento de Policía. El accionante señaló que, no obstante existir la autorización de la autoridad judicial competente, debido a que la realización de la visita implicaba necesariamente el traslado de su compañera desde su sitio de reclusión hasta el establecimiento carcelario en donde él se encontraba detenido, las autoridades carcelarias y policivas se oponían a dicha vista íntima argumentando que como ambos reclusos se encontraban sindicados del delito de rebelión, tal diligencia significaba un gran riesgo, pues podría ser utilizada para una fuga o un rescate.

De acuerdo con la Corte Constitucional, la vulneración del derecho fundamental a la intimidad, en la modalidad del derecho a la visita conyugal en cabeza del detenido, se configuró en este caso por la omisión administrativa de dar efectivo cumplimiento a la orden judicial que autorizó la visita conyugal al actor, en lo que se refería a la determinación de los obligados a cumplir obligaciones positivas para la realización de un derecho fundamental, es decir, a la vulneración concreta de un derecho fundamental que requería de actuaciones positivas de la autoridad para poder hacerse efectivo.

Respecto de la negativa del Comandante de la Policía, la Corte consideró que cuando las circunstancias fácticas, en particular de orden público, le impidan cumplir por sí mismo y a cabalidad sus funciones, el INPEC puede, previo el empleo de los recursos materiales y humanos disponibles, acudir a otras autoridades públicas con el fin de que colaboren armónicamente con el Instituto para el cumplimiento efectivo de sus funciones; auxilio que incluye el apoyo logístico en el traslado de internos para el cumplimiento de visitas íntimas cuando el INPEC ha demostrado fehacientemente su incapacidad fáctica de cumplir sus propias funciones sin el auxilio de la Fuerza Pública.

Concluyó la Corte que se trata aquí de una clara omisión consistente en el desconocimiento de la Constitución y la ley, ya que todas las autoridades públicas deben colaborar armónicamente en el cumplimiento de los fines del Estado, uno de los cuales es garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas. Por lo anterior, ordenó a las autoridades demandadas que, dentro del término de tres meses, diseñaran y ejecutaran un plan para cumplir efectivamente las visitas íntimas autorizadas por la respectiva autoridad judicial a favor del accionante, para lo cual debían tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar que la visita fuera aprovechada indebidamente nota 1.

En otra decisión, la Corte precisó que aunque las solicitudes de traslados conllevan la adopción de una serie de medidas para asegurar la vida e integridad tanto de los detenidos como de los guardias que custodian el traslado para hacer efectiva la visita conyugal, tal riesgo no puede convertirse en una disculpa genérica para impedir, de manera indefinida, el goce del derecho a la intimidad de los internos. Por lo tanto, las autoridades penitenciarias y carcelarias deben abstenerse de dilatar este tipo de solicitudes y de restringir el goce del derecho a la intimidad de los internos en la medida en que ello sea posible. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-718-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-795-06

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