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Última modificación: 2006-08-01
Obligación de autoridades de garantizar que las entrevistas de abogados e internos sean privadas

Los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) afirmaron que las visitas de sus abogados son objeto de múltiples restricciones y trabas, pues se les exigía la presentación de la boleta de visita expedida por la autoridad judicial competente, se les sometía a largas filas, la entrevista se realizaba en unas cabinas sin ninguna privacidad, se les obligaba a atender esposados a sus defensores y los guardias terminaban escuchando toda la conversación. El INPEC negó los hechos alegando que la presencia de la unidad de guardia es lejana, que ni siquiera podían escuchar una conversación en tono alto pues su ubicación es en la reja que da acceso al locutorio, con el único propósito de visualizar al interno.

La Corte consideró que no debía pronunciarse sobre las restricciones al ingreso de los apoderados por cuanto, de existir una violación en este sentido al ejercicio de una profesión liberal, ésta debía ser alegada directamente por los profesionales del Derecho y no por los internos. Pero sí consideró procedente un pronunciamiento sobre la manera como las entrevistas se llevan a cabo entre estos últimos y sus apoderados. En tal sentido, -dijo- es preciso adelantar una labor de ponderación entre el objetivo constitucionalmente válido del mantenimiento de la seguridad en el penal con el derecho a la intimidad de los reclusos. Para esos efectos, los funcionarios del INPEC deberan garantizar que las entrevistas que sostengan los internos con sus apoderados se realizaran sin intromisión alguna, lo cual en nada se opone a que, guardando una determinada distancia, se mantendra siempre el contacto visual con el recluso. Por tal razón, decidió ordenar a las directivas del centro de reclusión garantizar que las entrevistas de los internos con sus abogados fueran privadas y sin intromisiones del personal de guardia nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03

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