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Última modificación: 2006-08-01
Obligación del inpec de adoptar medidas para que los reclusos no atenten contra la libre orientación sexual de uno de ellos

Un interno, cuya orientación sexual es homosexual, instauró acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- al considerar que se le estaban violando los derechos a la vida, a la salud, a su integridad física y moral y a su libertad sexual. Manifestó que había sido víctima en distintas oportunidades de abuso sexual por parte de otros reclusos de la Cárcel Nacional Modelo y de otros centros penitenciarios donde había estado recluido, hechos respecto de los cuales existían constancias en documentos de dichos centros. Dijo que a causo de esos abusos había intentado suicidarse, y que temía ser portador de VIH. Admitió haber hecho uso en distintas ocasiones de la acción de tutela para lograr su traslado a otro centro de reclusión, pues, hasta ese momento, no había logrado una protección efectiva de su integridad por parte de las autoridades encargadas de su custodia y vigilancia.

La Corte Constitucional consideró que los derechos del accionante habían sido violados sistemáticamente por las omisiones del INPEC, pues su dignidad humana había sido desconocida de forma grave y manifiesta y se le había sometido a circunstancias de inseguridad y riesgo que podrían incluso haber comprometido su vida y su salud de forma irreparable, en caso de que efectivamente hubiere sido contagiado de SIDA. Para la Corte, las autoridades carcelarias se limitaron a constatar que en efecto el accionante había sido sometido a algunos de los delitos y vejaciones que había denunciado y a verificar la incapacidad institucional del sistema penitenciario?para tratar el caso específico de una persona del carácter, comportamiento y personalidad del accionante?. De tal manera, que se habían limitado a remitirlo indefinidamente a distintos centros penitenciarios, sin darle una garantía real de protección a la vida, la salud, la integridad física, la dignidad y la libertad sexual del actor.

La Corte le ordenó al director del INPEC y al director del Centro de Reclusión donde se encontraba el actor tomar las medidas necesarias para impedir que la libertad sexual y la integridad física del accionante sean afectadas o amenazadas nuevamente. En un plazo de tres meses ubicarlo en un centro penitenciario que no suponga riesgos para su dignidad y, en especial, para su libertad sexual y su integridad física. Asegurar que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias en las cuales fue desconocida la libertad sexual y la dignidad del actor, para poder deducir las responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan. Promover las denuncias penales que surjan de dichas investigaciones. Abstener de imponer limitaciones adicionales al actor en relación a los derechos que se reconocen a los demás reclusos e impedir retaliaciones en su contra. Garantizarle que se le practiquen los exámenes para determinar si es o no portador del VIH y brindarle los servicios de salud que sean necesarios con ocasión de esta eventual afección o cualquiera otra que se le hubiera podido ocasionar a causa de las acciones realizadas en contra de éste. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1096-04

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