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Última modificación: 2006-08-01
Deber de imponer un corte de cabello que no vulnere el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de un recluso

El accionante manifestó que él y otros reclusos que laboran en la preparación de los alimentos para el resto de la población reclusa de un establecimiento carcelario fueron sometidos a un corte de cabello degradante por orden de uno de los guardias de turno. Adujo que si bien las normas penitenciarias vigentes no permiten que los internos lleven el cabello largo, el corte de cabello que él tenía no iba en contravía de tales normas. No obstante lo anterior, fue ?rapado? y ello dejó a la vista una gran cicatriz, producto de una quemadura, que le ha valido numerosas burlas de los demás reclusos. Afirmó que esta situación ha afectado su autoestima y vulnerado por lo tanto su derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Directora del centro de reclusión señaló que el corte de cabello rapado o al ras que se imponía a los internos se justificaba para evitar fugas a través del conocido método del ?cambiazo? y por motivos de higiene, dado que el interno se desempeñaba laboralmente en actividades que consistían en la manipulación de alimentos.

La Corte, reiteró que si bien el recluso tenía suspendido su derecho a la libertad física, conserva la titularidad de sus otros derechos fundamentales, que igualmente podían ser objeto de restricción, en razón del especial control y sometimiento que le imponía el Estado. Así, pues, la restricción a los derechos fundamentales de los reclusos, sólo es viable en cuanto tienda a hacer efectivos los fines esenciales de la relación penitenciaria, esto es, la resocialización del interno y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro de las prisiones. Sin embargo, si bien las facultades de las autoridades carcelarias para limitar tales derechos son de naturaleza discrecional, encuentran su límite en la prohibición de toda arbitrariedad y, por tanto, deben ejercerse con sujeción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por ello la imposición del indicado corte de cabello atentaba contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad del accionante, al restringirlo en forma excesiva o desproporcionada y afectar así su contenido esencial.

Argumentó el Alto Tribunal que la imposición de un corte de cabello rapado desborda la finalidad de las normas disciplinarias al interior de un centro carcelario, por lo cual debe darse aplicación al principio de armonización concreta de las normas constitucionales, en particular de las que consagran el principio del respeto a la dignidad del ser humano y el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y las que otorgan fundamento al desarrollo de la política criminal del Estado y la aplicación del sistema carcelario. Así, la accionada Directora del centro carcelario podrá cumplir sus funciones y responsabilidades, contempladas en las normas legales pertinentes y el reglamento interno, mediante la imposición a los reclusos, de un corte de cabello corto, en vez de rapado. Por otra parte, agregó la Corte que, el argumento invocado por las directivas de la penitenciaría en el sentido de que la ocupación de cocinero que ostentaba el accionante es un motivo adicional de justificación de la medida impuesta, por requerirlo la manipulación de los alimentos, resulta sin validez, pues dicho efecto se puede lograr por otros medios como el uso de gorros adecuados nota 1.

En similares términos se pronunció la Corte al conocer una acción de tutela instaurada por los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) contra el INPEC, porque el mismo día de ingreso al centro de reclusión fueron sometidos a un proceso de ?rapado? de sus cabezas, comportamiento que, a su juicio, constituyó un trato cruel, inhumano y degradante, completamente lesivo de su dignidad. El INPEC argumentó que se trataba de una medida de seguridad encaminada a evitar los ?cambiazos? o suplantaciones, y que, además, el porte de cabello largo facilitaba el ocultamiento de drogas y armas. La Corte Constitucional consideró que se trataba de una medida desproporcionada, violatoria de ciertos derechos fundamentales.

Dijo que la imposición de la medida desbordaba la consecución de un fin legítimo, como lo es el mantenimiento de la seguridad y del orden en el establecimiento carcelario, como quiera que el mismo objetivo se puede alcanzar empleando un medio menos gravoso para la dignidad humana, tal como la práctica de una peluqueada que permita lucir un cabello corto, sin alterar los rasgos faciales y que proteja al mismo tiempo al interno del intenso frío que caracteriza a la región donde se halla ubicado el penal. Agregó que la calificación de un centro carcelario o penitenciario como de máxima seguridad no implica someter a los reclusos que allí se encuentran a esta clase de tratos. Rapar a los internos constituye entonces una flagrante vulneración a su derecho a la identidad personal y a lucir ante los demás de una determinada manera. La Corte encontró que dicha medida violaba la Constitución y en consecuencia ordenó suprimir el corte de cabello que implicara rapar la cabeza de los internos nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-750-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03

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