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Última modificación: 2007-08-08
Derecho a la notificación personal en procesos judiciales

· Deber de notificación personal en procesos de tutela

?En sentencia de tutela la Corte Constitucional consideró que la notificación de las sentencias de tutela a los reclusos debe ser efectuada de manera personal, con el fin de asegurar que el interno pueda impugnar las decisiones que le sean desfavorables ya que como lo ha establecido esta Corporación, la impugnación del fallo de tutela es un derecho constitucional reconocido directamente por la Carta a las partes que intervienen dentro del proceso.? * nota 1

· Vía de hecho como consecuencia de no realizar la notificación personal del interno

El actor interpuso acción de tutela por considerar violado su derecho al debido proceso, pues nunca se le notificó que cursaba un proceso penal en su contra, aún cuando se encontraba recluido en un establecimiento carcelario. En varias ocasiones el juzgador trató de verificar si el sindicado se encontraba recluido sin que las autoridades competentes dieran tal información, por lo cual la Corte, si bien ha sostenido que salvo que se presente una vía de hecho, las providencias judiciales no son objeto de revisión por parte del juez de tutela, cuando se presenta una vía de hecho por consecuencia, es procedente la tutela. La vía de hecho por consecuencia se refiere a ?aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales.

En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales?. De acuerdo con la Corte, la información sobre la privación de la libertad de la persona es vital. La restricción de la libertad que apareja su privación, no puede tener como efecto la anulación de los otros derechos constitucionales. La circulación debida del dato ?la persona X está privada de la libertad? es indispensable para que ella pueda ejercer el derecho de defensa, pues sin el conocimiento de dicha información, la autoridad judicial erradamente asumirá que se procesa a un sindicado que se oculta.

?En el evento en que se pruebe que se presentó una protuberante violación del derecho de defensa técnica, que no fuera considerada y evaluada de manera razonable por los jueces, procederá la tutela. En este caso, se exige una prueba real de la violación del derecho de defensa técnica, la cual no puede limitarse a la mera acusación de que el defensor no protegió los intereses del sindicado, sino una explicación de cómo no existió una verdadera estrategia de defensa del sindicado? nota 2.

· Imposibilidad de efectuar notificación personal afecta derecho de defensa del recluso

Se demandaron los numerales 2 y 3 del inciso 2 del artículo 184 del CPP los cuales establecían que por razones de caso fortuito o fuerza mayor originadas en el centro de reclusión y por razones de salud física o mental del sindicado, se entendía surtida la notificación personal al sindicado privado de la libertad, con la notificación personal a su defensor. Para el actor estas normas violaban el artículo 29 de la Carta al avalar una notificación ficticia, pues suponer que la notificación personal imposible de efectuar realmente ocurrió, impide que el procesado detenido interponga los recursos pertinentes contra la providencia que no se le notificó. Ni la enfermedad física o mental, ni el caso fortuito o la fuerza mayor, son eventos necesariamente atribuibles al preso, por lo que aplicarle a éste las consecuencias desfavorables de la falta de notificación, quebranta su derecho a ser oído en juicio, y es deber del Estado agotar todas las alternativas para lograr la notificación del incriminado.

La Corte realizó un juicio de razonabilidad y de proporcionalidad de la medida para determinar si la limitación al derecho a la notificación personal del sindicado privado de libertad era excesiva y vulneraba su derecho de defensa. Consideró que la medida era efectiva para lograr un fin en principio legítimo, como es evitar dilaciones en el trámite del proceso penal, pues las normas superiores propenden al logro de un proceso rápido, como garantía de la recta administración de justicia. Sin embargo, al analizar la proporcionalidad de cada uno de los supuestos normativos la Corte encontró que la restricción es superior a los beneficios que pretende el objetivo legítimo.

Respecto del caso fortuito o la fuerza mayor en centros de reclusión, la Corte consideró que la restricción es desproporcionada porque:

i) La dilación en el trámite que por fuerza mayor se produce no puede ser calificada de ?injustificada? y dado que el artículo 29 de la Carta consagra el derecho a un debido proceso ?sin dilaciones injustificadas?, no excluye la suspensión de los procesos por causas justificadas como en los casos de fuerza mayor, con lo cual el constituyente restringió el alcance del principio de celeridad en garantía de los demás derechos que conforman el debido proceso;

ii) La disposición perjudica exclusivamente al recluso, quien ve limitado su derecho de defensa al no poder enterarse personalmente de las decisiones judiciales, sin que el proceso se suspenda por la fuerza mayor no imputable a culpa suya, con lo cual se afecta el principio de igualdad, norma rectora del proceso penal y desarrollo del artículo 13 de la Carta;

iii) La fuerza mayor originada en el centro de reclusión excluye la posible comunicación entre defendido y defensor, que haría legítima la presunción de notificación, pues si para el servidor judicial es imposible hacer la notificación personal, para el defensor será igualmente imposible comunicarse con su defendido;

iv) Acaecida la fuerza mayor en el centro de reclusión es deber del Estado procurar el inmediato restablecimiento del orden, que permita la realización de diligencias de notificación personal y mientras no lo haga no puede proseguir con el trámite del proceso obviando la notificación al amparo de las circunstancias, pues ello equivale, en cierta forma, a alegar su propia culpa;

v) La norma supone que como el defensor intervendrá en el proceso a favor del defendido, es innecesaria la notificación y comparecencia de éste último, con lo cual parece equiparar la defensa técnica con la defensa material del inculpado, desconociendo la oportunidad real de ejercer ésta última. El artículo 29 de la Constitución indica que el derecho de defensa no se limita a la facultad de ser asistido por un abogado, sino que se extiende a la posibilidad del sindicado de intervenir directamente en el proceso;

vi) Se produce una restricción fuerte del derecho de escoger el defensor por esta forma de notificación presunta al apoderado, pues al tenor del inciso final del artículo 184, parcialmente acusado, ?en caso de excusa válida o renuencia a comparecer del defensor (para recibir esta notificación) se le reemplazará por uno público o de oficio con quien se continuará la actuación?. Por todo lo anterior, si ocurre fuerza mayor o caso fortuito, respecto del procesado se suspenderá el proceso mientras duren los hechos imprevistos e irresistibles, aplicando el artículo 152 del Código de Procedimiento Penal.

En cuanto a las razones de salud física o mental del sindicato como causal que justifica la notificación supletiva, la Corte realizó algunas distinciones. Respecto de las condiciones físicas y mentales transitorias presentes al momento de hacerse la notificación, la solución adoptada por el legislador para no entorpecer el desarrollo del proceso es desproporcionada, pues supone un sacrificio del derecho de defensa del individuo privado de la libertad que es superior al beneficio constitucional que la norma pretende lograr. En efecto, si el estado mental o físico del reo le impide temporalmente conocer la providencia que se le notifica, forzoso es concluir que durante la perturbación tampoco está en condiciones de adelantar su defensa y de participar activamente en el proceso, lo cual es inadmisible desde el punto de vista de los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución, que garantiza la presencia real del inculpado en el proceso.

La desproporcionada lesión del derecho de defensa y del principio de publicidad del procedimiento que ocasiona la disposición debe evitarse acudiendo a la suspensión justificada del proceso respecto del procesado privado de libertad, mientras recobra la lucidez o su capacidad física necesaria para enterarse de la providencia que se le notifica, aplicando el artículo 152 del estatuto procesal penal. En lo que respecta a las razones de salud mental permanentes, la persona no puede comprender el acto que se le notifica por lo cual deben aplicarse los artículos 374 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. La solución contraria, adoptada por la norma, que propone adelantar el trámite procesal desconociendo la incapacidad mental del procesado, y su imposibilidad para hacerse presente dentro del trámite, lesiona el derecho de defensa del enfermo mental, desconoce su dignidad y la necesidad de especial protección por parte del Estado.

Respecto de las perturbaciones físicas permanentes, el juez analizará si el procesado está afectado también en sus capacidades intelectuales, de manera que se le impida conocer y comprender el acto procesal que se le notifica, para proceder según el CPP, como en el caso de los enfermos mentales permanentes. En conclusión, las dos causales que contempla el artículo 184 del CPP como justificativas de la notificación supletoria y presunta que prevé la disposición, fueron declaradas inexequibles. La notificación supletiva de la personal, significa un sacrificio desproporcionado del derecho de defensa del privado de la libertad, del principio de publicidad del procedimiento y de la dignidad y especial merecimiento de un trato protector que se reconoce a la persona en condiciones de debilidad manifiesta, de acuerdo con el artículo 13 de la Carta, prescripción que es desatendida por la norma, que mira exclusivamente a la celeridad del trámite. nota 3

· Vía de hecho por ausencia de notificación personal a defensor de sentencia condenatoria y carencia de debida representación de abogado de oficio

El actor, persona privada de la libertad, afirmó que una vez notificado de la providencia que establecía su condena, la que estimó exagerada, decidió apelarla escribiendo simplemente la palabra ?apelo?, con la esperanza fundada de que su defensor de oficio hiciera lo que le correspondía, es decir, que la sustentara. Sin embargo, el juez de la causa no agotó los medios necesarios para notificar a su defensor de su decisión de apelar, y la sentencia condenatoria le fue notificada por edicto, razones por las que éste no realizó diligencia alguna a su favor y, en consecuencia, se declaró desierto el recurso de apelación oportunamente interpuesto. Adicionalmente, afirmó que su defensor era una persona con problemas mentales y de salud, con quien tuvo muy poco contacto personal durante el proceso. Por esta razón, consideró la existencia de violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa a través de la presencia de una vía de hecho.

En la tutela se estableció que en efecto el juez no había agotado todos los medios necesarios para notificar al apoderado del actor del recurso de apelación que este había interpuesto. De igual forma, se probó que el abogado padecía de lagunas mentales y que el actor, en distintas ocasiones, había tenido que asumir directamente su defensa. Por tal razón, la Corte consideró que el accionante había carecido de una debida representación, y que la falta de cuidado debido en el ejercicio de la profesión del abogado, le había sido transferida por completo a éste, en el momento en que se había declarado desierto el recurso, sin agotar los medios necesarios para enterar al abogado.

Para la Corte, en los casos en que exista un enfrentamiento entre el derecho al debido proceso, la protección del interés general, la seguridad jurídica y la eficiencia de la administración de justicia, y que no sea posible armonizar de manera concreta estos principios en conflicto, ?debe darse preferencia al derecho fundamental al debido proceso, pues la eficacia de la administración de justicia y la seguridad jurídica no pueden alcanzarse a riesgo de sacrificar los derechos fundamentales de las personas. La justicia está al servicio de esos derechos, por lo cual en estos casos no puede aplicarse mecánicamente el principio constitucional de prevalencia del interés general (Constitución Política art. 1º) sobre el particular, pues en tales eventos la norma constitucional relevante es aquella que dispone que el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (Constitución Política art. 5°)?.

Por ello, la Corte al considerar que existió un nexo causal entre la voluntad del demandante de apelar la decisión proferida en su contra y la imposibilidad del fallador de notificar personalmente esta decisión a su apoderado, concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, y dispuso que se rehiciera el proceso penal a partir de la notificación de la sentencia condenatoria y que se nombrara un nuevo defensor de oficio, para que así el accionante pudiera apelar la sentencia proferida en su contra nota 4.

· Inexistencia de violación cuando se debe a falta de interés del recluso

El actor consideró que se le había violado su derecho al debido proceso, por cuanto al existir, dentro del establecimiento carcelario una desobediencia civil, no pudo notificarse del cierre de investigación y, en consecuencia, existiendo todos los presupuestos procesales para solicitar libertad provisional, no pudo acceder a ella. La Corte Constitucional señaló que pese a los rigores pragmáticos que envolvía la desobediencia civil de los internos de la Cárcel Modelo, y habida consideración de los múltiples intentos de notificación hechos por las autoridades, el actor, con un poco de interés de su parte bien había podido notificarse de la providencia de cierre de investigación, tal como sí lo hizo frente a la providencia que le negó el beneficio solicitado.

Por consiguiente, siendo notorio que a pesar de que el demandante tuvo la oportunidad procesal de notificarse personalmente del mentado cierre, no lo hizo, debía por tanto correr con las consecuencias adversas. Esto es: asumir la denegación de la libertad provisional en tanto la causal invocada para su otorgamiento no llegó a configurarse satisfactoriamente. Finalmente, la Corte concluyó que la acción de tutela no puede surtirse como un proceso paralelo al previamente establecido en la ley, toda vez que el instituto del juez natural quedaría inane, al propio tiempo que la pretermisión de los ritos procesales ordinarios o especiales se harían inaplicables nota 5



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-324-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-014-01, reiterada en la sentencia T-759-01
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-648-01
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-183-04
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-941-01

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