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Última modificación: 2007-08-08
Violación del debido proceso disciplinario

Los actores consideraron que se les había violado el derecho al debido proceso por cuanto después de una riña entre internos, les fue impuesta una sanción, que al momento de serles notificada, la apelaron, pero dicho recurso no fue resuelto. La Corte Constitucional, después de hacer un análisis probatorio del caso, evidenció una serie de irregularidades en el procedimiento llevado a cabo para la imposición de dicha sanción. En consecuencia, la Corte sostuvo que el Director de la Cárcel no era la autoridad administrativa competente para adoptar la resolución mediante la cual se fallara la actuación disciplinaria, porque las faltas presuntamente cometidas por los internos investigados fueron calificadas como graves, de manera que la competencia recaía en el Consejo de Disciplina del establecimiento (artículo 133 de la Ley 65 de 1993).

En segundo término, en el concepto de rigor emitido por el subdirector de la cárcel quien actuó como instructor, omitió referirse a uno de los accionantes y por ende a la falta en la cual incurrió y qué sanción debía imponérsele, no obstante lo cual el Director terminó por sancionarlo con treinta días de aislamiento celular (Artículo primero de la resolución). En tercer lugar, de acuerdo con las constancias contenidas en la resolución sancionatoria, a los internos no se les hizo saber claramente que podían interponer el recurso de reposición y tampoco la obligación de sustentarlo.

La Resolución adoptada por el Director de la Cárcel adoleció del análisis y la valoración probatoria que toda decisión administrativa disciplinaria exigía, así como del más mínimo criterio dosificador y diferenciador de la sanción impuesta a cada uno de los internos disciplinados, pues a los aquí accionantes se les impuso 30 días de aislamiento celular, y a los restantes 40 y 10 días, todo lo cual no puede menos que calificarse como una vía de hecho que quebranta el derecho fundamental al debido proceso y que, sumada a las demás irregularidades reseñadas en precedencia, hace procedente la acción de tutela como único mecanismo idóneo y eficaz para su protección nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-773-01

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