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Última modificación: 2007-08-14
Régimen de visitas y debido proceso disciplinario

A la peticionaria le fueron prohibidas las visitas a su esposo, quien se encontraba recluido en un establecimiento carcelario, dado que en una ocasión le fue incautada marihuana que pretendía ingresar al penal. La peticionaria consideró que se le habían violado el derecho al debido proceso por cuanto no le fue debidamente notificado el acto mediante el cual se le prohibió definitivamente el ingreso al penal. La Corte Constitucional al tutelar el derecho alegado señaló que cuando la administración aplica una norma legal, que al mismo tiempo limita un derecho, la decisión correspondiente debe ser no sólo producto de un procedimiento, por sumario que este sea, sino que la persona afectada, sea informada de la determinación, pues se trata de un acto administrativo. De lo contrario, estaríamos frente a un poder absoluto por parte de la administración y, probablemente, dentro del campo de la arbitrariedad.

En aras del bien general que se pretende proteger, la seguridad en los establecimientos carcelarios, no es posible pasar por encima de los derechos de las personas. Corresponde a las autoridades competentes armonizar estos dos asuntos, para no poner en peligro las medidas de seguridad en los establecimientos carcelarios, ni vulnerar los derechos fundamentales de los visitantes. Pero ninguno de estos dos bienes puede primar sobre el otro. La joven no fue previamente oída sobre su versión de los hechos, ni se le informó directamente de la decisión y si contra ella procedían recursos, y es, en este punto concreto, donde residía la vulneración. La prohibición se le hizo en forma definitiva, tal como lo ordena la ley, pero sin establecer un límite en el tiempo. Pues, en principio, prohibir algo en forma definitiva no significa, necesariamente, que no se pueda fijar un límite razonable durante un periodo determinado. La Corte tuteló el derecho al debido proceso, por el hecho de que no fue oída, ni debidamente notificada del acto administrativo mediante el cual se le prohibió el ingreso a los establecimientos carcelarios nota 1.

?Al actor que se encuentra recluido en una cárcel le fue negada la visita de su madre porque poseía cabello sintético. Señala que no existe difusión del reglamento interno del centro penitenciario que permita conocer de antemano las prohibiciones para el ingreso al penal. La Corte Constitucional sostuvo que una medida administrativa de las directivas carcelarias que restrinja los derechos de los reclusos o de sus familiares no es constitucional por el sólo hecho de que ella se inscriba en la órbita de competencia. Debe, además, respetar el principio de publicidad, perseguir un interés constitucionalmente legítimo, guardar una relación razonable de adecuación entre el medio usado y el objetivo estatal perseguido y, finalmente, ella debe restringir el derecho protegido de la manera menos gravosa posible? * nota 2



  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-359-97. Ver también la Sentencia T-743-05
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-065-95

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