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Última modificación: 2007-08-14
Traslado de los internos y debido proceso

· Derecho a ser trasladado al lugar donde se adelanta el proceso penal

Un interno consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad, al debido proceso y a la defensa, dado que en cinco oportunidades, el Juzgado en el cual se adelantaba el proceso penal en su contra, había solicitado su remisión para que pudiera llevarse a cabo la audiencia pública de juzgamiento, pero los accionados se habían negado a efectuar dicha remisión, aduciendo que la institución carcelaria no contaba con los medios ni el personal necesario para ello. La Corte Constitucional sostuvo que las personas que han sido trasladadas a un establecimiento de reclusión ubicado en una localidad distinta de aquella en la que están siendo juzgadas, tienen derecho a ser remitidas a la sede del juzgado respectivo, en todos aquellos casos en los cuales su presencia resulte relevante para garantizar el debido proceso.

En consecuencia, cuando el Estado ha adoptado la decisión de trasladar a un recluso a un lugar distinto de aquel en el cual está siendo juzgado, debe realizar las previsiones necesarias para asegurar su posterior asistencia a las diligencias que así lo exijan. Ahora bien, no escapa a la Corte que en ciertas circunstancias no es posible realizar la remisión de la persona recluida, en la fecha programada unilateralmente por el juez. Sin embargo para que la decisión en virtud de la cual se deja de realizar un traslado resulte legítima, es necesario que se encuentre justificada en razones objetivas y suficientes nota 1.

Los actores, recluidos en una cárcel de Cali, interpusieron acción de tutela contra la Directora y el Comandante de Vigilancia del centro carcelario, por considerar vulnerados sus derechos a la igualdad, a la libertad, al debido proceso y a la defensa. Señalaron que en varias oportunidades, el Juzgado Penal del Circuito de Pasto, que adelantaba el proceso penal en su contra, había solicitado su remisión para llevar a cabo la audiencia pública de juzgamiento y que la Directora de la Cárcel y el Comandante de Vigilancia se habían negado a efectuar dicha remisión, aduciendo que la institución no contaba con los medios ni el personal necesario para ello. Para la Corte, las personas que han sido trasladadas a un establecimiento de reclusión ubicado en un lugar distinto de aquel en el que están siendo juzgadas tienen derecho a ser remitidas a la sede del juzgado respectivo, cuando su presencia sea relevante para garantizar el debido proceso pues se favorece el derecho a la defensa material, y es esencial para realizar el principio de inmediación judicial, propio del derecho penal.

En consecuencia, cuando el Estado ha decidido trasladar a un recluso a un lugar diferente de aquel en el que está siendo juzgado, debe realizar las previsiones necesarias para asegurar su posterior asistencia a las diligencias que así lo exijan. Si existen razones objetivas y suficientes que justifiquen la decisión de no trasladar al interno de una localidad a otra en la fecha programada para la realización de la audiencia pública de juzgamiento, no se violan los derechos del interno. En estos casos la diligencia judicial debe ser suspendida hasta que se produzca el traslado y, por lo tanto, las posibilidades de defensa del procesado no se ven amenazadas ni limitadas por la suspensión; tampoco se vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, pues las razones deben ser suficientes para justificar la suspensión de la audiencia; y no se viola el derecho a la libertad personal, pues el legislador ha establecido que si pasados seis meses a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, no se ha celebrado la audiencia de juzgamiento, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional (CPP art. 415-5).

Sin embargo, si los argumentos para justificar la decisión de no trasladar a una persona cuya presencia ha sido solicitada por el juez competente no son suficientes, entonces la conducta omisiva de la administración lesiona el derecho fundamental al debido proceso de la persona recluida. En principio, es suficiente la justificación objetiva y razonable, es decir, aquella que se fundamenta en datos ciertos y constatables, cuando quiera que las mismas conduzcan, razonablemente, a la protección de un bien o derecho de igual o mayor entidad que el derecho que se restringe por la orden de no realizar la remisión en la fecha programada. De otra parte, la existencia de una justificación objetiva y razonable supone que la solicitud de traslado ha sido correctamente evaluada y que se han tomado todas las previsiones necesarias para realizarla, pese a lo cual, ha resultado imposible sin poner en peligro bienes constitucionales de mayor jerarquía como la vida o la integridad personal del interno o de la guardia.

El Comandante de Seguridad y la Directora de la Cárcel de Cali argumentaban la falta de personal para trasladar en condiciones de seguridad a los actores en tres oportunidades diferentes, las condiciones de hacinamiento y una permanente zozobra por la falta de personal de guardia. Aunque los argumentos eran ciertos, no eran suficientes para justificar una dilación de más de ocho meses en el traslado para la audiencia y, por lo tanto, en la definición del proceso penal. Los efectos nocivos de la imprevisión del Estado que dejó de adoptar las medidas necesarias para garantizar el traslado oportuno de los internos a la sede en la cual estaban siendo juzgados, no podían recaer sobre la persona procesada y privada de su libertad. Las graves circunstancias de seguridad o los problemas de orden público justificaban una cierta postergación del traslado, pero no explicaban una demora tan considerable si no se intentó superar las dificultades mencionadas.

Para la Corte, se presentó una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones injustificadas, pero no podía limitarse a proferir una orden para el caso concreto, pues desconocería la existencia de un problema estructural, que afecta a la mayoría de las cárceles del país, y cuya solución no correspondía, a una actuación puntual de las autoridades de la cárcel de Cali o del INPEC a nivel nacional. Además se podría producir una lesión de los derechos a la igualdad y al debido proceso de las personas recluidas, y respecto de las cuales existen órdenes judiciales de traslado. En estos casos, la situación inconstitucional no sólo afecta los derechos de quienes interpusieron la acción de tutela, sino los de una parte importante de la población reclusa y no tendría sentido obligar a cada miembro del grupo afectado a acudir a la acción de tutela, pues ello congestionaría el aparato judicial.

De otra parte, al considerar las causas de la violación y actuar sobre ellas para removerlas, la Corte debe aplicar la igual protección de los derechos, a la que son acreedoras todas las personas afectadas por una misma situación. El hacinamiento, y la falta de recursos y de personal de guardia, no era un problema exclusivo de la cárcel de Cali y por lo tanto, no se trataba de ordenar la asignación de mayor personal para este establecimiento, pues ello, seguramente, implicaría la disminución de la seguridad de otro lugar de reclusión. En estas circunstancias, la Corte advirtió que la violación de los derechos de los actores se produjo como consecuencia de un estado de cosas que amenaza permanentemente los derechos de los reclusos que habían sido trasladados a este establecimiento de reclusión. Las circunstancias planteadas en este caso dieron lugar a la declaración de un estado de cosas inconstitucional.

En efecto, la necesidad de recluir en la cárcel de Cali a quienes, estando en otro establecimiento de la región, presenten problemas de seguridad, sumado a la falta de personal de guardia, a los problemas de orden público y al número creciente de solicitudes judiciales de remisión, no podía sino conducir al aplazamiento de los traslados y a la indefinida postergación del correspondiente proceso penal, con los consecuentes efectos negativos para la recta administración de justicia, los derechos de los reclusos y el control de la impunidad fruto de la dilación injustificada del proceso en el que se había dictado y hecho efectiva una orden de detención. En estas circunstancias, es necesario que todas las autoridades a quienes se encomienda la pronta administración de justicia y la protección de los derechos de las personas recluidas actúen de consuno para dar una solución de fondo al problema estructural presentado.

La Corte advierte que los efectos de una dilación injustificada del proceso, por la imposibilidad de efectuar el traslado oportuno de la persona procesada a las diligencias que así lo requieran, no atañen exclusivamente al INPEC, sino que se trata de un asunto que debe interesar a la rama judicial, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fuerza Pública. En estas condiciones, el funcionario judicial competente, previa a la respectiva solicitud de remisión, podría entrar en contacto con las directivas de la Cárcel para que éstas pudieran coordinar con la Fuerza Pública el traslado oportuno de la persona recluida a la respectiva diligencia judicial.

En consecuencia, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población reclusa así como la eficacia en la administración de justicia, la Corte ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministro de Defensa, al Director Nacional de la Policía, al Director Nacional del INPEC y al Ministro de Justicia y del Derecho, la adopción conjunta de estrategias de coordinación y cooperación interinstitucional que permitan resolver el problema estructural evidenciado, de manera que los jueces y fiscales puedan coordinar con las autoridades del INPEC, y estás últimas, con la Fuerza Pública, la remisión oportuna y adecuada de las personas recluidas en centros ubicados en un lugar distinto de aquel en el que se surte el proceso en su contra. Las autoridades también deben estudiar la posibilidad de implementar nuevas tecnologías para una adecuada administración de justicia cuando resulte imposible, o en exceso riesgoso, el traslado de la persona privada de la libertad a la sede del juzgado respectivo. nota 2

· Traslado por tentativa de fuga y motín

Un interno consideró vulnerados sus derechos fundamentales por cuanto el INPEC decidió trasladarlo de penal, después de haber encontrado indicios de fuga. La Corte Constitucional no concedió la tutela al considerar que la decisión del Director de la Cárcel se apoyó en las condiciones establecidas en la ley que faculta para que, de manera excepcional, puedan ordenar traslados, siempre que exista suficiente justificación y en caso de que un detenido o condenado constituya un peligro evidente para la vida e integridad personal de algunos de sus compañeros o de algún empleado del establecimiento, por virtud de enemistad grave o amenazas manifiestas. Sin duda la solución se justifica ante estos casos graves y excepcionales, que si no se tienen en cuenta pueden generar una gravísima responsabilidad para el funcionario, si no procede con la suficiente diligencia y cuidado para precaver una posible fuga o el quebranto de la disciplina interna de la cárcel.

Este tipo de actuaciones de la administración de efectos inmediatos e irresistibles y contra las que aparentemente no procede ningún recurso, como quiera que se aplican in continenti, dadas las especiales condiciones de reclusión física y de sometimiento a un régimen punitivo y penal que limita la libertad física de la persona, queda comprendido dentro de los casos en que se autoriza la excepción, como competencia del Director de la Cárcel, cuya resolución en todo caso pudo ser demandada ante el juez de lo contencioso administrativo nota 3.

En otro caso similar en el que un interno es trasladado de patio después de un motín, la Corte Constitucional sostuvo que los motivos para el traslado -orden y disciplina- eran razonables, pues la medida se había tomado a causa del motín y tentativa de fuga de presos presentados recientemente en dicho establecimiento, hechos en los cuales pudo estar vinculado el actor nota 4



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-966-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-966-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-066-96
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-352-00

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