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Última modificación: 2007-08-14
Estado de emergencia penitenciaria: derechos de los internos y deber de adoptar medidas preventivas

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, sobre estados de emergencia penitenciaria y carcelaria. Sostuvo que las limitaciones en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales de los reclusos se presentan dadas las circunstancias especiales de seguridad y salubridad que se deben mantener en una cárcel para garantizar el cumplimiento de las penas, las medidas de seguridad, la protección de los reclusos y los derechos de terceros. El director del INPEC está obligado a respetar los derechos constitucionales de los internos y no puede, en ningún caso, efectuar conductas que sean lesivas de aquellos derechos constitucionales que las personas recluidas conservan en forma plena. De otro lado, cuando sea necesario limitar un derecho, la autoridad carcelaria o penitenciaria tiene la obligación de tomar medidas proporcionales al fin perseguido que debe ser constitucionalmente legítimo.

Las medidas adoptadas durante la emergencia no pueden tener un carácter sancionatorio contra los reclusos, puesto que ellas están destinadas exclusivamente a "superar la situación presentada". El carácter preventivo del traslado y aislamiento de internos establecidos en la norma tiene como finalidad conjurar la crisis que se presenta en ese momento. En el ordenamiento jurídico colombiano, el traslado no tiene el carácter de sanción, es simplemente una decisión de gestión, a partir de los recursos físicos disponibles. La Corte estimó que el aislamiento que trata la norma acusada es de naturaleza preventiva pues tiene como objeto precaver la extensión o continuación de la situación de crisis, por lo cual la utilización de las facultades de emergencia para la imposición de aislamientos como sanción a los internos y no dirigidas a superar las situaciones de urgencia, constituye una desviación de poder. La adopción de estas medidas específicas debe ser adecuada, razonable, proporcional y respetar los derechos constitucionales de los internos nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-318-95

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