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Última modificación: 2007-08-08
Deber del estado de proteger la salud y la vida del recluso

Una persona detenida consideró afectado su derecho a la salud mental y a la unidad familiar al no permitírsele permanecer en su ciudad de origen al lado de su familia y al recluírsele en un pabellón de alta seguridad y no en un centro carcelario común. La Corte Constitucional señaló que cuando una persona es detenida con el cumplimiento de todos los requisitos, es inevitable que su ausencia temporal afecte en mayor o menor medida a la unidad familiar y al tráfico económico, cultural y cívico del medio en que ordinariamente se desenvuelve. Para el juez de tutela su violación se presenta cuando, sin justificación, la falta temporal del detenido en el seno de su familia se agrava, impidiéndole gozar del régimen de visitas o de la posibilidad restringida de comunicarse, dentro de los marcos de incomunicación que considere necesarios el juez del conocimiento.

La reclusión carcelaria bajo condiciones de alta seguridad, no sólo es admitida por la ley colombiana cuando se tienen fundadas razones para temer que el detenido cause daño a sus compañeros o al personal del establecimiento penitenciario; también lo es, cuando la autoridad responsable de la comparecencia del detenido en el proceso tiene fundadas razones para temer una fuga o la posibilidad de un ataque en contra del sindicado. La persona que es privada de su libertad pierde parcialmente la autonomía para calificar la gravedad de sus padecimientos y para decidir en qué casos buscar el tratamiento adecuado fuera del centro de reclusión. Al respecto la Corte manifestó que el Fiscal -desde que se concreta la privación de la libertad-, y los funcionarios del centro de detención -desde que el interno ingresa-, adquieren responsabilidades legales sobre la conservación de la vida y del estado de salud del detenido nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-277-94

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