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Última modificación: 2007-08-08
Deber del estado de garantizar el pago de los servicios públicos domiciliarios en los centros de reclusión

El Director de un establecimiento carcelario, por considerar violados los derechos fundamentales a un ambiente sano, a la salud, al trabajo, a la integridad física y a la solidaridad social, tanto de los internos como del personal administrativo y de guardia, interpuso acción de tutela contra de la empresa de servicios públicos que suministraba la energía eléctrica a dicho centro de reclusión, porque esta venía racionando tal servicio, debido a que el INPEC adeudaba a la empresa una suma considerable por concepto del servicio prestado.

La Corte Constitucional consideró que los directores de establecimientos carcelarios pueden invocar la protección de los derechos fundamentales de los internos cuando el quebrantamiento de tales derechos compromete la gestión del INPEC. Refiriéndose a la existencia de otros mecanismos judiciales de protección de los derechos fundamentales, agregó la Corte que no obstante la protección de tales derechos por vía de las acciones ordinarias y contencioso administrativas, compete al Juez Constitucional resolver la petición de amparo instaurada por el director de un penal, sin perjuicio de su falta de personería, cuando la entidad que representa el centro de reclusión se encuentra impedida para comparecer por encontrarse incursa en la violación. Es decir, el racionamiento de energía ordenado por la accionada, quebranta los derechos fundamentales de la población reclusa que precisamente el accionante está en la obligación de preservar.

Respecto de la conducta desplegada por la mencionada empresa de servicios públicos, la Corte manifestó que ésta podía suspender la prestación de los servicios por falta de pago de los usuarios, siempre que se sujete al debido proceso, es decir a la notificación personal de tales decisiones para que se puedan interponer los correspondientes recursos. La Corte concedió al Director del centro carcelario la protección constitucional de los derechos fundamentales que demandaba y le ordenó a la empresa de servicios públicos accionada que inmediatamente restableciera el servicio permanente de energía eléctrica en el mencionado centro carcelario y respondiera la petición presentada por el accionante; previno al INPEC para que dotara a los establecimientos carcelarios de los recursos que demanda el pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios, y dispuso dar traslado a la Procuraduría General de la Nación acerca del caso, con el propósito de que investigara la incorporación del rubro requerido para que los diferentes centros de reclusión cancelen oportunamente la facturación de tales servicios con los correspondientes presupuestos, de conformidad con la ley nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1108-02. En el mismo sentido, T-639-04

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