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Última modificación: 2007-08-14
Derecho de los reclusos a mantener el contacto con la familia

Indicó el actor que al carecer de oportunidades para el desarrollo de actividades productivas dentro del establecimiento de reclusión habían sido vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la vida digna. Agregó que no contaba con el apoyo de su familia, que carecía de recursos económicos, que fue condenado a 18 años de prisión y que llevaba 5 meses sin comunicarse con sus familiares. En consecuencia, solicitó que se ordenara a las directivas de la entidad adjudicarle un puesto de trabajo que le permitiera mantenerse activo, redimir su pena y obtener algunos recursos económicos para sufragar sus gastos personales, especialmente para poder comunicarse con sus familiares, quienes, afirmaba, residían en un municipio bastante distante de su lugar de reclusión.

Para la Corte resultó indispensable determinar si la decisión de las accionadas directivas del centro penitenciario de negar al interno accionante la posibilidad de desarrollar una actividad laboral que le permitiera, entre otras, comunicarse con su familia, desconocía o no sus derechos fundamentales a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a tener una familia. La Corte acudió a su doctrina sobre las relaciones de especial sujeción existentes entre el Estado y las personas privadas de la libertad, ámbito dentro del cual afirma que desde el punto de vista constitucional, tal relación implica que las acciones del Estado estén dirigidas a facilitar las condiciones adecuadas para una verdadera resocialización de las personas que han sido condenadas a pena privativa de la libertad, y destaca el papel de la familia de los reclusos en la resocialización. En otras palabras, las autoridades penitenciarias están en la obligación de desplegar una serie de conductas necesarias e idóneas para garantizar el mayor nivel de resocialización posible de los reclusos, de ello dependerá la posibilidad de reinserción social de estos.

Al abordar el tema específico de la importancia del contacto del recluso con su familia y de la mayor participación de esta durante el tiempo de la reclusión, la Corte manifestó: ?El proceso de resocialización es impensable o mucho más adverso sin el concurso activo y la presencia constante del grupo familiar. Esto se explica por varias razones: porque la familia es el único referente seguro de libertad con el que cuentan las personas recluidas, la mejor forma de mantener contacto con la sociedad y con el mundo fuera del penal, y sobre todo, porque constituye el centro de los vínculos afectivos más importante y duradero, lo cual le permite al recluso sobreponerse a sus condiciones de penuria y guardar esperanzas para la libertad. Sin estos elementos es bastante difícil que se realice en una medida razonable el propósito de resocialización?. (???) En conclusión, existe para la Corte una especial relación entre las condiciones necesarias para mantener el contacto con la familia y los derechos a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a tener y conservar una familia de que son titulares las personas privadas de la libertad?.

En el caso planteado, la Corte detectó la afectación de los derechos fundamentales del accionante derivada de la imposibilidad de comunicarse con su familia, hecho causado por la carencia de recursos suficientes, tanto de éste como de aquella, para mantener tan esencial contacto. En consecuencia, la Corte concedió la tutela del derecho fundamental del interno a mantener el contacto con su familia en conexidad con el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, y ordenó al Director del centro carcelario valorara nuevamente su solicitud de trabajo nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1190-03

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