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Última modificación: 2013-09-13
Derecho a prisión domiciliaria en clínica u hospital por el estado de salud del enfermo

Un ciudadano privado de la libertad presentó acción de tutela ante la negativa de un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de concederle la prisión domiciliaria, a pesar de encontrarse gravemente enfermo de tuberculosis multiresistente y VIH positivo en el pabellón de sanidad de un establecimiento penitenciario.

La providencia del juzgado resuelve suspenderle temporalmente "el beneficio de prisión domiciliaria hospitalaria" hasta cuando: (i) se allegue concepto de medicina legal, conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993; (ii) se remita por parte del Establecimiento Penitenciario y Carcelario la historia clínica y los paraclínicos practicados al interno; (iii) previa cita del mismo establecimiento, Medicina Legal determine el estado de salud del accionante y establezca si su tratamiento debe ser extra o intra muros.

A la luz del artículo 4° del Código Penal (Ley 599 de 2000) la pena cumple funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del condenado, operando esta dos últimas en el momento de la ejecución de la pena de prisión.

En línea con lo anterior, el artículo 9° de la Ley 65 de 1993, dispone que la pena tiene una función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización a través del tratamiento penitenciario.

Conforme al artículo 51 de la precitada Ley 65, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales.

De otro lado, el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), en su artículo 461, establece que dicho juez está facultado para ordenar al Instituto Nacional Penitenciario ?INPEC- "la sustitución de le ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva".

Ahora bien, siguiendo las máximas de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad consagradas en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva en establecimiento carcelario puede sustituirse por la de lugar de residencia, cuando, entre otros, el imputado o acusado este en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales, evento en el cual el juez determinará si la persona debe permanecer en su domicilio, en clínica u hospital (Código de Procedimiento Penal, artículo 314, numeral 4°, modificado por el 27 de la Ley 1142 de 2007).

De igual forma, según el artículo 68 del Código Penal, cuando el condenado padezca una enfermedad muy grave que sea incompatible con la vida en reclusión formal, el juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en el domicilio del penado o en el centro hospitalario que establezca el Instituto Nacional Penitenciario ?INPEC-, previo concepto de médico legista especializado y caución. Dice la norma en comento:

"ARTÍCULO 68. RECLUSIÓN DOMICILIARIA U HOSPITALARIA POR ENFERMEDAD MUY GRAVE. El juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario determinado por el INPEC, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correrán por su cuenta.


Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico legista especializado.

Se aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38.

El Juez ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación que dio lugar a la concesión de la medida persiste.

En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión formal, revocará la medida.

Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición de salud del sentenciado continúa presentando las características que justificaron su suspensión, se declarará extinguida la sanción."

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha precisado:

"(?) [E]n el ámbito punitivo, cuando el condenado se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, dispone el art. 68 del C.P., el juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o en centro hospitalario determinado por el INPEC.

Para la concesión de este beneficio, continúa la norma, debe mediar concepto de médico legista especializado y se exigirá que se garantice mediante caución el cumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 38-3 ídem.

El juez, resáltese, habrá de ordenar exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación que dio lugar a la concesión de la medida persiste.
En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión formal, revocará la medida."

A su vez, el artículo 68A ibídem señala los casos en los cuales no se concederán los beneficios o los subrogados penales, a saber:

"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.

Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos."

Por último, es necesario señalar que al referirse a los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena y los beneficios con los cuales se sustituye una pena restrictiva por otra favorable, la Corte Constitucional ha señalado que ellos tienen como "fundamento la humanización del derecho penal y la motivación para la resocialización del delincuente".

En consecuencia la Corte decide tutelar a favor del ciudadano los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la vida digna y al debido proceso, que están siendo vulnerados por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- quienes han omitido cumplir la orden de prisión hospitalaria para el interno y proporcionarle a éste el tratamiento especializado para las enfermedades de tuberculosis y VIH/SIDA que padece. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-035-13

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