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1. Derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad frente al régimen penitenciario

1.1. Derechos de los reclusos a la vida, la integridad y la dignidad humana

1.1.1. Condiciones sobre la reclusión voluntaria en celdas de aislamiento

?El Defensor del Pueblo interpuso acción de tutela a favor de varios reclusos que tienen en común el encontrarse sometidos a "aislamiento" voluntario, lugar donde deben convivir con moscas, roedores, y en medio de sus propios excrementos, expuestos además al frío y a morir de cualquier enfermedad. En su gran mayoría han solicitado el traslado de patio o de centro de reclusión debido a los graves problemas de salubridad y seguridad a que se encuentran expuestos. Además, con posterioridad a la presentación de la tutela, fueron trasladados a otros patios en el mismo penal, lo que pone de presente dos situaciones: una, el peligro al cual se someten nuevamente los actores, quienes deben "negociar" con los demás reclusos del patio al cual fueron trasladados, para que les sea permitido permanecer allí y se les respete su vida e integridad física.

"La Corte Constitucional al conceder la tutela de los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad humana de los reclusos dispuso tomar las medidas de control y vigilancia necesarias para garantizar la vida e integridad física de los demandantes, en razón a los conflictos o rencillas existentes entre estos y otros reclusos de los diferentes patios. Procedió también a disponer realizar las adecuaciones físicas necesarias o terminar aquellas ya iniciadas para humanizar las denominadas celdas de aislamiento, proveyéndolas de las condiciones higiénico-sanitarias, de ventilación y luminosidad mínimas para ser ocupadas. Dispuso, además, que los internos por razón de su misma seguridad podrán ser recluidos nuevamente en dichas celdas, pero no por ello se les impondrá el tratamiento de reclusos castigados, razón por la cual deberán gozar de los mismos beneficios que el resto del penal? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-265-99
1.1.2. Traslado de los internos y protección del derecho a la vida

· Responsabilidad de las autoridades carcelarias

Un interno consideró que sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad estaban en riesgo desde que el INPEC lo trasladó a un establecimiento carcelario donde se encontraban recluidas personas que fueron sindicadas y encarceladas gracias al testimonio que el actor rindió durante el proceso que se siguió contra estas últimas. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que la condición de recluso lo coloca dentro de un régimen penitenciario caracterizado por la supresión de ciertos derechos o prerrogativas y lo ubica dentro de un régimen excepcional, que siendo reglado, está bajo la dirección de las autoridades legalmente constituidas para el efecto, recayendo en ellas la responsabilidad de tomar precisas determinaciones, en cuanto a la suerte de los internos, dentro de las que se encuentra, por parte del director del INPEC la reubicación de los mismos por razones especiales.

Lo que comporta el escoger un establecimiento carcelario que ofrezca las debidas y adecuadas medidas de seguridad para proteger la vida e integridad física de cualquier recluso que se encuentre interno en los penales del país. No obstante, en lo posible, y conforme con las circunstancias concretas de cada caso, lo deseable y recomendable es que la administración de prisiones deba seleccionar un lugar diverso de aquel donde permanezcan recluidos quienes tienen demostrado interés de cegar la existencia del actor por parte de terceros nota 1.

· Lugares especiales de reclusión para proteger a defensor de derechos humanos

?Un interno considera que corre peligro su vida en el sitio de reclusión debido a su trabajo como defensor de derechos humanos. La Corte Constitucional al conceder la tutela de los derechos a la vida y a la igualdad del interno y ordenar su traslado a una casa fiscal de la institución carcelaria declaró el estado de cosas inconstitucional en la falta de protección a los defensores de derechos humanos por lo que procedió a hacer un llamado a prevención a las autoridades de la República. Manifestó la responsabilidad del Estado respecto al derecho a la vida de las personas detenidas como frente al derecho a la vida de los defensores de los derechos humanos. Adujo que la discrecionalidad para el traslado no es absoluta cuando peligra la vida del recluso por estar ligada a la justiciabilidad y responsabilidad del Estado?. * nota 2

· Lugares especiales de reclusión para proteger a agente de policía

La madre de un detenido instauró acción de tutela para la defensa de los derechos a la vida y a la integridad personal de su hijo quien fue agente de policía, dado que en el lugar donde se encontraba recluido también permanecían algunos guerrilleros a los cuales él dio captura. La Corte Constitucional al proteger los derechos a la vida y a la integridad personal del interno reiteró la importancia de los sitios especiales de reclusión en defensa de la vida e integridad de ciertos reclusos. Igualmente, la responsabilidad que pesa sobre el Estado por la seguridad de los internos y detenidos.

Los sitios especiales de reclusión para ciertas personas no constituyen un privilegio "sino una prudente medida de seguridad" que tiene por objeto el desarrollo de una de las funciones primordiales de las autoridades en el Estado de Derecho: proteger la vida y la integridad de todas las personas, aun las privadas de su libertad por razón de condena judicial o de modo preventivo. Al tener el recluso restringido su derecho a la libertad, resulta que el Estado es responsable por las omisiones que de lugar a la vulneración o amenaza de tales derechos por parte de las mismas autoridades carcelarias, de los guardianes o de los demás reclusos, pues tales daños y violaciones de derechos son por definición antijurídicos nota 3.

· Protección a reclusos acusados de la comisión de delitos contra la dignidad y el honor sexuales

Un recluso interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ?INPEC-, pues aquejado de enfermedad en la próstata y programado en varias ocasiones para intervención quirúrgica, a la fecha del reclamo de amparo no se la habían practicado. El INPEC informó que al interno sí se le había suministrado la atención médica requerida y que éste se negó a acudir a la cirugía programada por temor a que durante su movilización para que esta se llevara a cabo lo mataran por el tipo de delito que había motivado su condena (delito contra la dignidad y el honor sexuales). A partir de un informe ordenado por la Corte Constitucional, se concluyó que existía una serie de prejuicios respecto de los reclusos acusados de tales delitos -tanto dentro de la población reclusa como de los funcionarios del sistema carcelario y penitenciario- que lleva a conductas retaliatorias en contra de ellos.

La Corte Constitucional reiteró que la privación de la libertad de una persona la somete a una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte del Estado, representado en este caso por el INPEC. Según la Corte, dicha obligación no se contrae únicamente al acto de la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se pueda ver sometida la persona durante su reclusión, sino que tiene como base la responsabilidad de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad. En el presente caso, uno de los elementos básicos para el respeto de la dignidad humana es la debida protección a la vida. La Corte ha sostenido, en relación con la vida de los internos, que el Estado tiene una obligación de resultado, consistente en impedir de manera real y efectiva cualquier tipo de agresión que la amenace, bien sea que la amenaza provenga de otros reclusos, de terceros particulares o de agentes del Estado, para lo cual, si es necesario, deberá aplicar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulte indispensable hacerlo para proteger la vida de estos.

Sin embargo, cuando el riesgo para el derecho a la vida se focaliza en contra de cierto grupo de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas especiales necesarias para impedir en forma eficaz que dichas amenazas se ejecuten. En este sentido, advierte la Corte acerca de la absoluta armonía que debe existir entre esas medidas de protección que adopten las autoridades carcelarias, con los derechos constitucionales de los reclusos. Es decir, tales medidas no deben impedir la realización de la función resocializadora de la pena y el acceso a beneficios penitenciarios que de cualquier forma dificulten la obtención de la libertad, pues de lo contrario generarían situaciones de trato desigual en contra de los mismos. En referencia concreta del derecho a la salud del interno accionante, la Corte expresó que por razón de la privación de la libertad, para reconocer el carácter fundamental del derecho a la salud no se requiere demostración de su conexidad con el de la vida. En consecuencia, el Estado tiene, frente al interno, el deber de ofrecerle la atención médica que requiera, de manera oportuna y por el tiempo que sea necesario.

Para la Corte quedó claro que para el interno demandante existía una real amenaza a la vida como consecuencia del acto punible por el cual estaba privado de su libertad. Su petición tenía pleno sentido, pues el Estado ha incumplido su deber de asegurar las condiciones necesarias para que él pueda consentir en la realización de la cirugía. La Corte dispuso que el INPEC deberá diseñar un plan para garantizar su vida e integridad física para que éste pueda acudir con seguridad al centro de atención médico indicado por las autoridades penitenciarias para recuperar su salud.

Además, ordenó al INPEC iniciar programas y planes de selección, preparación y sensibilización del personal administrativo y de guardia, a fin de vincular a personas respetuosas de los derechos humanos; realizar un estudio que permita determinar los factores estructurales en el diseño de las cárceles que inciden negativamente en las oportunidades de protección de la integridad y vida de los reclusos sindicados de delitos sexuales, y adoptar medidas para garantizar el anonimato de los mencionados internos, con la asistencia de la Defensoría del Pueblo. También ordenó que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación investigaran las amenazas, maltratos físicos y otros actos en contra de la integridad de las personas sindicadas y condenadas por delitos sexuales referidos en el informe analizado y en la presente sentencia nota 4

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-611-00. Ver también la Sentencia T-774-06.
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-590-98
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-247-96
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-958-02
1.1.3. Derecho de los reclusos al mínimo vital e integridad

· Alimentación carcelaria

?Una persona instauró acción de tutela por cuanto las raciones alimentarias que recibe en la cárcel donde se encuentra privada de la libertad han disminuido en cantidad y calidad. La Corte Constitucional al conceder la tutela de los derechos a la vida, integridad física, salud, igualdad y trabajo consideró que aunque exista privación de la libertad del condenado éste sigue siendo una persona humana cuya dignidad debe ser respetada en el curso de la ejecución de la pena impuesta, y sus derechos fundamentales -aunque algunos de ellos deban necesariamente sufrir la restricción inherente al castigo- continúan siendo exigibles y pueden ser reclamados ante los jueces por la vía del amparo. El Estado tiene la obligación de brindar a los internos una alimentación suficiente y adecuada; cuando incumple con dicho deber desconoce indiscutiblemente la dignidad humana y viola los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal de los reclusos. El hambre, que supone necesariamente sufrimiento y ostensible daño a la integridad personal -física y mental- de quien la padece, constituye un trato cruel e inhumano, proscrito por nuestro ordenamiento, e implica una pena adicional no contemplada en la ley?. * nota 1

?En otro caso similar, un interno a través de la tutela señaló que la alimentación que viene recibiendo en el centro carcelario es de pésima calidad y la cantidad que le es suministrada es muy poca y que, además, algunos días la comida que les dan viene descompuesta. La Corte Constitucional advirtió el deber de velar porque en el futuro los alimentos dados a los reclusos de la cárcel sean suministrados sin interrupción y cumplan los requerimientos higiénico-sanitarios mínimos, que garanticen una correcta alimentación. Los internos deberán recibir su alimentación diaria, la cual tendrá que responder a condiciones mínimas de higiene, valor nutricional y una calidad y cantidad que les permita su sana y completa nutrición?. * nota 2

?En otra ocasión, la Corte Constitucional señaló que, el racionamiento alimentario, la provisión de comida no apta para el consumo humano o la alimentación evidentemente desbalanceada, apareja un sufrimiento innecesario que constituye un tratamiento indigno o inhumano, a través del cual se compromete el mínimo vital del recluso. Este tipo de castigo suplementario resulta absolutamente reprochable desde la perspectiva de un Estado social y democrático de derecho que no persigue el sufrimiento innecesario del recluso como venganza por el daño causado a la sociedad o como mecanismo para purgar su culpa, sino su total rehabilitación para que pueda administrar adecuadamente su libertad cuando regrese a la vida comunitaria?. * nota 3

En otra ocasión, los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) aseguraron que la alimentación que se les suministraba era de muy mala calidad y no respetaba ninguna de las normas de sanidad y salubridad, no era balanceada, no se tenían en cuenta las condiciones de salud de algunos internos e igualmente ?se nos ha negado el derecho a procurar la alimentación por nuestros propios medios?. El INPEC respondió en el sentido de que se cuenta con la asesoría de una nutricionista y una ingeniera de alimentos, quienes por medio de un estudio riguroso, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, edades, tallas y promedio de peso, establecieron un ciclo de 14 minutas de alimentación normal y otras para dietas, teniendo en cuenta las patologías comunes que se han venido presentando.

Sobre el particular estimó la Corte que el INPEC no estaba vulnerando los derechos fundamentales de los internos ya que estaban haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de la alimentación, loable iniciativa que por supuesto debía continuar hasta el límite que el presupuesto del establecimiento lo permitiera. En cuanto la prohibición del ingreso de alimentos, la Corte consideró que se trataba de una medida proporcional por cuanto busca una finalidad constitucionalmente válida, cual es, mantener el orden y la seguridad en el establecimiento de reclusión; era necesaria ya que la experiencia demostró que el ingreso de comida había sido aprovechado para esconder sustancias prohibidas y armas, y era estrictamente proporcional en cuanto el centro de reclusión continuara con sus esfuerzos por brindarle una mejor y más equilibrada alimentación a la población interna.

En este orden de ideas, la Corte previno a las directivas del centro de reclusión para que continuara realizando los esfuerzos que fueran necesarios para que, dentro de las limitaciones presupuestales, mejorara la calidad de la alimentación brindada a los internos, en el sentido de que fuera balanceada. nota 4

· Elementos mínimos de dotación

Un interno instauró acción de tutela contra la Dirección de un establecimiento de reclusión por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la ?buena presentación y dotación reglamentaria?, ya que según lo dispuesto por el Código Penitenciario y Carcelario y el reglamento interno del respectivo penal, la administración penitenciaria debe proveer a los reclusos de determinados elementos. Según el demandante, al momento de ingresar al establecimiento se le informó que tenía derecho a recibir como dotación reglamentaria ?2 uniformes, 2 sabanas, 2 fundas, 1 par de botas, ropa interior y útiles de aseo personal para un periodo de un año?, sin embargo, después de treinta meses de reclusión solamente había recibido un uniforme y un par de botas. Afirmó que después de tanto tiempo de diario uso obligatorio, su uniforme estaba visiblemente deteriorado, por lo que había tenido que pedir prestado el uniforme a otros internos para recibir la visita de sus familiares y para ir a estudiar.

Asimismo, denunció un comportamiento irregular por parte de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, consistente en obligar a los internos a firmar una planilla como constancia de entrega de los dos uniformes, sin que esto hubiera ocurrido en realidad. El juez de primera instancia negó el amparo solicitado, pues consideró que la pretensión del actor era improcedente, ya que ?de bulto se aprecia que lo alegado por el actor no compromete directamente ningún derecho fundamental?. Para el juez, el deber de suministro de implementos de aseo y de uso personal tiene origen en el Código Penitenciario y Carcelario y en el reglamento del penal, pero no tiene ningún asidero en la Constitución. Afirmó el juez, que el derecho a la dotación puede exigirse, por ejemplo, mediante la acción de cumplimiento, y no mediante la acción de tutela que está establecida para la defensa de los derechos fundamentales. La Corte revocó la decisión del juez de instancia ya que consideró que no era correcto afirmar que los derechos consagrados en el artículo 67 de la ley 65 de 1993 y 62 de la resolución 0139 de 2003, tienen exclusivamente un rango de ley.

Para la Corte, por el contrario, esos derechos (i) constituyen un desarrollo de los contenidos de dos disposiciones constitucionales que consagran derechos fundamentales (art. 1, 12 Constitución Política), además, (ii) guardan cierta relación conceptual con el contenido del derecho al mínimo vital, en la medida en que garantizan condiciones mínimas de existencia; (iii) deben interpretarse según su contexto normativo, que para el caso está definido por las llamadas relaciones de especial sujeción en las que, dada la subordinación e indefensión del recluso, aumentan los deberes positivos del Estado; porque además (iv) persiguen la protección de la dignidad humana en términos funcionales, en la medida en que garantizan condiciones cualificadas de reclusión y eliminan posibles prácticas discriminatorias no informadas y, finalmente, (v) porque son traducibles en un derecho subjetivo, al aparecer de manera clara los elementos de la relación jurídica, a partir de la verificación del hecho operativo de la reclusión: un titular, la definición y determinación de la prestación y el sujeto pasivo de la obligación.

La Corte ordenó al representante legal de la Penitenciaría hacer efectiva la entrega al interno de los objetos que componen la dotación señalada en la ley y en la reglamentación. De igual forma, la Corte compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigara si en efecto se hacía firmar planillas certificando la entrega de dotaciones no suministradas. nota 5

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-718-99. Ver también la Sentencia T-851-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-208-99
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-714-96. Ver también las Sentencias T-1045-04, T-1239-04
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-490-04. En el mismo sentido ver Sentencia T-1145-05.
1.1.4. Derecho de los reclusos a destinar el dinero ahorrado en los centros carcelarios a satisfacer sus necesidades familiares

En repetidas ocasiones un interno solicitó a las directivas del establecimiento de reclusión en el que se encontraba, que le entregaran los ahorros que había acumulado por concepto de la labor realizada como monitor de música en ese centro. El establecimiento negó la entrega del dinero aduciendo que esta sólo procedía en caso de una ?calamidad doméstica debidamente comprobada?.

Frente a esta respuesta negativa, consideró el accionante que se estaba violando su dignidad humana por el no reconocimiento y pago de las sumas adeudadas por su trabajo, dinero que requería para sufragar los gastos de educación escolar de sus dos hijas quienes no habían podido continuar sus estudios por carencia de los recursos económicos suficientes, ya que la madre de las niñas se encontraba en el momento sin empleo.

Para resolver el cuestionamiento planteado, la Corte, de manera general, reitera en esta sentencia su doctrina sobre el ejercicio pleno del derecho a la garantía de respeto a la dignidad humana de las personas recluidas en centros carcelarios y penitenciarios.

Recuerda que las actividades laborales que realizan las personas sometidas a privación de su libertad se enmarcan en lo que la misma Corte ha denominado relación de especial de sujeción, teoría que implica ciertas restricciones dentro de las cuales se explica por qué las labores desarrolladas por los internos en los establecimientos de reclusión no pueden equipararse a una relación laboral en el sentido estricto del término. Sin embargo, tales restricciones no pueden tornarse en medidas irrazonables o desproporcionadas.

Recuerda la Corte que para la protección de los derechos fundamentales, en especial el de la dignidad humana -en uno de los sentidos por ella delineado-, el Estado no sólo tiene la obligación de abstenerse de realizar ciertas acciones, sino que además debe desarrollar acciones positivas para ?asegurar que la personas puedan configurar su propia vida de la manera que mejor se ajuste a lo que ellas consideran valioso??, lo cual significa que ?el Estado adopte todas las medidas posibles para que esa libertad pueda ejercerse de manera real y efectiva. Que las entidades estatales estimulen el ejercicio de esta libertad y no pongan obstáculos injustificados, esto es, restricciones cuya existencia no encuentra sustento ni desde la perspectiva de los derechos de los demás ni desde el punto de vista de lo establecido en la Constitución?.

La Corte ordenó al Director del establecimiento de reclusión la entrega de la suma que por concepto de su trabajo como monitor de música había ahorrado el recluso para que lo destinara a satisfacer sus necesidades familiares. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-488-07
1.1.5. Prohibición de requisas humillantes

El actor planteó la presunta violación de su derecho a la dignidad humana, al afirmar que se le practicaba una requisa rutinaria que consistía en hacerlo desnudarse totalmente, mostrando sus partes íntimas, pararse de espaldas y agacharse varias veces. La Corte Constitucional tuteló el derecho invocado, por cuanto considera que la rutina de hacer desnudar al interno y obligarlo a agacharse o a hacer flexiones de piernas y a mostrar exhaustivamente sus genitales a la guardia, resultaba de por sí vergonzosa y humillante. La clase de requisa que se hacía en el caso en examen constituía un trato cruel, inhumano y degradante y, por ende, violatorio del derecho fundamental a la dignidad. Esta práctica es además innecesaria porque existen otros instrumentos para detectar elementos prohibidos en el cuerpo de los internos nota 1.

En otra ocasión, una mujer solicitó la protección de su derecho a la dignidad humana por las requisas vaginales a las que era sometida al ingresar a la Penitenciaria Nacional de Valledupar. La Corte no concedió la tutela, por cuanto las pruebas no demostraron las afirmaciones de la actora. Advirtió que la prohibición de requisas humillantes se extiende a los visitantes de los reclusos, quienes también deben ser tratados con respeto a su dignidad humana y por ello el mismo Código Penitenciario contempla la razonabilidad como componente necesario de las requisas a visitantes.

De acuerdo con la Corte, no es razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la persona al manipular sus partes íntimas, existiendo otros mecanismos para garantizar la seguridad. Si bien por motivos de seguridad se justifica la realización de requisas de quienes ingresan al establecimiento carcelario, tales revisiones no pueden ignorar mandatos de índole constitucional y legal. Por lo anterior y debido a la existencia de antecedentes con respecto a la realización de requisas vejatorias en esta penitenciaria, la Corte hizo un llamado a prevención para que no se realizaran requisas contrarias a la dignidad humana a los visitantes de los reclusos. nota 2

A pesar de los anteriores pronunciamientos, la Corte estimó que ?las irregularidades en materia de requisas degradantes y malos tratos a los visitantes y los reclusos sigue siendo una práctica generalizada y reiterada en el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario?, por tal razón en esta nueva oportunidad examinó el caso en el que, de manera individual, nueve mujeres visitantes de la Cárcel del Distrito Judicial de Cali, Villahermosa, interpusieron acción de tutela en contra de los directivos de dicho establecimiento de reclusión a quienes acusaron de violar -durante el proceso de requisas para ingresar al establecimiento- sus derechos a la dignidad humana, a la salud y discriminar ?a la mujer por el período menstrual?.

En síntesis las accionantes coincidieron en aseverar: ?las guardianas nos hacen desnudar delante de ellas y se exceden en las requisas manuales, mostrando carácter morboso de lesbianismo. Además usan guantes de enfermería para hacer un contacto con nuestros genitales, pero no cambian de guantes frecuentemente (???), con el mismo guante que requisan a la primera con ese mismo requisan a las últimas visitantes?. Estas accionantes afirmaron que los guardianes que ejecutan los atropellos a los que son sometidas, no portan las insignias que los identifican con el objeto de no poder ser reconocidos y denunciados.

Por otra parte, un interno acusó a funcionarios de la Cárcel de Varones del Distrito Judicial de Manizales, por las requisas a que es sometido en su lugar de reclusión. Declaró en su demanda que para requisar a los internos los sacan a todos, los ponen en fila, los hacen bajar sus interiores y realizar cuclillas así desnudos, en forma colectiva.

La Corte dispuso la acumulación de los procesos en uno sólo, al que también fue vinculado el Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC.

En las alegaciones que adujeron las autoridades demandadas, manifestaron que estos eran procedimientos que se justificaban para garantizar la seguridad del establecimiento de reclusión y de los reclusos.

En esta ocasión, además de tutelar los derechos cuya violación denunciaron los accionantes, la Corte consideró indispensable repetir las órdenes proferidas en anteriores jurisprudencias y agregar a estas los siguientes mandatos: ?Ordenar (???) a los Directores de la Cárcel Distrital Villahermosa de Cali y la Cárcel Distrital de Manizales que(???) pongan en un lugar visible para las personas que asisten los días de visita, de manera clara y legible (i) los derechos de las personas que visitan la Cárcel, (ii) las requisas que no son razonables y están prohibidas constitucionalmente y (iii) el procedimiento que se debe adelantar en caso de que se cometan atropellos, indicando las dependencias del INPEC, la Defensoría del pueblo y la Procuraduría General de la Nación encargadas de vigilar el cumplimiento de tales reglas y procedimientos?.

Asimismo, exigió a las autoridades demandadas dar a conocer, de manera expresa, a los visitantes algunos de sus derechos, tales como:

?(1) La prohibición de someter a las personas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un derecho fundamental y un contenido concreto de la dignidad humana.
(???)
?(6) Las intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los cuerpos, tales como las ?requisas intrusivas?, pueden llegar a darse por razones fundadas ?(?) siempre que medie el consentimiento informado del afectado y el registro se practique de modo que el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos, ni la integridad física y jurídica vulnerada, condicionamientos éstos que demandan (i) un mandato legal, (ii) la supervisión judicial, (iii) la intervención de personal experto y (iv) el uso de instrumental y condiciones sanitarias adecuadas, porque los tratos crueles, inhumanos y degradantes están proscritos y su prohibición es absoluta?. nota 3

En otra decisión la Corte conoció una tutela instaurada por un grupo de mujeres contra las directivas de un centro de reclusión por la violación de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y a la vida, porque cuando hacían visitas eran requisadas en sus zonas íntimas con los mismos guantes para todas las visitantes, y les restringían el ingreso al penal cuando tenían el período menstrual. La Corte tuteló sus derechos fundamentales a la intimidad, la integridad personal, la dignidad, y la igualdad de las accionantes, ordenando al Director que adoptara las medidas pertinentes para impedir las requisas, registros y tactos sobre el cuerpo de todas las visitantes, en especial, en sus zonas genitales, y a no impedirles el ingreso al penal cuando se encentrarán en su período menstrual.

Las autoridades carcelarias no pueden, so pretexto de que la mujer que se encuentre con el período menstrual podría aprovechar esa circunstancia para afectar la seguridad del centro carcelario y cometer ilícitos, vulnerar el derecho de la mujer a no hacer explícita esa situación natural, íntima y personal. De lo contrario, se vulnerarían los derechos a la dignidad, a la intimidad corporal y a la integridad personal de las mujeres. nota 4

?(7) En el caso de que se decida usar perros adiestrados para hallar objetos prohibidos en el cuerpo de las personas, éstos también deberán estar entrenados para actuar con el debido respeto y cuidado con las personas; no pueden usarse perros bravos, agresivos o que puedan intimidar a las personas;

?(8) En el caso de que a una persona que desea entrar el día de visitas al centro de reclusión se le pida que autorice que se le practique una requisa intrusiva, y ésta se niegue, se le debe permitir la opción de ser requisada por otro medio tal como los rayos X, antes de negar por completo su ingreso. En todo caso, como lo ha señalado la jurisprudencia, las requisas intrusivas contra la voluntad del visitante requieren de autorización judicial previa.

?(9) Los visitantes no están obligados constitucional ni legalmente a portar un determinado tipo de ropa; las mujeres no están obligadas a usar falda?.

También ordenó la Corte a los directores de los citados centros de reclusión en donde ocurrieron los hechos adoptar las medidas necesarias para que los miembros de la guardia que tengan que ver con la práctica de las requisas porten en su pecho una identificación clara y completa que permita su individualización. Por último, conmina al INPEC a que las medidas encaminadas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales violados a los visitantes y a los reclusos por causa de las requisas, no sean inútiles. nota 5

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-702-01. En el mismo sentido T-690-04. Ver también la Sentencia T-1062-06.
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-269-02
  3. Corte Constitucional, sentencia T-690-04Ver también las Sentencias T-624-05 y T-1069-05.
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-622-05
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-848-05
1.1.6. Prohibición de exigir a las mujeres visitantes de personas privadas de libertad el uso de faldas como requisito para su ingreso al centro de reclusión

Una mujer presento acción de tutela por considerar que le habían violado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad porqué en el centro carcelario donde estaba recluida su compañera afectiva, le hacían requisas degradantes que implicaba desnudarse y colocarse en cuclillas. También, señaló que le habían suspendido la entrada debido a dos informes en su contra por ingresar estupefacientes al reclusorio y porque estando dentro del penal se cambiaba la falda por una sudadera ya que dada su opción e identidad sexual lésbica no se sentía cómoda con ella. La Corte amparo los derechos de la accionante ya que no existía ninguna norma que le exigiera algún tipo de vestuario, como tampoco estaban permitidas las requisas de tipo vaginal. Ordenó a las directivas del penal impartir las medidas necesarias para no requerirle a la demandante el uso de una falda u otra prenda especial para poder ingresar, permanecer y retirarse del centro carcelario.

La Corte recordó que los particulares sólo pueden ser juzgados por aquello que está expresamente prohibido. De manera que para que la conducta desplegada por un particular durante su permanencia en un centro penitenciario o carcelario pueda ser investigada, ella debe estar preestablecida en alguna norma que permita la exigencia de su cumplimiento.?

Así que, cuando en un establecimiento carcelario y penitenciario se le prohíba a una mujer visitante el ingreso y permanencia en pantalón dentro del penal, o se le obligue a llevar falda, se le viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ello, debido a que los visitantes no están sometidos a las restricciones propias de la manera de vestir a las que sí están sometidos los reclusos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-624-05
1.1.7. Prohibición del uso de esposas en los recintos donde se realizan las visitas con abogados, familiares y amigos

Los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) adujeron que en dicho centro de reclusión se les impuso el uso de esposas para cualquier tipo de desplazamiento que se realizara dentro del pabellón, e incluso durante las visitas con sus apoderados. Solicitaron por tanto que el empleo de esposas se restringiera para los casos estrictamente necesarios. En respuesta el INPEC alegó que el uso de las esposas, en determinados casos de desplazamientos, se encontraba ajustado al reglamento y que buscaba evitar la comisión de agresiones entre los presos, más aún tratándose de personas con un perfil de alta peligrosidad.

La Corte consideró que es razonable el uso de esposas en los centros de reclusión pero que su empleo no puede ser considerado la regla general sino la excepción, es decir, cuando circunstancias especiales lo justifiquen en relación con determinado interno, teniendo en cuenta, en concreto, su comportamiento habitual. Para la Corte, mientras que el empleo excepcional de esposas durante los largos trayectos por las instalaciones carcelarias es una medida razonable, debido al comportamiento agresivo y peligroso que ofrezca un determinado interno, y que, por ende, busca evitar graves lesiones al personal de guardia y administrativo, así como a los demás internos, la misma se torna desproporcionada si se aplica de manera indiscriminada y en especial en presencia de apoderados y familiares, tanto mas en cuanto estos últimos sean menores de edad. El objetivo de la seguridad ?dice la Corte- se puede alcanzar en tales momentos por otros medios menos lesivos para la dignidad del interno, como son, entre otros, mejorando los controles de ingreso de visitas al penal.

Por esas razones, la Corte ordenó la supresión del uso de esposas en los recintos donde se realizan las visitas con los abogados, familiares y amigos. Pero admite ese uso para los traslados de los internos por las áreas comunes, ?en el sentido de que no puede ser considerada ésta la regla general sino la excepción, cuando las circunstancias así lo exijan en relación con un determinado interno? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03, en el mismo sentido ver T-702-01
1.1.8. Deber de las autoridades de brindar a los reclusos un trato humano y digno y de suministrarles las condiciones y los implementos para su subsistencia en condiciones de higiene

Un grupo de internos de un establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad interpusieron acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales porque no se les suministraba los útiles de aseo suficientes para su subsistencia y con la periodicidad necesaria en el tiempo de permanencia en el penal. También, en representación de otros internos de otro centro carcelario, se presentó otra acción de tutela porque en el penal no existía un reglamento interno que permitiera regular la convivencia y vida diaria en condiciones dignas de los internos, los dormitorios no tenían la debida dotación, el agua no era apta para el consumo, la comida era de mala calidad, y la eliminación de las aguas residuales estaba en malas condiciones. La Corte tuteló los derechos de los accionantes al considerar que el Estado tiene el deber de garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos y el ejercicio parcial de aquellos que se encuentran restringidos y ordenó al centro de reclusión la entrega de los elementos que constituyen dotación completa. También ordenó la expedición del reglamento interno para el otro penal y la ejecución del mantenimiento necesario al Centro de Reclusión.

Las autoridades carcelarias tienen la obligación de mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones de reclusión, y suministrar a los internos la dotación completa que requieran. Esto, con el fin de protegerles su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas.

Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentran el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene y lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el derecho al descanso nocturno, entre otros. Las condiciones de higiene personal pueden generar problemas para la salud de todos los internos. Por lo que, de hacer caso omiso a la situación se estaría incumpliendo con los requisitos mínimos para ofrecer una vida digna a los reclusos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-900-05. En el mismo sentido ver las Sentencias T-791-05, T-1084-05, T-1180-05 y T-317-06.
1.1.9. Obligación del inpec de proporcionarle condiciones dignas de subsistencia a los reclusos

Aproximadamente 148 internos de la Torre N°3 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana seguridad de Valledupar instauraron una acción de tutela contra contra el director del mismo, por considerar que estaba vulnerando su derecho a la dignidad y a la igualdad al no entregarles, desde hacía 2 años atrás y como lo ordena el Código Penitenciario y Carcelario, la dotación completa del menaje para recibir los alimentos que a diario les entrega el establecimieto (plato, vaso, cuchra).

En la misma demanda los reclusos afirmaron que ellos recibían sus alimentos en ?tarros de gaseosa, bolsas plásticas y menaje totalmente deteriorados y llenos de microorganismos que a la postre nos están afectando nuestra salud.?

Los accionantes alegaron que la compañía encargada de la alimentación tiene la obligación de dotarlos de menaje cada año, a la vez que el director del establecimiento debe exigírselo así.

La Defensoría del Pueblo, dentro de un informe entregado a la Corte Constitucional por solicitud de la misma, remitió copia del contrato suscrito entre el Inpec y la empresa Huerta de Oriente Ltda. para el suministro de alimentación a la población de internos del mencionado establecimiento en una de cuyas cláusulas se acuerda que los recipientes para consumir la alimentación será una fiambrera con compartimientos adecuados, vaso y cuchara, o en su defecto, plato hondo, plato pando, vaso y cuchara. Todo lo anterior en material plástico y color uniforme, cuya primera entrega debe efectuarse dentro de los dos meses siguientes del inicio del contrato, y la segunda deberá hacerse al término del primer año de esa primera entrega.

También en esa oportunidad la Defensoría anotó que la población reclusa no contaba con el recipiente para sopa, razón por la cual esta era servida en uno de los compartimientos del plato grande o plato del seco, ocasionando la mezcla con los demás alimentos de los restantes compartimientos, ?situación que conlleva a una desagradable apariencia produciendo alteraciones del apetito.? Además, en el patio de mujeres la Defensoría del Pueblo encontró a un grupo de internas que afirmó que luego de 3 meses de haber llegado a ese establecimiento no se les había entregado aín el respectivo menaje , viéndose obligadas a recibir su alimentación en platos deteriorados y prestados por otras internas. Por estas razones la Derfensoría señaló que el referido contrato de alimentación, en lo que aludía al suministro de los utensilios, se estaba incumpliendo .

Así mismo, en su informe la Defensoría del Pueblo dio a conocer otras irregularidades que constituían una amenaza contra la salud de los reclusos del citado stablecimiento: malos oloresy presencia de moscas en el ranchoo cocina, ausencia de fumigación periódica contra insectos y roedores, y deficiente prestación del servicio de agua potable.

La Corte manifestó en esta sentencia de tutela que el Inpec sí puede ser demandado mediante la acción de tutela por causa del incumplimiento de las obligaciones en cabeza de tales contratistas, pues si bien es cierto que en los contratos de suministro de alimentación que suscribe el Inpec se contempla una cláusula en la cual se cuerda que el contratista se obliga a entregarle a cada recluso los utensilios necesarios para comer, esto no lo exime de su obligación de velar por el cumplimiento de tal obligación asumida por el contratista, ?e incluso de brindar directamente este servicio en el caso de que el contratista incumpla definitivamente sus obligaciones.?

Recuerda la Corte, que en virtud de las relaciones de especial sujeción que se establecen entre el Estado (Inpec) y los reclusos, se origina no sólo la facultad del primero de restringir en mayor medida los derechos de estos bajo parámetros de proporcionalidad y razonabilidad, sino también se generan obligaciones especiales hacia ellos, entre las que se encuentra la de asegurarles condiciones dignas de subsistencia, pues, como es obvio, ellos mismos están imposibilitados para garantizárselas.

De igual manera, advierte la Corte que el documento de contrato de suministro de alimentación allegado al proceso contiene distintas disposiciones referidas al deber del Inpec de supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

Concluye la Corte: ?La situación descrita en la demanda de tutela constituye una vulneración a la dignidad de los reclusos, además de comprometer su salud -y en casos extremos incluso su vida. Ciertamente, el tener que comer en bolsas de plástico o en tarros de gaseosa puede constituir un peligro para la salud de los internos, dadas las condiciones higiénicas en que pueden ser mantenidos esos recipientes en el centro de reclusión.
(?...?)
?Sin duda alguna, en los tiempos actuales, el tener que comer cotidianamente en la forma descrita comporta un trto inhumano y degradante.?

Con base en lo anterior, la Corte ordenó al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que tomara las medidas para garantizar que, en un p0lazo no mayor de quince días a partir de la notificación de la correspondiente sentencia, la empresas contratista encargada del suministro de la alimentación cumpliera con su obligación de entregarle a los reclusos todos los utensilios convenidos, y dispusiera lo necesario para que los internos que fuesen llegando a la cárcel recibieran también esos utensilios.

Respecto de las otras irregularidades incluidas por la Defensoría del Pueblo en su informe, la Corte anotó que si bien estos hechos no fueron objeto de la demanda de tutela, ellos no pueden ser ignorados por esa corporación judicial, entre otros motivos, porque la presencia de moscas, el incumplimiento de la periodicidad en las fumigaciones y la restricción tan severa en el suministro de agua potable constituyen una amenaza para la salud de los internos, y porque todos los hechos mencionados afectan de manera directa la dignidad de los mismos. Por tales razones, dictó órdenes dirigidas a la superación de estas amenazas y fijó un plazo perentorio para su solución. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-693-07
1.1.10. Uniformes de los internos deben ser acordes a las condiciones climáticas de la región

Afirmaron los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) que a pesar de que el penal contaba con el presupuesto necesario para dotar a los internos de los elementos adecuados para su permanencia en él, las directivas del mismo ordenaron la confección de uniformes de manga corta, en un material no térmico, sin tener en cuenta las bajas temperaturas que caracterizan a la región. El INPEC admitió las condiciones ambientales y climáticas de la región y los inconvenientes con los uniformes de los internos. Sin embargo, explicó que poco a poco ha mejorado las condiciones de habitabilidad de los internos, para lo cual ha dispuesto que el uniforme instituido que usan los condenados sea de un material grueso ( dril ) apto para la inclemencias climáticas de la región, así como para la movilidad diaria; también les ha permitido el uso de dos camisetas de colores claros -buso en lana cuello redondo de color habano- y, desde el año anterior, les ha permitido el ingreso de tres (3) cobijas.

Por otra parte, dijo, que se habían adquirido cinco mil metros de tela de dril grueso para la elaboración de uniformes de mangas largas, por lo que, a su juicio, se trataba de un hecho superado. Sin embargo, la Corte estimó necesario reiterar que la clase de vestimenta que venían empleando los internos no se ajustaba a los rigores del clima y que tal comportamiento del INPEC reñía con el principio de dignidad humana; dado que, además, en este caso, las directivas del centro de reclusión no estaban aplicando debidamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de vestuario de los internos previstas en el Código Penitenciario y Carcelario, en el Acuerdo 011 de 1995 y en el Reglamento Interno del Reclusorio de Cómbita. La Corte le ordenó al INPEC la entrega a los internos de dos uniformes acordes con el clima reinante en la región donde se halla ubicado el centro de reclusión nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03
1.1.11. No suministro de agua caliente en duchas de centros de reclusión, por regla general, no vulnera derechos fundamentales de los internos

Aseguran los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) que ?las instalaciones sanitarias del pabellón son adecuadas, pero a pesar de que la temperatura promedio es de dos grados en las mañanas y de que muchos de los internos son personas mayores de 50 años con serios quebrantos de salud, el agua con que se obliga a tomar la ducha a los internos está por debajo de la temperatura del ambiente a esa hora y el baño termina siendo no un acto de higiene personal sino una tortura?. El INPEC dijo que había mejorado las condiciones en lo que le habían sido posible, pero que no estaba en capacidad de instalar sistemas de calefacción y calentadores de agua en los establecimientos carcelarios por razones de austeridad de gasto.

La Corte Constitucional estimó ue obligar a los internos a tomar una ducha fría, si bien podía causar cierta molestia, no constituía un trato cruel, inhumano o degradante. Se trataba de una medida encaminada a propender por un fin legítimo, cual es, el mantenimiento de unas condiciones de aseo e higiene esenciales en unas instalaciones de esta naturaleza donde habitan cientos de personas; es adecuada e idónea para la consecución del fin; era necesaria ya que con ella se evitaba la propagación de enfermedades, y era estrictamente proporcional por cuanto si bien podía ocasionar un ligero malestar al interno, el Estado no contaba con los medios económicos suficientes para solventar un sistema de agua caliente. En pocas palabras, se trataba de una medida encaminada a mantener la disciplina en el centro de reclusión, que no lesionaba el debido respeto a la dignidad humana.

En materia del ejercicio del ius puniendi, el principio de la dignidad humana se traduce en una prohibición dirigida a las autoridades carcelarias en el sentido de prohibirles el recurso a penas crueles, inhumanas o degradantes. La Corte consideró que el reglamento interno del centro carcelario en materia de horario para bañarse diariamente no constituía una lesión al principio de dignidad humana, pues no se tomó al individuo como un mero instrumento al servicio de los intereses generales ni tampoco se estableció una pena contraria al artículo primero constitucional. Sin embargo, la Corte advirtió que la medida se tornaba desproporcionada, y, por ende, contraria a la Constitución, si se le aplica a un interno que, bajo estricta prescripción médica, no deba tomar esos baños de agua helada a esa hora o durante algunos días. En este caso, dijo, primará el derecho a la salud sobre el fin legítimo perseguido con la medida. Así pues, cuando se presenten estas circunstancias, las directivas del penal deberán inaplicar la regla contenida en el reglamento interno y hacer primar el derecho fundamental a la salud.

En este orden de ideas, la Corte ordenó que, cuando por estricta prescripción del médico del penal, un interno no deba temporalmente tomar un baño helado o no es recomendable que lo tome a las 05:15 a.m., las directivas del centro de reclusión deberán tomar las medidas administrativas correspondientes para garantizar el derecho a la salud del interno nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03
1.1.12. Derechos de los reclusos a la autodeterminación de su existencia y a la dignidad humana

Una persona recluida invocó la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la libertad de escoger profesión u oficio. Expresó que con el fin de obligarlo a estudiar para superar su bajo nivel de escolaridad, las directivas del establecimiento de reclusión le revocaron, sin su consentimiento, una orden de trabajo para el mantenimiento de las zonas verdes del penal. La Corte concedió el amparo solicitado al considerar que las autoridades carcelarias no pueden utilizar el mecanismo de la redención de la pena por estudio o por trabajo para obligar a los reclusos a ejecutar una determinada actividad en contra de su elección individual. Tal elección podría significar incluso que los reclusos optasen por no acudir a los mecanismos de redención de penas, los cuales deben ser ofrecidos por las autoridades pero no impuestos. Las autoridades penitenciarias deben respetar el derecho de los internos a autodeterminar su existencia y su dignidad humana sin menoscabo de las restricciones inherentes a la privación de la libertad, el orden y la disciplina carcelaria. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1259-05
1.1.13. Es admisible la agencia oficiosa en tutela para evitar el riesgo de vulneración de la dignidad humana y de la libre determinación de los reclusos

El actor en nombre propio y en calidad de agente oficioso de su padre, solicita el amparo constitucional de sus derechos fundamentales y los de su agenciado i) porque en el operativo que condujo a la captura de éste la Policía Nacional violó el debido proceso; ii) en razón de que la Fiscalía Delegada no respetó las garantías constitucionales del su agenciado durante la investigación que culminó con su acusación, por el delito de Tráfico y Porte de Estupefacientes; y iii) debido a que el Juez Penal del Circuito?reparto- omitió resolver los recursos de habeas corpus formulados por su padre y por él mismo, y notificarles las decisiones. El juez de tutela en primera instancia negó la protección de los derechos pues ?no se encuentra probatoriamente establecida la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del afectado?.

La Corte considera que el actor no explica por qué razón agencia los derechos fundamentales de su padre, y, aunque su padre se encuentra privado de la libertad, éste dentro de la causa que se le sigue por los delitos que lo mantienen privado de la libertad, demuestra que no requiere contar con un tercero, sin poder para representarlo, para hacer valer sus derechos e intereses. Al respecto la Corte ha dicho que si la agencia de derechos ajenos no se encuentra justificada la acción de tutela instaurada a nombre de otro, sin poder para representarlo, resulta improcedente, porque lo que se desprende del artículo 86 de la Carta es que ?sea el propio titular del derecho quien la interponga directamente y que, sólo excepcionalmente, sea aceptada su presentación a través de agente oficioso? para evitar el riesgo de vulnerar la dignidad personal y la libre determinación de los reclusos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-767-04
1.1.14. El derecho fundamental al acceso de agua potable en los establecimientos carcelarios, como derecho interdependiente de la dignidad de los internos

El actor afirma que se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta, Norte de Santander y desde que ingresó al centro de reclusión permanece catorce (14) horas en la celda sin ir al baño, y por eso se ve en la obligación de orinar y defecar en bolsas, al igual que sus compañeros. Aduce que estos residuos son arrojados detrás de las celdas, situación que produce muy malos olores.

Alega que la situación de suciedad es además agravada por la falta de agua, toda vez que sólo les ponen el servicio de agua media hora en la mañana y media hora en la tarde. Indica que varias veces han solicitado a la Dirección del penal tomar medidas adecuadas para mejorar las condiciones de higiene y el acceso al agua en las celdas, y no han recibido ninguna respuesta.

La Corte Constitucional protege como derecho fundamental el acceso al agua potable toda vez que resulta vital para el mantenimiento de otros derechos como el de la vida y la dignidad humana. Esto es claro cuando se trata de particulares que pagan por el servicio a una empresa y garantizan su acceso al agua, no obstante, en el caso de las personas que están internas en un establecimiento carcelario, no depende de ellas mismas asegurarse el agua para consumo o para higiene, sino que, al estar bajo custodia de las autoridades estatales, son éstas las que deben garantizar el acceso vital del agua a los reclusos. Es allí donde de nuevo adquiere especial relevancia la relación de sujeción entre el Estado y los reclusos, puesto que el derecho a la dignidad humana, al ser un atributo de la persona no puede ser suspendido ni restringido bajo ninguna circunstancia, y en esa medida, el acceso al agua resulta ser una medida encaminada a protegerlo.

El derecho al acceso al agua potable para consumo humano es un derecho fundamental constitucional que debe ser garantizado por las autoridades estatales por estar ineludiblemente relacionado con los derechos fundamentales a la dignidad, a la salud y a la vida. Con base en ello, tratándose de la administración de establecimientos carcelarios y de la calidad de vida de los internos, en virtud de la relación de especial sujeción y custodia entre el Estado y las personas privadas de la libertad, existe el deber de parte de las autoridades carcelarias de garantizar el acceso idóneo y suficiente de agua como recurso necesario para el aseo y consumo de los reclusos. En otras palabras, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, es claro que deben garantizarse unas condiciones de dignidad mínimas a las personas privadas de la libertad, y una de ellas, es el acceso suficiente al agua potable.

En el ámbito internacional el derecho al agua se protege en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobado por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

Estas reglas establecen como mínimos, según los contenidos de las disposiciones 10, 12, 17, 19 y 20, ?(i) el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y dignos, (ii) el derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad humana, (iii) el derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal, (iv) el derecho de los reclusos a tener una cama individual con su ropa de cama correspondiente en condiciones higiénicas, y (v) el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable suficientes y decuadas?. En las mismas resoluciones el Consejo afirmó que las normas mínimas deben ser observadas por todos los Estados, independientemente del nivel de desarrollo que se tenga.

Igualmente, a pesar de que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se menciona expresamente el derecho al agua, el Comité del Pacto emitió en el 2002 la Observación General No. 15 sobre el derecho al agua. Esta observación lo define como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. En el mismo documento el Comité también subrayó que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a una vivienda y alimentación adecuadas. Concretamente con la situación de personas privadas de la libertad la Observación general dispone lo siguiente:

?16. Aunque el derecho al agua potable es aplicable a todos, los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos. En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que:

"g) Los presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos?.

En el mismo sentido, en cuanto al Sistema Interamericano, se tienen como referente los "Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas", documento que dispone en los principios XI y XII el derecho al acceso al agua potable para consumo y para aseo personal de las personas privadas de la libertad en los siguientes términos:

"Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley. (...)

"Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente publicó el "Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas" (diciembre 2011), con base en los principios y buenas prácticas antes referenciados. La Comisión recuerda en este documento que:

"De acuerdo con los criterios técnicos de la Cruz Roja Internacional, la cantidad mínima de agua que una persona necesita para sobrevivir es de 3 a 5 litros por día. Este mínimo puede aumentar de acuerdo con el clima y la cantidad de ejercicio físico que hagan los internos. Además, el mínimo requerido por persona para cubrir todas sus necesidades es de 10 a 15 litros de agua al día, siempre que las instalaciones sanitarias estén funcionando adecuadamente; y la cantidad mínima de agua que deben poder almacenar los internos dentro de sus celdas es de 2 litros por persona por día, si éstos están encerrados por periodos de hasta 16 horas, y de 3 a 5 litros por persona por día, si lo están por más de 16 horas o si el clima es caluroso. (...)

"La falta de provisión y tratamiento del agua potable, así como de alimentos en buen estado, es un factor permanente de enfermedades y complicaciones de salud de los internos".

Finalmente cabe mencionar el caso "Vélez Loor contra Panamá", en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que "la falta de suministro de agua para el consumo humano es un aspecto particularmente importante de las condiciones de detención", y que:

"(...) la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre". nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-764-12
1.2. Derecho de los reclusos a la igualdad

· No vulneración por trato diferente a enfermedades

El actor, recluido en un establecimiento carcelario, expresó que padecía el síndrome "Guillain-Barré" y que se sentía discriminado por cuanto a otras personas que sufrían esa misma enfermedad, como sucede por ejemplo con el sindicado Diomedes Díaz, sí se les había autorizado la detención domiciliaria. La Corte Constitucional sostuvo que aunque por algunas temporadas el demandante había estado privado de la terapia que necesitaba para que su estado de salud mejorara, o por lo menos para que no se agravara, al momento de proferir la sentencia la Corte encontró que las pruebas aportadas daban cuenta de que el recluso venía recibiendo la atención requerida por lo cual consideró que ya no existía objeto para tutelar. No obstante, dado el grave estado de salud del peticionario y con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales (artículo 2 Constitución Política), se estima pertinente prevenir al hospital y a las autoridades penitenciarias para que continúen brindando toda la atención que requiera el paciente.

En cuanto se refiere a la violación del derecho a la igualdad, no está llamado a prosperar el amparo constitucional, puesto que a pesar de que otra persona pueda padecer el mismo síndrome que el demandante, es importante tener en cuenta que, según aparece en su historia clínica y de acuerdo con lo afirmado en los conceptos médicos, se trata de una enfermedad con muy variadas manifestaciones, por lo que cada paciente puede pasar por estadios diferentes en el curso de su desarrollo. Por lo anterior resultó improcedente comparar la situación en que se encontraba el actor con la de otra persona que sufría la misma enfermedad. En consecuencia, no se halló probada la violación del derecho a la igualdad por ese aspecto nota 1.

· Diferencias de trato entre sindicados y condenados para la entrega de elementos mínimos de dotación viola derecho a la igualdad

Según los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) las directivas del centro de reclusión no les estaban brindando los elementos de aseo necesarios. El INPEC argumentó que, por razones presupuestales, esos elementos les fueron entregados a la persona únicamente al momento de su ingreso al mismo, pero que luego debía procurárselos de su propio peculio o el de su familias. El artículo 62 del Reglamento Interno del Reclusorio Carcelario y Penitenciario de Cómbita dispone un listado de elementos mínimos de dotación al condenado, dotación que estará a cargo del Estado. Estos elementos comprenden vestido diario, elementos de cama y útiles de aseo.

Sobre el particular, la Corte consideró que la mencionada disposición reglamentaria contraría el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 Superior, por cuanto no existía justificación alguna para que a los sindicados que se encontraban recluidos en las instalaciones de Cómbita no se les proveyera con la regularidad necesaria los mismos elementos básicos que el reglamento prevé para los condenados. El Estado ?dice la Corte- no puede alegar dificultades de orden presupuestal para no proveer a todos los internos un conjunto de elementos esenciales para llevar una vida digna. Por tal razón, ordena a las directivas del centro de reclusión inaplicar la restricción de provisión de elementos mínimos a los condenados, que establece el reglamento y cumplir el mandato que establece el artículo 13 constitucional. Confirmó así el fallo de segunda instancia, según el cual las directivas del centro de reclusión debían entregarle a los internos, de manera periódica, los elementos de aseo establecidos en el reglamento interno nota 2.

· Prohibición de discriminar a algunos internos en la asignación de bonificaciones por la ejecución de trabajos similares

Un interno presento acción de tutela por la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, y al desconocimiento de los artículos 17 (prohibición toda forma de esclavitud y servidumbre) y 53 (derecho al mínimo vital, el derecho a la remuneración oportuna) debido a que no se le reconoció una bonificación por los servicios que prestó como auxiliar de expendio de la cafetería del centro de reclusión como sí se hizo con otros internos que realizaban actividades similares o idénticas. La Corte protegió el derecho fundamental a la no discriminación del interno al considerar que no había razones legales ni constitucionales que justificaran un trato diferenciado.

Cuando un grupo de internos esté prestando similares servicios dentro del penal con el fin de que se les reconozca una bonificación y alguno de ellos no la reciba, se violaría su derecho a la igualdad por trato discriminatorio. Esto porque el trato diferenciado de situaciones semejantes solo puede legitimarse cuando se ofrezcan serios motivos constitucionales y legales para ello y se cumplan determinados criterios.

La Corte indico que ?aquellos tratos diferenciados que tengan como consecuencia la exclusión de personas o grupos que tradicionalmente han sido estigmatizados y señalados y que conlleven, en últimas, la negación del ejercicio de sus derechos fundamentales, se encuentran proscritos por la Constitución. La discriminación no sólo se configura cuando, frente a supuestos de hecho iguales en lo relevante, la ley deriva consecuencias desiguales, sino también cuando las autoridades administrativas, amparadas en sus facultades legales, aplican criterios de diferenciación evidentemente irrazonables resguardados en un supuesto manto de legalidad, cuyo efecto es la vulneración del derecho fundamental a la igualdad. En el último caso, las medidas discriminatorias son implementadas por la autoridad, mediante actuaciones presuntamente legales, sustentadas en los criterios antes señalados, y que están proscritos constitucionalmente, lo cual, se repite, trae como consecuencia la exclusión de grupos tradicionalmente estigmatizados aunque se alegue como justificación para ello el peligro que entrañan para ?la sociedad? y el daño que presuntamente ocasionan a la misma.? nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1291-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03. Ver también la Sentencia T-578-05
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-1326-05
1.3. Derecho de los reclusos a la intimidad

?En sentencia de tutela la Corte Constitucional señaló que el cumplimiento estricto de las normas establecidas dentro de un centro carcelario debe realizarse, por parte de los guardianes y el personal directivo, mediante procedimientos razonables que no atenten contra la dignidad y los derechos de los internos, esto es, evitando prácticas tales como los maltratos físicos, los tratos humillantes o los castigos desproporcionados. Asimismo, las condiciones especiales de los centros carcelarios ameritan que se amolde el ejercicio del derecho de intimidad a las circunstancias, sin que ello implique desconocimiento del núcleo esencial del derecho. La situación especial del interno hace que sea imposible que su derecho a la intimidad tenga el mismo alcance que en situaciones de plena normalidad. Obsérvese que lo anterior no tiene como razón el castigo, sino la adecuación a la realidad? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-501-94
1.3.1. Práctica de requisas en cumplimiento del deber de vigilancia

?El peticionario, en su condición de interno en un centro penitenciario, plantea la presunta violación de su derecho a la integridad personal por parte de las autoridades del penal, quienes al adelantar requisas en el patio, ordenan a todos los reclusos que se formen y se desnuden totalmente, procediendo a revisar sus ropas y las instalaciones, y les ordenan hacer flexiones de piernas. La Corte Constitucional señaló que si en el seno de la sociedad libre es requisito de convivencia la adopción de medidas tendientes a limitar el ejercicio de ciertos derechos, resulta lógico que esas limitaciones existan, en mayor proporción, en los centros penitenciarios, en relación con algunos derechos de aquellas personas que por mandato judicial se encuentran privadas de la libertad. En los establecimientos carcelarios algunos derechos fundamentales, como la intimidad, no pueden ser ejercidos en forma absoluta, pues las exigencias propias del régimen disciplinario y las condiciones de seguridad que deben predominar en el lugar, limitan su libre disposición.

La labor de vigilancia, custodia y requisa de los internos, es un deber de las autoridades penitenciarias y corresponde a los guardianes, obligaciones de orden legal que deben cumplirse en forma razonable y prudente, permitiendo un mínimo de ejercicio de los derechos en aquello que no constituya amenaza contra la disciplina, la seguridad y la convivencia del establecimiento. No puede considerarse una vulneración o amenaza de la integridad personal, física o mental, la molestia que representa el tener que despojarse ocasionalmente de la ropa para someterse a una requisa, que es una medida normal al interior de cualquier establecimiento carcelario para mantener el orden y la seguridad interior. Es claro que la requisa, para efectos de cumplir su cometido, debe ser inesperada y colectiva, pues en ella prima el factor sorpresa como requisito sine qua non de su efectividad.

Asimismo, teniendo en cuenta el carácter general y preventivo de la medida, ningún recluso puede escapar a su realización. Para finalizar la Corte adujo que el personal de guardia debe ser instruido en el respeto de los derechos de los internos. Recuérdese también que se prohíbe a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, infligir castigo a los internos, emplear con ellos violencia o maltratamientos, so pena de las sanciones disciplinarias, e incluso penales, a que haya lugar? * nota 1.

?Por otra parte, la Corte Constitucional al estudiar varios artículos de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, señaló: en los establecimientos carcelarios el derecho a la intimidad no es absoluto, sino que está limitado en atención a las exigencias propias del régimen disciplinario y a las condiciones de seguridad que han de mantenerse. Las facultades de custodiar y vigilar constantemente a los internos y de requisarlos cuidadosamente son inherentes a la función de los guardianes en cualquier establecimiento de esta índole. Sin embargo, deben éstos respetar el pudor y la privacidad de los internos de manera prudente y razonable y permitirles un mínimo de intimidad en todo aquello que no constituya amenaza contra la disciplina y la seguridad del establecimiento? * nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-317-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
1.3.2. Derecho a las visitas conyugales en centro de reclusión

?Una persona condenada a prisión solicitó mediante acción de tutela la eliminación del carnét que deben portar los reclusos para que se les permita acceder a las visitas conyugales, pues este mecanismo atenta contra los derechos a la igualdad e intimidad. La Corte Constitucional señaló que la reglamentación interna de los centros de reclusión tiende a garantizar el derecho a la intimidad. Es necesario que el reconocimiento de las libertades constitucionales de las personas privadas de la libertad se realice sin perjuicio de las limitaciones propias de la sanción que se les impone y que se encauce dentro de unas reglas de juego orientadas a establecer condiciones de salubridad, orden y seguridad que permitan cumplir con el objetivo de rehabilitación? * nota 1.

?En otra ocasión, una persona en calidad de condenado interpuso acción de tutela para obtener la legalización de la visita conyugal del domingo y el establecimiento de la visita masculina de los sábados. La Corte Constitucional consideró que el derecho a las visitas conyugales de quienes se encuentran recluidos en establecimientos carcelarios es un derecho fundamental limitado por las propias características que involucra el permitir las visitas conyugales: contar con instalaciones físicas adecuadas, privacidad, higiene y seguridad. El Estado debe buscar que todos los centros de reclusión del país se encuentren en capacidad de permitir las visitas conyugales?* nota 2.

Una mujer interpuso acción de tutela contra la Penitenciaria Nacional de Valledupar, por permitir la visita íntima solo cada dos meses sin condiciones adecuadas de salubridad y porque debía esperar al compañero quince (15) o veinte (20) minutos para dar inicio a la visita. La Corte realizó el juicio de proporcionalidad de la medida por la importancia de la visita conyugal para los derechos fundamentales a la intimidad familiar, al libre desarrollo de la personalidad y a la vida digna. La medida era razonable por motivos de seguridad y orden público dado que esta penitenciaría es una cárcel de alta seguridad, y si se tenían en cuenta los recursos físicos existentes, dispuestos para el debido control a los reclusos y permitirles un espacio exclusivo para sus relaciones, lo que hacía que solo fuera posible una visita cada sesenta (60) días.

La medida también es proporcionada por cuanto i) mantener la seguridad y el orden público es un fin constitucional, ii) la medida es adecuada con respecto al fin pues se trata de una cárcel de alta seguridad, iii) es necesaria pues los recursos físicos solo hacen posible una visita de una hora cada dos meses y iv) es proporcional pues la restricción al derecho a la visita es adecuada si se considera que la condición de recluso del compañero de la actora, implica limitaciones legítimas de algunos derechos.

La Corte también advirtió que es deber de la penitenciaría crear las condiciones de salubridad necesarias. Por último, respecto de la demora del compañero en ingresar al cubículo, consideró que se restringía injustificadamente el tiempo de duración de la visita. La Corte previno a la Penitenciaría para que realizara los esfuerzos necesarios dirigidos a que las visitas íntimas se pudieran realizar con mayor frecuencia, ordenó realizar las adecuaciones logísticas necesarias para que la actora y su compañero ingresen simultáneamente al cubículo y suministrara los medios necesarios para garantizar la salubridad en los lugares de las visitas. nota 3

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-424-92
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-222-93
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-269-02, en el mismo sentido T-1030-03
1.3.3. Solicitud de interno de visita intima con persona recluida en otro centro penitenciario debe indicar esa situación

Un interno considera que se le han violado los derechos fundamentales a la intimidad y a la igualdad, al no concedérsele el derecho a la visita conyugal o íntima.

El accionante manifiesta que se ha dirigido ante las directivas del establecimiento carcelario en mención, con el fin de que le sea concedida dicha visita sin que su pretensión haya sido atendida favorablemente. Asegura que con el fin de ejercer el derecho a la visita conyugal, ha solicitado el traslado de su compañera permanente al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada Caldas, en donde él se encuentra recluido, o en su defecto, su traslado a la Cárcel del Distrito Judicial de Chaparral Tolima, sitio de reclusión de ella.

No obstante la aseveración del interno accionante, se pudo establecer que si bien su solicitud de visita conyugal efectivamente se hizo, en ella no especifica el traslado de una ciudad a otra por encontrarse su pareja igualmente detenida.

Las autoridades judiciales de instancia que atendieron la demanda de tutela denegaron el amparo solicitado manifestando que el accionante debía agotar ante el INPEC el trámite administrativo señalado en el Reglamento General de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. En concepto de tales autoridades a través de la acción de tutela no se puede ?aspirar a que se contraríen las normas reglamentarias pertinentes, procedimiento que es necesario en orden a evaluar las circunstancias particulares de cada caso?.

La Corte, por su parte, en esta ocasión, consideró que la discusión no debía plantearse en orden a determinar si el demandante tenía o no derecho a la visita íntima o conyugal, como derecho fundamental, sino en el sentido de que para ejercer dicho derecho debía someterse al reglamento establecido por la administración y autorizado por la ley.

Estimó la Corte que el cumplimiento de los procedimientos previos establecidos en la ley y los reglamentos es indispensable para la realización de un estudio previo de las circunstancias, ya que las autoridades penitenciarias y carcelarias donde se encuentran los solicitantes de una visita íntima -en las condiciones descritas-, no sólo deben garantizarles su seguridad, sino también la de los funcionarios involucrados en el traslado respectivo.

En el presente caso, el peticionario omitió en su solicitud escrita señalar la necesidad del traslado a otro centro donde su compañera había aceptado la visita íntima, lo que muestra su desconocimiento acerca de cuáles son los procedimientos a seguir, los requisitos que debe reunir, los cuales el recluso no tiene por qué conocer si no ha recibido la orientación pertinente de la cual depende el ejercicio efectivo de sus derechos.

La Corte ordenó entonces al director del correspondiente establecimiento de reclusión informar, orientar y prestar la ayuda necesaria al peticionario, sobre el procedimiento a seguir con el fin de obtener el beneficio de la visita conyugal y así proteger su derecho fundamental a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la protección integral de la familia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-134-05
1.3.4. Derecho a la visita conyugal homosexual en centro de reclusión

Dos mujeres recluidas en distintos centros penitenciarios del país, presentaron acción de tutela contra las autoridades penitenciarias en defensa de sus derechos a la intimidad, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, por haberles impedido el ejercicio del derecho a visita conyugal. Ese derecho había sido solicitado por una de ellas, en uso de permiso de salida de 72 horas y con ese fin se había desplazado a la ciudad donde estaba recluida su compañera sentimental. Las autoridades del centro carcelario le impidieron el ingreso aduciendo que de acuerdo con el reglamento debía presentar su cédula de ciudadanía y su pasado judicial para ingresar al penal, sin tener en cuenta que el certificado judicial no puede ser obtenido por una persona privada de la libertad. También se adujo que el reglamento carcelario no preveía las visitas conyugales lésbicas u homosexuales.

La Corte señaló que en este caso no se discutía la libre opción sexual de las demandantes sino las reiteradas e infundadas negativas para permitir la entrevista en intimidad. Señaló que las autoridades carcelarias si bien pueden exigir a quienes pretendan ingresar a los establecimientos carcelarios, la cédula de ciudadanía y el certificado judicial, a fin de adoptar medidas consecuentes con el mantenimiento del orden y de la disciplina carcelaria, no pueden permitir que la exigencia de esos documentos limite los derechos constitucionales de los visitantes e internos hasta desconocerlos?. La Corte consideró que ?las personas privadas de la libertad pueden reclamar oportunidades para afianzar en la intimidad sus relaciones de pareja, y que las autoridades carcelarias no pueden entorpecer sus propósitos, en razón de que la dignidad humana de los reclusos está especialmente protegida en los artículos 1, 2, 4, 5, 15, y 16 constitucionales?.

La Corte ordenó a las autoridades penitenciarias permitir el ingreso de la accionante con beneficio administrativo a la cárcel donde se encontraba recluida su compañera o disponer otro lugar donde pudieran tener dichos encuentros. Destacó que el reglamento de visitas conyugales no prevé disposiciones que regulen el ingreso a las personas privadas de la libertad a otro centro carcelario para el ejercicio de la visita conyugal ni de las personas que se encuentran disfrutando de permisos administrativos, por lo cual instó a la Defensoría del Pueblo para que impulsara las acciones judiciales o administrativas pertinentes para que las autoridades penitenciarias fueran conminadas a expedir la reglamentación que brindara a los directores de los penales criterios claros, generales y uniformes en la materia, que les permitieran garantizar a los internos el ejercicio de la sexualidad en condiciones de igualdad y salvaguardando su dignidad e intimidad, sin desconocer las condiciones específicas de cada establecimiento. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-499-03
1.3.5. Deber de trasladar a los reclusos para garantizar las visitas íntimas

Por considerar que se estaba violando su derecho fundamental a la intimidad, un recluso, cuya compañera también se encontraba privada de la libertad, interpuso acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y de un Comando del Departamento de Policía. El accionante señaló que, no obstante existir la autorización de la autoridad judicial competente, debido a que la realización de la visita implicaba necesariamente el traslado de su compañera desde su sitio de reclusión hasta el establecimiento carcelario en donde él se encontraba detenido, las autoridades carcelarias y policivas se oponían a dicha vista íntima argumentando que como ambos reclusos se encontraban sindicados del delito de rebelión, tal diligencia significaba un gran riesgo, pues podría ser utilizada para una fuga o un rescate.

De acuerdo con la Corte Constitucional, la vulneración del derecho fundamental a la intimidad, en la modalidad del derecho a la visita conyugal en cabeza del detenido, se configuró en este caso por la omisión administrativa de dar efectivo cumplimiento a la orden judicial que autorizó la visita conyugal al actor, en lo que se refería a la determinación de los obligados a cumplir obligaciones positivas para la realización de un derecho fundamental, es decir, a la vulneración concreta de un derecho fundamental que requería de actuaciones positivas de la autoridad para poder hacerse efectivo.

Respecto de la negativa del Comandante de la Policía, la Corte consideró que cuando las circunstancias fácticas, en particular de orden público, le impidan cumplir por sí mismo y a cabalidad sus funciones, el INPEC puede, previo el empleo de los recursos materiales y humanos disponibles, acudir a otras autoridades públicas con el fin de que colaboren armónicamente con el Instituto para el cumplimiento efectivo de sus funciones; auxilio que incluye el apoyo logístico en el traslado de internos para el cumplimiento de visitas íntimas cuando el INPEC ha demostrado fehacientemente su incapacidad fáctica de cumplir sus propias funciones sin el auxilio de la Fuerza Pública.

Concluyó la Corte que se trata aquí de una clara omisión consistente en el desconocimiento de la Constitución y la ley, ya que todas las autoridades públicas deben colaborar armónicamente en el cumplimiento de los fines del Estado, uno de los cuales es garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas. Por lo anterior, ordenó a las autoridades demandadas que, dentro del término de tres meses, diseñaran y ejecutaran un plan para cumplir efectivamente las visitas íntimas autorizadas por la respectiva autoridad judicial a favor del accionante, para lo cual debían tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar que la visita fuera aprovechada indebidamente nota 1.

En otra decisión, la Corte precisó que aunque las solicitudes de traslados conllevan la adopción de una serie de medidas para asegurar la vida e integridad tanto de los detenidos como de los guardias que custodian el traslado para hacer efectiva la visita conyugal, tal riesgo no puede convertirse en una disculpa genérica para impedir, de manera indefinida, el goce del derecho a la intimidad de los internos. Por lo tanto, las autoridades penitenciarias y carcelarias deben abstenerse de dilatar este tipo de solicitudes y de restringir el goce del derecho a la intimidad de los internos en la medida en que ello sea posible. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-718-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-795-06
1.3.6. La sanción administrativa que impide la visita conyugal a la persona privada de la libertad por el tiempo que le falta para cumplir la condena es desproporcionada e irrazonable

El actor afirmó que durante el cumplimiento del primer año de su pena de 42 meses de prisión fue visitado periódicamente en el establecimiento de reclusión por su compañera permanente, quien para esa época era menor de edad. Sin embargo, cuando ella cumplió la mayoría de edad, dado que aún no había solicitado la expedición de su cédula de ciudadanía, el establecimiento penitenciario y carcelario en el que se encontraba recluido le impidió el ingreso en dos ocasiones. Abocada a tal situación su compañera permanente intentó ingresar al mencionado establecimiento con la contraseña de la cédula de ciudadanía de otra persona, razón por la cual el director del establecimiento, mediante un acto administrativo y con base en las normas vigentes sobre la materia, decidió prohibir su ingreso por el término de cuatro años.

El accionante consideró que aquella sanción era desproporcionada y vulneraba sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad; pues la sanción impuesta a su compañera (48 meses) era incluso mayor a la pena privativa de la libertad que a él se le había impuesto.

La Corte recordó con relación a los derechos fundamentales de los presos que pueden ser restringidos en razón de las condiciones que resultan de la privación de la libertad que esa facultad no tiene un carácter absoluto. Las disposiciones legales y las medidas orientadas a restringir el ejercicio de los derechos fundamentales de los internos de un establecimiento penitenciario, deben ser razonables, útiles, necesarias y proporcionales a la finalidad que busca alcanzar, esto es, su resocialización. Sólo serán razonables y proporcionadas constitucionalmente, las limitaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que sean "legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente? .

Para el caso concreto, la Corte concluye que es claro que la compañera permanente del interno accionante infringió el régimen disciplinario del establecimiento de reclusión al intentar ingresar al mismo con la contraseña de la cédula de ciudadanía de otra persona. Sin embargo, aunque la autoridad penitenciaria, con fundamento en las normas que regulan la materia y en ejercicio de su potestad de definir el régimen interno de visitas y de adoptar las medidas pertinentes para garantizar la disciplina, la seguridad y el orden público en el interior del establecimiento, se encuentra legitimada para imponer una sanción administrativa a la referida infractora, tal decisión no se encuentra ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y en consecuencia, vulnera sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad.

A la luz de la Constitución y de las normas que regulan la materia, la autoridad penitenciaria no puede anular el ejercicio de tales derechos de manera absoluta como sucedió en este caso. La sanción impuesta excede el término de reclusión del interno, por lo que tal decisión frente a la falta cometida implica la anulación absoluta del derecho del interno a la visita íntima, pues de acuerdo con el término de la sanción impuesta a su compañera permanente, el interno no podrá recibir su visita durante el tiempo de condena que le falta por cumplir, situación que deriva en una restricción excesiva de sus derechos fundamentales.

En otras palabras, la sanción impuesta no se ajusta al principio de razonabilidad, pues a pesar de que busca garantizar la disciplina, la seguridad y el orden público en el establecimiento de reclusión, en criterio de la Corte, no existe una razón suficiente que permita justificar que el actor no pueda recibir la visita de su compañera permanente durante la totalidad del tiempo de condena que le falta por cumplir.

No obstante, la Corte advitió que aunque la sanción no se ajusta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, las autoridades penitenciarias y carcelarias -si así lo estiman-, podrán dar curso a la acción disciplinaria y penal a que haya lugar contra la compañera permanente del actor, de conformidad con las normas pertinentes.

En virtud de lo anterior, la Corte concedió al interno la tutela de sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad del actor, y dejó sin efectos el acto administrativo por medio del cual se impuso la sanción a la citada visitante, expedida por la Dirección del establecimiento de reclusión. En consecuencia, ordenó a dicha Dirección que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la correspondiente sentencia, realizara todas las gestiones administrativas necesarias para restablecer las visitas íntimas del interno con su compañera permanente, bajo condiciones de periodicidad, intimidad, salubridad y seguridad, siempre y cuando la visitante se sometiera al marco de las normas de seguridad y disciplina establecidas en el Reglamento del Régimen Interno de dicho Establecimiento.

Así mismo, aclaró la Corte que en el evento en que la referida visitante infringiera nuevamente el régimen interno del establecimiento de reclusión, las autoridades penitenciarias podrían imponerle la sanción respectiva, respetando para ello los límites definidos para el efecto por la Constitución, la legislación y la jurisprudencia, es decir, si la sanción consistiera en la prohibición de las visitas íntimas, deberá sujetarse a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y en consecuencia, no podrá anular el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad del recluso. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-274-08
1.3.7. Protección y limitaciones a las comunicaciones de los reclusos

?El actor considera que se le ha violado su derecho a la intimidad personal y familiar porque los guardias de vigilancia han escuchado sus conversaciones privadas. La Corte Constitucional señaló que en virtud del interés social de controlar y prevenir el delito, de la necesidad de investigar, y en razón a la búsqueda de condiciones de seguridad al interior del Penal, el derecho a la intimidad en las llamadas telefónicas puede ser limitado y restringido, siempre y cuando se cumplan unas condiciones (Ley 65 de 1993, régimen de comunicaciones)? * nota 1.

?Por otra parte, la Corte Constitucional al estudiar varios artículos de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, señaló que las comunicaciones tanto verbales como escritas en los establecimientos carcelarios deben estar sujetas a naturales limitaciones y controles, pero debe respetarse el derecho a la intimidad en su núcleo esencial. Es decir, las limitaciones y controles deben ser los encaminados a garantizar la seguridad carcelaria y la prevención de delitos o alteraciones del orden y no extenderse a campos como el de la libre expresión de los sentimientos afectivos o manifestaciones del fuero íntimo de la persona? * nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-517-98. Ver Sentencia T-711-06.
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
1.3.8. Exigencia de orden judicial para el registro de correspondencia

?En sentencia de constitucionalidad la Corte Constitucional señaló que el actual Código Penitenciario exige que cualquier registro a la correspondencia de los reclusos provenga de orden judicial, con lo cual el legislador ha retirado toda autorización al personal administrativo de las cárceles para proceder en el enunciado sentido? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-038-94
1.3.9. Obligación de autoridades de garantizar que las entrevistas de abogados e internos sean privadas

Los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) afirmaron que las visitas de sus abogados son objeto de múltiples restricciones y trabas, pues se les exigía la presentación de la boleta de visita expedida por la autoridad judicial competente, se les sometía a largas filas, la entrevista se realizaba en unas cabinas sin ninguna privacidad, se les obligaba a atender esposados a sus defensores y los guardias terminaban escuchando toda la conversación. El INPEC negó los hechos alegando que la presencia de la unidad de guardia es lejana, que ni siquiera podían escuchar una conversación en tono alto pues su ubicación es en la reja que da acceso al locutorio, con el único propósito de visualizar al interno.

La Corte consideró que no debía pronunciarse sobre las restricciones al ingreso de los apoderados por cuanto, de existir una violación en este sentido al ejercicio de una profesión liberal, ésta debía ser alegada directamente por los profesionales del Derecho y no por los internos. Pero sí consideró procedente un pronunciamiento sobre la manera como las entrevistas se llevan a cabo entre estos últimos y sus apoderados. En tal sentido, -dijo- es preciso adelantar una labor de ponderación entre el objetivo constitucionalmente válido del mantenimiento de la seguridad en el penal con el derecho a la intimidad de los reclusos. Para esos efectos, los funcionarios del INPEC deberan garantizar que las entrevistas que sostengan los internos con sus apoderados se realizaran sin intromisión alguna, lo cual en nada se opone a que, guardando una determinada distancia, se mantendra siempre el contacto visual con el recluso. Por tal razón, decidió ordenar a las directivas del centro de reclusión garantizar que las entrevistas de los internos con sus abogados fueran privadas y sin intromisiones del personal de guardia nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03
1.4. Derecho de los reclusos a la libre orientación sexual

1.4.1. Obligación del inpec de adoptar medidas para que los reclusos no atenten contra la libre orientación sexual de uno de ellos

Un interno, cuya orientación sexual es homosexual, instauró acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- al considerar que se le estaban violando los derechos a la vida, a la salud, a su integridad física y moral y a su libertad sexual. Manifestó que había sido víctima en distintas oportunidades de abuso sexual por parte de otros reclusos de la Cárcel Nacional Modelo y de otros centros penitenciarios donde había estado recluido, hechos respecto de los cuales existían constancias en documentos de dichos centros. Dijo que a causo de esos abusos había intentado suicidarse, y que temía ser portador de VIH. Admitió haber hecho uso en distintas ocasiones de la acción de tutela para lograr su traslado a otro centro de reclusión, pues, hasta ese momento, no había logrado una protección efectiva de su integridad por parte de las autoridades encargadas de su custodia y vigilancia.

La Corte Constitucional consideró que los derechos del accionante habían sido violados sistemáticamente por las omisiones del INPEC, pues su dignidad humana había sido desconocida de forma grave y manifiesta y se le había sometido a circunstancias de inseguridad y riesgo que podrían incluso haber comprometido su vida y su salud de forma irreparable, en caso de que efectivamente hubiere sido contagiado de SIDA. Para la Corte, las autoridades carcelarias se limitaron a constatar que en efecto el accionante había sido sometido a algunos de los delitos y vejaciones que había denunciado y a verificar la incapacidad institucional del sistema penitenciario?para tratar el caso específico de una persona del carácter, comportamiento y personalidad del accionante?. De tal manera, que se habían limitado a remitirlo indefinidamente a distintos centros penitenciarios, sin darle una garantía real de protección a la vida, la salud, la integridad física, la dignidad y la libertad sexual del actor.

La Corte le ordenó al director del INPEC y al director del Centro de Reclusión donde se encontraba el actor tomar las medidas necesarias para impedir que la libertad sexual y la integridad física del accionante sean afectadas o amenazadas nuevamente. En un plazo de tres meses ubicarlo en un centro penitenciario que no suponga riesgos para su dignidad y, en especial, para su libertad sexual y su integridad física. Asegurar que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias en las cuales fue desconocida la libertad sexual y la dignidad del actor, para poder deducir las responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan. Promover las denuncias penales que surjan de dichas investigaciones. Abstener de imponer limitaciones adicionales al actor en relación a los derechos que se reconocen a los demás reclusos e impedir retaliaciones en su contra. Garantizarle que se le practiquen los exámenes para determinar si es o no portador del VIH y brindarle los servicios de salud que sean necesarios con ocasión de esta eventual afección o cualquiera otra que se le hubiera podido ocasionar a causa de las acciones realizadas en contra de éste. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1096-04
1.4.2. Los internos con diversa orientación sexual pueden ingresar elementos de uso personal a los establecimientos carcelarios, necesarios para el ejercicio de dicha identidad

Un ciudadano privado de su libertad manifiesta que tiene la condición de ?gay transexual?. Por este motivo porta el cabello largo y usa productos de maquillaje y accesorios. Manifiesta que en razón a su identidad sexual, es sometido a tratamientos discriminatorios y violentos por parte de la guardia penitenciaria, quienes se oponen al estilo de su cabello y han decomisado los elementos que le permiten ejercer su opción sexual.

Estos comportamientos llevan al actor a concluir que los servidores públicos del establecimiento penitenciario desconocen sus derechos fundamentales. Por ende, impetró acción de tutela en contra del INPEC.

La Corte considera que la limitación de derechos fundamentales de las personas reclusas no pueden tener un grado de intensidad que implique la afectación del núcleo esencial de derechos diferentes a la libertad de locomoción y la libertad personal, ya que sólo serán razonables y proporcionadas constitucionalmente, las restricciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que sean ?legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente?, en este sentido el ejercicio de la sexualidad es uno de los derechos que escapan de las suspensiones propias de la privación de la libertad.

En criterio de la Corte la protección de la identidad y la opción sexual es consecuencia del principio de dignidad humana. Por ende, toda interferencia o afectación a este derecho es un grave atentado a su integridad y dignidad.

Para el caso particular del actor, la adopción de su identidad sexual está mediada por el uso de maquillaje, el pelo largo y determinadas prendas de vestir, elementos todos ellos que permiten reafirmar dicha opción y atenuar las imposiciones que le generan las características propias del sexo fenotípico. En otros términos, el adecuado ejercicio del derecho a la autonomía personal, reflejado en la determinación de la opción sexual, depende del uso de tales elementos por parte del accionante, por lo que la privación injustificada de los mismos conlleva la vulneración de sus derechos a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad. La institución demandada en abierta contradicción con los postulados del debido proceso, impuso sanciones al actor, consistentes en la prohibición de ingresos de sus elementos y la imposición de maneras determinadas de presentación personal, incompatibles con su opción sexual. Estas sanciones no estuvieron precedidas de ningún procedimiento disciplinario, ni tampoco de una motivación suficiente, que diera cuenta del porqué la apariencia física del recluso era incompatible con la disciplina y las limitaciones a los derechos fundamentales propias de la privación de la libertad en los establecimientos carcelarios.

A juicio de la Corte, el Director General del INPEC deberá prever expresamente en el Acto Administrativo que modifique dichos reglamentos, que la imposición de medidas y sanciones disciplinarias a las personas privadas de la libertad no deberá interpretarse de manera tal que sirvan de menoscabo para los derechos de las personas reclusas de identidad u opción sexual diversas. En ese sentido, las medidas y sanciones disciplinarias al interior de los establecimientos penitenciarios no podrán tener un alcance tal que (i) sirvan para prohibir el ingreso de elementos de uso personal a los establecimientos carcelarios, necesarios para que las personas reclusas de identidad sexual diversas puedan garantizar el ejercicio de dicha identidad; (ii) discriminen a las personas reclusas de identidad u opción sexual diversas en el derecho a la visita íntima, en iguales condiciones que las personas reclusas heterosexuales; y, de manera general, (iii) discriminen en el acceso y goce de los derechos adscritos a las personas privadas de la libertad, por el solo hecho de pertenecer a una minoría de identidad u opción sexual diversas.

La Corte decide tutelar los derechos invocados por el accionante. En segundo lugar ordena al director del establecimiento de reclusión que inicie una campaña de sensibilización y capacitación a los funcionarios, personal de guardia e internos de ese establecimiento, sobre la protección de los derechos constitucionales de los reclusos y reclusas de identidad u opción sexual diversa.

Por último ordena al Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que adelante las acciones tendientes a reformar las normas reglamentarias en materia de régimen de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, con el fin que resulten compatibles con la protección de los derechos constitucionales de las personas internas de identidad u opción sexual diversas, conforme lo expone la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-062-11
1.5. Derecho de los reclusos al libre desarrollo de la personalidad

1.5.1. Libertad de poseer material pornográfico

?La Corte Constitucional al estudiar varios artículos de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, señaló que la prohibición no implica que el recluso no pueda poseer material pornográfico, porque cada persona es libre de escoger sus lecturas y pasatiempos, mientras no afecte los derechos de los demás. Cuestión distinta es que por razones de moralidad, un servidor público no puede ser divulgador de pornografía, y ese es el sentido de la norma acusada; concretamente los miembros del cuerpo de vigilancia no pueden ser difusores de pornografía, cuando la misión de los establecimientos carcelarios es de readaptación y no de degradación moral? * nota 1.

?En otra oportunidad, la Corte señaló que junto al reconocimiento que hace esta corporación de la libertad que los internos tienen para poseer material pornográfico, hay que advertir que el ingreso o circulación de este tipo de documentos debe cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente exigidos para el ingreso y circulación de cualquier otro tipo de material cuya tenencia sea permitida? * nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-184-98
1.5.2. Deber de imponer un corte de cabello que no vulnere el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de un recluso

El accionante manifestó que él y otros reclusos que laboran en la preparación de los alimentos para el resto de la población reclusa de un establecimiento carcelario fueron sometidos a un corte de cabello degradante por orden de uno de los guardias de turno. Adujo que si bien las normas penitenciarias vigentes no permiten que los internos lleven el cabello largo, el corte de cabello que él tenía no iba en contravía de tales normas. No obstante lo anterior, fue ?rapado? y ello dejó a la vista una gran cicatriz, producto de una quemadura, que le ha valido numerosas burlas de los demás reclusos. Afirmó que esta situación ha afectado su autoestima y vulnerado por lo tanto su derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Directora del centro de reclusión señaló que el corte de cabello rapado o al ras que se imponía a los internos se justificaba para evitar fugas a través del conocido método del ?cambiazo? y por motivos de higiene, dado que el interno se desempeñaba laboralmente en actividades que consistían en la manipulación de alimentos.

La Corte, reiteró que si bien el recluso tenía suspendido su derecho a la libertad física, conserva la titularidad de sus otros derechos fundamentales, que igualmente podían ser objeto de restricción, en razón del especial control y sometimiento que le imponía el Estado. Así, pues, la restricción a los derechos fundamentales de los reclusos, sólo es viable en cuanto tienda a hacer efectivos los fines esenciales de la relación penitenciaria, esto es, la resocialización del interno y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro de las prisiones. Sin embargo, si bien las facultades de las autoridades carcelarias para limitar tales derechos son de naturaleza discrecional, encuentran su límite en la prohibición de toda arbitrariedad y, por tanto, deben ejercerse con sujeción a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por ello la imposición del indicado corte de cabello atentaba contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad del accionante, al restringirlo en forma excesiva o desproporcionada y afectar así su contenido esencial.

Argumentó el Alto Tribunal que la imposición de un corte de cabello rapado desborda la finalidad de las normas disciplinarias al interior de un centro carcelario, por lo cual debe darse aplicación al principio de armonización concreta de las normas constitucionales, en particular de las que consagran el principio del respeto a la dignidad del ser humano y el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y las que otorgan fundamento al desarrollo de la política criminal del Estado y la aplicación del sistema carcelario. Así, la accionada Directora del centro carcelario podrá cumplir sus funciones y responsabilidades, contempladas en las normas legales pertinentes y el reglamento interno, mediante la imposición a los reclusos, de un corte de cabello corto, en vez de rapado. Por otra parte, agregó la Corte que, el argumento invocado por las directivas de la penitenciaría en el sentido de que la ocupación de cocinero que ostentaba el accionante es un motivo adicional de justificación de la medida impuesta, por requerirlo la manipulación de los alimentos, resulta sin validez, pues dicho efecto se puede lograr por otros medios como el uso de gorros adecuados nota 1.

En similares términos se pronunció la Corte al conocer una acción de tutela instaurada por los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) contra el INPEC, porque el mismo día de ingreso al centro de reclusión fueron sometidos a un proceso de ?rapado? de sus cabezas, comportamiento que, a su juicio, constituyó un trato cruel, inhumano y degradante, completamente lesivo de su dignidad. El INPEC argumentó que se trataba de una medida de seguridad encaminada a evitar los ?cambiazos? o suplantaciones, y que, además, el porte de cabello largo facilitaba el ocultamiento de drogas y armas. La Corte Constitucional consideró que se trataba de una medida desproporcionada, violatoria de ciertos derechos fundamentales.

Dijo que la imposición de la medida desbordaba la consecución de un fin legítimo, como lo es el mantenimiento de la seguridad y del orden en el establecimiento carcelario, como quiera que el mismo objetivo se puede alcanzar empleando un medio menos gravoso para la dignidad humana, tal como la práctica de una peluqueada que permita lucir un cabello corto, sin alterar los rasgos faciales y que proteja al mismo tiempo al interno del intenso frío que caracteriza a la región donde se halla ubicado el penal. Agregó que la calificación de un centro carcelario o penitenciario como de máxima seguridad no implica someter a los reclusos que allí se encuentran a esta clase de tratos. Rapar a los internos constituye entonces una flagrante vulneración a su derecho a la identidad personal y a lucir ante los demás de una determinada manera. La Corte encontró que dicha medida violaba la Constitución y en consecuencia ordenó suprimir el corte de cabello que implicara rapar la cabeza de los internos nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-750-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03
1.5.3. Obligación de las autoridades penitenciarias de garantizar a los internos el derecho a la recreación y el deporte

La Procuraduría Regional de Caldas interpuso acción de tutela contra un centro de reclusión de mujeres por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de sus reclusas a la libertad personal, a la dignidad humana y a la libertad de expresión e información, debido a que en el centro de reclusión se presentaban varias irregularidades como no permitirles el uso de la instalaciones deportivas a la internas, y sancionarlas por las guardianas del penal con la prohibición de hablar en las filas para recibir alimentos, y en los talleres. La Corte tutelo el derecho de las internas a la recreación y el deporte y ordenó a las directivas del penal incluir la reglamentación sobre el uso de la cancha de deportes y del gimnasio en el reglamento interno de la institución, y a organizar una mesa de trabajo junto con representantes de las internas. También les amparó el derecho fundamental al debido proceso disciplinario de las reclusas con el fin de garantizar que no se les diera malos tratos por parte de las guardianas del penal.

La administración carcelaria debe suministrarles a los internos los instrumentos necesarios y espacios adecuados para la realización de sus actividades físicas, e implementar planes y programas para su desarrollo. Esto, con el fin de garantizar a los internos el derecho fundamental a la recreación y el deporte como manifestación de su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

La Corte ha reiterado que ?? la normativa vigente ha otorgado un papel relevante a la recreación y el deporte en la vida penitenciaria. Así, por ejemplo, el artículo 99 de la Ley 65 de 1993 dispone que las actividades deportivas que realicen los reclusos, según la programación de las direcciones de los establecimientos penitenciarios, se asimilan al estudio para efectos de redención de pena. Por su parte, el artículo 166 ibídem señala que Coldeportes debe desarrollar planes y programas en coordinación con el INPEC, en los centros de reclusión para el fomento de la recreación y el deporte. El artículo 44 del Acuerdo 0011 de 1995 establece que toda la población carcelaria debe beneficiarse de los programas deportivos y recreativos que organicen los docentes de los centros educativos de cada establecimiento o quienes hagan sus veces, y que los directores de los mismos deben garantizar el desarrollo permanente de actividades de este tipo. Por último, el artículo 83 ibídem prevé que los reclusos pueden constituir comités internos en materias como deporte, recreación y cultura por intermedio de los cuales pueden elevar solicitudes y propuestas a las autoridades penitenciarias sobre estas cuestiones.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-439-06
1.5.4. Los internos pueden hacer uso del derecho a la huelga de hambre y esta no puede ser restringida o sancionada cuando no se configura efecto alguno sobre el orden de una carcel

Un interno instauró acción de tutela para que se resolviera una solicitud de reconocimiento de 72 horas de permiso. Adicionalmente, pueso de presente que había sido sancionado por realizar una huelga de hambre contra las condiciones de hacinamiento en las que se encontraba el centro carcelario y otros aspectos, lo que había generado una sanción en su contra, que a su vez le generaría la negación del permiso solicitado y adicionalmente se había ordenado su traslado a otro Centro Carcelario.

Para resolver la inquietud planteada la Corte acudió al principio pro actione , con base en el cual adujo que el alcance de lo pretendido en la tutela bajo estudio no podía reducirse únicamente a la solicitud de que se resolviera el citado recurso de reposición. Era necesario que el juez asumiera la solicitud de garantía de los derechos invocados por el actor en un sentido más amplio, es decir, en relación también con otros hechos relatados dentro del mismo cuerpo de la demanda. La Corte centró su pronunciamiento en la sanción disciplinaria derivada del la huelga de hambre adelantada por el interno.

Desde esta posición, la Corte Constitucional consideró que el evento de la participación en la huelga de hambre en el Centro Carcelario, como fundamento de la sanción impuesta al tutelante, debía ser analizado a la luz de los elementos que constituyen en sí misma la conducta, es decir: los motivos de dicha conducta, la manifestación pacífica de la conducta mediante la decisión de no ingerir alimentos y las consecuencias de esta conducta representadas en una sanción que se presume respeta la aplicación correcta de las reglas de disciplina propias de una cárcel, en particular, y del marco constitucional, en general.

Para la Corte, los motivos que sustentan el adelantamiento de una huelga de hambre de internos en una institución carcelaria, se relacionan con la posibilidad de disentir y protestar, en ejercicio del derecho de resistencia derivado del principio pluralista contenido en nuestro ordenamiento jurídico (art. 1° C.P.), y que bajo ciertas circunstancias puede ejercerse legítimamente en aras de hacer efectivos otros principios superiores como son la dignidad humana, la protección reforzada de personas en situación de debilidad manifiesta (inc. 3º del art. 13 C.P.) y la obligación del Estado de garantizar, en cualquier situación, la primacía de los derechos inalienables de las personas (art. 5° C.P.).

Recuerda la Corte que a partir de lo anterior, la doctrina ha creado la categoría de desobediente civil (en ejercicio de la desobediencia civil), para los ciudadanos que incurren el supuesto anterior. Sin embargo, aclara que el ejercicio del derecho de resistencia exige dos características definitorias: su carácter no violento, y la necesidad de que pretenda la pública exaltación de principios constitucionales establecidos.

De este modo, a los ciudadanos podría asistirles el derecho a resistir el cumplimiento de una disposición, si ésta es abierta y claramente contraria a las normas constitucionales, o si dicha resistencia propugna por el cumplimiento de principios superiores de justicia, equidad, dignidad, entre otros, como forma de protesta y manifestación de inconformidad. En otras palabras, para la Corte, ?el derecho de resistencia no comporta una justificación para el incumplimiento de las normas, sino una forma excepcional de protesta que presupone la aceptación de los principios estructurales de la organización política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se implementen de manera adecuada.?

En punto de la decisión autónoma de no tomar alimentos, recuerda la Corte que esta conducta se refiere al derecho a la autodeterminación como contenido normativo del principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P.), derecho que, en el caso concreto de las personas privadas de la libertad, se encuentra restringido, pero no suprimido; restricción que se debe a la relación especial de sujeción que se establece entre el Estado (sistema penitenciario) y el ciudadano que se encuentra en un establecimiento de reclusión, bien como sindicado o como condenado.

Ahora bien, la referida conducta puede tener consecuencias riesgosas para la salud del individuo, pero ello no la convierte en una conducta prohibida. Agrega la Corte que bajo el mismo principio, se puede concluir que los individuos no sólo pueden, sino que tienen el derecho de colocarse autorresponsablemente en situaciones que otros consideren inconvenientes o riesgosas, siempre que no comprometan los derechos de otros.

En referencia a las sanciones disciplinarias impuestas a internos, es obvia la importancia del mantenimiento del orden y la disciplina en los penales, ello es útil para establecer las consecuencias de cualquier conducta, en cuanto a las limitaciones para impedir o autorizar formas de protesta -incluida una huelga de hambre-. Limitaciones que tienen como finalidad determinar que la ejecución de ciertas conductas representen o no alteraciones en la implementación de dicho orden interno. Pero se debe tener siempre presente que si no se configura efecto alguno sobre el orden de una cárcel, no es posible restringir el ejercicio de los derechos no limitables de los internos. En dichas condiciones, los reclusos cuentan con un amplio margen de ejercicio de sus derechos fundamentales, los cuales conservan pese a su especial condición jurídica.

En tal sentido, enfatiza la Corte que los motivos que asisten al legislador para expedir un régimen disciplinario aplicable a los internos en establecimientos penitenciarios y carcelarios no son otros que los de permitir el cumplimiento de la finalidad buscada por la pena impuesta (la reinserción positiva del condenado a la sociedad, entre otros), objetivo que debe producirse en un ambiente de respeto y consideración por el otro, sea también recluso o funcionario administrativo o de guardia. De igual manera agrega que ?Las violaciones a estas reglas lo hacen acreedor a sanciones disciplinarias que pretenden corregir su comportamiento y advertirlo sobre los principios de obediencia, colaboración y buen trato que debe observar en el futuro.? Sin embargo, advierte enfáticamente la Corte que se deben evitar medidas arbitrarias so pretexto de la disciplina.

A juicio de la Corte Constitucional, la participación en la huelga de hambre en el EPAMS de La Dorada Caldas, por parte del actor no puede tomarse como fundamento de una sanción disciplinaria, como la que efectivamente se le impuso, pues ello vulnera la posibilidad de disentir y protestar de cualquier persona en ejercicio del derecho de resistencia; derecho cuyo ejercicio es constitucionalmente permitido bajo ciertas circunstancias arriba anotadas. Esto, en atención a que las reclamaciones del actor -y de otros reclusos- que le sirvieron para participar en la huelga de hambre estuvieron basadas en las condiciones de hacinamiento y salubridad, la ausencia y demora de las respuestas a solicitudes de traslado y de otorgamiento del beneficio administrativo de las 72 horas. De igual modo, la huelga de hambre no representó actos de violencia, sino que por el contrario fue pacífica, es decir, esta expresión de inconformidad no afectó el mantenimiento del orden y la disciplina del establecimiento de reclusión.

En conclusión, no es acorde con el orden constitucional acoger la afirmación según la cual no es posible aceptar la protesta de los internos en una cárcel, manifestada a través de una huelga de hambre. Esto por cuanto la prohibición de protestas colectivas contenida en el Código Penitenciario y Carcelario , no puede ser interpretada en relación con aquellas que se hacen en ejercicio del derecho de resistencia y en las condiciones especiales que se explicaron anteriormente (reivindicatorias de principios superiores, no violentas y sin alteración del orden y la disciplina del penal).
Con base en los argumentos expuestos, la Corte amparó los derechos fundamentales violados al actor, y en consecuencia ordenó al Director del EPAMS de La Dorada, Caldas, o al funcionario que correspondiese en el INPEC, dejar sin efectos la sanción impuesta al demandante. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-571-08
1.6. Derecho de los reclusos a la libertad de expresión e información

1.6.1. Derecho de ingresar periódicos a centros de reclusión

El actor, como representante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ? CSPP ?, interpuso acción de tutela en contra del director del INPEC y de la directora del establecimiento carcelario, por considerar que se violó el derecho a la información por cuanto le fueron decomisados unos periódicos cuando se disponía a reunirse con reclusos sindicados de haber cometido delitos políticos. La Corte Constitucional tuteló los derechos a la libertad de expresión y a la información de los autores por considerar que una limitación al derecho fundamental a la información de quien se encuentra recluido en un centro carcelario, sólo puede provenir de la necesidad de preservar la disciplina y el orden internos de ese centro de una alteración grave. Así mismo, señaló que a las autoridades penitenciarias y carcelarias les está vedado prevalerse de sus poderes para dirigir el pensamiento de los internos en el sentido que más convenga a sus intereses o su ideología.

Los directivos de las cárceles no están autorizadas para impedir la circulación de material informativo impreso -salvo los casos de grave amenaza de alteración del orden (Ley 65 de 1993, artículo 110)-, como quiera que con ello impiden que los internos se formen opiniones personales en torno a los acontecimientos que tienen lugar en el mundo exterior. Impedir que los internos accedan a una determinada categoría de informaciones constituye una grave vulneración de sus libertades de conciencia, expresión e información, toda vez que se impide que sus opiniones se formen en el sentido que autónomamente ellos deseen, y de la garantía institucional de la opinión pública libre como sustento del sistema democrático nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-706-96
1.6.2. Prohibición de uso de radios y televisores en celdas y dormitorio de cárceles de máxima seguridad no vulnera derecho fundamental a la información de los internos

Alegaron los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) que el Director del centro de reclusión impedía el acceso a cualquier medio de comunicación, restringiéndose el acceso de periódicos y revistas. Tampoco se permitía usar un radio, ni un televisor, encontrándose ?prácticamente incomunicados con el mundo exterior?. Afirmaron además que la correspondencia enviada por los familiares siempre era entregada con varios días de retraso. El INPEC, por su parte, argumentó que no era cierto que los internos hubieran perdido todo contacto con el mundo exterior por cuanto todos los pabellones se encuentran dotados de un televisor, un reloj de pared, un sistema de comunicación que permite escuchar música y noticias y se les vende el periódico por medio de un expendio central. Se les había permitido el ingreso de revistas y de hasta cinco libros por interno. Además, dijo, con las baterías de los radios se podían elaborar cargas explosivas, las tarjetas que traen los radios podían ser empleadas para bloquear el sistema electrónico de las instalaciones y el caparazón se utilizaba como caleta para esconder droga. La misma situación se predicaba de los televisores.

Al respecto consideró la Corte que las directivas del centro de reclusión no les estaban vulnerando a los internos su derecho a la información. La Corte estimó que es una medida proporcional por cuanto busca una finalidad constitucional, cual es el mantenimiento de la seguridad y el orden público; es adecuada por cuanto se trata de una cárcel de máxima seguridad, caracterizada por el establecimiento de elevados estándares en la materia; es necesaria ya que estaba comprobado que la tenencia de estos equipos facilitaba la comisión de delitos y evasiones del penal y es estrictamente proporcional en cuanto las directivas del penal habían tomado las provisiones necesarias para que los internos estuvieran informados de los sucesos que ocurren en el mundo externo.

En otros términos, para la Sala resulta proporcional que en una cárcel o penitenciaría de alta seguridad se prohíba el uso de radios y televisores en la celdas y dormitorios de los internos; no obstante, con el propósito de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información, las directivas de estos establecimientos deben garantizar, al menos, que en las zonas comunes los internos cuenten con un televisor, puedan asimismo escuchar noticias de radio y se les permita la tenencia de revistas y periódicos nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03
1.7. Derecho de los reclusos a la personalidad jurídica

1.7.1. Obligación del estado de expedir sin costo alguno los duplicados de la cédula de ciudadanía a los internos incluidos en el sisben dada su especial relación de sujección al estado

Varias personas privadas de la libertad instauraron acción de tutela de contra la Registraduría Nacional de Estado Civil, en defensa de su derecho fundamental de identificación, con el fin de lograr la expedición del duplicado de la cédula de ciudadanía, la cual les fue negada por no acreditar su adscripción al Sisbén y en consecuencia no estar exonerados del costo de éste.

La Corte recordó que la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene el deber de tramitar, expedir, renovar y rectificar, según el caso, la cédula de ciudadanía a toda persona que tenga derecho a tal documento, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, posibilita el ejercicio de significativos derechos constitucionales y legales, como son los derechos civiles y políticos, la acreditación de la ciudadanía y la determinación de la identidad personal.

De igual forma precisó que la ley le otorga a la cédula de ciudadanía el alcance de medio de identificación personal, de donde se infiere que mediante ella se acredita la personalidad del titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, los actores requieren el duplicado de sus respectivas cédulas ya que, sólo a través de ese documento idóneo, y en ocasiones irremplazable, les es posible establecer su identidad, estando de otra parte en imposibilidad de movilizarse para obtenerlo.

Por otra parte, la Corte estableció que debido a la especial relación de sujeción que tienen las personas privadas de la libertad con el Estado, éste debe asumir frente a ellos una serie de responsabilidades y tomar diversas iniciativas especiales, para contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia se les puede restringir como, para el presente caso, el derecho a la personalidad jurídica, sin perjuicio de lo atinente a la suspensión de los derechos políticos.

De esta forma, tutela los derechos de los internos que se encuentran acreditados en el Sisben y extiende esa misma protección a aquellos encuestados a los que aún no se les ha asignado nivel, en el evento de que esta sea asignado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-721-10
1.8. Derecho de los reclusos a la libertad de cultos

1.8.1. Libertad de cultos en centros carcelarios y penitenciarios.

Una persona recluida solicito la protección de su derecho fundamental de libertad religiosa debido a que el centro carcelario no le había asignado un lugar adecuado dentro del penal, y un horario para el desarrollo de las actividades religiosas de la iglesia a la cual él pertenecía. La Corte le tuteló el derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos, y ordenó al centro de reclusión que le asignara en circunstancias de igualdad un espacio de tiempo y lugar con el fin de desarrollar las actividades religiosas propias de su Iglesia, y que éstas fueran atendidas por un ministro del culto al que pertenecía el interno.

La libertad religiosa en el Estado Social de Derecho no tiene un reconocimiento meramente formal, sino que, implica una obligación en cabeza de las autoridades de hacer lo posible para que su ejercicio y disfrute sea efectivo y realmente factible; más aún tratándose de autoridades carcelarias, respecto de las cuales los reclusos están en situación de especial sujeción. Esto con el fin de hacer efectivos sus derechos fundamentales, en este caso el de libertad religiosa.

La Corte ha dicho que ??el legislador, tanto estatutario como ordinario, consideró que era un deber de las autoridades carcelarias y penitenciarias adoptar las medidas necesaria para satisfacer el derecho de los internos en los respectivos centros a recibir asistencia religiosa de su propia confesión, lo anterior sin perjuicio de la seguridad de la institución.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-376-06
1.9. Derecho de petición de los reclusos

1.9.1. Deber de respuesta oportuna

· A solicitud de traslado o de permiso

?Manifiesta un interno que ha elevado peticiones ante la dirección general del INPEC con el fin de que se le traslade de sitio de reclusión sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna. La Corte Constitucional al conceder la protección del derecho fundamental de petición consideró que él se satisface cuando existe una oportuna y material resolución.? * nota 1

?En otra ocasión similar, la Corte Constitucional al conceder la tutela señaló que la pena privativa de la libertad impuesta a una persona no implica la pérdida del derecho fundamental de petición en cabeza del condenado y, en consecuencia, éste puede dirigir solicitudes respetuosas, en su propio interés o en interés colectivo, a las autoridades del respectivo establecimiento carcelario, a las del INPEC o a otras, y todas ellas tienen la obligación correlativa de darles trámite y de responder al interno con la prontitud que señalan las normas constitucionales y legales.? * nota 2

· A solicitud de expedición de certificados de trabajo y estudio

Un interno presentó tutela contra el director de la cárcel por vulneración del derecho de petición ante la falta de respuesta a la solicitud de expedir los certificados de trabajo y de estudio. Para la Corte, la respuesta es fundamental, pues en caso de no ser respondido el derecho de petición, se podría desconocer el derecho del actor de recuperar su libertad antes de lo previsto, en tanto estos certificados tienen por objeto, incidir directamente en la redención de la pena, de conformidad con la ley. nota 3

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-187-95, ver también sentencia T-121-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-305-97. Al respecto también puede Consultarse la sentencia T-1171-01 en la que la Corte Constitucional sostuvo que debe distinguirse entre el derecho que tiene el peticionario a la respuesta, y el trámite interno que deba surtirse dentro de la entidad para efectos de la resolución de la solicitud. Así, la garantía constitucional de obtener pronta respuestano puede verse afectada por trámites administrativos internos.
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-722-02
1.9.2. Deber de resolución motivada a solicitud de audiencia

?Un interno de 58 años de edad interpuso acción de tutela contra el director del centro penitenciario por considerar que éste ha vulnerado su derecho fundamental de petición toda vez que se ha negado, en forma reiterada, a concederle una audiencia. Igualmente, estima que el funcionario lo ha sometido a tratos crueles e inhumanos como quiera que lo trasladó de patio en razón de las solicitudes que ha elevado y que, además, su libertad de expresión se ha visto conculcada, pues le fue confiscada una máquina de escribir que utilizaba para prestar algunos servicios a sus compañeros. La Corte Constitucional en torno al derecho de petición enfatizó la Corte que los deberes de estas autoridades consisten en adoptar todas aquellas medidas necesarias para que reciban una respuesta completa, oportuna y motivada en forma razonable, de manera que el recluso pueda conocerlas y, eventualmente, controvertirlas.

"En relación con la asignación de los internos a un determinado patio o celda, dijo la Corporación que no constituye una decisión que responda al libre arbitrio de las autoridades penitenciarias y carcelarias. Respecto a la tenencia de medios útiles para comunicar el pensamiento, manifestó la Corte, se encuentra, en principio, amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión. Sin embargo, las autoridades penitenciarias y carcelarias poseen claras facultades para determinar qué elementos pueden poner en peligro la disciplina, el orden, la seguridad y la convivencia dentro de los centros de reclusión, lo que no exime a las autoridades carcelarias de su deber de motivar y justificar todos aquellos actos por medio de los cuales adopten la decisión de prohibir que los reclusos posean un determinado elemento.

"Hace parte de la libertad de expresión, la posibilidad de que los reclusos disientan de las decisiones de las directivas de los centros carcelarios en que se encuentran recluidos y manifiesten su inconformidad a las autoridades de mayor jerarquía siempre y cuando el disentimiento se manifieste de manera pacífica, respetando las normas sobre orden y disciplina interna y, especialmente, las normas penitenciarias y carcelarias en materia de comunicaciones con el mundo exterior?.* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-705-96. Ver también la Sentencia T-1074-04
1.9.3. Deber de informar al recluso sobre envío de petición a autoridad competente

?Un interno que ha elevado varias solicitudes a la Fiscalía Regional con el fin de obtener el traslado de centro penitenciario al lugar donde se le adelanta la causa, pues el estar lejos le impide comunicarse con su abogado, no ha obtenido respuesta alguna a sus peticiones. La Corte Constitucional al proteger el derecho de petición señaló que cuando se carece de competencia para decidir sobre la solicitud presentada existe la obligación de informar al peticionario que han sido enviadas al funcionario correspondiente.? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-129-96, ver también en este sentido Sentencia T-495-01
1.9.4. Deber de las autoridades de reconstruir expedientes extraviados o destruidos para resolver derecho de petición

Un interno invoco el amparo de su derecho fundamental a la libertad ya que al solicitar al establecimiento carcelario donde estaba recluido que le certificará el tiempo de trabajo que había prestado con el fin de lograr la redención de su pena, las directivas carcelarias respondieron que los archivos en donde reposaba dicha información habían sido incinerados como consecuencia de unas tomas guerrilleras de las que fue objeto el centro penitenciario. La Corte tutelo sus derechos fundamentales de petición y debido proceso ordenando la reconstrucción del expediente y la certificación del tiempo de trabajo.

La Corte recordó que la legislación ha establecido un proceso de reconstrucción de expediente, normado, en términos generales, en el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil, cuando éste, por circunstancias múltiples, llegue a extraviarse o a destruirse parcial o totalmente. No hacerlo, constituye una grave violación a los derechos de los reclusos por cuanto la información que en ellos se consigna es de tipo personal de los internos, así como de control de trabajo y estudio como parte de los beneficios del tratamiento penitenciario. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-048-07
1.10. Derecho al habeas data de las personas privadas de la libertad

1.10.1. El derecho al habeas data de las personas privadas de la libertad en contra de quienes se adelantan distintas causas penales

Un ciudadano solicita la protección a su derecho de defensa y al debido proceso basado en las supuestas irregularidades en que incurrieron las autoridades judiciales, que lo investigaron, acusaron, juzgaron y profirieron una condena en su contra por el delito de homicidio en el año de 2003. La sentencia le fue notificada en el año 2008. El actor no tuvo conocimiento de dicho proceso a pesar de que se encontraba privado de la libertad desde el 10 de enero de 2001.

La Corte recuerda que en el artículo 15 de la Constitución se establece el derecho de habeas data, según el cual todas las personas pueden conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. De esta manera, existe la obligación del Estado de que los archivos y bancos de datos públicos estén debidamente actualizados. Así, las autoridades judiciales, acudiendo a la información actualizada, veraz y confiable, que les suministra quienes administran los bancos de datos estatales, deben citar o poner en conocimiento a las personas vinculadas a las actuaciones judiciales, a efectos de que puedan ejercer su derecho de defensa.

La necesidad de contar con adecuadas bases de datos respecto de las personas privadas de la libertad, ha sido plasmada por el legislador en el artículo 129 de la Ley 906 de 2004 donde se le impone la Fiscalía General de la Nación, el deber de llevar ?un registro de las personas a las cuales se haya vinculado a una investigación penal. Para el efecto, el funcionario que realice la vinculación lo informará dentro de los cinco (5) días siguientes a la decisión, al sistema que para tal efecto lleve la Fiscalía General de la Nación?. A su vez la Ley 65 de 1993 ?Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario?, establece en su artículo 54 que toda persona privada de la libertad debe ser reportada dentro de las veinticuatro horas siguientes, con su respectiva identidad y situación jurídica al Inpec, el cual deberá crear el registro nacional de dichas personas, manteniéndolo debidamente actualizado y el artículo 56 indica que los centros de reclusión deben llevar un registro de ingreso y egreso con los datos especiales de cada interno, fecha, hora de ingreso, estado físico, fotografía y reseña dactiloscópica.

La Corte manifiesta que a las personas recluidas en los establecimientos carcelarios, no les corresponde asumir la carga de la ineficiencia estatal en el manejo de la información atinente a su ubicación, por tanto, cualquier notificación que corresponda adelantarse en estos casos, debe hacerse de manera personal, informando a los procesados el estado en que se encuentren las distintas causas seguidas en su contra, pues de lo contrario, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales y esta situación conllevaría a la nulidad de las actuaciones que se surtan a partir del momento en que se le impide ejercer su derecho de defensa por desconocimiento del proceso seguido en su contra.

Con base en lo expuesto, la Corte declara la nulidad de lo actuado a partir del auto por medio del cual el Juzgado avocó el conocimiento del proceso procediendo a notificar personalmente al procesado en el centro carcelario donde esté recluido, sobre el estado en que se encuentra el proceso, con el fin de que lo conozca y pueda ejercer su derecho de defensa.

Además exhorta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, a la Policía Nacional y al Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC-, para que dentro de sus competencias, dispongan lo necesario para que se creen los medios técnicos para asegurar a los operadores judiciales el acceso a la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-105-10
1.11. Derecho al debido proceso

1.11.1. Debido proceso judicial

1.11.1.1. Derecho a la notificación personal en procesos judiciales

· Deber de notificación personal en procesos de tutela

?En sentencia de tutela la Corte Constitucional consideró que la notificación de las sentencias de tutela a los reclusos debe ser efectuada de manera personal, con el fin de asegurar que el interno pueda impugnar las decisiones que le sean desfavorables ya que como lo ha establecido esta Corporación, la impugnación del fallo de tutela es un derecho constitucional reconocido directamente por la Carta a las partes que intervienen dentro del proceso.? * nota 1

· Vía de hecho como consecuencia de no realizar la notificación personal del interno

El actor interpuso acción de tutela por considerar violado su derecho al debido proceso, pues nunca se le notificó que cursaba un proceso penal en su contra, aún cuando se encontraba recluido en un establecimiento carcelario. En varias ocasiones el juzgador trató de verificar si el sindicado se encontraba recluido sin que las autoridades competentes dieran tal información, por lo cual la Corte, si bien ha sostenido que salvo que se presente una vía de hecho, las providencias judiciales no son objeto de revisión por parte del juez de tutela, cuando se presenta una vía de hecho por consecuencia, es procedente la tutela. La vía de hecho por consecuencia se refiere a ?aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales.

En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales?. De acuerdo con la Corte, la información sobre la privación de la libertad de la persona es vital. La restricción de la libertad que apareja su privación, no puede tener como efecto la anulación de los otros derechos constitucionales. La circulación debida del dato ?la persona X está privada de la libertad? es indispensable para que ella pueda ejercer el derecho de defensa, pues sin el conocimiento de dicha información, la autoridad judicial erradamente asumirá que se procesa a un sindicado que se oculta.

?En el evento en que se pruebe que se presentó una protuberante violación del derecho de defensa técnica, que no fuera considerada y evaluada de manera razonable por los jueces, procederá la tutela. En este caso, se exige una prueba real de la violación del derecho de defensa técnica, la cual no puede limitarse a la mera acusación de que el defensor no protegió los intereses del sindicado, sino una explicación de cómo no existió una verdadera estrategia de defensa del sindicado? nota 2.

· Imposibilidad de efectuar notificación personal afecta derecho de defensa del recluso

Se demandaron los numerales 2 y 3 del inciso 2 del artículo 184 del CPP los cuales establecían que por razones de caso fortuito o fuerza mayor originadas en el centro de reclusión y por razones de salud física o mental del sindicado, se entendía surtida la notificación personal al sindicado privado de la libertad, con la notificación personal a su defensor. Para el actor estas normas violaban el artículo 29 de la Carta al avalar una notificación ficticia, pues suponer que la notificación personal imposible de efectuar realmente ocurrió, impide que el procesado detenido interponga los recursos pertinentes contra la providencia que no se le notificó. Ni la enfermedad física o mental, ni el caso fortuito o la fuerza mayor, son eventos necesariamente atribuibles al preso, por lo que aplicarle a éste las consecuencias desfavorables de la falta de notificación, quebranta su derecho a ser oído en juicio, y es deber del Estado agotar todas las alternativas para lograr la notificación del incriminado.

La Corte realizó un juicio de razonabilidad y de proporcionalidad de la medida para determinar si la limitación al derecho a la notificación personal del sindicado privado de libertad era excesiva y vulneraba su derecho de defensa. Consideró que la medida era efectiva para lograr un fin en principio legítimo, como es evitar dilaciones en el trámite del proceso penal, pues las normas superiores propenden al logro de un proceso rápido, como garantía de la recta administración de justicia. Sin embargo, al analizar la proporcionalidad de cada uno de los supuestos normativos la Corte encontró que la restricción es superior a los beneficios que pretende el objetivo legítimo.

Respecto del caso fortuito o la fuerza mayor en centros de reclusión, la Corte consideró que la restricción es desproporcionada porque:

i) La dilación en el trámite que por fuerza mayor se produce no puede ser calificada de ?injustificada? y dado que el artículo 29 de la Carta consagra el derecho a un debido proceso ?sin dilaciones injustificadas?, no excluye la suspensión de los procesos por causas justificadas como en los casos de fuerza mayor, con lo cual el constituyente restringió el alcance del principio de celeridad en garantía de los demás derechos que conforman el debido proceso;

ii) La disposición perjudica exclusivamente al recluso, quien ve limitado su derecho de defensa al no poder enterarse personalmente de las decisiones judiciales, sin que el proceso se suspenda por la fuerza mayor no imputable a culpa suya, con lo cual se afecta el principio de igualdad, norma rectora del proceso penal y desarrollo del artículo 13 de la Carta;

iii) La fuerza mayor originada en el centro de reclusión excluye la posible comunicación entre defendido y defensor, que haría legítima la presunción de notificación, pues si para el servidor judicial es imposible hacer la notificación personal, para el defensor será igualmente imposible comunicarse con su defendido;

iv) Acaecida la fuerza mayor en el centro de reclusión es deber del Estado procurar el inmediato restablecimiento del orden, que permita la realización de diligencias de notificación personal y mientras no lo haga no puede proseguir con el trámite del proceso obviando la notificación al amparo de las circunstancias, pues ello equivale, en cierta forma, a alegar su propia culpa;

v) La norma supone que como el defensor intervendrá en el proceso a favor del defendido, es innecesaria la notificación y comparecencia de éste último, con lo cual parece equiparar la defensa técnica con la defensa material del inculpado, desconociendo la oportunidad real de ejercer ésta última. El artículo 29 de la Constitución indica que el derecho de defensa no se limita a la facultad de ser asistido por un abogado, sino que se extiende a la posibilidad del sindicado de intervenir directamente en el proceso;

vi) Se produce una restricción fuerte del derecho de escoger el defensor por esta forma de notificación presunta al apoderado, pues al tenor del inciso final del artículo 184, parcialmente acusado, ?en caso de excusa válida o renuencia a comparecer del defensor (para recibir esta notificación) se le reemplazará por uno público o de oficio con quien se continuará la actuación?. Por todo lo anterior, si ocurre fuerza mayor o caso fortuito, respecto del procesado se suspenderá el proceso mientras duren los hechos imprevistos e irresistibles, aplicando el artículo 152 del Código de Procedimiento Penal.

En cuanto a las razones de salud física o mental del sindicato como causal que justifica la notificación supletiva, la Corte realizó algunas distinciones. Respecto de las condiciones físicas y mentales transitorias presentes al momento de hacerse la notificación, la solución adoptada por el legislador para no entorpecer el desarrollo del proceso es desproporcionada, pues supone un sacrificio del derecho de defensa del individuo privado de la libertad que es superior al beneficio constitucional que la norma pretende lograr. En efecto, si el estado mental o físico del reo le impide temporalmente conocer la providencia que se le notifica, forzoso es concluir que durante la perturbación tampoco está en condiciones de adelantar su defensa y de participar activamente en el proceso, lo cual es inadmisible desde el punto de vista de los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución, que garantiza la presencia real del inculpado en el proceso.

La desproporcionada lesión del derecho de defensa y del principio de publicidad del procedimiento que ocasiona la disposición debe evitarse acudiendo a la suspensión justificada del proceso respecto del procesado privado de libertad, mientras recobra la lucidez o su capacidad física necesaria para enterarse de la providencia que se le notifica, aplicando el artículo 152 del estatuto procesal penal. En lo que respecta a las razones de salud mental permanentes, la persona no puede comprender el acto que se le notifica por lo cual deben aplicarse los artículos 374 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. La solución contraria, adoptada por la norma, que propone adelantar el trámite procesal desconociendo la incapacidad mental del procesado, y su imposibilidad para hacerse presente dentro del trámite, lesiona el derecho de defensa del enfermo mental, desconoce su dignidad y la necesidad de especial protección por parte del Estado.

Respecto de las perturbaciones físicas permanentes, el juez analizará si el procesado está afectado también en sus capacidades intelectuales, de manera que se le impida conocer y comprender el acto procesal que se le notifica, para proceder según el CPP, como en el caso de los enfermos mentales permanentes. En conclusión, las dos causales que contempla el artículo 184 del CPP como justificativas de la notificación supletoria y presunta que prevé la disposición, fueron declaradas inexequibles. La notificación supletiva de la personal, significa un sacrificio desproporcionado del derecho de defensa del privado de la libertad, del principio de publicidad del procedimiento y de la dignidad y especial merecimiento de un trato protector que se reconoce a la persona en condiciones de debilidad manifiesta, de acuerdo con el artículo 13 de la Carta, prescripción que es desatendida por la norma, que mira exclusivamente a la celeridad del trámite. nota 3

· Vía de hecho por ausencia de notificación personal a defensor de sentencia condenatoria y carencia de debida representación de abogado de oficio

El actor, persona privada de la libertad, afirmó que una vez notificado de la providencia que establecía su condena, la que estimó exagerada, decidió apelarla escribiendo simplemente la palabra ?apelo?, con la esperanza fundada de que su defensor de oficio hiciera lo que le correspondía, es decir, que la sustentara. Sin embargo, el juez de la causa no agotó los medios necesarios para notificar a su defensor de su decisión de apelar, y la sentencia condenatoria le fue notificada por edicto, razones por las que éste no realizó diligencia alguna a su favor y, en consecuencia, se declaró desierto el recurso de apelación oportunamente interpuesto. Adicionalmente, afirmó que su defensor era una persona con problemas mentales y de salud, con quien tuvo muy poco contacto personal durante el proceso. Por esta razón, consideró la existencia de violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa a través de la presencia de una vía de hecho.

En la tutela se estableció que en efecto el juez no había agotado todos los medios necesarios para notificar al apoderado del actor del recurso de apelación que este había interpuesto. De igual forma, se probó que el abogado padecía de lagunas mentales y que el actor, en distintas ocasiones, había tenido que asumir directamente su defensa. Por tal razón, la Corte consideró que el accionante había carecido de una debida representación, y que la falta de cuidado debido en el ejercicio de la profesión del abogado, le había sido transferida por completo a éste, en el momento en que se había declarado desierto el recurso, sin agotar los medios necesarios para enterar al abogado.

Para la Corte, en los casos en que exista un enfrentamiento entre el derecho al debido proceso, la protección del interés general, la seguridad jurídica y la eficiencia de la administración de justicia, y que no sea posible armonizar de manera concreta estos principios en conflicto, ?debe darse preferencia al derecho fundamental al debido proceso, pues la eficacia de la administración de justicia y la seguridad jurídica no pueden alcanzarse a riesgo de sacrificar los derechos fundamentales de las personas. La justicia está al servicio de esos derechos, por lo cual en estos casos no puede aplicarse mecánicamente el principio constitucional de prevalencia del interés general (Constitución Política art. 1º) sobre el particular, pues en tales eventos la norma constitucional relevante es aquella que dispone que el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (Constitución Política art. 5°)?.

Por ello, la Corte al considerar que existió un nexo causal entre la voluntad del demandante de apelar la decisión proferida en su contra y la imposibilidad del fallador de notificar personalmente esta decisión a su apoderado, concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, y dispuso que se rehiciera el proceso penal a partir de la notificación de la sentencia condenatoria y que se nombrara un nuevo defensor de oficio, para que así el accionante pudiera apelar la sentencia proferida en su contra nota 4.

· Inexistencia de violación cuando se debe a falta de interés del recluso

El actor consideró que se le había violado su derecho al debido proceso, por cuanto al existir, dentro del establecimiento carcelario una desobediencia civil, no pudo notificarse del cierre de investigación y, en consecuencia, existiendo todos los presupuestos procesales para solicitar libertad provisional, no pudo acceder a ella. La Corte Constitucional señaló que pese a los rigores pragmáticos que envolvía la desobediencia civil de los internos de la Cárcel Modelo, y habida consideración de los múltiples intentos de notificación hechos por las autoridades, el actor, con un poco de interés de su parte bien había podido notificarse de la providencia de cierre de investigación, tal como sí lo hizo frente a la providencia que le negó el beneficio solicitado.

Por consiguiente, siendo notorio que a pesar de que el demandante tuvo la oportunidad procesal de notificarse personalmente del mentado cierre, no lo hizo, debía por tanto correr con las consecuencias adversas. Esto es: asumir la denegación de la libertad provisional en tanto la causal invocada para su otorgamiento no llegó a configurarse satisfactoriamente. Finalmente, la Corte concluyó que la acción de tutela no puede surtirse como un proceso paralelo al previamente establecido en la ley, toda vez que el instituto del juez natural quedaría inane, al propio tiempo que la pretermisión de los ritos procesales ordinarios o especiales se harían inaplicables nota 5

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-324-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia SU-014-01, reiterada en la sentencia T-759-01
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-648-01
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-183-04
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-941-01
1.11.1.2. Deber del establecimiento carcelario de remitir recursos al juzgado

?Manifiesta un interno que el día en que se vencían los términos para sustentar el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria radicó memorial en las instalaciones de la oficina jurídica de la cárcel. Sin embargo, fue notificado de que se declaraba desierto el recurso, por haberlo sustentado por fuera de los términos. La Corte Constitucional al conceder la protección de los derechos fundamentales a la defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia señaló que fueron las autoridades carcelarias las que, con su actitud omisiva, vulneraron los derechos fundamentales al no haber remitido oportunamente el escrito dirigido al Juzgado para que este hubiese podido dar trámite oportuno al mismo?. * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-349-98
1.11.1.3. Obligación de los jueces de considerar las circunstancias personales de las personas privadas de la libertad para la preservación de la igualdad de las partes en los procesos judiciales

Una persona privada de la libertad inició un proceso civil de responsabilidad extracontractual a través de apoderado. El Juzgado Civil, una vez admitida la demanda, fijó fecha para la audiencia de conciliación. El día anterior a la diligencia, le envío al interno la comunicación correspondiente. Dicha comunicación fue recibida en el centro de reclusión varios días después. El interno le informó por escrito al juez su imposibilidad de participar en la audiencia, dada su condición de persona privada de la libertad y de su ubicación en lugar distinto a la sede del despacho judicial. Entretanto, el juez al observar la inasistencia del recluso a la diligencia, le otorgó un término de cinco días para que se justificara. Vencido este plazo, recibió la comunicación del interno, la cual decidió no tener en cuenta dada su extemporaneidad.

Por la inasistencia injustificada a la diligencia, el juez le impuso al interno una multa de cinco salarios mínimos legales. Después negó el recurso de reposición interpuesto por el apoderado del interno en contra de la sanción y ordenó la perención del proceso. Esa decisión fue confirmada en segunda instancia. El interno solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso. Explicó que el Juzgado Civil sabía de la privación de su libertad y de las dificultades que tal situación implicaba, a pesar de lo cual no admitió la excusa presentada. Por otra parte, cuestionó la decisión del juzgado de no acudir directamente al INPEC para solicitar y asegurar su presencia en la diligencia judicial. La Corte simplificó el asunto con el planteamiento sobre las cargas de diligencia que tanto el interno demandante como el juzgado demandado debían realizar.

Desde la perspectiva de lo que le correspondería hacer al juzgado, este, al conocer la situación de privación de la libertad, debió adoptar las medidas pertinentes para que fuera posible la participación del interno en la audiencia. En cuanto a lo que debió realizar el interno demandante, al estar privado de la libertad, tenía la carga de adoptar las medidas pertinentes para el ejercicio correcto de la defensa de sus propios intereses. La Corte consideró que un debido proceso justo supone que tanto en el plano normativo como fáctico las partes estén en una situación de igualdad procesal. Para que ello sea posible, ha de asegurarse entonces que las partes tengan iguales oportunidades de actuar en el proceso, acceso igualitario a los elementos de juicio e igualdad de trato frente a las incidencias de cada proceso. Igualmente, todas las partes deben contar con una defensa técnica, lo que implica la ?consideración a las circunstancias personales que permiten o dificultan la presencia en el proceso?.

Las partes en cualquier tipo de proceso, conforme a sus intereses, tienen que diseñar la estrategia defensiva de sus derechos, lo que implica una carga de diligencia. Esto no significa que los funcionarios judiciales deban limitarse a resguardar la parte normativa y dejar que las partes asuman, de manera autónoma, la totalidad de la carga de la diligencia. Hay situaciones especiales que obligan al funcionario a intervenir en el proceso a fin de asegurar que la igualdad normativa se haga efectiva dentro de la realidad del proceso. Una de tales situaciones se presenta cuando una de las partes se encuentra privada de la libertad.

?Bajo dicha situación, el Estado es custodio de la persona, quien encuentra sus derechos limitados y, además, su capacidad de defensa disminuida. ?Tales personas no son dueñas de su propio tiempo y están sujetos a restricciones normativas ?privación de la libertad y sometimiento a las reglas de cada centro penitenciario o de detención- y fácticas, más allá de la simple privación de la libertad, que disminuyen su aptitud para actuar o responder de manera diligente ante demandas o situaciones que ocurren, dentro y fuera del penal. ?Habida consideración de lo anterior, el juez tiene una mayor carga de igualación de las partes en el proceso (???) ?. aquellas actuaciones que dependen de la actividad de la parte que se encuentra privada de la libertad demanda una especial consideración y atención por parte del juez.

?Una actuación en sentido contrario implicaría extender las consecuencias de la medida privativa de la libertad, sea sancionatoria o preventiva, más allá de lo que la Constitución y la ley admiten. Si se trata de una persona condenada, implicaría imponer una sanción no prevista en el ordenamiento jurídico, consistente en la reducción de su capacidad de defensa en un proceso. Tratándose de una persona detenida de manera preventiva, implicaría tornar la medida de aseguramiento en una sanción?.

El Juez Civil sabía con certeza que el interno demandante se encontraba en una situación que le impedía disponer libremente de su tiempo, razón por la que requería de una especial consideración para lograr cumplir con la diligencia judicial. Asimismo, el Juez sabía que el interno se encontraba recluido en una ciudad distinta de aquella en la que se estaba desarrollando el mencionado proceso civil, circunstancia de evidente importancia que agravaba las dificultades de éste para asistir a la conciliación o para comunicarse oportunamente con el juzgado. Si se tenían en cuenta las circunstancias de tiempo (disponibilidad) y lugar (distancia) del interno, fácilmente se concluyó que no hubo una conducta negligente; éste actuó con prontitud indicando, al día siguiente de su notificación, quién era la persona que lo representaría en la conciliación. Por estas razones, para la Corte resultó desproporcionada y excesivamente ritualista la decisión del Juzgado al exigir una actitud diligente tomando en cuenta exclusivamente los términos procesales, ?se sacrificó lo sustancial en aras de respetar el rito?.

Si en este caso se hubiese acogido la tesis de que el interno demandante tenía la carga de prever y superar todos los inconvenientes para garantizarse su presencia en la audiencia de conciliación y autorizar al apoderado su representación en dicho momento procesal, de hecho hubiese significado trasladar a la persona privada de la libertad la carga de diligencia exigible a cualquier persona en libertad. La Corte recuerda: ?La privación de la libertad, (???), implica una reducción de la capacidad de la persona para agenciar sus propios intereses. No es posible exigir a estas personas la previsión de todas las situaciones que pueden acontecer dentro de un proceso ordinario, máxime cuando existe la manera de que tales situaciones le sean puestas en conocimiento a fin de que adopte las medidas pertinentes?. Por lo manifestado, la Corte concedió la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del citado interno. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-950-03
1.11.1.4. La determinación del lugar en el cual deberá estar privado de la libertad una persona no tiene relación con los fines de la pena ni con los derechos de las víctimas

Familiares de las personas víctimas de desaparición en los hechos del Palacio de Justicia ocurridos durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, interpusieron acción de tutela como mecanismo transitorio para salvaguardar sus derechos fundamentales a la justicia y a contar con un recurso eficaz, presuntamente vulnerados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ?INPEC-, el Ministerio del Interior y de Justicia y, el Ministerio de Defensa, al designar como lugar de reclusión de un Coronel (r), la Escuela de Infantería del Ejército Nacional y no la Penitenciaria La Picota de Bogotá.

La Corte considera que a nivel nacional ni a nivel internacional se ha reconocido que la víctima tenga un derecho relacionado con el lugar de reclusión del sujeto activo de la conducta, por cuanto el mismo hace parte del cumplimiento de la pena y es de competencia exclusiva del Estado.

- La determinación del lugar de reclusión del interno y derechos de las víctimas

El "Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad", proclamados por la Comisión de Derechos Humanos ONU en 1998, señala que las víctimas tienen derecho: (i) a saber; (ii) a la justicia que incluye a su vez los derechos a un recurso justo y eficaz y a la reparación que incluye: a) Medidas de restitución (tendentes a que la víctima pueda volver a la situación anterior a la violación); b) Medidas de indemnización (perjuicio síquico y moral, así como pérdida de una oportunidad, daños materiales, atentados a la reputación y gastos de asistencia jurídica); y c) Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la atención psicológica y psiquiátrica)?; y (iii) La garantía de no repetición de las violaciones, que incluye a su vez: ?a) Disolución de los grupos armados paramilitares: se trata de una de las medidas más difíciles de aplicar porque, si no va acompañada de medidas de reinserción, el remedio puede ser peor que la enfermedad; ?b) Derogación de todas las leyes y jurisdicciones de excepción y reconocimiento del carácter intangible y no derogable del recurso de habeas corpus; y ?c) Destitución de los altos funcionarios implicados en las violaciones graves que han sido cometidas. Se debe tratar de medidas administrativas y no represivas con carácter preventivo y los funcionarios pueden beneficiarse de garantías.

De esta manera, la determinación del lugar en el cual deberá estar privado de la libertad una persona no ha sido reconocido por los tratados internacionales ni por esta Corporación como un derecho de las víctimas, ni tampoco tiene relación con los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación:

(i) El derecho a la verdad comprende : (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber, garantías que no tienen absolutamete ninguna relación con el lugar de reclusión del sujeto activo de una conducta punible.

(ii) El derecho a la reparación incluye las garantías de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición, las cuales tampoco se pueden ver afectadas por el lugar específico donde se encuentre recluido el sujeto activo.

(iii) Finalmente, el derecho a la justicia incluye (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso, reglas que no se afectan en relación con el lugar de reclusión de un condenado pues, la investigación y la sanción se cumple con la sentencia, siendo competencia exclusiva del Estado la determinación del lugar específico de reclusión del condenado.

El Código Penal contempla una única pena de privación de la libertad: la prisión, la cual puede ser sustituida por la prisión domiciliaria, sin que nuestra legislación penal establezca una diferenciación adicional relacionada con el lugar en el que ésta debe ser cumplida, tal y como sucedía en ordenamientos penales antiguos en los cuales se diferenciaba, por ejemplo, entre presidio y prisión.

La única diferenciación que establece el Código Penal en relación con el lugar de cumplimiento de la pena es la consagración de la prisión domiciliaria, más allá de ello, es inaceptable señalar que un interno cumple una pena más severa o menos severa de acuerdo al sitio de reclusión, pues esta Corporación ha señalado en reiteradas oportunidades que los únicos derechos que se pueden restringir del condenado son los afectados por la sentencia. Por ello, los demás derechos del interno se deben conservar intactos y deben ser garantizados y respetados por las autoridades estatales y especialmente por las penitenciarias y carcelarias.

En este sentido, la pena sirve a los fines de prevención especial y general y se limita en su magnitud por la medida de la culpabilidad, sin que pueda señalarse en ningún momento que el fin de la pena sea la venganza o el castigo:

"El castigo de los delincuentes es un castigo reglado, previsto por el derecho y limitado a unos procedimiento y prácticas específicas, por fuera de las cuales el preso debe ser tratado bajo los parámetros normativos generales. La efectividad del derecho no termina en las murallas de las cárceles. El delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en un territorio sin ley".

En hilo de todo lo expuesto, la Corte concluye que el lugar de reclusión no tiene relación con ninguna de las finalidades de la pena anteriormente descritas ni tampoco con un derecho de la víctima que haya sido reconocido por esta Corporación. Por lo anterior desestima las pretensiones de los accionantes. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-347-13
1.11.2. Debido proceso disciplinario

?La Corte Constitucional resolvió sobre la demanda presentada contra varios artículos de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, señalando que: el proceso disciplinario establecido en el Código Penitenciario busca consagrar claramente el camino a seguir en caso de cometer una falla que viole el régimen de comportamiento establecido para los internos. Se trata de una metodología que se aplica sin distinciones, a la totalidad de la población carcelaria preservando así el principio de igualdad propio de las investigaciones disciplinarias y estableciendo una serie de garantías que no se agotan en el texto del artículo demandado, pues consagra otros principios relacionados con la debida investigación de los hechos, la fundamentación de las sanciones y la posibilidad de revocar o suspender provisionalmente los castigos impuestos que tienen como único propósito proteger a los internos y asegurarles un proceso justo y legal?.* nota 1

?Sobre la disciplina en los centros carcelarios, (?) la Corte Constitucional señaló que ésta al ser personalizada, es necesaria en cualquier establecimiento carcelario. La racionalidad de la disciplina, requiere de un mínimo de discrecionalidad por parte de quienes la imponen, ya que no es posible que la actividad carcelaria esté totalmente reglada; ello porque el acto humano tiene un espacio indeterminado de proyección ante las contingencias impredecibles, que la norma y el reglamento no alcanzan a tipificar por imposibilidad material, y porque el proceso de la actividad carcelaria exige que, en aras de la disciplina, se adecuen los principios generales a casos concretos y específicos * nota 2.

"En otra ocasión, al estudiar otros artículos de la Ley 65 de 1993 la Corte precisó que la valoración de las faltas debe hacerse con suma ponderación y ecuanimidad para que no haya lugar a reproches arbitrarios que se pretendan justificar tras la invocación de la ley?. * nota 3

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-184-98
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-184-98
1.11.2.1. Violación del debido proceso disciplinario

Los actores consideraron que se les había violado el derecho al debido proceso por cuanto después de una riña entre internos, les fue impuesta una sanción, que al momento de serles notificada, la apelaron, pero dicho recurso no fue resuelto. La Corte Constitucional, después de hacer un análisis probatorio del caso, evidenció una serie de irregularidades en el procedimiento llevado a cabo para la imposición de dicha sanción. En consecuencia, la Corte sostuvo que el Director de la Cárcel no era la autoridad administrativa competente para adoptar la resolución mediante la cual se fallara la actuación disciplinaria, porque las faltas presuntamente cometidas por los internos investigados fueron calificadas como graves, de manera que la competencia recaía en el Consejo de Disciplina del establecimiento (artículo 133 de la Ley 65 de 1993).

En segundo término, en el concepto de rigor emitido por el subdirector de la cárcel quien actuó como instructor, omitió referirse a uno de los accionantes y por ende a la falta en la cual incurrió y qué sanción debía imponérsele, no obstante lo cual el Director terminó por sancionarlo con treinta días de aislamiento celular (Artículo primero de la resolución). En tercer lugar, de acuerdo con las constancias contenidas en la resolución sancionatoria, a los internos no se les hizo saber claramente que podían interponer el recurso de reposición y tampoco la obligación de sustentarlo.

La Resolución adoptada por el Director de la Cárcel adoleció del análisis y la valoración probatoria que toda decisión administrativa disciplinaria exigía, así como del más mínimo criterio dosificador y diferenciador de la sanción impuesta a cada uno de los internos disciplinados, pues a los aquí accionantes se les impuso 30 días de aislamiento celular, y a los restantes 40 y 10 días, todo lo cual no puede menos que calificarse como una vía de hecho que quebranta el derecho fundamental al debido proceso y que, sumada a las demás irregularidades reseñadas en precedencia, hace procedente la acción de tutela como único mecanismo idóneo y eficaz para su protección nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-773-01
1.11.2.2. Límites a la potestad disciplinaria en aplicación de sanciones

· Deber de ponderar aplicación de sanción de aislamiento

?(?) Al estudiar varios artículos de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, señaló que se prevé el aislamiento en celda hasta por sesenta días, caso en el cual la norma establece que tendrá derecho a dos horas diarias de sol y no podrá recibir visitas, y será controlado ese aislamiento por el médico del establecimiento. No hay violación de los derechos fundamentales del recluso, por cuanto si llegare a existir probabilidad de lesión, el médico del establecimiento constatará tal inminencia y obviamente no se aplica la sanción. La Corte declara la exequibilidad del numeral citado condicionando a que si el recluso no puede soportar física o psíquicamente la medida, a juicio del médico, ella no se aplicará. Por lo tanto, el aislamiento se hace por necesidad y con un fin preventivo, pero este procedimiento nunca debe extremarse?. * nota 1

En otra ocasión, la Corte ?señaló que: la aplicación de cualquier clase de sanción no puede ser arbitraria, ni desconsiderar garantías mínimas protegidas por la Constitución. Estas premisas deben verificarse con mayor rigor en el caso de una sanción tan intensa como el aislamiento. Por lo tanto, es necesario revisar detenidamente las condiciones en las que se cumple la citada medida y advertir que no obstante constituir una sanción disciplinaria válida, al emplearse también deben respetarse los derechos de los internos. Por eso, consideró la Corte que resulta ostensiblemente inconstitucional la forma como se regula la aplicación del aislamiento sancionatorio permitiendo solamente "dos horas de sol diarias" a los reclusos sometidos a esta consecuencia disciplinaria nota 2?.

· Límites a la aplicación de la sanción del calabozo

?Algunas personas que se encontraban privadas de la libertad en una cárcel instauraron acción de tutela para obtener la protección a sus derechos vulnerados por las sanciones impuestas como la del calabozo debido a las precarias condiciones de higiene de la celda de castigo, sobre todo en lo relacionado con la evacuación de excretas. La Corte Constitucional al conceder la tutela consideró que la potestad disciplinaria debe enmarcarse dentro de los límites impuestos por los derechos de los presos. La aplicación de la sanción del calabozo debe ser restringida a los casos extremos, debe estar reducida al mínimo tiempo necesario para el cumplimiento del fin perseguido, debe realizarse en condiciones que no vulneren el principio de dignidad humana y que no constituyan trato cruel o degradante?. * nota 3

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-184-98
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-596-92
1.11.2.3. Prohibición de sancionar dos veces por el mismo hecho. violación del principio non bis in idem

Un interno invoco la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad y al debido proceso aduciendo que el centro carcelario le había impuesto una medida Incontinenti por un período de seis meses en aislamiento, y cuarenta días de pérdida de derecho de redención de pena como sanción por el presunto irrespeto a la normatividad interna habiendo sido notificado ocho (8) meses después de la presunta falta, sin que hubiese podido ejercer su derecho a la defensa. La Corte amparó los derechos del accionante por la violación del derecho al debido proceso en la modalidad de non bis in ídem por haber sido sancionado dos veces por el mismo hecho, y el de la dignidad y la igualdad por haber sido sujeto a un trato degradante dada la prolongación por seis meses de la medida Incontinenti sin poder redimir el tiempo de su condena.

Les esta prohibido a las autoridades carcelarias imponer a una persona privada de la libertad, dos sanciones por los mismos hechos. Porque con ello se violaría el derecho fundamental a la dignidad y al debido proceso del recluso.

Ha reiterado la Corte que ?La autoridad penitenciaria y carcelaria no puede, en ningún caso, efectuar conductas que sean lesivas de aquellos derechos constitucionales que las personas recluidas conservan en forma plena. Así, por ejemplo, la dignidad de los presos debe ser respetada y no se les pueden aplicar torturas o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De otro lado, cuando sea necesario limitar un derecho, la autoridad penitenciaria o carcelaria tiene la obligación de tomar medidas proporcionales al fin perseguido, el cual obviamente tiene que ser constitucionalmente legítimo.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-684-05
1.11.2.4. Régimen de visitas y debido proceso disciplinario

A la peticionaria le fueron prohibidas las visitas a su esposo, quien se encontraba recluido en un establecimiento carcelario, dado que en una ocasión le fue incautada marihuana que pretendía ingresar al penal. La peticionaria consideró que se le habían violado el derecho al debido proceso por cuanto no le fue debidamente notificado el acto mediante el cual se le prohibió definitivamente el ingreso al penal. La Corte Constitucional al tutelar el derecho alegado señaló que cuando la administración aplica una norma legal, que al mismo tiempo limita un derecho, la decisión correspondiente debe ser no sólo producto de un procedimiento, por sumario que este sea, sino que la persona afectada, sea informada de la determinación, pues se trata de un acto administrativo. De lo contrario, estaríamos frente a un poder absoluto por parte de la administración y, probablemente, dentro del campo de la arbitrariedad.

En aras del bien general que se pretende proteger, la seguridad en los establecimientos carcelarios, no es posible pasar por encima de los derechos de las personas. Corresponde a las autoridades competentes armonizar estos dos asuntos, para no poner en peligro las medidas de seguridad en los establecimientos carcelarios, ni vulnerar los derechos fundamentales de los visitantes. Pero ninguno de estos dos bienes puede primar sobre el otro. La joven no fue previamente oída sobre su versión de los hechos, ni se le informó directamente de la decisión y si contra ella procedían recursos, y es, en este punto concreto, donde residía la vulneración. La prohibición se le hizo en forma definitiva, tal como lo ordena la ley, pero sin establecer un límite en el tiempo. Pues, en principio, prohibir algo en forma definitiva no significa, necesariamente, que no se pueda fijar un límite razonable durante un periodo determinado. La Corte tuteló el derecho al debido proceso, por el hecho de que no fue oída, ni debidamente notificada del acto administrativo mediante el cual se le prohibió el ingreso a los establecimientos carcelarios nota 1.

?Al actor que se encuentra recluido en una cárcel le fue negada la visita de su madre porque poseía cabello sintético. Señala que no existe difusión del reglamento interno del centro penitenciario que permita conocer de antemano las prohibiciones para el ingreso al penal. La Corte Constitucional sostuvo que una medida administrativa de las directivas carcelarias que restrinja los derechos de los reclusos o de sus familiares no es constitucional por el sólo hecho de que ella se inscriba en la órbita de competencia. Debe, además, respetar el principio de publicidad, perseguir un interés constitucionalmente legítimo, guardar una relación razonable de adecuación entre el medio usado y el objetivo estatal perseguido y, finalmente, ella debe restringir el derecho protegido de la manera menos gravosa posible? * nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-359-97. Ver también la Sentencia T-743-05
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-065-95
1.11.2.5. Traslado de los internos y debido proceso

· Derecho a ser trasladado al lugar donde se adelanta el proceso penal

Un interno consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad, al debido proceso y a la defensa, dado que en cinco oportunidades, el Juzgado en el cual se adelantaba el proceso penal en su contra, había solicitado su remisión para que pudiera llevarse a cabo la audiencia pública de juzgamiento, pero los accionados se habían negado a efectuar dicha remisión, aduciendo que la institución carcelaria no contaba con los medios ni el personal necesario para ello. La Corte Constitucional sostuvo que las personas que han sido trasladadas a un establecimiento de reclusión ubicado en una localidad distinta de aquella en la que están siendo juzgadas, tienen derecho a ser remitidas a la sede del juzgado respectivo, en todos aquellos casos en los cuales su presencia resulte relevante para garantizar el debido proceso.

En consecuencia, cuando el Estado ha adoptado la decisión de trasladar a un recluso a un lugar distinto de aquel en el cual está siendo juzgado, debe realizar las previsiones necesarias para asegurar su posterior asistencia a las diligencias que así lo exijan. Ahora bien, no escapa a la Corte que en ciertas circunstancias no es posible realizar la remisión de la persona recluida, en la fecha programada unilateralmente por el juez. Sin embargo para que la decisión en virtud de la cual se deja de realizar un traslado resulte legítima, es necesario que se encuentre justificada en razones objetivas y suficientes nota 1.

Los actores, recluidos en una cárcel de Cali, interpusieron acción de tutela contra la Directora y el Comandante de Vigilancia del centro carcelario, por considerar vulnerados sus derechos a la igualdad, a la libertad, al debido proceso y a la defensa. Señalaron que en varias oportunidades, el Juzgado Penal del Circuito de Pasto, que adelantaba el proceso penal en su contra, había solicitado su remisión para llevar a cabo la audiencia pública de juzgamiento y que la Directora de la Cárcel y el Comandante de Vigilancia se habían negado a efectuar dicha remisión, aduciendo que la institución no contaba con los medios ni el personal necesario para ello. Para la Corte, las personas que han sido trasladadas a un establecimiento de reclusión ubicado en un lugar distinto de aquel en el que están siendo juzgadas tienen derecho a ser remitidas a la sede del juzgado respectivo, cuando su presencia sea relevante para garantizar el debido proceso pues se favorece el derecho a la defensa material, y es esencial para realizar el principio de inmediación judicial, propio del derecho penal.

En consecuencia, cuando el Estado ha decidido trasladar a un recluso a un lugar diferente de aquel en el que está siendo juzgado, debe realizar las previsiones necesarias para asegurar su posterior asistencia a las diligencias que así lo exijan. Si existen razones objetivas y suficientes que justifiquen la decisión de no trasladar al interno de una localidad a otra en la fecha programada para la realización de la audiencia pública de juzgamiento, no se violan los derechos del interno. En estos casos la diligencia judicial debe ser suspendida hasta que se produzca el traslado y, por lo tanto, las posibilidades de defensa del procesado no se ven amenazadas ni limitadas por la suspensión; tampoco se vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, pues las razones deben ser suficientes para justificar la suspensión de la audiencia; y no se viola el derecho a la libertad personal, pues el legislador ha establecido que si pasados seis meses a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, no se ha celebrado la audiencia de juzgamiento, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional (CPP art. 415-5).

Sin embargo, si los argumentos para justificar la decisión de no trasladar a una persona cuya presencia ha sido solicitada por el juez competente no son suficientes, entonces la conducta omisiva de la administración lesiona el derecho fundamental al debido proceso de la persona recluida. En principio, es suficiente la justificación objetiva y razonable, es decir, aquella que se fundamenta en datos ciertos y constatables, cuando quiera que las mismas conduzcan, razonablemente, a la protección de un bien o derecho de igual o mayor entidad que el derecho que se restringe por la orden de no realizar la remisión en la fecha programada. De otra parte, la existencia de una justificación objetiva y razonable supone que la solicitud de traslado ha sido correctamente evaluada y que se han tomado todas las previsiones necesarias para realizarla, pese a lo cual, ha resultado imposible sin poner en peligro bienes constitucionales de mayor jerarquía como la vida o la integridad personal del interno o de la guardia.

El Comandante de Seguridad y la Directora de la Cárcel de Cali argumentaban la falta de personal para trasladar en condiciones de seguridad a los actores en tres oportunidades diferentes, las condiciones de hacinamiento y una permanente zozobra por la falta de personal de guardia. Aunque los argumentos eran ciertos, no eran suficientes para justificar una dilación de más de ocho meses en el traslado para la audiencia y, por lo tanto, en la definición del proceso penal. Los efectos nocivos de la imprevisión del Estado que dejó de adoptar las medidas necesarias para garantizar el traslado oportuno de los internos a la sede en la cual estaban siendo juzgados, no podían recaer sobre la persona procesada y privada de su libertad. Las graves circunstancias de seguridad o los problemas de orden público justificaban una cierta postergación del traslado, pero no explicaban una demora tan considerable si no se intentó superar las dificultades mencionadas.

Para la Corte, se presentó una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones injustificadas, pero no podía limitarse a proferir una orden para el caso concreto, pues desconocería la existencia de un problema estructural, que afecta a la mayoría de las cárceles del país, y cuya solución no correspondía, a una actuación puntual de las autoridades de la cárcel de Cali o del INPEC a nivel nacional. Además se podría producir una lesión de los derechos a la igualdad y al debido proceso de las personas recluidas, y respecto de las cuales existen órdenes judiciales de traslado. En estos casos, la situación inconstitucional no sólo afecta los derechos de quienes interpusieron la acción de tutela, sino los de una parte importante de la población reclusa y no tendría sentido obligar a cada miembro del grupo afectado a acudir a la acción de tutela, pues ello congestionaría el aparato judicial.

De otra parte, al considerar las causas de la violación y actuar sobre ellas para removerlas, la Corte debe aplicar la igual protección de los derechos, a la que son acreedoras todas las personas afectadas por una misma situación. El hacinamiento, y la falta de recursos y de personal de guardia, no era un problema exclusivo de la cárcel de Cali y por lo tanto, no se trataba de ordenar la asignación de mayor personal para este establecimiento, pues ello, seguramente, implicaría la disminución de la seguridad de otro lugar de reclusión. En estas circunstancias, la Corte advirtió que la violación de los derechos de los actores se produjo como consecuencia de un estado de cosas que amenaza permanentemente los derechos de los reclusos que habían sido trasladados a este establecimiento de reclusión. Las circunstancias planteadas en este caso dieron lugar a la declaración de un estado de cosas inconstitucional.

En efecto, la necesidad de recluir en la cárcel de Cali a quienes, estando en otro establecimiento de la región, presenten problemas de seguridad, sumado a la falta de personal de guardia, a los problemas de orden público y al número creciente de solicitudes judiciales de remisión, no podía sino conducir al aplazamiento de los traslados y a la indefinida postergación del correspondiente proceso penal, con los consecuentes efectos negativos para la recta administración de justicia, los derechos de los reclusos y el control de la impunidad fruto de la dilación injustificada del proceso en el que se había dictado y hecho efectiva una orden de detención. En estas circunstancias, es necesario que todas las autoridades a quienes se encomienda la pronta administración de justicia y la protección de los derechos de las personas recluidas actúen de consuno para dar una solución de fondo al problema estructural presentado.

La Corte advierte que los efectos de una dilación injustificada del proceso, por la imposibilidad de efectuar el traslado oportuno de la persona procesada a las diligencias que así lo requieran, no atañen exclusivamente al INPEC, sino que se trata de un asunto que debe interesar a la rama judicial, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fuerza Pública. En estas condiciones, el funcionario judicial competente, previa a la respectiva solicitud de remisión, podría entrar en contacto con las directivas de la Cárcel para que éstas pudieran coordinar con la Fuerza Pública el traslado oportuno de la persona recluida a la respectiva diligencia judicial.

En consecuencia, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población reclusa así como la eficacia en la administración de justicia, la Corte ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministro de Defensa, al Director Nacional de la Policía, al Director Nacional del INPEC y al Ministro de Justicia y del Derecho, la adopción conjunta de estrategias de coordinación y cooperación interinstitucional que permitan resolver el problema estructural evidenciado, de manera que los jueces y fiscales puedan coordinar con las autoridades del INPEC, y estás últimas, con la Fuerza Pública, la remisión oportuna y adecuada de las personas recluidas en centros ubicados en un lugar distinto de aquel en el que se surte el proceso en su contra. Las autoridades también deben estudiar la posibilidad de implementar nuevas tecnologías para una adecuada administración de justicia cuando resulte imposible, o en exceso riesgoso, el traslado de la persona privada de la libertad a la sede del juzgado respectivo. nota 2

· Traslado por tentativa de fuga y motín

Un interno consideró vulnerados sus derechos fundamentales por cuanto el INPEC decidió trasladarlo de penal, después de haber encontrado indicios de fuga. La Corte Constitucional no concedió la tutela al considerar que la decisión del Director de la Cárcel se apoyó en las condiciones establecidas en la ley que faculta para que, de manera excepcional, puedan ordenar traslados, siempre que exista suficiente justificación y en caso de que un detenido o condenado constituya un peligro evidente para la vida e integridad personal de algunos de sus compañeros o de algún empleado del establecimiento, por virtud de enemistad grave o amenazas manifiestas. Sin duda la solución se justifica ante estos casos graves y excepcionales, que si no se tienen en cuenta pueden generar una gravísima responsabilidad para el funcionario, si no procede con la suficiente diligencia y cuidado para precaver una posible fuga o el quebranto de la disciplina interna de la cárcel.

Este tipo de actuaciones de la administración de efectos inmediatos e irresistibles y contra las que aparentemente no procede ningún recurso, como quiera que se aplican in continenti, dadas las especiales condiciones de reclusión física y de sometimiento a un régimen punitivo y penal que limita la libertad física de la persona, queda comprendido dentro de los casos en que se autoriza la excepción, como competencia del Director de la Cárcel, cuya resolución en todo caso pudo ser demandada ante el juez de lo contencioso administrativo nota 3.

En otro caso similar en el que un interno es trasladado de patio después de un motín, la Corte Constitucional sostuvo que los motivos para el traslado -orden y disciplina- eran razonables, pues la medida se había tomado a causa del motín y tentativa de fuga de presos presentados recientemente en dicho establecimiento, hechos en los cuales pudo estar vinculado el actor nota 4

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-966-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-966-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-066-96
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-352-00
1.11.2.6. Obligación de las autoridades de publicar los reglamentos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para que los internos puedan saber que conductas están tipificadas como faltas disciplinarias y cuáles son las sanciones que acarrea su comisión

Una persona recluida invoco la protección de su derecho fundamental al debido proceso porque no se le permitía la consulta del reglamento interno del establecimiento carcelario, ni se colocaba a disposición de los internos defensores de oficio para que los asesoraran durante los procedimientos disciplinarios, como tampoco se les notificaba sobre las anotaciones que sobre ellos se realizaban en los libros de guardia de los pabellones. La Corte consideró que no habían razones para conceder la tutela porque no se habían violado los derechos fundamentales descritos por el interno, y solicitó al centro de reclusión mantener siempre a disposición de las personas privadas de la libertad, ejemplares suficientes del conjunto de instrumentos que conforman el régimen disciplinario de los internos.

Las directivas de los establecimientos carcelarios deben publicar el reglamento interno con el fin de que las personas recluidas conozcan con exactitud cuales son sus derechos y sus obligaciones dentro del penal. La no publicación podría comprometer y afectar de manera grave otros derechos fundamentales de las personas recluidas en este tipo de instituciones, como por ejemplo el derecho general de libertad de los internos.

La Corte precisó que los reclusos como sujetos disciplinables en potencia, debido precisamente al control disciplinario agravado que sobre ellos ejerce el Estado, necesitan saber con exactitud que tipo de conductas están tipificadas como faltas disciplinarias y cuales son las sanciones que acarrea su comisión, porque en caso contrario carecerían de un referente normativo indispensable para el ejercicio de sus derechos, libertades y deberes; máxime cuando algunas de las sanciones previstas en la Ley 65 de 1994 tienen importante incidencia en la duración de la pena de privación de la libertad y en la posibilidad de gozar de ciertos beneficios carcelarios. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-572-05
1.11.2.7. Estado de emergencia penitenciaria: derechos de los internos y deber de adoptar medidas preventivas

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, sobre estados de emergencia penitenciaria y carcelaria. Sostuvo que las limitaciones en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales de los reclusos se presentan dadas las circunstancias especiales de seguridad y salubridad que se deben mantener en una cárcel para garantizar el cumplimiento de las penas, las medidas de seguridad, la protección de los reclusos y los derechos de terceros. El director del INPEC está obligado a respetar los derechos constitucionales de los internos y no puede, en ningún caso, efectuar conductas que sean lesivas de aquellos derechos constitucionales que las personas recluidas conservan en forma plena. De otro lado, cuando sea necesario limitar un derecho, la autoridad carcelaria o penitenciaria tiene la obligación de tomar medidas proporcionales al fin perseguido que debe ser constitucionalmente legítimo.

Las medidas adoptadas durante la emergencia no pueden tener un carácter sancionatorio contra los reclusos, puesto que ellas están destinadas exclusivamente a "superar la situación presentada". El carácter preventivo del traslado y aislamiento de internos establecidos en la norma tiene como finalidad conjurar la crisis que se presenta en ese momento. En el ordenamiento jurídico colombiano, el traslado no tiene el carácter de sanción, es simplemente una decisión de gestión, a partir de los recursos físicos disponibles. La Corte estimó que el aislamiento que trata la norma acusada es de naturaleza preventiva pues tiene como objeto precaver la extensión o continuación de la situación de crisis, por lo cual la utilización de las facultades de emergencia para la imposición de aislamientos como sanción a los internos y no dirigidas a superar las situaciones de urgencia, constituye una desviación de poder. La adopción de estas medidas específicas debe ser adecuada, razonable, proporcional y respetar los derechos constitucionales de los internos nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-318-95
1.11.3. Debido proceso administrativo

1.11.3.1. Incurre en vía de hecho administrativa la autoridad penitenciaria que desconoce orden judicial que concede beneficio administrativo de 72 horas. reserva judicial de la libertad.

Una vez cumplidos los requisitos para acceder al beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas, un interno formuló la solicitud ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad correspondiente, el cual lo concedió. No obstante lo decidido por el juez, el director del establecimiento penitenciario, mediante resolución negó el beneficio administrativo otorgado, aduciendo una discrecionalidad supuestamente prevista en el Código Penitenciario y Carcelario, para lo que señaló que ?analizadas la personalidad, la hoja de vida, relaciones familiares y la seguridad de la sociedad? del interno, ?se encontró bastante dudoso el cumplimiento de los requisitos exigidos para el disfrute del beneficio?.

La Corte Constitucional, para resolver el asunto planteado, consideró necesario dirimir cuál es la autoridad competente para decidir acerca del otorgamiento del permiso administrativo de hasta por 72 horas, al que conforme al régimen penitenciario y carcelario pueden acceder las personas privadas de la libertad.

La Corte recordó que sólo los jueces de la República pueden disponer la privación de la libertad de las personas, con las excepciones señaladas en la Constitución Política, y que a esto se le denomina principio de reserva judicial de la libertad, cuya cobertura no se reduce al momento de la imposición de la sanción, sino que se extiende a la fase de ejecución de la pena. Enfatizó que la ejecución de la pena también es una función jurisdiccional, trátese de asuntos relacionados con la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad, o de aquellos relativos a la modificación de las condiciones de cumplimiento de la condena.

La función administrativa de las autoridades penitenciarias y carcelarias, encargadas de una gran cantidad de aspectos relacionados con la ejecución de la pena, no puede tener el alcance de decidir de manera definitiva sobre la libertad de las personas. Señaló la Corte que tratándose de los mencionados beneficios administrativos el papel de las autoridades penitenciarias es el de certificar las condiciones o requisitos que exige la ley para el otorgamiento del correspondiente beneficio, cuando supongan hechos que el juez no pueda verificar directamente; pero la facultad certificadora de tales autoridades no desplazan o sustituyen a la autoridad judicial encargada de velar por la legalidad en la ejecución de la pena, y en desarrollo de tal potestad otorgar o negar los referidos beneficios.

El hecho de que se denominen beneficios administrativos no concede a las autoridades de este orden facultades para determinar las condiciones o casos en los cuales son procedentes. Es decir, dichos beneficios por afectar de manera directa el derecho de la libertad personal, ?su configuración está amparada por la reserva legal y su aplicación por la reserva judicial?.

Agregó la Corte que además de violarse el derecho fundamental al debido proceso por parte de la autoridad penitenciaria y carcelaria, en este caso se afectó el derecho a la libertad del accionante. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-972-05. Ver también Sentencia T-1093-05
1.11.3.2. La ley 65 de 1993 no establece como requisito el haber cumplido el 70% de la pena para ser clasificado el recluso en la fase de mediana seguridad

Por considerar que las decisiones mediante las cuales se le negó la clasificación en fase de mediana seguridad violaban las normas aplicables a su caso y por tanto sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, un recluso solicitó ser nuevamente evaluado por el Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguidad de Cómbita conforme a lo previsto en los artículos 144 y 145 de la Ley 65 de 1993.

Este actor señaló que no obstante acreditar todos los requisitos para ser clasificado en la fase de mediana seguridad del tratamiento pernitenciario, mediante acta del Consejo de Evaluación y Tratamiento fue clasificado en fase de alta seguridad por haber sido condenado por la justicia especializada y no superar el 70% de su condena como lo exige el artículo 147 numeral 5º de la Ley 65 de 1993 y por la Resolución 7302 de noviembre de 2005 expedida por el INPEC.

Estima que la exigencia de haber cumplido el 70% de la pena tratándose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados es un requisito para la concesión del permiso hasta de 72 horas de que trata el numeral 5° del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 y no un requisito para ser evaluado con miras a pasar a la fase de mediana seguridad.

Para la Corte, i)?...el requisito de haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados, no se establece en la Ley 65 de 1993 para incluir a un recluso en una fase de alta o mediana seguridad sino para obtener el permiso de salida por 72 horas, por lo cual la inclusión de esa exigencia en la Resolución 7302 de 23 de noviembre de 2005 expedida por el Director del INPEC invocada como fundamento de la decisión de no clasificar al demandante en fase de mediana seguridad, excede la norma que pretende reglamentar, y restringe en forma no autorizada por el legislador las posibilidades de resocialización al establecer un factor no contemplado en la ley y ajeno al estudio científico de la personalidad del interno y al comportamiento de este.

ii) ?...para la Corte es claro que el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario carece de competencia para introducir requisitos no considerados en la Ley 65 de 1993, como los que efectivamente introdujo el artículo 10 de la Resolución 7302 de 23 de noviembre de 2005 expedida por el Director del INPEC, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Carta Política.

iii) ?...no solo la ley 65 de 1993 no contempla la gravedad del ilícito y por tanto el cumplimiento del 70% de la pena para acceder a la fase de mediana seguridad en el tratamiento penitenciario sino que ella no podría impedir el acceso a los beneficios de la misma a aquellos internos que hayan demostrado con su conducta merecer tales beneficios, pues ello iría en contra de los fines resocializadores de la pena y vulneraría la dignidad del recluso.?

iv) ?No puede olvidarse que en cuanto se relaciona con asuntos que tienen que ver con la libertad de las personas la regulación de los mismos es competencia del legislador y no puede el Director del INPEC modificar la Ley 65 de 1993 so pretexto de reglamentarla.?

v) ?Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 10 de la Resolución 7302 de 23 de noviembre de 2005 expedida por el Director del INPEC usurpa facultades que corresponden al Congreso de la República al introducir, sin atribución para ello, requisitos no contemplados por la ley, por lo cual tal disposición debe ser inaplicada por ser contraria a la Constitución Política...?

De lo anterior, la Corte infirió que le asiste plena razón al demandante en su apreciación sobre la exigencia del requisito de haber cumplido el 70% de la pena por haber sido condenado por un juez especializado exclusivamente para efectos del permiso de 72 horas y no para la clasificación en la fase de mediana seguridad. Por lo tanto, la Corte ordenó al Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET) del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita realizar una nueva evaluación sobre la posibilidad de clasificar al actor en la fase de mediana seguridad, excluyendo para ello el requisito de haber cumplido el 70% de la pena por haber sido condenado por un juez especializado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-635-08
1.12. Derechos políticos de los reclusos

1.12.1. Derecho al voto en centros carcelarios

?La Corte Constitucional al estudiar varios artículos de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, señaló que si el detenido reúne los requisitos que exige la ley podrá ejercer el derecho al sufragio en su respectivo centro de reclusión. Se prohíbe el activismo proselitista público, es decir, la arenga, el tumulto, el debate propio de la plaza pública al interior de las cárceles y penitenciarías, porque riñe con la disciplina?. * nota 1

?Tres detenidos en una cárcel municipal interpusieron acción de tutela por intermedio de la Personera Municipal, en contra de la Registraduría Municipal del Estado Civil, por el hecho de no haber ésta dispuesto la ubicación de una mesa de votación en la cual los detenidos hubiesen podido ejercer su derecho al sufragio en las elecciones del 13 de marzo de 1994. La Corte Constitucional consideró que los detenidos que aún no han sido condenados son beneficiarios de la presunción de inocencia y, por lo tanto, para efectos políticos deben ser considerados como ciudadanos titulares de plenos derechos, que merecen un trato preferencial por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad?. * nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-324-94
1.12.2. Rehabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas

?Una persona que cumplió con la pena que le fuere impuesta no ha podido obtener el certificado de pena cumplida por una falla que no le es imputable. La Corte Constitucional tuteló los derechos a la libertad y a la rehabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, ordenando a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que proceda a rehabilitarlo teniendo la providencia como sustituto de la certificación de pena cumplida que debió ser expedida por el Juzgado correspondiente que dejó de existir. La Corte consideró que cuando una falla en el servicio de la aplicación de justicia hace imposible cumplir los requisitos formales de la rehabilitación, el juez de tutela debe hacer prevalecer el derecho sustantivo y hacer efectivo el derecho conculcado?. * nota 1

?En otra oportunidad, la Corte Constitucional señaló que la existencia de una sentencia condenatoria y la certificación de un juzgado penal municipal respecto del cumplimiento de la pena son los requisitos necesarios y suficientes para que la administración reconozca y haga efectiva la rehabilitación de los derechos políticos del actor. La rehabilitación de los derechos políticos opera ipso iure dice la ley electoral (Decreto 2241 de 1986). Dicha norma, si bien es anterior a la Constitución Política de 1991, obtiene pleno respaldo en el artículo 98 de este nuevo estatuto fundamental. El condenado que ha cumplido con la pena que le ha sido impuesta tiene un derecho a recuperar el ejercicio pleno de su ciudadanía y las autoridades públicas deben hacer lo necesario para que tal derecho se haga efectivo. Las circunstancias propias del caso hacen aún más perentoria y exigente la actuación del Estado.

"En efecto, el hecho de que el petente haya sido condenado hace treinta años y que su petición estuviese encaminada a lograr un objetivo próximo y directo como era el de poder votar en las elecciones de finales del mayo de 1994 debía convertirse en una razón adicional para que los funcionarios públicos hubiesen agilizado un trámite, por lo demás sencillo y célere, que permitía la reincorporación plena de una persona a la vida ciudadana activa?. * nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-218-94
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-466-94
1.13. Derecho de los reclusos a la salud

1.13.1. Obligación del estado de constituir un sistema de seguridad social en salud

?El interno señala que su estado de salud se encuentra afectado puesto que presenta un problema en la columna vertebral. Manifiesta que no está afiliado a ningún sistema de seguridad social en salud y que, aún asumiendo su familia los pagos, no lo dejan salir del penal para ser atendido. La Corte Constitucional concedió la tutela de los derechos a una vida digna, a la salud y a la integridad personal y ordenó al INPEC disponer la efectiva atención médica del recluso, la práctica de la radiografía de columna, la evaluación de la misma, el suministro de los medicamentos y la iniciación y culminación de las terapias que el médico especialista considere necesario. Declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de salud y asistencia médica y suministro de medicamentos al personal recluido en las cárceles del país por lo que dispuso los trámites administrativos, presupuestales y de contratación indispensables para constituir o convenir un sistema de seguridad social en salud, bajo la modalidad subsidiada, que cobije a la totalidad de los centros de reclusión del país, para detenidos y condenados.

"Adujo la Corte que es obligación del Estado mantener la salud de los reclusos por lo que se hace necesario un sistema de seguridad social. Agregó que parte fundamental del conjunto de prestaciones que en el plano del servicio médico deben asumir los establecimientos carcelarios está constituida por la oportuna práctica de los exámenes y pruebas técnicas que permitan establecer o descartar si la persona presenta cierta afección o irregularidad en su estructura corporal o funcional en cualquiera de los múltiples aspectos integrantes del equilibrio orgánico. Es el sistema carcelario el que debe propiciar con eficiencia y de manera oportuna los mecanismos indispensables para esclarecer el estado real en que se encuentra aquél, para prodigarle los cuidados médicos, asistenciales, terapéuticos o quirúrgicos, según el caso, y garantizarle así la preservación de una vida digna durante su permanencia en el penal?. * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-606-98. En las Sentencias T-256-00 y T-257-00 la Corte enfatiza la necesidad de Constituir sistema de seguridad social en salud para reclusos, así como en la Sentencia T-607-98, donde se trató un caso similar en la que determinó que la obligación del sistema carcelario en relación con la salud de los reclusos incluye el suministro de medicamentos para controlar el dolor y en la Sentencia T-530-99 donde la Corte dio protección a la salud aunque esta no se encuentre en circunstancia extrema de protección. Ver también la Sentencia T-860-04 donde se autoriza la práctica de una cirugía. Ver también Sentencia T-161-07. Ver también las sentencias T-254-05 y T-161-07.
1.13.2. Deber de garantizar salud del interno ante inexistencia de contratos de prestación de servicios hospitalarios con centros de reclusión

El actor, recluido en un establecimiento carcelario, consideró que se le vulneró su derecho a la salud, al señalar que los médicos del Departamento de Sanidad de la Cárcel donde se encontraba recluido, consideraron que debía someterse a una intervención quirúrgica, y a pesar de ello, no se había autorizado la práctica de tal cirugía, puesto que los convenios de prestación de servicios de salud celebrados por el INPEC con varios hospitales, terminaron. La Corte Constitucional señaló que el derecho a la salud de los internos exige que los centros carcelarios en los que estén retenidos, les permitan acceder a tratamientos médicos, aún si las dolencias no revisten el carácter de urgente. Así mismo, sostuvo que la inexistencia de contratos de prestación de servicios con hospitales no exime del deber constitucional de las directivas del centro carcelario de cuidar la salud del interno nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-233-01
1.13.3. Deber de las autoridades de adoptar las medidas necesarias para que se preste un adecuado servicio de medicina y odontología a los internos

Manifestaron los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) que no se les estaba prestando un adecuado servicio de salud, a pesar de que muchos de ellos padecían enfermedades delicadas que demandaban tratamiento y atención especializadas. Que tampoco se les había permitido el ingreso de sus médicos particulares ?poniendo en grave peligro la vida de muchos de nosotros?. Las directivas del INPEC respondieron diciendo que se contaba con un servicio de primer nivel compuesto por dos médicos, dos odontólogos, dos fisioterapeutas, dos sicólogas, cuatro enfermeras profesionales, un laboratorio de rayos X, un laboratorio clínico, farmacia, departamento de sanidad y departamento odontológico. Además, en la dirección del centro de reclusión estaba autorizado el ingreso de médicos especialistas de confianza de los internos. Que, además, en algunos casos se autorizaron traslados para Bogotá, cuando el diagnóstico lo ameritaba.

Posteriormente, en su escrito de apelación, las directivas del INPEC manifestaron que habían ampliado la planta de personal con disponibilidad médica mañana y tarde, y que en la noche había un enfermero de turno. Que el servicio médico que se prestaba en el establecimiento, ?cumple con los requisitos POS?. De lo expuesto la Corte concluyó que el accionado admitió que no se estaba cumpliendo cabalmente con lo dispuesto en el reglamento interno en materia de prestación de servicios de salud a los internos, razón por la cual fue necesario ampliar la planta de personal. Aunque consideró que al momento del fallo hay un hecho superado, la Corte consideró que en materia de prestación de servicios médicos y odontológicos, las directivas del penal no estaban cumpliendo a cabalidad con las disposiciones legales y reglamentarias en la materia. Por ello, confirmó la decisión adoptada por el juez de segunda instancia, en el sentido de que las autoridades demandadas debían adoptar las medidas necesarias para que se prestara un adecuado servicio de Medicina y Odontología a los internos, contando con el personal necesario para tales efectos nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03
1.13.4. Obligación de las autoridades carcelarias de brindar a los reclusos, de manera eficiente y oportuna, los servicios médicos que éstos requieran

Un interno solicitó el amparo de su derecho a la salud en conexidad con la vida ya que en una práctica deportiva sufrió una lesión en su tobillo derecho que le ocasiona fuertes dolores en sus extremidades inferiores. Por tal razón solicitó a las autoridades carcelarias en reiteradas ocasiones la remisión donde un especialista en ortopedia para la correspondiente valoración que ya había sido ordenada, sin que hubiera sido atendida su petición. La Corte resolvió proteger el derecho del solicitante. Consideró que en relación con la prestación de los servicios de salud a las personas que se encuentran privadas de la libertad y a cargo del estado, las autoridades carcelarias tienen la ineludible obligación de brindar a los reclusos, de manera eficiente y oportuna, los servicios médicos que éstos requieran. Las autoridades carcelarias no pueden oponer el argumento de falta de presupuesto ni la existencia de riesgos más graves por parte de otros internos para postergar indefinidamente la necesaria evaluación por parte de un médico especialista que requiera una persona privada de la libertad. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-695-06. Ver tambien las Sentencia T-133-06 y T-695-06
1.13.5. Prohibición de dilatar trámites administrativos para la atención médica

El actor interpuso una acción de tutela al considerar vulnerado su derecho a la salud por el establecimiento carcelario en el que se encontraba recluido, pues en varias ocasiones fueron canceladas las intervenciones quirúrgicas a las que debía ser sometido. La Corte Constitucional señaló que la prolongación innecesaria de los trámites administrativos para la realización de un procedimiento médico que alivie los dolores y molestias físicas de una persona que por su condición de detenido se encuentra en una situación de indefensión y dependencia de las autoridades carcelarias, vulneran la dignidad humana y afectan sus derechos a la salud y a la vida digna nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-521-01
1.13.6. Obligación de realizar exámenes y tratamientos médicos

?Los derechos a la vida y a la salud de una persona recluida en una cárcel fueron amenazados por el ambiente malsano del penal, producto del hacinamiento, del racionamiento de agua, de la carencia suficiente de baños inodoros y ausencia de lugares aptos para el descanso. La Corte Constitucional considera que el cuidado de la salud, a cargo del establecimiento, en los campos médico, quirúrgico, asistencial, o el que implique tratamientos o terapias debe ser oportuno, es decir, ha de darse de tal modo que no resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del paciente; aun en los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre dolores intensos la atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla efectivamente no se convierta en una modalidad de tortura.

"Las mismas consideraciones son aplicables en cuanto se refiere a las condiciones de hacinamiento que padecen los presos de la cárcel en referencia. La generalización de una situación que atenta contra los derechos fundamentales de las personas no excluye, y por el contrario hace más expedita y urgente la procedencia de la acción de tutela. Está probada la deficiencia asistencial en el caso bajo estudio y la consiguiente vulneración de los derechos del actor, cuya salud no ha sido atendida con la eficiencia y continuidad necesarias, a pesar de que se encuentra comprometida su integridad física, pues como consta en la historia clínica, el paciente, a raíz de la parálisis facial, padece una incapacidad que ha venido afectando el movimiento general de sus músculos faciales, en especial los que inciden en el arco superciliar de uno de sus ojos y en sus párpados?. * nota 1

?En otro caso similar, un interno reclamó la práctica de unos exámenes ordenados por el especialista. La Corte Constitucional concedió la tutela y ordenó autorizar la prestación del servicio médico, la práctica de los exámenes y el suministro de la droga que le fuere formulada, al igual que cualquier otra atención que se estime conveniente para su debida recuperación. Para la Corporación la efectividad de los derechos que constitucional y legalmente se reconocen a las personas que se encuentran privadas de la libertad implica el actuar positivo del ente estatal con miras a la superación de obstáculos y a la consolidación de condiciones que hagan posible la realidad de los derechos al interior de los centros de reclusión?. * nota 2

Un interno interpuso acción de tutela contra la penitenciaría en la que se hallaba recluido por considerar vulnerados sus derechos a la integridad física, a la salud y a la dignidad humana, pues se encontraba en delicado estado de salud y no se habían tenido en cuenta sus solicitudes para que se le practiquen unas cirugías. La Corte reiteró su jurisprudencia de acuerdo con la cual, el Estado se encuentra en la obligación de proteger la vida de las personas privadas de su libertad y que estas tienen derecho a los exámenes de diagnóstico para detectar la enfermedad y definir el tratamiento adecuado, pues de lo contrario se pone en peligro su derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida. Por lo anterior la Corte ordenó que se remita al interno para valoración y se practicaran las cirugías que sean necesarias. nota 3

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-535-98. En la Sentencia T-583-98 la Corte reitera esta jurisprudencia y sostiene que el personal médico del establecimiento carcelario no debe negar sin mayores explicaciones ni fundamento el análisis científico especializado que un recluso necesite. Su preocupación no debe ser la de los costos que genere la remisión de la persona a la entidad indicada sino el imperativo de descartar o confirmar la presencia de enfermedades o virus graves dentro del personal sometido a su cuidado. Así mismo es reiterada en la Sentencia T-1499-00. De igual forma, este tema es tratado en la Sentencia T-522-92. Ver también las Sentencias T-1013-05, T-963-06 y T-686-06.
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-388-93. Ver también la Sentencia T-346-06.
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-775-02. Ver también la Sentencia T-584-05.
1.13.7. Obligación del estado de aplicar el principio de la buena fe ante la queja o manifestación de alguna dolencia o patología por parte del recluso

Un interno demandó al Director del establecimiento en el cual se encuentra recluido, para que se le protejan sus derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana y de petición, ordenando que dicha entidad le preste atención oftalmológica o que se le traslade a otro centro en el cual le puedan brindar la atención médica que requiere, pues debido a una lesión con arma blanca a la altura de la sien, está perdiendo la visión de su ojo izquierdo.

Los jueces de instancia negaron el amparo, con base en la historia clínica aportada por el Centro Penitenciario, en la cual no hay registro del padecimiento del interno.

La Corte consideró que cuando se trata de personas que se encuentran recluidas, limitadas y restringidas en sus derechos, se hace fundamental la aplicación del principio de buena fe, más aun tratándose del derecho a la salud por cuanto su afectación trae consigo la imposibilidad de llevar una vida digna, inherente al ser humano.

Ante la imposibilidad de practicar por su cuenta exámenes diagnósticos y de proveerse la atención que consideraría pertinente con ocasión de su dolencia, asistiendo a un centro médico de naturaleza pública o privada, en cuanto la persona tiene limitado su derecho a escoger y autodeterminarse, le asiste al Estado la obligación de aplicar el principio de buena fe ante la queja o manifestación de alguna dolencia o patología por parte del recluso, así como de disponer de los medios necesarios para garantizar el disfrute del derecho fundamental solicitado, mediante la prestación de un servicio eficiente y acorde con su estado de salud.

En el caso concreto, después de la valoración probatoria y del dictamen de Medicina Legal solicitado en sede de revisión, se pudo establecer que el demandante tiene una deficiencia visual, posterior a una herida ocasionada por arma cortopunzante y además, que no ha recibido atención médica especializada.
En consecuencia, la Corte concluye que la vulneración a los derechos fundamentales invocados, se concreta con la conducta omisiva de los directivos y médicos del establecimiento penitenciario al no diagnosticar ni suministrar la asistencia médica especializada solicitada por el interno. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-190-10
1.13.8. Carga dinámica de la prueba y presunción de veracidad en la tutela

Una ciudadana instauró acción de tutela en calidad de agente oficioso de su hijo, quien se encuentra privado de la libertad, contra la Dirección Nacional Penitenciaria y Carcelaria, la EPS-S Comfama, Caprecom y la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, con el objetivo de obtener la protección del derecho fundamental a la salud de su hijo, que habría sido vulnerado por las entidades demandadas debido a que no le han practicado la cirugía denominada ?osteosíntesis de metacarpianos?, ordenada por su médico tratante.

El INPEC manifestó que al hijo de la actora ?ya se le realizó la cirugía que requería? sin embargo, no aportó ningún elemento probatorio para sustentar esa afirmación. En igual sentido, Caprecom no probó que al agenciado se le hubiera realizado el procedimiento quirúrgico ordenado el 27 de septiembre de 2010. De hecho, según las pruebas aportadas por esa entidad, esa cirugía nunca se le realizó al paciente.

La aseveración de la agente oficiosa, en el sentido de manifestar que no le han practicado a su hijo la cirugía de osteosíntesis de metacarpianos, goza de la presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 porque, a pesar de que el juez de instancia ordenó a las entidades demandadas rendir informe sobre los hechos del caso concreto y de que el magistrado sustanciador hizo uso de sus poderes para solicitarles pruebas de oficio, el INPEC omitió injustificadamente enviar dichos documentos al juez.

La regla en virtud de la cual quien alega debe probar los hechos en los que fundamenta su pretensión, debe ser aplicada con menor rigor en sede de tutela y ?debe ser interpretada en el sentido de que la parte afectada pruebe lo que alega en la medida en que ello sea posible, pues ha de tener en consideración la especial situación de debilidad o subordinación en que se encuentre el accionante para acceder a la prueba, lo que a su vez enfatiza la obligación del juez de tutela en el marco probatorio de realizar una actividad oficiosa para el esclarecimiento de los hechos base de la acción?.

De manera que en el trámite de la acción de tutela, se aplica el principio de la carga dinámica de la prueba según el cual ?corresponde probar un hecho determinado, a quien se encuentre en mejores condiciones para hacerlo. En efecto, ?la carga probatoria en el trámite de la acción de tutela, es más exigente para los demandados que para los accionantes, en virtud de la naturaleza especial de esta acción y del principio de quien puede probar tienen la carga de hacerlo. Este principio, alivia la carga de los accionantes, quienes usualmente son personas que carecen de los medios para probar todos y cada uno de los hechos por ellos relatados?.

Por los motivos expuestos, la Corte tutela el derecho a la salud del hijo de la accionante y ordena al INPEC que dentro de un término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas tomar todas las medidas necesarias ante la EPS Caprecom para que se determine cuál es el procedimiento médico que se le debe practicar al hijo de la actora. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-423-11
1.13.9. Deber de solidaridad frente a las personas privadas de la libertad a cargo del estado

Una ciudadana actuando como agente oficiosa de su hijo, quien se encuentra privado de la libertad, promovió acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ?Inpec, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Garzón (Huila) y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Florencia (Caquetá, por considerar vulnerados sus derechos de petición, al mínimo vital, a la salud y a la vida digna.

Afirma que su hijo ingresó al Centro de Reclusión Carcelario de Garzón (Huila) con todos sus sentidos y facultades, pero sufrió atentado o accidente en dicho establecimiento que dio lugar a una hipoxia cerebral que le causó la pérdida de sus capacidades corporales y mentales. El INPEC ordenó el traslado del interno del establecimiento carcelario al domicilio de su progenitora debido a la afectación neurológica que le impide velar por su propio cuidado. La accionante manifiesta que la permanencia de su hijo en su casa representa un peligro para su núcleo familiar debido a los problemas psiquiátricos que padece.

La Corte ha definido el principio de solidaridad como ?un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo?. Este principio, entonces, impone a cada miembro de la sociedad el deber de cooperar con sus congéneres para facilitar el ejercicio de los derechos de éstos, especialmente en el caso de personas en situaciones de debilidad manifiesta, debido a su condición económica, física o mental. El principio de solidaridad respecto a este grupo de personas corresponde en primera medida a la familia y, de forma subsidiaria, al Estado y a la sociedad.

La familia tiene el deber de garantizar la protección de los derechos de la persona en situación de debilidad manifiesta como consecuencia de los lazos de pertenencia, gratitud y solidaridad que se presume que se han formado durante la convivencia de sus miembros, y que obligan a velar por cada uno de sus integrantes. De esta manera, la protección por parte de la familia implica asegurar la integridad de la persona, más allá de la subsistencia mínima, garantizando condiciones de vida dignas.

Sin embargo, el Estado deberá garantizar las condiciones necesarias para que quien está en una situación de debilidad manifiesta pueda desarrollarse en un entorno social y familiar, cuando el cuidado brindado por la familia es insuficiente o, incluso, perjudicial para garantizar un tratamiento adecuado y que obedezca al concepto de dignidad humana. De lo contrario se le impondría a la familia una carga desproporcionada al obligarla a asumir la atención y cuidado del enfermo por fuera de sus posibilidades.

Las personas privadas de la libertad se encuentran en situación de debilidad manifiesta como consecuencia de la relación de sujeción referida, por lo que el Estado es el principal responsable de garantizar los cuidados adecuados para asegurar una existencia digna y tranquila. Dicha obligación implica que las instituciones penitenciarias y carcelarias tienen el deber de garantizar condiciones de vida digna, dentro del cual se incluye la obligación de proporcionar el mejor servicio médico científicamente admisible y humanamente soportable para toda la población carcelaria.

Entonces, el deber de solidaridad frente a este grupo poblacional estará a cargo principalmente del Estado, en cuanto es la forma de asegurar el cumplimiento de las funciones sociales de la pena privativa de la libertad. Tal deber estará seguido por la responsabilidad del núcleo familiar del recluso y de la sociedad.

Lo anterior no implica que el Estado solo se encuentre obligado frente a las personas que se encuentren recluidas en los centros penitenciarios. En aquellos casos en los que la persona que ya no se encuentre recluida debido a una enfermedad grave originada dentro del instituto penitenciario y carcelario, el Estado no podrá desprenderse de su obligación de prestar el servicio médico, ya que la obligación de vigilancia y cuidado durante la vigencia del cumplimiento de la pena y el deber de solidaridad estatal implican la prestación efectiva y de manera continua el servicio de salud manteniendo la dignidad del individuo.

Por las razones expuestas, la Corte tutela los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del señor hijo de la accionante y ordena al INPEC que lo traslade al Departamento de Sanidad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Garzón (Huila. Asimismo, que se convoque a una junta médica para analizar el estado de salud del interno, aclarando que dentro del trámite judicial deberá vincularse a la accionante y tomarse en cuenta sus argumentos y posibilidades físicas y económicas para auxiliar de manera adecuada a su hijo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-324-11
1.13.10. Deber de garantizar un ambiente salubre en centro de reclusión de un interno recientemente intervenido quirúrgicamente

El demandante, quien se encontraba en el Centro de Rehabilitación, según medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, manifestó que se le realizó transplante de riñón, pero que en el lugar en donde se encontraba recluido no existen condiciones de higiene adecuadas, dado el hacinamiento existente. Por lo tanto, solicitó, a través de esta tutela, que se ordenara a la Fiscalía que se le trasladara a la Clínica del Seguro Social, donde permanecería a órdenes de la autoridad, o que se le trasladara a su casa puesto que permanecer en el centro carcelario, podía costarle al vida, como consecuencia de alguna infección que adquiera, estando bajo en defensas. La Corte Constitucional al conceder la tutela ordenó a la Fiscalía Regional, que la solicitud de traslado hecha por el apoderado del actor, si aún no se le había dado respuesta, fuera resuelta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-524-99
1.13.11. Deber del estado de proteger la salud y la vida del recluso

Una persona detenida consideró afectado su derecho a la salud mental y a la unidad familiar al no permitírsele permanecer en su ciudad de origen al lado de su familia y al recluírsele en un pabellón de alta seguridad y no en un centro carcelario común. La Corte Constitucional señaló que cuando una persona es detenida con el cumplimiento de todos los requisitos, es inevitable que su ausencia temporal afecte en mayor o menor medida a la unidad familiar y al tráfico económico, cultural y cívico del medio en que ordinariamente se desenvuelve. Para el juez de tutela su violación se presenta cuando, sin justificación, la falta temporal del detenido en el seno de su familia se agrava, impidiéndole gozar del régimen de visitas o de la posibilidad restringida de comunicarse, dentro de los marcos de incomunicación que considere necesarios el juez del conocimiento.

La reclusión carcelaria bajo condiciones de alta seguridad, no sólo es admitida por la ley colombiana cuando se tienen fundadas razones para temer que el detenido cause daño a sus compañeros o al personal del establecimiento penitenciario; también lo es, cuando la autoridad responsable de la comparecencia del detenido en el proceso tiene fundadas razones para temer una fuga o la posibilidad de un ataque en contra del sindicado. La persona que es privada de su libertad pierde parcialmente la autonomía para calificar la gravedad de sus padecimientos y para decidir en qué casos buscar el tratamiento adecuado fuera del centro de reclusión. Al respecto la Corte manifestó que el Fiscal -desde que se concreta la privación de la libertad-, y los funcionarios del centro de detención -desde que el interno ingresa-, adquieren responsabilidades legales sobre la conservación de la vida y del estado de salud del detenido nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-277-94
1.13.12. Obligación del inpec de asegurar los servicios de salud a los internos cesa cuando estos recobran su libertad

Después de recobrar su libertad por pena cumplida, un ciudadano instauró acción de tutela por considerar que el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, la Penitenciaria Nacional Modelo de Cúcuta y otras entidades del Estado le estaban vulnerando sus derechos a la vida, a la salud, a la igualdad y al trabajo.

En su demanda de amparo relata que estuvo detenido en la Penitenciaria Nacional Modelo de Cúcuta condenado a 9 años de privación de la libertad y que a su ingreso estaba totalmente sano. Explica que durante su reclusión tuvo un accidente en dicho establecimiento de lo cual se derivó una lesión en su columna vertebral. Dicho accidente se originó en la actividad que él desempeñaba para redimir su pena como ranchero o cocinero, después del cual resultó enfermo de la columna, con dolores que no le permitían caminar, sentarse o realizar algún oficio y que durante dos meses en la enfermería de la penitenciaría le estuvieron suministrando calmantes.

Afirma que después de alcanzar su libertad no puede sentarse, estar mucho tiempo de pie y tampoco puede trabajar para mantener a su familia, es decir se encuentra desprotegido por parte del INPEC y del Estado. Por lo tanto reclama de los accionados: exámenes y tratamientos para la afección de su columna, incluirlo en el programa de ayudas que da el gobierno a las familias necesitadas, afiliarlo a una ARS y que se le asigne en el nivel I del Sisbén, ya que actualmente se encuentra en el nivel II.

En su respuesta, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cúcuta y el INPEC aseguraron que mientras el accionante estuvo detenido le proporcionaron la atención médica necesaria, pero que las obligaciones del INPEC cesaron en todos los sentidos debido a que el mismo actualmente se encuentra disfrutando de su libertad. Agregan que poco antes de otorgarle la libertad, al demandante le practicaron un estudio de RX de columna lumbosacra con resultados normales.

De igual forma seañalaron que de las peticiones contenidas en la acción de tutela ninguna había sido formulada de manera directa ante el establecimiento de reclusión o ante el INPEC.

Para la Corte, es claro que la negativa del Inpec de prestar los servicios demandados se encuentra ajustada a la ley, ya que las obligaciones de esta entidad solo recaen en los internos que tenga a su cargo, es decir sobre los reclusos sobre los cuales recae su custodia y vigilancia. Una vez que a estos se les otorga la libertad por cualquier circunstancia, tales obligaciones desaparecen, incluidas, por supuesto, las relativas a la salud y a la seguridad social, las cuales serán asumidas por otras entidades del Estado.

Por otro lado, la Corporación consideró improcedente la acción de tutela porque esta se interpuso de manera directa sin que el interesado hubiere acudido previamente a requerir la prestación de lo solicitado a la entidad accionada.

Cuando el actor reclama directamente al juez el amparo constitucional de sus derechos fundamentales, sin haberlo pedido antes a la(s) entidad(es) accionada(s), está suponiendo que sus solicitudes serán negadas, y en tal juicio considera que es más fácil o rápido obtener lo pretendido a través de la acción de tutela. nota 1

En el caso concreto advirtió la Corte: ?...encuentra la Sala que, la presente acción de tutela fue presentada directamente al juez constitucional, sin que exista prueba de que se requirió previamente al municipio de (?...?) o a cualquier autoridad administrativa, la prestación de las ayudas económicas, afiliación y reclasificación y que éstas se hubieran negado a hacerlo.?

?En otras palabras, el juez de tutela no puede entrar a dar órdenes con base en supuestas negativas u omisiones, en aras de la protección pedida pues, sólo le es dado hacerlo si existen en la realidad las acciones u omisiones de la autoridad y ellas constituyen la violación de algún derecho fundamental.?

En el presente caso la Corte concluyó que no se habían vulnerado los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, confirmó el fallo proferido por los jueces de instancia, mediante los cuales se había declarado la improcedencia de la acción de tutela. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-750-07
1.13.13. Deber del estado de garantizar el pago de los servicios públicos domiciliarios en los centros de reclusión

El Director de un establecimiento carcelario, por considerar violados los derechos fundamentales a un ambiente sano, a la salud, al trabajo, a la integridad física y a la solidaridad social, tanto de los internos como del personal administrativo y de guardia, interpuso acción de tutela contra de la empresa de servicios públicos que suministraba la energía eléctrica a dicho centro de reclusión, porque esta venía racionando tal servicio, debido a que el INPEC adeudaba a la empresa una suma considerable por concepto del servicio prestado.

La Corte Constitucional consideró que los directores de establecimientos carcelarios pueden invocar la protección de los derechos fundamentales de los internos cuando el quebrantamiento de tales derechos compromete la gestión del INPEC. Refiriéndose a la existencia de otros mecanismos judiciales de protección de los derechos fundamentales, agregó la Corte que no obstante la protección de tales derechos por vía de las acciones ordinarias y contencioso administrativas, compete al Juez Constitucional resolver la petición de amparo instaurada por el director de un penal, sin perjuicio de su falta de personería, cuando la entidad que representa el centro de reclusión se encuentra impedida para comparecer por encontrarse incursa en la violación. Es decir, el racionamiento de energía ordenado por la accionada, quebranta los derechos fundamentales de la población reclusa que precisamente el accionante está en la obligación de preservar.

Respecto de la conducta desplegada por la mencionada empresa de servicios públicos, la Corte manifestó que ésta podía suspender la prestación de los servicios por falta de pago de los usuarios, siempre que se sujete al debido proceso, es decir a la notificación personal de tales decisiones para que se puedan interponer los correspondientes recursos. La Corte concedió al Director del centro carcelario la protección constitucional de los derechos fundamentales que demandaba y le ordenó a la empresa de servicios públicos accionada que inmediatamente restableciera el servicio permanente de energía eléctrica en el mencionado centro carcelario y respondiera la petición presentada por el accionante; previno al INPEC para que dotara a los establecimientos carcelarios de los recursos que demanda el pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios, y dispuso dar traslado a la Procuraduría General de la Nación acerca del caso, con el propósito de que investigara la incorporación del rubro requerido para que los diferentes centros de reclusión cancelen oportunamente la facturación de tales servicios con los correspondientes presupuestos, de conformidad con la ley nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1108-02. En el mismo sentido, T-639-04
1.13.14. Protección a enfermos de vih-sida

1.13.14.1. Deber de autoridades de adecuar pabellón para proteger vida de enfermos de vih-sida

?Una persona que se encuentra recluida en el pabellón de VIH y SIDA de la cárcel, señala que éste es invivible debido a la humedad existente. La Corte Constitucional manifestó que efectivamente el pabellón presenta unos problemas de humedad que afectan la salud y vida, por la especial sensibilidad o predisposición de estas personas a contraer enfermedades por la deficiencia de defensas orgánicas. Agregó la Corte que no obstante las autoridades han realizado y tienen programadas algunas obras destinadas a mejorar las condiciones físicas, sanitarias y ambientales, se tutelaran los derechos a la vida y a la salud y, en tal virtud, se señaló un plazo al director de la cárcel para que haga efectivas las obras de adecuación del pabellón?. * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-502-94
1.13.14.2. Obligación de las secretarías departamentales de salud de asumir la atención médica de reclusos beneficiados con medida de suspensión de la privación de la libertad que no posean recursos para su atención

La madre de un recluso condenado a cinco años de prisión por el delito de homicidio a quien le diagnosticaron VIH-SIDA instauró acción de tutela contra el INPEC para que le ordenaran suministrarle a su hijo los medicamentos que requería. El juez de segunda instancia revocó la protección ordenada por el juez de primera instancia pues para la época el recluso había sido beneficiado con la suspensión de la privación de la libertad a causa de su enfermedad. Este hecho modificaba la responsabilidad del INPEC, cuyo ámbito de competencia está restringido a las personas privadas de libertad.

La Corte, al revisar el fallo de tutela, reiteró la ausencia de responsabilidad del INPEC en relación con este caso. Precisó, sin embargo, que en aquellos eventos en los cuales las personas no dispongan de recursos propios y no estén afiliadas a un sistema de seguridad social, siempre que se trate del restablecimiento de la salud de una persona y no sólo de la adopción de medidas preventivas, la responsabilidad de la atención en salud recae en las Secretarías de Salud Departamentales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-361-06
1.13.14.3. Derecho a prisión domiciliaria en clínica u hospital por el estado de salud del enfermo

Un ciudadano privado de la libertad presentó acción de tutela ante la negativa de un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de concederle la prisión domiciliaria, a pesar de encontrarse gravemente enfermo de tuberculosis multiresistente y VIH positivo en el pabellón de sanidad de un establecimiento penitenciario.

La providencia del juzgado resuelve suspenderle temporalmente "el beneficio de prisión domiciliaria hospitalaria" hasta cuando: (i) se allegue concepto de medicina legal, conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993; (ii) se remita por parte del Establecimiento Penitenciario y Carcelario la historia clínica y los paraclínicos practicados al interno; (iii) previa cita del mismo establecimiento, Medicina Legal determine el estado de salud del accionante y establezca si su tratamiento debe ser extra o intra muros.

A la luz del artículo 4° del Código Penal (Ley 599 de 2000) la pena cumple funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del condenado, operando esta dos últimas en el momento de la ejecución de la pena de prisión.

En línea con lo anterior, el artículo 9° de la Ley 65 de 1993, dispone que la pena tiene una función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización a través del tratamiento penitenciario.

Conforme al artículo 51 de la precitada Ley 65, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales.

De otro lado, el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), en su artículo 461, establece que dicho juez está facultado para ordenar al Instituto Nacional Penitenciario ?INPEC- "la sustitución de le ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva".

Ahora bien, siguiendo las máximas de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad consagradas en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva en establecimiento carcelario puede sustituirse por la de lugar de residencia, cuando, entre otros, el imputado o acusado este en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales, evento en el cual el juez determinará si la persona debe permanecer en su domicilio, en clínica u hospital (Código de Procedimiento Penal, artículo 314, numeral 4°, modificado por el 27 de la Ley 1142 de 2007).

De igual forma, según el artículo 68 del Código Penal, cuando el condenado padezca una enfermedad muy grave que sea incompatible con la vida en reclusión formal, el juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en el domicilio del penado o en el centro hospitalario que establezca el Instituto Nacional Penitenciario ?INPEC-, previo concepto de médico legista especializado y caución. Dice la norma en comento:

"ARTÍCULO 68. RECLUSIÓN DOMICILIARIA U HOSPITALARIA POR ENFERMEDAD MUY GRAVE. El juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario determinado por el INPEC, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correrán por su cuenta.


Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico legista especializado.

Se aplicará lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 38.

El Juez ordenará exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación que dio lugar a la concesión de la medida persiste.

En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión formal, revocará la medida.

Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad, la condición de salud del sentenciado continúa presentando las características que justificaron su suspensión, se declarará extinguida la sanción."

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha precisado:

"(?) [E]n el ámbito punitivo, cuando el condenado se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal, dispone el art. 68 del C.P., el juez podrá autorizar la ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o en centro hospitalario determinado por el INPEC.

Para la concesión de este beneficio, continúa la norma, debe mediar concepto de médico legista especializado y se exigirá que se garantice mediante caución el cumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 38-3 ídem.

El juez, resáltese, habrá de ordenar exámenes periódicos al sentenciado a fin de determinar si la situación que dio lugar a la concesión de la medida persiste.
En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento sea compatible con la reclusión formal, revocará la medida."

A su vez, el artículo 68A ibídem señala los casos en los cuales no se concederán los beneficios o los subrogados penales, a saber:

"ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.

Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos."

Por último, es necesario señalar que al referirse a los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena y los beneficios con los cuales se sustituye una pena restrictiva por otra favorable, la Corte Constitucional ha señalado que ellos tienen como "fundamento la humanización del derecho penal y la motivación para la resocialización del delincuente".

En consecuencia la Corte decide tutelar a favor del ciudadano los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la vida digna y al debido proceso, que están siendo vulnerados por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- quienes han omitido cumplir la orden de prisión hospitalaria para el interno y proporcionarle a éste el tratamiento especializado para las enfermedades de tuberculosis y VIH/SIDA que padece. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-035-13
1.14. Derechos de los reclusos a la educación

1.14.1. Derecho a la educación del interno. principio de confianza legítima

Un interno impetró una acción de tutela por la violación de sus derechos fundamentales a estar cerca de su familia, al libre desarrollo de la personalidad, a escoger profesión y a la educación aduciendo que con la autorización de las directivas del penal se encontraba cursando su primer semestre de administración de empresas cuando fue trasladado a otro penal, viendo truncada sus aspiraciones de estudiar una carrera. La Corte tuteló el derecho fundamental de educación del accionante por la violación del principio de confianza legítima por considerar que las directivas del centro de reclusión le habían modificado las condiciones que le había ofrecido al interno para desarrollar sus estudios, sin que éste en ningún momento hubiera sido advertido sobre esta posibilidad, y ordenó al penal realizar los tramites para garantizarle al accionante la continuación de sus estudios, o el reintegro del dinero que había sufragado para tal fin. En cuanto al traslado del interno la Corte dijo que se ajustaba al marco de discrecionalidad que tenía el director del INPEC.

En aquellos eventos donde el ciudadano, entre ellos los reclusos, han depositado su confianza en las actuaciones de la administración y espera de ella el trato favorable que le viene proporcionando, no le es dable a esta alterar dichas condiciones de manera súbita. De lo contrario, se violaría el principio de la confianza legítima que tenía el ciudadano respecto de la administración.

La Corte ha reiterado que ?Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1322-05
1.15. Derecho de los reclusos al trabajo

1.15.1. Deber de expedir régimen laboral en los centros de reclusión

Un interno manifestó que desde que se encontraba en el centro carcelario había trabajado en los oficios de pintura y latonería, a los cuales se había dedicado por cerca de 25 años. Afirmó que con el producto de su trabajo sostenía a sus dos hijos, pero que a raíz de un oficio expedido por el Alcalde se prohibió laborar en las afueras del establecimiento para evitar fugas de presos. La Corte Constitucional sostuvo que los establecimientos carcelarios deben disponer de un régimen que regule y precise con claridad cómo habrán de ser ejercidas las actividades laborales del prisionero, tales como los oficios -teniendo en cuenta las aptitudes personales-, el horario y lugar de trabajo, las sanciones en caso de incumplimiento y, por supuesto, la debida y efectiva vigilancia sobre el interno, con miras a lograr la protección de los derechos de éste a la vez que a garantizar la seguridad que debe imperar en los centros de tal naturaleza. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-718-99
1.15.2. Obligatoriedad del trabajo carcelario

?La Corte manifiesta la legitimidad del trabajo obligatorio, el cual, aparte de estar conforme con el Convenio 29 de la OIT, es un elemento dignificante, ya que afianza el dominio del hombre sobre sí mismo, es decir, lo realiza como persona, en orden siempre al ascenso de sus propias capacidades. El Convenio citado de la OIT, admite el trabajo forzado en las cárceles como elemento perfeccionante. Entendido el trabajo como un movimiento perfeccionador que el hombre ejerce como persona, el trabajo aludido en el artículo sub examine, comprende también la labor intelectual, que es igualmente reedificadora y resocializante?. * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
1.15.3. El trabajo como elemento de resocialización y redención de la pena

Se demandó la inconstitucionalidad de la frase final del artículo 100 de la Ley 65 de 1998, de acuerdo con la cual ?Los domingos y días festivos en que no haya habido actividad de estudio, trabajo o enseñanza, no se tendrán en cuenta para la redención de la pena.? La Corte Constitucional consideró que el artículo demandado es constitucional por cuanto, es muy diferente la situación material y jurídica a que da lugar el trabajo en condiciones de libertad, del trabajo no forzado, que, salvo las excepciones legales, realizan los reclusos en los centros carcelarios donde purgan una pena.

En efecto, como se ha dicho, el trabajo en dichos centros tiene una finalidad diferente, en el sentido de que busca esencialmente la resocialización del condenado para habilitarlo a que pueda convivir en un medio de libertad una vez cumpla la sanción que le ha sido impuesta, e igualmente de que pueda disminuir el tiempo de la pena. El legislador ha optado por una fórmula que se estima válida, razonable y proporcionada a dicha finalidad, como es la de considerar que sólo el trabajo efectivamente realizado conduce a la redención de la pena, pues, como se advirtió antes, la situación jurídica y material del trabajo de los condenados, con las finalidades anotadas, es diferente a la que ofrece el trabajo en condiciones de libertad nota 1.

En demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 80 y 81 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) el actor sostuvo que eran violatorios del derecho a la igualdad, por considerar que en los términos de los artículos demandados, las únicas actividades de trabajo o de estudio que podían ser certificadas para efectos de la redención de la pena por la autoridad penitenciaria competente, eran las desarrolladas en el establecimiento o centro de reclusión, al paso que, en el evento de que estas actividades se efectuaran en el domicilio del detenido, no eran computadas. La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las expresiones acusadas ("centro de reclusión") siempre que se extiendan a todas las personas detenidas, sin importar cuál sitio les haya sido asignado por las autoridades para que purguen su pena, o permanezcan detenidas preventivamente. Y, desde luego, sin que sea dable discriminar entre el trabajo material y el intelectual. nota 2

· Redención de la pena por enseñanza

Se demandó la inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 98 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) por considerarlo violatorio del derecho a la igualdad, dado que plasma una regulación diferente del tiempo que los internos pueden dedicar diariamente a las actividades de trabajo y a las de enseñanza; pues se considera que a los instructores debe permitírseles laborar las mismas ocho (8) horas diarias "que se le permite laborar al resto de los reclusos", en lugar de las cuatro (4) que se les autoriza. La Corte declaró la exequibilidad del artículo al considerar que el análisis del cargo no puede limitarse a la escueta comparación de los supuestos que contemplan las normas involucradas con absoluta prescindencia de las consecuencias jurídicas que el legislador ha vinculado a esos supuestos, pues si se siguieran esos parámetros, a simple vista se podría concluir que existe violación del derecho a la igualdad, porque mientras que a los instructores se les permite enseñar sólo cuatro horas por día, a los internos dedicados al trabajo o al estudio, se les autoriza desempeñar esas actividades durante ocho y seis horas diarias, respectivamente.

?Sin embargo esa conclusión no puede ser avalada por la Corte, por cuanto su claridad es tan solo aparente, además de que la previsión de un número de horas diferente para cada actividad no es caprichosa sino que obedece a criterios razonables como el de permitir, en el caso de la enseñanza, dedicar el tiempo restante a la preparación de clases y la corrección de trabajos o pruebas, y que las consecuencias jurídicas que el legislador asignó para efectos de la redención de la pena no difieran para ninguno de los tres eventos estudiados, ya se trate de trabajo, de estudio o de instrucción, pues por cada dos (2) días de actividad, los reclusos abonarán un (1) día de reclusión, y teniendo siempre la misma consecuencia jurídica no se advierte razón atendible que permita aseverar la conculcación del artículo 13 superior. Al revés: es en guarda de la igualdad material que la diferencia se establece?. nota 3

· Prohibición de considerar como laborados los días de descanso remunerado para efectos de redención de la pena

Los reclusos actores de la tutela adujeron la violación de su derecho de igualdad, ya que en otros establecimientos carcelarios diferentes a aquel en que estaban recluidos se reconocían y certificaban como trabajados sábados, domingos y festivos a los presos que habían laborado la jornada máxima semanal fijada por ley, lo cual no sucedió en su caso. La Corte no concedió el amparo solicitado por considerar que ?carece de justificación constitucional o legal la pretensión de otorgar el carácter de laborados a los días de descanso remunerado para efectos de ser tenidos en cuenta en la redención de pena. No debe confundirse la naturaleza salarial y prestacional de la garantía laboral del descanso remunerado con una decisión legislativa - hoy inexistente -, en el sentido de otorgarle a dichos días el carácter de laborados en materia de ejecución de la pena? nota 4

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-580-96
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-1510-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-549-94
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-009-93
1.15.4. Pago oportuno del salario en establecimiento carcelario

?Un interno considera vulnerados sus derechos ante la negativa de las directivas de la cárcel a cancelarle oportunamente los sueldos correspondientes a varios meses en su calidad de monitor. La Corte Constitucional al conceder la tutela ratificó la doctrina constitucional, según la cual, como consecuencia del no pago del salario en forma oportuna, como retribución a la labor realizada, se vulnera en forma grave el derecho a la subsistencia, razón por la cual la acción de tutela procede excepcionalmente para hacer efectivos el derecho al trabajo, en aquellos casos en que se afecta el mínimo vital?. * nota 1

· Trabajo con intermediación de particular o personal administrativo

Los actores, reclusos en un establecimiento carcelario, interpusieron acción de tutela en contra de un particular quien laboraba en dicho establecimiento, por cuanto consideraron que se les violó el derecho al trabajo, dado que le entregaron al demandado unos trabajos realizados en el taller del penal para que los exhibiera en una exposición y no les había cancelado. La Corte Constitucional sostuvo que carece de razonabilidad la postura de facilitar la intermediación de personas, vinculadas o no al personal administrativo o de vigilancia, cuyos antecedentes y experiencia no hayan sido probados, y que puedan poner en peligro el escaso patrimonio económico de las personas encarceladas.

Estas merecen estímulo para trabajar honradamente y el Estado no podía ser indolente ante sus esfuerzos ni dar lugar a que sus sanos propósitos de rehabilitación se vean frustrados. Por lo tanto, la Corte concedió la tutela ordenándole al demandado responder de fondo y satisfactoriamente a la petición formulada por los demandantes, y dispuso que el Director de la Penitenciaría, bajo la vigilancia del Director General de INPEC, asumiera directamente la investigación interna sobre los hechos denunciados y adoptara las medidas necesarias, inclusive ante las autoridades judiciales competentes, para que los legítimos derechos de los reclusos no resultaran burlados nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-263-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-435-97
1.15.5. Prohibición de contratar trabajos con particulares

?La Corte Constitucional al estudiar varios artículos de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, señaló que no puede pretenderse que dentro de un establecimiento carcelario tenga plena vigencia el régimen laboral que rige para el común de los trabajadores. Sin embargo, en el caso de los contratos de trabajo, advierte la Corte que en principio el trabajo realizado por los internos, en los términos de los artículos 84 y 86 de la ley, consiste en una prestación de servicios de naturaleza civil, en el cual no existe propiamente relación de subordinación, más aún cuando no se configura un contrato de trabajo entre el interno y un patrono, ni se den, por ende, los elementos que tipifican dicho contrato ya que, como lo establece el artículo 84, los internos no pueden contratar directamente con particulares.

"En la eventualidad de que se configurara la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, habría lugar al pago de un salario proporcional equivalente al número de horas trabajadas, con base en el salario mínimo legal vigente. Por lo demás, en los casos en que un recluso trabajare al servicio de otro bajo alguna de las modalidades permitidas legal o reglamentariamente, dicha relación deberá regirse por las normas laborales vigentes?.* nota 1

Esta posición fue reiterada por la Corte al conocer de una acción de tutela impetrada por un recluso que reclamaba el pago de cuatro meses de trabajo en las cabinas telefónicas instaladas por una empresa privada en su centro de reclusión.

La Corte destacó que en la caso concreto no existía una relación de subordinación del actor a la sociedad demandada pues de acuerdo al artículo 84 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) está prohibida la celebración de contratos de trabajo entre los internos y los particulares.

De acuerdo a la documentación allegada al proceso, lo que existe es una relación contractual entre dicha sociedad y el centro carcelario, mediante la cual la aludida empresa se comprometió a sufragar directamente a la pagaduría del penal las erogaciones por concepto del arrendamiento de unos espacios destinados a la ubicación de casetas telefónicas para el servicio de los internos y ?las remuneraciones que perciban los internos los días 30 de cada mes en la pagaduría del establecimiento carcelario?.

De tal manera que no existe un vínculo laboral entre la parte arrendataria y los internos del reclusorio. Por otra parte, agregó la Corte, es la Dirección del reclusorio la encargada de establecer las actividades que desempeñen los internos, los horarios para su prestación y la forma de remuneración, siempre bajo el entendido de que tales actividades se adelantan como un medio terapéutico encaminado a la resocialización (art. 79 ib.).

Finalmente, adujo la Corte que lo que subyace en la demanda de tutela es la reclamación por el pago de cuatro meses laborados en el establecimiento de reclusión; prestación de contenido puramente pecuniario, frente a la cual no es procedente la acción de tutela. Por lo anterior, la Corporación declaró improcedente la acción de tutela. nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-536A-07
1.15.6. La remuneración no forma parte del núcleo esencial del derecho al trabajo en los establecimientos carcelarios

Dos internos consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo por no haber percibido bonificación alguna por las labores realizadas en sus respectivos establecimientos de reclusión.

La Corte negó el amparo solicitado y consideró que no forma parte del núcleo esencial del derecho al trabajo en los establecimientos carcelarios la remuneración. El carácter obligatorio que para los condenados tiene el trabajo como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización y como instrumento de redención de pena, conducen a que el deber de las autoridades penitenciarias radique en proveer los espacios laborales acordes con unas mínimas garantías constitucionales para que el recluso pueda obtener los beneficios inherentes al trabajo carcelario, que no incluye necesariamente la remuneración. Si bien el derecho al trabajo carcelario está ligado al derecho a la libertad, en la medida que la acerca y la propicia a través de la redención, no ocurre lo mismo con el incentivo económico de la bonificación. En el caso particular del demandante, tampoco se vislumbra algún vínculo de conexidad entre la bonificación reclamada y alguno de sus derechos fundamentales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1077-05
1.15.7. El derecho al trabajo de los reclusos no puede ser restringido por comportamientos que se consideren impropios sin el previo agotamiento de un proceso disciplinario

Una persona recluida presentó acción de tutela por la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo como factor de redención de pena debido a que las directivas del penal le cancelaron una orden de trabajo en el área de ?rancho? aduciendo razones de indisciplina sin habérsele seguido un proceso disciplinario. La Corte tuteló los derechos al trabajo y al debido proceso del interno y ordenó a las directivas del penal restablecer la orden de trabajo de ranchero que le había sido cancelada, así como seguir el trámite disciplinario dentro de las garantías del debido proceso en relación con la queja que existía contra el interno.

La protección que el propio régimen penitenciario prodiga del derecho fundamental al trabajo de los reclusos, inhibe a las autoridades penitenciarias para aplicar a su arbitrio y de manera discrecional mecanismos como la cancelación de órdenes de trabajo como respuesta retaliativa a comportamientos de los reclusos que consideren impropios. Esto, debido a que se trata de un derecho que sólo puede ser restringido mediante el agotamiento previo de un proceso disciplinario en el que se preserven todas las garantías que les son propias.

La Corte ha reiterado que ?El artículo 29 de la Constitución Política, explícitamente extiende el conjunto de garantías que integran el debido proceso, a toda clase de actuaciones administrativas. La imposición de sanciones o medidas correctivas por parte de las autoridades penitenciarias, debe sujetarse en consecuencia, a garantías tales como el derecho de defensa, de contradicción y, particularmente, el principio constitucional de la presunción de inocencia? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1303-05
1.16. Derecho de reunión y asociación de los reclusos

1.16.1. Límites a los derechos de reunión y asociación de los reclusos. conformación de comités en los centros penitenciarios.

El actor impetró acción de tutela contra el INPEC y la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacías (Meta), para proteger los derechos fundamentales a la libertad de reunión, dignidad humana, libertad de expresión, defensa de los derechos humanos y de petición de la población interna, al negarse a autorizar la creación y dirección de comités de derechos humanos por autoridades diferentes a las del Centro Penitenciario.

La Corte negó las pretensiones del accionante al considerar que la organización y manejo de los comités de derechos humanos le correspondía al director del centro penitenciario y carcelario, ya que ?la conducción de grupos de reclusos a cargo de servidores diferentes a la que la ley encomienda esa función, implicaría el reconocimiento de una autoridad distinta a las de las directivas de la cárcel que podría conducir al desorden en la institución.? Así mismo, consideró que la medida restrictiva se ajustó a la relación de especial sujeción en que se encuentran los internos respecto del Estado, con el objeto de que este pueda ejercer los controles disciplinarios requeridos para la resocialización del recluso. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-896A-06

    (Este tema había sido tratado antes en la sentencia T-219-93)
1.17. Derecho de los reclusos a tener una familia

1.17.1. Derecho de los reclusos a mantener el contacto con la familia

Indicó el actor que al carecer de oportunidades para el desarrollo de actividades productivas dentro del establecimiento de reclusión habían sido vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la vida digna. Agregó que no contaba con el apoyo de su familia, que carecía de recursos económicos, que fue condenado a 18 años de prisión y que llevaba 5 meses sin comunicarse con sus familiares. En consecuencia, solicitó que se ordenara a las directivas de la entidad adjudicarle un puesto de trabajo que le permitiera mantenerse activo, redimir su pena y obtener algunos recursos económicos para sufragar sus gastos personales, especialmente para poder comunicarse con sus familiares, quienes, afirmaba, residían en un municipio bastante distante de su lugar de reclusión.

Para la Corte resultó indispensable determinar si la decisión de las accionadas directivas del centro penitenciario de negar al interno accionante la posibilidad de desarrollar una actividad laboral que le permitiera, entre otras, comunicarse con su familia, desconocía o no sus derechos fundamentales a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a tener una familia. La Corte acudió a su doctrina sobre las relaciones de especial sujeción existentes entre el Estado y las personas privadas de la libertad, ámbito dentro del cual afirma que desde el punto de vista constitucional, tal relación implica que las acciones del Estado estén dirigidas a facilitar las condiciones adecuadas para una verdadera resocialización de las personas que han sido condenadas a pena privativa de la libertad, y destaca el papel de la familia de los reclusos en la resocialización. En otras palabras, las autoridades penitenciarias están en la obligación de desplegar una serie de conductas necesarias e idóneas para garantizar el mayor nivel de resocialización posible de los reclusos, de ello dependerá la posibilidad de reinserción social de estos.

Al abordar el tema específico de la importancia del contacto del recluso con su familia y de la mayor participación de esta durante el tiempo de la reclusión, la Corte manifestó: ?El proceso de resocialización es impensable o mucho más adverso sin el concurso activo y la presencia constante del grupo familiar. Esto se explica por varias razones: porque la familia es el único referente seguro de libertad con el que cuentan las personas recluidas, la mejor forma de mantener contacto con la sociedad y con el mundo fuera del penal, y sobre todo, porque constituye el centro de los vínculos afectivos más importante y duradero, lo cual le permite al recluso sobreponerse a sus condiciones de penuria y guardar esperanzas para la libertad. Sin estos elementos es bastante difícil que se realice en una medida razonable el propósito de resocialización?. (???) En conclusión, existe para la Corte una especial relación entre las condiciones necesarias para mantener el contacto con la familia y los derechos a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a tener y conservar una familia de que son titulares las personas privadas de la libertad?.

En el caso planteado, la Corte detectó la afectación de los derechos fundamentales del accionante derivada de la imposibilidad de comunicarse con su familia, hecho causado por la carencia de recursos suficientes, tanto de éste como de aquella, para mantener tan esencial contacto. En consecuencia, la Corte concedió la tutela del derecho fundamental del interno a mantener el contacto con su familia en conexidad con el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, y ordenó al Director del centro carcelario valorara nuevamente su solicitud de trabajo nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1190-03
1.17.2. Régimen de visitas y límites a los derechos de los niños y a la unidad familiar

Los padres de unos menores interpusieron acción de tutela contra el INPEC por considerar vulnerados los derechos de sus hijos a tener una familia, a la igualdad y al libre desarrollo de su personalidad, al limitarles a cada 45 días en domingo, las visitas a su progenitor. La Corte consideró que no le correspondía al juez de tutela valorar la decisión del INPEC de regular en determinada forma las visitas, pues eran las propias autoridades carcelarias quienes, de conformidad con el Código Penitenciario, tenían los elementos de juicio para ofrecer las mejores condiciones de seguridad. Además los menores no habían sido privados en forma absoluta y permanente de ver a su papá, y aunque la medida impuesta por la autoridad demandada podía eventualmente resultar, desagradable e incómoda, no estaba acreditado que al realizarse las visitas con dicha periodicidad, efectivamente se cause un daño moral y psicológico. Se confirmó el fallo que denegó la tutela, dado que los actores tenían otro medio de defensa judicial como es la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. nota 1

Manifestaron los internos del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) que las directivas del centro de reclusión les estaban vulnerando su derecho a tener una familia ya que las visitas de los menores de edad tenían lugar cada 45 días, en tanto que el Acuerdo núm. 011 de 1995 dispone que cada recluso tendrá derecho a recibir dos grupos de visitas a la semana, un grupo el día sábado y otro el día domingo, sin perjuicio de las regulaciones de visitas programadas. Que además, según la misma regulación, cada interno podrá recibir un número de personas no superior a tres en cada uno de esos días. Las directivas del INPEC respondieron que el horario, las frecuencias y las modalidades en se llevaban a cabo las visitas están reguladas por el régimen interno de cada reclusorio, según la categoría del mismo. No existe, adicionalmente, un límite en la cantidad de menores que pueden ingresar. Precisó que los únicos que se habían encargado de propiciar separar al menor de su familia son los mismos internos al infringir la ley y que ?por demás que no es sano ni saludable que los niños ingresen en las cárceles para vivir en carne propia la pena que purgan sus padres...?

Al respecto, consideró la Corte que las directivas del centro de reclusión estaban violándole a los internos su derecho a la unidad familiar, y correlativamente, a los niños sus derechos fundamentales. Esto debido a que en el reglamento se estableció un trato diferente para las visitas de adultos que están previstas cada 15 días y las visitas de los niños cada 45 días. La Corte afirmó que el tratamiento discriminatorio que recibían los menores vulneraba gravemente sus derechos, así como los de sus padres internos. Para la Corte, la medida reglamentaria se torna manifiestamente irrazonable por cuanto la presencia de los niños en nada compromete la seguridad del penal; todo lo contrario, de conformidad con las mismas pruebas aportadas por el INPEC está demostrado, por diversos estudios psicológicos, que el contacto frecuente de los internos con sus familias, y en especial con sus hijos, constituye un enorme aliciente, baja los niveles de ansiedad y disminuye los riesgos de suicidio y de agresiones entre internos en los penales.

Aunado a lo anterior, dijo la Corte, no le corresponde al Estado, de manera alguna, determinar si a los hijos menores de edad de un recluso les conviene o no visitar a sus padres internos. Sin duda, se trata de una decisión que debe ser tomada en el seno de cada familia, sin intromisión alguna. Además, el proceso de resocialización, así se trate de los internos condenados a penas elevadas, pasa porque los vínculos familiares, en la medida de lo posible, se preserven. En este orden de ideas, la Corte consideró que las directivas del reclusorio de Cómbita estaban dispensando un trato discriminatorio a los menores de edad, cuyos derechos, según la Constitución ?prevalecen sobre los derechos de los demás?. En tal sentido, ordenó a las directivas del centro de reclusión que inapliquen la regla contenida en el parágrafo 1 del artículo 88 del reglamento interno, y que en su lugar aseguraran la vigencia de los artículos 13 y 44 constitucionales, disponiendo que, en materia de visitas, de debe dar el mismo régimen vigente para los adultos.

Así las cosas, adiciona el fallo de segunda instancia ordenando a las directivas del centro de reclusión de Cómbita que en el término de 48 horas, posteriores a la notificación del fallo, dispensara a los hijos menores de los internos el mismo trato en materia de visitas que aquel que se le da a los adultos nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-399-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1030-03
1.17.3. Traslado de internos y límites al derecho a la unidad familiar

?Algunos internos consideran que al haberse proferido por el director regional del INPEC unas resoluciones en las cuales se ordenó su traslado, se les vulneró el derecho a la unidad familiar. La Corte Constitucional adujo que la discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de tutela interfiera en tal decisión, siempre y cuando la misma no sea arbitraria y no vulnere o amenace derechos constitucionales fundamentales que no puedan ser limitados o suspendidos. La situación particular de los accionantes implica necesariamente la limitación o restricción de ciertos derechos, entre ellos el referido a la unidad o acercamiento familiar, el cual debe ceder razonablemente frente al interés general, representado en este caso en la seguridad del establecimiento carcelario y la integridad personal de los demás reclusos. La resolución que ordena el traslado es un acto administrativo sujeto al control de la jurisdicción contencioso administrativa, cuya suspensión provisional también puede solicitarse?. * nota 1

En otra ocasión, la esposa de un interno presentó acción de tutela contra la Fiscalía por negarse a autorizar su traslado de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Cartagena donde vivía su familia, con lo cual consideró vulnerados los derechos de los niños y a la unidad familiar. La Corte reiteró su jurisprudencia sobre la discrecionalidad de las autoridades competentes para autorizar los traslados de los internos, negativa que en este caso se justifica por cuanto el proceso se adelanta en Bogotá y se requiere la presencia del sindicado para garantizar su derecho a la defensa y al debido proceso. nota 2

En oportunidad diversa, un interno que fue trasladado de la cárcel de Neiva a la penitenciaría de Acacias, Meta, había solicitado en distintas ocasiones a las autoridades penitenciarias y carcelarias su traslado a centros de reclusión en Neiva, Florencia o Pasto, ciudades en donde residen miembros de su familia. Además acusa problemas de salud que, aduce, en dichos municipios sus familiares le ayudarían a superar mediante el suministro de los medicamentos que necesita.

El INPEC manifestó en su respuesta que el tratamiento y la atención médica requerida por el referido peticionario podían seguir siendo suministrados en su actual lugar de reclusión, además de no requerir atención especializada, según concepto emitido por la División de Salud de ese instituto. En cuanto al acercamiento familiar, el INPEC adujo que los establecimientos de reclusión para donde el actor solicitó se le trasladara presentaban altos índices de hacinamiento, asimismo que el Código Penitenciario y Carcelario no contempla el acercamiento familiar como causal de traslado.

Frente a la negativa de las mencionadas autoridades a trasladarlo, el interno consideró que se habían violado sus derechos fundamentales a la igualdad, a la unidad familiar y a la salud.

La Corte hace énfasis en la importancia de la familia como elemento esencial en el tratamiento penitenciario y en la posterior reincorporación social de la persona sobre la que ha recaído una condena privativa de la libertad: ?para esta Corporación, la importancia que reviste la presencia activa de la familia durante el periodo de reclusión de las personas condenadas es indudable. Motivos de índole jurídica, psíquica y afectiva así lo indican? (???) ?La admisibilidad de este postulado encuentra respaldo en el argumento normativo que se desprende del sistema progresivo penitenciario, que cuenta entre sus supuestos el de la presencia de la familia en el proceso de resocialización del interno? (???) ?La posibilidad de mantener comunicación oral y escrita con personas fuera del penal, de conservar una vida sexual activa permitirán, las más de las veces, una reincorporación menos traumática al mundo de la vida fuera de la cárcel. Lo anterior está además asociado con las garantías básicas de la dignidad humana, la libertad y la intimidad personal (estas últimas con sus obvias limitaciones)?.

No obstante lo anterior, al mismo tiempo considera la Corte que la conservación de los vínculos filiales no siempre es posible, pues existen circunstancias que lo impiden, circunstancias que son, en este caso, inherentes a la restricción severa que sufre la libertad de circulación. La Corte recuerda que uno de los derechos que resulta limitado como consecuencia del ingreso en un establecimiento de reclusión es la garantía de la unidad familiar, cualquiera sea la idea que se tenga de esta.

En las circunstancias concretas del caso estudiado, se constató que si se accediera a la petición del interno accionante de trasladarlo a los establecimientos de reclusión indicados por él, su calidad de vida y su dignidad humana estarían aún más expuestas debido al alto índice de hacinamiento que aquellos presentan. En cuanto a su salud, a través de las pruebas que obraron en el respectivo expediente, se estableció que el peticionario estaba recibiendo la atención médica adecuada en su lugar de reclusión.

Por las citadas razones la Corte no amparó los derechos cuya violación alegó el accionante. nota 3

En otra decisión, la Corte conoció de una tutela instaurada por una mujer que solicitó el traslado de un interno padre de tres menores que fueron abandonados por su madre, a un centro carcelario cercano al lugar de residencia de sus hijos con el objeto de protegerles el derecho a tener una familia. La Corte amparó el derecho de los menores a tener una familia al considerar que de ahí se derivan los demás derechos fundamentales de los niños. También protegió el derecho del padre interno a reanudar el contacto con sus familiares y allegados como parte de su resocialización.

En este caso, la Corte tuvo en cuenta diversos factores como el abandono de los niños por parte de la madre, la carencia de medios económicos para poder visitar al padre, el sufrimiento de los niños por no poder ver a su padre y la urgencia de reestablecer la comunicación y el contacto entre el padre y los niños para considerar que la renuencia del Inpec a conceder el traslado del interno a una cárcel más cercana al lugar de residencia de los niños, vulneraba de manera grave los derechos de los niños y los derechos del interno a que se le garantizaran los vínculos con su familia, tan significativos para que tuviera lugar su resocialización y, en este mismo sentido, su posibilidad de prepararse para la vida en libertad. nota 4

En una decisión posterior, la Corte sostuvo que los establecimientos carcelarios deben posibilitar, hasta donde ello resulte posible que el interno mantenga contacto permanente con su familia, en especial con sus hijos menores, a través de visitas y comunicaciones frecuentes, con el fin de preservar la unidad familiar y velar por el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes. Por ello, las solicitudes de traslado motivadas en el acercamiento familiar, tendrán que ser consideradas por las autoridades carcelarias y atendidas si las condiciones de seguridad e infraestructura lo permiten. nota 5

En el establecimiento Carcelario de Neiva se encontraba detenido el accionante junto con su compañera permanente. Alí se le permitía la visita íntima o conyugal y recibía la visita de su hija de 4 años de edad. Por motivos de descongestión, tiempo después la Dirección Regional Central del INPEC, en coordinación con la Dirección del Establecimiento Carcelario de Neiva, ordenó el traslado de un grupo de internas al centro de reclusión de mujeres de El Guamo (Tolima), entre las que se encontraba su compañera sentimental. Considerándose perjudicado con dicho traslado, este interno presentó a la dirección del establecimiento una petición encaminada a obtener la devolución de su compañera al mismo penal, pues la señora que tenía a cargo el cuidado de su hija, le era imposible desplazarse los días de vistas a los dos lugares de reclusión distintos por carecer de recursos económicos suficientes, lo que le impedía tanto a la menor de edad como a los padres mantener el núcleo familiar y de esta manera alcanzar el buen desarrollo de la niña. En idéntico sentido y con el mismo objetivo, su compañera también formuló petición ante Director General del INPEC. En ambos casos obtuvieron respuesta negativa.

Frenta a tal situación, el interno presentó solicitud de amparo a nombre propio y en representación de su hija, contra la Dirección Regional Central del INPEC y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva por considerar que tanto a él como a su hija le estaban vulnerando los derechos fundamentales a tener una familia y a no ser separada de ella, así como el derecho a la intimidad al quitarle la posibilidad de ser visitado por su compañera permanente. Por tales razones solicitó, se ordenara al Director Regional Central INPEC, revocar el acto administrativo mediante el cual se dispuso el traslado de su compañera del establecimiento penitenciario de Neiva a la Reclusión de Mujeres de El Guamo, Tolima, y en consecuencia que fuese regresada al centro de reclusión de Neiva.

Para abordar el caso, la Corte recordó su línea jurisprudencial sobre los siguientes temas: la procedencia de la acción de tutela para salvaguardar los derechos de los niños y el deber del Estado, la sociedad y la familia, de velar por el desarrollo integral de los menores; el derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad, y por último, las vistas conyugales o íntimas en los establecimientos de reclusión como un derecho fundamental. Todo lo cual constituye una reiteración parcial.

La Corte hace especial énfasis en que en el proceso de resocialización de los internos, debe considerarse la participación de la familia y el contacto permanente con la misma de manera que deberá procurarse el mantenimiento de los vínculos filiales del recluso, y ubicada en este contexto, la Corte acudiendo a la característica esencial de la acción de tutela referente al análisis de cada caso en particular y conjugando los preceptos constitucionales y legales vigentes sobre la materia, hace una interpretación sistemática para entrar a resolver el caso concreto de la siguiente manera:

?Así a pesar de ser la unidad familiar una de las garantías que resulta limitada con ocasión de la reclusión en un establecimiento carcelario, dicha limitación debe hacerse acorde con los lineamientos del tratamiento penitenciario, donde se debe ofrecer a los reclusos la posibilidad de una vez cumplida la pena, reincorporarse a la comunidad de la manera menos traumática posible. Es así como se debe propender por una adecuada resocialización de los internos, donde sin lugar a dudas juega un papel preponderante la familia de los mismos, pues dicho vínculo filial representa la mayoría de las veces su contacto con el mundo mas allá del establecimiento donde se encuentran recluidos, más si se tiene en cuenta que el núcleo familiar será en la mayoría de los casos el lugar donde cada individuo retomará su vida por fuera del penal.
Por ello el legislador, con el objetivo de fortalecer el mandato constitucional consagrado en el artículo 42, donde se señala a la familia como el elemento básico de la sociedad, a través del Código Penitenciario y carcelario señaló que el tratamiento penitenciario debe desarrollarse bajo el respeto de los principios de dignidad humana y en este sentido se estableció el sistema progresivo penitenciario, como uno de los mecanismos adecuados para alcanzar el mantenimiento de los vínculos filiales del recluso.(?...?) lo que a la postre permitiría una reincorporación que genere un menor traumatismo al exconvicto.

Claro entonces que los establecimientos carcelarios deben facilitar, hasta donde ello resulte posible, que el interno mantenga contacto permanente con su grupo familiar, máxime si dentro del mismo existe hijos menores, a través de visitas y comunicaciones frecuentes, con el propósito de preservar la unidad familiar y de esta manera alcanzar el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes.?

Con base en lo anterior, la Corte en esta sentencia dispuso lo siguiente: devolver a la compañera permanente del accionante al establecimiento de reclusión de origen, trámite que no debería exceder los diez días; restablecer las visitas íntimas en la forma en que venían disfrutando el accionante y su compañera; previno a las autoridades penitenciarias, para que hacia el futuro estudien con mayor detenimiento las situaciones particulares de cada interno al momento de realizar los traslados respectivos, a efectos de no acarrear un sufrimiento adicional a los reclusos y, por último, ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vigilar el cumplimiento de esta sentencia, con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos protegidos y hacer seguimiento a la situación de la menor de edad hija del accionante. nota 6

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-605-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-785-02. Ver también Sentencia T-1096-05.
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-274-05
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-1275-05
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-599-06
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-566-07
1.18. Derechos especiales de la mujer reclusa

1.18.1. Protección a la maternidad en establecimiento carcelario

?A una persona a pesar de habérsele concedido la detención hospitalaria y existir una orden del juez de tutela para que se dispusiera lo pertinente a su traslado, por la circunstancia particular de no disponer de medios económicos para asumir su estadía en el hospital, se encuentra actualmente recluida en la cárcel, asistiendo a su menor hija con las ayudas que humanitariamente le ha prestado el personal del centro de reclusión. La Corte Constitucional encuentra que tanto la actora como su hija debieron permanecer en una institución hospitalaria, como lo ordenó la autoridad competente. La actora además de estar privada de su libertad, está desamparada, al hallarse lejos del humilde hogar de sus padres; y, es una mujer desempleada, que se encuentra lactando a su hija, por lo que además cumple con los requisitos del artículo 43 de la Constitución, para que el Estado le entregue un subsidio alimentario. A la obligación constitucional, se suma en este caso el compromiso internacional adquirido por el Estado colombiano y aprobado por la Ley 51 de 1981?. * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-437-93
1.18.2. Derechos sexuales y reproductivos de la mujer reclusa: prohibición de discriminación en las visitas conyugales

?Una mujer que se encuentra detenida en un centro de reclusión femenina solicitó que se le concediera el beneficio de la visita conyugal y encontró que la dirección de la cárcel exigía un cúmulo de requisitos (educación para el control natal y el uso, comprobado médicamente, de algún sistema de control de la fecundidad femenina) para conceder tal beneficio no establecido en los centros de reclusión masculinos, considerando que con esas exigencias se discriminaba injustificadamente a la mujer y se la sometía a una pena accesoria no contemplada en ley preexistente. La Corte Constitucional, al tutelar el derecho constitucional de libertad procreativa, dispuso la inaplicación de la resolución en aquellos apartes en los que resultaba discriminatoria. Para la Corte la manera en que la dirección y la dependencia de sanidad de la cárcel vienen supeditando la autorización de la visita conyugal a la autorización por escrito de la implantación de un dispositivo anticonceptivo o la aplicación periódica de una droga con similares efectos viola el derecho a la libertad procreativa?. * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-273-93
1.19. Derechos especiales de los indígenas reclusos

1.19.1. Reclusión de indígenas en establecimientos especiales

?La Corte Constitucional al estudiar varios artículos de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, señaló que la reclusión de indígenas en establecimientos penitenciarios corrientes, implicaría una amenaza contra sus valores, que gozan de reconocimiento constitucional; de ahí que se justifique su reclusión en establecimientos especiales?. * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
1.19.2. Reclusión en establecimientos corrientes por solicitud de la comunidad indígena

El accionante, miembro de la comunidad indígena Embera-Chamí, fue condenado a nueve (9) años de prisión por el delito de homicidio, en proceso adelantado ante el Consejo de Conciliación y Justicia Indígena. Sin embargo, dado que hasta el momento la comunidad no contaba con un lugar de reclusión, fue trasladado a cumplir la condena en un centro de la jurisdicción ordinaria. Por esta razón interpuso acción de tutela contra la autoridad indígena y contra el INPEC, por la violación de su derecho al debido proceso. La Corte consideró que una armonización del deber de colaboración con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95) y la autonomía atribuida a la jurisdicción especial indígena (Constitución Política art. 246), lleva a precisar que dicha autonomía no es absoluta y requiere de la colaboración de la justicia ordinaria. En consecuencia, la remisión por parte de la jurisdicción indígena y la reclusión por parte del INPEC no constituyen una violación al debido proceso, sino que obedece al acuerdo de colaboración celebrado por las jurisdicciones especial y ordinaria, por lo que la Corte niega la tutela nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-239-02
1.19.3. Derechos de indígenas de la tercera edad de regresar a su entorno cultural

El actor, recluso en un establecimiento carcelario, interpuso acción de tutela en contra del Director del INPEC, pues consideró vulnerados sus derechos, por cuanto en varias ocasiones había solicitado el traslado a la cárcel de la ciudad de Leticia (Amazonas) en razón de que es indígena de la Comunidad Yaguas, es un anciano de 72 años y padecía de cataratas y un cáncer en la próstata. El actor quería ser trasladado, para que fuera tratado con medicina alternativa ofrecida por indígenas de su resguardo y para estar cerca de su familia.

La Corte Constitucional sostuvo que como se trataba de una persona que superaba la edad de vida probable, que culturalmente había pertenecido a una etnia y que tenía una enfermedad terminal, el traslado hacia el sitio donde están los suyos es una razonable petición que ha debido ser estudiada por el INPEC; y como hubo desprecio por esos planteamientos, se deduce que se afectó la dignidad del recluso, porque ni siquiera se examinó la factibilidad, en el caso concreto, de ir a morir cerca a su familia y a su tribu, de respetársele su condición de minoría y de aceptársele que el libre desarrollo de su personalidad le permite rechazar la medicina que se le ofrece y, en su lugar, proponer que para mitigar la enfermedad y llegar digna y autónomamente a sus últimos días de vida esté recibiendo la medicina alternativa de su entorno cultural cerca a comunidad indígena de los Yaguas. No significa lo anterior que necesariamente deba trasladarse a los ancianos enfermos al establecimiento carcelario donde ellos digan, sino que la autoridad está obligada, de manera preferencial, a ponderar si las circunstancias son ciertas y hacen aconsejable el traslado nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-214-97

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