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2. Problema del hacinamiento en centros de reclusión

2.1. Exigencia de permanencia temporal en las salas de retenidos

El Defensor del Pueblo interpuso acción de tutela a favor de varios reclusos que tenían en común el encontrarse recluidos en salas de retenidos, donde se presentaban graves condiciones de hacinamiento. La Corte Constitucional señaló que la Policía Nacional, el DAS, la DIJIN, la SIJIN y el CTI, son entes administrativos diferentes al INPEC, a los que no han sido asignadas las funciones penitenciarias y carcelarias de este último; en consecuencia, en sus salas de retenidos sólo deben permanecer las personas hasta por un máximo de treinta y seis (36) horas, mientras son puestas nuevamente en libertad o se ponen a disposición de la autoridad judicial competente.

Así, esas dependencias no contaban con las facilidades requeridas para atender a las condiciones mínimas de vida que deben garantizarse en las cárceles; como las personas no deben permanecer en esas salas de retenidos por lapsos mayores al mencionado, la precaria dotación de las Estaciones de Policía y sedes de los otros organismos de seguridad no representan un peligro grave para los derechos fundamentales de quienes son llevados allí de manera eminentemente transitoria; pero si la estadía de esas personas se prolonga por semanas, meses y años, el Estado que debe garantizarles unas condiciones dignas, necesariamente faltará a tal deber, y el juez de amparo que verifique tal irregularidad debe otorgar la tutela y ordenar lo que proceda para ponerle fin nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-847-00, al respecto ver también T-1606-00, T-1077-01, T-944-01, T-851-04
2.2. Exigencia de condiciones de vida digna en las cárceles y de respeto a los derechos fundamentales de los internos

?Una acción de tutela presentada por varios internos de la cárcel Modelo de Bogotá y la Bellavista de Medellín, llevó a la Corte Constitucional a establecer si las condiciones en que se encuentran albergados los reclusos de las cárceles nacionales Modelo de Bogotá, y Bellavista de Medellín, constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de los internos. La Corte constitucional al conceder la tutela dispuso ordenar que se notifique a las autoridades del Estado acerca de la existencia del estado de cosas inconstitucional en las prisiones.

"Igualmente ordenó lo siguiente: un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales; reclusión en establecimientos especiales a los miembros de la Fuerza Pública que se encuentran privados de la libertad, con el objeto de garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal; separación completa de los internos sindicados de los condenados; investigar la no asistencia de los jueces de penas y medidas de seguridad a las cárceles Modelo y Bellavista; tomar las medidas necesarias para solucionar las carencias de personal especializado en las prisiones y de la Guardia Penitenciaria; tomar las medidas necesarias para cumplir con la obligación de crear y mantener centros de reclusión propios; ordenar que mientras se ejecutan las obras carcelarias ordenadas en esta sentencia, se tomen las medidas necesarias para garantizar el orden público y el respeto de los derechos fundamentales de los internos en los establecimientos de reclusión del país. Veamos algunas subreglas establecidas:

HACINAMIENTO CARCELARIO

"Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc.

SEPARACION DE INTERNOS POR CATEGORIAS

"El hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. La Corte considera de mucha gravedad que la sobrepoblación carcelaria impida la separación de los internos por categorías. La ley ordena que los sindicados estén separados de los condenados; los reincidentes de los primarios, los miembros de la Fuerza Pública, los funcionarios públicos y los indígenas de los demás reclusos, etc.

FUNCION DE LA RESOCIALIZACION EN ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS

"La labor de resocialización no consiste en imponer determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para que, haciendo uso de su autodeterminación, establezca cada interno el camino de su reinserción al conglomerado social. Precisamente desde la perspectiva de la dignidad de los reclusos y de la obligación del Estado de brindarles los medios necesarios para su resocialización se deben interpretar distintos artículos del Código Penitenciario que regulan las condiciones de albergue de los internos, y sus derechos al trabajo, a la educación y enseñanza, al servicio de sanidad, a la comunicación con el exterior y la recepción de visitas, a la atención social, etc.

APLICACION DE LA DETENCION PREVENTIVA COMO MEDIDA EXTREMA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. MEDIDAS IDÓNEAS PARA LA RESOCIALIZACION DEL CONDENADO

"La Corte considera importante llamar la atención acerca de que el principio de la presunción de inocencia exige que la detención preventiva se aplique únicamente como medida extrema, tal como lo determina el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mínimas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad, conocidas también como las reglas de Tokio. Igualmente, resalta que en cada proceso penal es importante reflexionar acerca de si la persona condenada requiere para su resocialización el tratamiento penitenciario, o si sus mismas características permiten proceder con otro tipo de sanciones. Las mismas reglas de Tokio recomiendan que antes de tomar la decisión de imponer la pena de prisión en establecimientos carcelarios es importante poner en consideración, "las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima".

JUECES DE PENAS Y DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBEN FUNDAMENTAR DECISION NEGATIVA A OTORGAR LIBERTAD PROVISIONAL/PRESENCIA DE JUECES DE PENAS Y DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS

"La decisión de los jueces de negar la libertad provisional debe ser fundamentada en el conocimiento del recluso y de su comportamiento en el centro penitenciario. La no presencia de los jueces de penas y medidas de seguridad en las penitenciarías es inexcusable. Si bien parece claro que el número de jueces de penas es reducido en relación con el número de reclusos que deben atender, este hecho no justifica la ausencia de los jueces en los centros penitenciarios? * nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-153-98, reiterada, entre otras, en la Sentencias T-296-98, T-851-04

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