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Última modificación: 2011-06-20
Autoridades indígenes deben permitir el dereho de defensa previo a la imposición de medidas sancionatorias

Una líder del Pueblo Indígena kankuamo interpuso acción de tutela en contra del Cabildo Gobernador y el Consejo de Mayores de la Organización Indígena Kankuama, para obtener protección constitucional a sus derechos fundamentales al debido proceso, a elevar peticiones respetuosas, y a la estabilidad laboral reforzada, como madre lactante.
El caso tuvo origen en una disputa entre la accionante y otra mujer ambas pertenecientes a la etnia kankuama, por la posesión de un bien inmueble ubicado dentro del Resguardo indígena Kankuamo, situación que resolvió el Concejo de Mayores de acuerdo con su ley de origen, dando a cada una el 50% del inmueble en litigio, decisión que no fue aceptada por la peticionaria, lo que motivó la interposición de la acción de tutela.

La accionante además se desempeñaba desde hacía varios años sin remuneración, en el cargo de Coordinadora de Mujeres del Resguardo, y al culminar su licencia de maternidad, no se le permitió reasumir sus funciones de coordinación, lo que consideró como una retaliación por no haber aceptado la decisión del Concejo de Mayores.

La Corte consideró que la asignación en partes iguales de bien inmueble a las dos mujeres había respetado el debido proceso del pueblo indígena y la decisión había operado en equidad, conforme era costumbre de esa etnia. Sin embargo, respecto del retiro de la actora de su cargo de coordinadora de mujeres del resguardo la Corte encontró que esa decisión tenía un origen claramente sancionatorio y por esa razón estimó que se habían vulnerado los derechos de la accionante.

Al respecto la Corte expresó: el ejercicio del papel de coordinadora del grupo de mujeres tiene una importante connotación social dentro del Pueblo Kankuamo, y la separación de la actora de esa posición tuvo carácter sancionatorio. Esa decisión, sin embargo no contó con la participación de la afectada, a quien no se permitió el ejercicio del derecho a la defensa, en el marco de los procedimientos internos. Tampoco se permitió la participación del grupo de mujeres para la adopción de la determinación, pese a que la misma puede afectar directamente su funcionamiento.

Siguiendo la orientación de permitir una decisión interna del Resguardo indígena en asuntos que afectan únicamente a miembros de la comunidad; y fiel a la convicción de que la interferencia externa puede agudizar las facciones de una comunidad indígena; pero consciente, a la vez, de la necesidad de proteger el derecho fundamental de la peticionaria al debido proceso afectado en la decisión de separarla del papel de coordinadora del grupo de mujeres, la Corte ordena que, en la próxima reunión de las autoridades competentes (Consejo de Mayores o Cabildo Mayor, de conformidad con lo que disponga la normatividad interna), se someta a un estudio interno de la comunidad la permanencia de la actora como coordinadora del grupo de mujeres, garantizando que la peticionaria sea oída por las autoridades indígenas, y que se tome en cuenta la posición del grupo de mujeres, o de artesanas. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-903-09

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