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Última modificación: 2012-07-24
La política etnoeducativa de una institución en la que estudian miembros de la comunidad indígena, debe ser definida mediante consulta previa

La Gobernadora del Resguardo Indígena Páez de la Gaitana interpuso acción de tutela en nombre de su resguardo solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la consulta previa de las decisiones que lo afecten directamente y a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural los cuales, en su opinión, están siendo vulnerados por el Departamento del Cauca.

Estima la actora que la exclusión de la Institución Educativa Promoción Social Guanacas y sus sedes de la aplicación del decreto 0591 de 2009 vulnera los derechos fundamentales de su resguardo. En primer lugar señala que se viola su derecho fundamental a la consulta previa pues "el departamento no informó ni concertó esta exclusión con las comunidades indígenas afectadas" y porque con ella se "desconoció el estudio técnico realizado por la misma Gobernación del Cauca, el Ministerio de Educación Nacional y concertado con las autoridades indígenas, con el cual se pudo determinar las instituciones indígenas ubicadas en territorios indígenas y que atendían población indígena (?)".

En segundo lugar, a su juicio, se vulnera su derecho fundamental a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural ya que "al no catalogarse como Institución que atiende población indígena, el colegio Promoción Social de Guanacas (?) no tendrá la obligación de aplicar de forma continua y coherente las políticas etnoeducativas del Estado y mucho menos de efectuar un proceso de educación que fortalezca la identidad cultural de su población infantil y juvenil atendida (?)".

Llama la atención sobre el hecho de que, para realizar la exclusión, "no se tuvo en cuenta lo concerniente a la población indígena atendida por estos centros e instituciones educativas y solo se tuvo como elemento de decisión la ubicación territorial de los planteles en los respectivos municipios (?)".


La Corte advirtió que se presentó una vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana por parte del Departamento del Cauca. En efecto, la exclusión de la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus respectivas sedes del decreto 0591 de 2009 es, indudablemente, una medida administrativa que afecta directamente a la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana y, en ese sentido, no debió haber sido adoptada unilateralmente por el demandado a través del decreto 0102 de 2010 sin antes surtir un proceso de consulta con la misma.

La afectación directa se hace patente si se tiene en cuenta que, de los 545 estudiantes matriculados en el mencionado establecimiento educativo, 248 ?el 45.5%- pertenecen a la etnia Páez según el último estudio técnico realizado por los Servicios Informáticos del Sector Educativo de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, porcentaje que si bien no constituye la mayoría representa una porción importante de la población estudiantil. Esta circunstancia fáctica lleva a la conclusión de que, como consecuencia de la exclusión, una institución educativa en la que estudian, en una proporción significativa, miembros de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana, no tendrá una política etnoeducativa y que la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana no podrá participar en el proceso educativo que adelantan sus miembros en el establecimiento educativo mencionado. Lo anterior sin duda alguna repercute directamente en el goce del derecho a una educación que respete y desarrolle la identidad cultural en cabeza de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana y sus miembros.

Lo dicho no se desvirtúa por la discusión existente en torno a si la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus sedes se encuentran o no en el territorio indígena de la Gaitana pues, al tenor del artículo 6 del Convenio 169 de OIT, la obligación de adelantar la consulta previa se activa en presencia de cualquier medida que afecte directamente a una comunidad étnica y no solamente con aquellas que se ejecuten en su territorio. Tampoco se altera en nada la conclusión a la que se ha arribado porque la etnia Páez no sea la mayoría numérica ?sino el 45.5%- de la población estudiantil ya que, independientemente de ello, toda medida tomada en la entidad educativa a la que asisten les será aplicable y los afectará.

Así mismo, encontró la Corte que, respecto del proceso de consulta surtido con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Cabildo de Guambia para la expedición del decreto 0591 de 2009, el Departamento del Cauca trasgredió el principio de buena fe que, según la jurisprudencia constitucional, debe guiar toda consulta previa.

La Corte hizo énfasis en que en el "Acta de compromisos entre las Autoridades Indígenas del Cauca representadas en el CRIC, el Cabildo de Guambia, el Departamento del Cauca y el Ministerio de Educación Nacional", con la cual finalizó el referido proceso, se acordó que existían "un total de 666 establecimientos ubicados en territorios indígenas que atienden población mayoritariamente indígena", los cuales fueron los que resultaron incluidos en el decreto 0591 de 2009. Este resultado fue desconocido por el demandado con la expedición de forma inconsulta del decreto 0102 de 2010, en el que se excluyó a la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus sedes a pesar de que ésta hacía parte del acuerdo inicial.

Para la Corte resulta contrario al principio de buena fe hacer creer al CRIC que el proceso de consulta previa había concluido exitosamente al llegarse a un acuerdo sobre los establecimientos educativos oficiales en los que se aplicaría una política etnoeducativa y después, de forma unilateral, transgredir los compromisos adquiridos. En este entendido, si el Departamento del Cauca advirtió la existencia de razones que, a su juicio, justificaban la exclusión de la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus respectivas sedes del decreto 0591 de 2009 -tales como la oposición de parte de la comunidad educativa- debió proceder a convocar al CRIC a un proceso de consulta antes de expedir el decreto 0102 de 2010.

La Corte decidió en consecuencia conceder la tutela de los derechos fundamentales de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana a la consulta previa y a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural, dispuso dejar sin efectos, en lo que se refiere a la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus sedes, el decreto 0102 del 12 de abril de 2010 expedido por el Gobernador del Departamento del Cauca, y ordenó que, a través de la Secretaría de Educación Departamental del Cauca, con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional, se lleve a cabo un proceso de consulta respecto de la manera en que operarán los distintos componentes de la política etnoeducativa en el establecimiento educativo mencionado. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-116-11

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