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Última modificación: 2012-08-31
Protección de los derechos de los grupos étnicos de los desastres naturales

A partir del mes de noviembre de 2008 comenzó una fuerte temporada invernal que afectó al municipio de Dagua, Valle del Cauca, y generó una situación de emergencia de especial gravedad en la Comunidad Indígena del Cañón del Río Pepitas, pues la creciente del río del mismo nombre tornó sus caminos intransitables, afectó algunas viviendas de miembros de la comunidad y produjo daños en la escuela étnica Indio Agualongo.

Durante el año 2009, las autoridades del Resguardo del Río Pepitas elevaron diversas solicitudes ante la oficina de atención y prevención de desastres del municipio de Dagua, requiriendo el arreglo de los caminos destruidos y las edificaciones afectadas por las ?avenidas? de los diferentes ríos y quebradas de la región, acompañadas de informes ?serios y ponderados? suscritos por el comandante del cuerpo de bomberos del municipio.

Luego de más de un año desde que culminó la ola invernal, las autoridades accionadas no habían efectuado ninguna acción para solucionar la situación del Resguardo: no enviaron trabajadores ni maquinaria para el arreglo de los pasos peligrosos; tampoco adelantaron convenios con los propietarios de fincas aledañas para abrir nuevos caminos que no presentaran riesgos para los habitantes del resguardo.

La accionante, Gobernadora y Representante Legal de la Comunidad Indígena del Cañón del Río Pepitas, interpuso acción de tutela en contra la Alcaldía Municipal de Dagua?Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres-, con el fin de obtener amparo constitucional a los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la vivienda digna de los miembros de la comunidad que representa, los cuales considera amenazados por la actitud omisiva de los accionados.

Al analizar las actuaciones del Sistema de Prevención y Atención de Desastres -en todos sus niveles u órdenes territoriales- determinó que estas se encontraban signadas por la insuficiencia, la ausencia de coordinación y un enfoque exclusivamente centrado en la atención del desastre (ayuda humanitaria), verificando la inexistencia de medidas de atención diferenciadas en favor de grupos indígenas que puedan verse afectados por amenazas naturales. Por tanto, otorgó el amparo invocado fijando plazos entre 6 meses y 2 años para el cumplimiento de las diferentes medidas, según su naturaleza, e involucrando la participación activa de la comunidad indígena en el diseño y toma de decisiones.

Así, señaló como medidas materiales de protección las siguientes:

En relación con el derecho a la vivienda digna ordenó a la Alcaldía de Dagua que efectuara un nuevo diagnóstico de los daños y de la posibilidad de reparación o la necesidad de evacuación de esas viviendas. De otro lado, las autoridades del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres ?Clopad- deberían reunirse con la comunidad para determinar la mejor forma de repararlas respetando el concepto de adecuación cultural, y proceder a su reparación con el concurso de la comunidad indígena. En la eventualidad de que algunas viviendas presentaran pérdida absoluta o no pudieran ser reparadas por motivos de seguridad, el municipio tendría que proceder a la reubicación de los afectados ?contando con su consentimiento y solo en caso de que no exista otra alternativa para mantener su seguridad- e incluirlos en los planes de vivienda de interés social desarrollados por el municipio, orden que se extiende al Departamento del Valle del Cauca.

Sobre el derecho a la educación obligó al municipio a iniciar de inmediato la reparación y adecuación de la escuela comunitaria -en coordinación con las personas asignadas por la comunidad- con el fin de asegurar que no se afecte la adecuación cultural de la misma.

En cuanto a los derechos fundamentales a la seguridad e integridad personal de los indígenas del Cañón del Río Pepitas, al territorio colectivo y el derecho colectivo a la prevención y atención de desastres, el Tribunal Constitucional estipuló, como medidas estructurales para la seguridad del resguardo y de sus habitantes, el manejo o contención del Río Pepitas y la reconstrucción de los caminos adyacentes al territorio colectivo.
En el plano de adecuación de planes y programas de mitigación del riesgo y atención de desastres, ante la ausencia de un plan de atención de desastres en el municipio de Dagua y de un plan de acción específico para atemperar la situación del 2008, además de la carencia de un componente de atención diferencial para grupos vulnerables (como lo son los grupos indígenas ubicados en zonas de riesgo) en el plan nacional para la atención de desastres, la Corte decretó, por un lado, la adopción inmediata de los planes municipales mencionados señalando como componentes mínimos a integrarlos: evaluación, monitoreo, alerta temprana, transporte y movilización, información y adecuación cultural. Y en lo que atañe al componente étnico/cultural, dictaminó tomar en cuenta los siguientes elementos: (i) garantía de participación para la Comunidad del Río Pepitas en la definición de los planes de manejo del riesgo; (ii) consideración de los factores determinantes para asegurar el respeto por la identidad étnica de la Comunidad del Cañón del Río Pepitas, principalmente, en los sistemas de alerta temprana y de monitoreo de las amenazas; (iii) adecuación cultural de las viviendas o de los lugares de eventual reubicación de la comunidad indígena, teniendo en cuenta que esa medida se considera excepcional y de última alternativa en el caso de las comunidades indígenas, y (iv) protección del territorio colectivo como objetivo central de la política diferencial en manejo de riesgo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-235-11

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