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Última modificación: 2012-08-31
Siempre que la diligencia de desalojo afecte de manera desproporcionada a grupos vulnerables como los grupos étnicos, la protección de los bienes de uso público debe ceder para garantizar sus derechos

Integrantes de 120 familias de las etnias nasa y yanacona desplazadas por la violencia en el Departamento del Cauca se asentaron en un bien baldío en Cali donde construyeron ranchos de bahareque y guadua y decidieron constituirse en Cabildo Indígena. Nueve meses después, la Inspección Urbana de Policía Municipal adelanta un trámite de desalojo que los indígenas consideran que atenta contra su proceso de reconstrucción social.

De acuerdo con los antecedentes del caso, en los peticionarios concurren dos condiciones de vulnerabilidad: ser población desplazada y pertenecer a minorías étnicas, razón por la que resultan aplicables los contenidos normativos relevantes sobre protección a la población desplazada y aquellos que cobijan a las personas y pueblos indígenas, entre los que se destaca el Convenio 169 de la OIT.

En cuanto a lo primero, el Tribunal reiteró que la acción de tutela resultaba procedente para estudiar asuntos en donde la población desplazada se encontraba inmersa en procesos policivos de restitución bienes ocupados irregularmente (en particular, diligencias de desalojo), incluso cuando dichos bienes fueran de propiedad pública. También, que el Estado tenía la obligación de garantizar un albergue en condiciones acordes con la dignidad humana para los afectados con la actuación policiva y, en caso de que ello no hubiese ocurrido aún, tenía el deber de activar el sistema de protección de la población desplazada, asumiendo las obligaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, la ley y el reglamento en cabeza de las distintas autoridades públicas frente a las víctimas del desplazamiento forzado.

Sobre lo segundo ?esto es, la especial afectación que enfrentan los pueblos aborígenes en el marco del desplazamiento, en especial en lo relativo a la defensa de sus territorios- afirmó que, a pesar de que la posesión ancestral de las tierras que habita una comunidad indígena es un elemento importante para la titularidad del derecho al territorio colectivo, cuando la comunidad pierde esa posesión por motivos ajenos a su voluntad (como por definición sucede en caso de desplazamiento forzado), el Estado mantiene la obligación de propender por la recuperación de su territorio; velar porque se haga efectivo el derecho al retorno; y, en caso de que este no sea posible, iniciar los trámites y adoptar las medidas necesarias para que la comunidad obtenga tierras aptas para mantener sus tradiciones y desarrollar su proyecto de vida.

La Corte al analizar la proporcionalidad de la medida de desalojo, concluyó la protección de la población desplazada y de las personas étnicamente diversas ?entre las cuales habían menores de edad, mujeres embarazadas y ancianos- en tanto representa una proyección del principio de igualdad material y del carácter social del Estado de derecho, tiene ?en principio- un peso ligeramente superior frente a la protección de bienes de uso público ordenada por el principio de legalidad.

La cantidad y calidad de las personas afectadas con el desalojo y el deseo del grupo indígena de organizarse como cabildo y reconstruir o preservar un modo de vida ancestral y constitucionalmente protegido, comporta para la Corte una intervención intensa de los intereses de los accionantes; mientras que la afectación al patrimonio público, pese a ser seria, interviene de manera intermedia el interés general, dada la ausencia de un uso socialmente adecuado del inmueble al momento de ser en ocupado por las familias indígenas y la inexistencia de proyectos de desarrollo social sobre el mismo.

Por último, aunque la afectación de los intereses enfrentados es cierta, el Tribunal considera que ?la propia función de albergue dada de hecho al predio, no debería ser despreciada para un bien sobre el cual se notaba plena indiferencia por parte de la Secretaría de Vivienda de Santiago de Cali hasta sus intervenciones ante los jueces de tutela?.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el componente de diversidad, identidad y autonomía indígena debía considerarse para determinar el alcance del amparo, en la medida en que, de una parte, la orden de albergue temporal amenazaría el proceso comunitario de las 120 familias del predio de Alto Nápoles si tuviera como consecuencia la reubicación de cada familia en un lugar diferente y, de otra parte, en el predio ocupado se encontraban personas indígenas que pertenecían a etnias diferentes , la Corte consideró pertinente proferir una orden compleja en razón a que resultaba plausible suponer que no ocupaban un mismo territorio ancestral que pudiera ser identificado y recuperado por el Estado.

Así, determinó que debía notificarse al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior -autoridades plenamente concernidas con la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento- para que, en el ámbito de sus competencias legales y constitucionales, inicien: (i) los trámites de concertación con la naciente comunidad de Alto Nápoles para determinar si es posible identificar su territorio colectivo; y, si resulta procedente, (ii) el proceso de retorno para la comunidad bajo los parámetros normativos constitucionales y los estándares del DIDH.

Pero, en caso de que no resulte posible llevar a cabo esta orden por la difícil situación de orden público del Departamento del Cauca -especialmente en lugares habitados tradicionalmente por pueblos indígenas- y la decisión de la comunidad sea la de asentarse en tierras lejanas a su lugar de origen, el Estado -a través de las instituciones concernidas- deberá iniciar: (iii) los trámites necesarios para que los peticionarios sean incluidos en la política de adjudicación, restitución o recuperación de tierras que actualmente adelanta el Gobierno Nacional, con el fin de cumplir su obligación convencional de entregar tierras de igual o superior calidad y estatus jurídico a las comunidades indígenas afectadas por el desplazamiento forzado.

Entretanto, el Tribunal suspendió el desalojo ordenado por la Inspección Fray Damián contra las familias indígenas alojadas en el predio de Alto Nápoles y, instó a las autoridades municipales accionadas a que preservaran dicho predio como albergue temporal de las 120 familias que actualmente lo ocupan, garantizando que sus condiciones sean acordes con la dignidad humana. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-282-11

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