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Última modificación: 2013-04-24
La consulta previa para la aprobación de acuerdos o tratados internacionales sólo es obligatoria cuando éstos contienen medidas legislativas que afectan de forma directa a las comunidades

La Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la Ley 1411 de 2009 "por medio de la cual se aprueba el acuerdo en materia de informes anuales sobre derechos humanos y libre comercio entre la República de Colombia y Canadá", examinó el derecho fundamental a la consulta previa en el marco de las medidas legislativas y los tratados internacionales.

Para la Corte, las disposiciones de orden legislativo o administrativo que se expidan en desarrollo y aplicación de las medidas legislativas y los tratados internacionales deben surtir la consulta previa obligatoria si alguna de ellas es susceptible de afectar de manera directa a las comunidades étnicas, conforme al análisis que se realice para cada caso concreto. Esta se daría cuando la ley altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios, independientemente de que tal efecto sea positivo o negativo, aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de consulta. No así cuando por su generalidad los efectos de las disposiciones estén dirigidos a la población en general y no a la comunidad en particular.

Para el caso concreto, la Corte consideró que la revisión del texto del tratado permite concluir que las normas prescritas en él se previeron de manera uniforme para la generalidad de los colombianos ya que su objeto es que cada parte, mediante un informe anual y público, dé a conocer a su organismo legislativo nacional ?el efecto de las medidas tomadas en virtud del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá sobre los derechos humanos tanto en los territorios de la República de Colombia como Canadá?, lo cual incluye no sólo las posibles consecuencias respecto de los derechos humanos de las comunidades étnicas sino de la población en general de ambos países.

Por lo anterior, la Corte declara la exequibilidad de las normas revisadas, no sin antes precisar que ?en caso de que algunos de los desarrollos legislativos y reglamentarios del tratado internacional en revisión afecten directamente a las comunidades étnicas, el gobierno deberá adelantar la consulta previa obligatoria de esas medidas legislativas o administrativas? en los términos que han sido delimitados por la jurisprudencia constitucional y que ante el incumplimiento de este requisito se podrá acudir a la acción de tutela o a la de inconstitucionalidad según sea el caso. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-187-11

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