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Última modificación: 2013-05-23
El porte y consumo de estupefacientes no es un problema de salud pública para las comunidades indígenas cuyo control requiera ser objeto de consulta previa

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, grupos diversos de ciudadanos demandaron apartes del Acto Legislativo 2 de 2009 "Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política".

Las demandas plantean que el artículo 1 del Acto Legislativo No. 02 de 2010, al prohibir el porte y consumo de sustancias sicotrópicas, salvo prescripción médica, desconoció el uso y consumo de estas sustancias como parte de las tradiciones de las comunidades indígenas, y por lo tanto impuso una restricción que evidentemente afecta ámbitos propios de estos grupos, en particular la afectación del derecho a la identidad cultural. Se trata entonces de una medida legislativa que afecta directamente las comunidades indígenas, y, por esa razón, era necesario que se realizara la consulta previa.

La Corte encontró que el reproche del demandante y de los intervinientes que lo apoyan se dirigía principalmente contra la oración de apertura del inciso primero del artículo 1° del A.L. N° 02/10, esta es, "[e]l porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica", ya que ?a su juicio- contiene una prohibición absoluta que únicamente admite una excepción: el consumo para fines médicos respaldado por una prescripción de un profesional en salud.

La Corte observó que, en principio, una interpretación textual y aislada del precepto censurado confirmaría la afirmación del demandante y los intervinientes que lo acompañan. Sin embargo, acudiendo a los criterios de interpretación histórico, teleológico y sistemático, concluyó que el precepto debía ser interpretado de una manera diferente, esta es: (i) el acto legislativo solamente proscribe el uso y consumo de sustancias estupefacientes y sicoactivas con el fin de prevenir y atacar la drogadicción como enfermedad y problema de salud pública; y (ii) en todo caso, la prohibición no es aplicable dentro de los territorios indígenas ni a los miembros de las comunidades cuando el porte y consumo está asociado con prácticas ancestrales, pues el artículo 49 superior, sobre el derecho a la salud y en el que se insertó la reforma, no hace parte de los derechos que limitan la autonomía de las comunidades indígenas, en los términos de la jurisprudencia constitucional.

La voluntad del constituyente derivado al aprobar el Acto Legislativo 02 de 2009 fue proscribir el porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicoactivas para evitar y combatir la adicción y el comercio ilícito de dichas sustancias como causa del fenómeno. El Gobierno al presentar el proyecto de acto legislativo y el Congreso al aprobarlo partieron de las siguientes premisas: (i) la drogadicción es una enfermedad; (ii) el consumo creciente de drogas ilícitas y los altos índices de drogadicción mostrados por un reciente estudio del Gobierno Nacional evidencian que la farmacodependencia se ha convertido en un problema de salud pública; (iii) para atacar el problema es necesario prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicoactivas, y acompañar esta prohibición con medidas pedagógicas, profilácticas y terapéuticas que permitan la recuperación del enfermo. Con fundamento en estas premisas, la prohibición en comento se ubicó en el artículo 49 de la Carta sobre el derecho fundamental a la salud.

Como se puede observar, no fue intención ni del Gobierno ni del Congreso limitar los derechos a la identidad cultural o a la libertad religiosa de las comunidades indígenas, sino adoptar medidas para atacar y combatir la drogadicción.

En este orden de ideas, a partir de una interpretación sistemática del Acto Legislativo 02 de 2009 en el contexto del artículo 49 superior, la Corte concluyó que su propósito era desarrollar el deber de los titulares del derecho a la salud de procurar el cuidado integral de su salud y el de la comunidad, precisamente con fundamento en la premisa de que la adicción es una enfermedad y un problema de salud pública. Estas consideraciones confirmaban que el precepto acusado tenia aplicación solamente en el marco de la drogadicción.

Con fundamento en una interpretación histórica, teleológica y sistemática del Acto Legislativo 02 de 2009, la Corte concluyó que las medidas adoptadas no afectaban directamente a las comunidades indígenas y, en consecuencia, no era necesario que les fuera consultado previamente. La conclusión de la Corte sobre la no afectación directa a las comunidades étnicas se basó, entonces, en las siguientes razones:

En primer lugar, la Corte observó con fundamento en los antecedentes legislativos y en la ubicación de la reforma en el texto constitucional, que el Acto Legislativo 02 de 2009 prohíbe el porte y consumo de sustancias estupefacientes ?incluida la hoja de coca- y sicoactivas con el propósito exclusivo de atacar la drogadicción como un problema de salud pública. Por tanto, esta prohibición, desde el punto de vista teleológico y sistemático, no era aplicable a las comunidades indígenas, pues el uso, consumo y cultivo de la hoja de coca en estas comunidades no está asociado a la drogadicción ni conlleva problemas de salud para sus miembros. Para la Corte, el uso, consumo y cultivo de la hoja de coca en las comunidades indígenas hacía parte de sus costumbres ancestrales, es decir, era una práctica protegida por los derechos a la identidad cultural y a la autonomía de los pueblos indígenas y, por tanto, amparada por el principio de respeto y protección de la diversidad étnica y cultural. En consecuencia, afirmar que los indígenas ?son adictos o contribuyen al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes como causa de la drogadicción? sería desconocer el valor cultural de la práctica y constituiría un atentado directo contra sus derechos a la identidad étnica y cultural y a la autonomía. Por estas razones, debía concluirse que el Acto Legislativo no era aplicable a las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas ligadas a la hoja de coca.

En segundo lugar, desde el punto de vista sistemático, el acto legislativo censurado debía leerse en conjunto con los preceptos constitucionales que introducían y desarrollaban el principio de respeto y protección de la diversidad étnica y cultural, así como los derechos de los pueblos indígenas a la integridad étnica y cultural y a la autonomía. Estas últimas disposiciones constitucionales, como ha reconocido la jurisprudencia constitucional, implicaban que las prácticas, costumbres y decisiones autonómicas de las comunidades indígenas solamente podían ser limitadas por valores y principios constitucionales de mayor monta. En este caso, las preocupaciones de salud pública que inspiraron el acto legislativo no eran suficientes para limitar las prácticas culturales de los pueblos indígenas, puesto que (i) el uso de la hoja de coca en las comunidades indígenas no constituía un problema de drogadicción y (ii) tampoco existía evidencia de que contribuyera al tráfico ilícito de la planta como causa del mismo problema a nivel más general.

En este orden de ideas, en tanto la prohibición no era oponible a las comunidades indígenas ni era susceptible de limitar o restringir sus prácticas tradicionales ligadas a la hoja de coca, la Corte concluyó que el Acto legislativo 02 de 2009 no debía serles consultado antes del trámite legislativo respectivo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-882-11

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