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Última modificación: 2006-08-01
Condiciones especiales de las comunidades indígenas en el sistema de seguridad social en salud

El Gobierno objetó por inconstitucionales algunos artículos del proyecto de ley por medio del cual se reglamenta la participación de los pueblos indígenas en el sistema general de seguridad social por considerarlos violatorios del principio de igualdad. De una parte, porque discrimina otros sectores sociales que también se encuentran en precaria situación económica, y, de otra, por cuanto las medidas implican una gran erogación del Estado para la cual no se cuenta con la apropiada disposición de recursos.

Las normas demandadas otorgan a las comunidades indígenas: 1) el acceso de todos los miembros de las comunidades indígenas al sistema subsidiado de salud exceptuando a los trabajadores, servidores públicos y pensionados; 2) la posibilidad de recibir subsidios para las madres indígenas gestantes y los niños menores de cinco (5) años; 3) la facultad concedida al Consejo Nacional de Seguridad Social en salud para fijar el valor de la UPC para los pueblos indígenas, hasta en un cincuenta por ciento por encima del valor normal de la UPC, lo que representa muchos más recursos por número de personas; 4) el establecimiento de planes en salud y urgencias para las comunidades; y 5) La exclusión a los miembros de comunidades indígenas del pago de cuotas moderadoras y copagos, con lo cual se viola además del derecho a la igualdad, el principio de solidaridad. La Corte Constitucional advirtió que el Congreso puede crear regímenes diferenciados para las comunidades indígenas y otras etnias, en virtud del reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural en nuestro país. Sin embargo, deben existir razones suficientes para que se de esta desigualdad de trato, que es lo que ocurre, a criterio de la Corte, respecto de las medidas demandadas en materia de salud.

La exclusión de ciertos grupos de indígenas del régimen contributivo, para acceder al régimen subsidiado se comprende bajo el supuesto de que dentro de esas comunidades funciona un sistema económico ajeno al sistema capitalista, que culturalmente impide la cotización de aportes individuales al sistema de seguridad social. De tal manera que la aplicación del sistema de aportes convertiría al sistema de seguridad social en algo inaccesible para los indígenas. Ahora bien, la medida es coherente al excluir del beneficio a los miembros que por sus condiciones laborales cuenten con capacidad de pago. Estas mismas razones explican que el proyecto de ley de vía libre a la creación de ARS especiales para las comunidades indígenas si se tiene en cuenta que la forma particular en que funciona la mayoría de esas comunidades, requiere que sean ellas mismas las que establezcan el procedimiento de escogencia de la ARS a la que se afiliarán sus miembros, pues son las que mejor conocen sus necesidades en materia de salud. Por último, la posibilidad de conceder subsidios a las madres gestantes y lactantes también es una discriminación positiva aceptada por la Constitución, pues ella va dirigida a garantizar a minorías discriminadas su supervivencia, protegiendo a los miembros más débiles de la comunidad de la malnutrición a la que pueden verse expuestos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-088-01

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