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Última modificación: 2006-08-01
Procedencia no depende del reconocimiento externo en torno a la existencia y validez del orden jurídico tradicional

?La Corte Constitucional consideró que se presenta violación a los derechos fundamentales a la diversidad, la autonomía y el debido proceso de la comunidad indígena Yanacona y a uno de sus integrantes cuando, al resolver un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial indígena, la autoridad judicial competente atribuyó el conocimiento del caso a la jurisdicción ordinaria, incurriendo al hacerlo, en una vía de hecho. Esta vía de hecho se constituyó por incorrecta aplicación de la ley, en tanto que el fallo se sustentó en la aparente ausencia de normas sustantivas y procesales conforme a las cuales la comunidad indígena accionante carecía de normas tradicionales, que definieran como ilícita una conducta, el procedimiento para juzgar a los responsables y las sanciones aplicables al caso: omitiendo el principio de legalidad aplicado a la jurisdicción indígena como análisis de previsibilidad?.

En el sentir de la Corte, ?resulta contraria al principio de la diversidad étnica y cultural, la pretensión de que la procedencia de la jurisdicción indígena dependa del reconocimiento externo en torno a la existencia y validez del orden jurídico tradicional. Establecida la existencia de una comunidad indígena que cuente con autoridades propias que ejerzan su poder en un ámbito territorial determinado, surge directamente de la Constitución el derecho del ejercicio de la jurisdicción. Las prácticas y usos tradicionales constituyen el marco de referencia para el ejercicio de esa facultad, pero su determinación corresponde de manera autónoma a la propia comunidad indígena con la sola limitación según la cual ese sistema normativo tradicional no puede contrariar la Constitución y la ley. Esta última condición sería objeto de una verificación posterior para la garantía de los derechos fundamentales de las personas que pudieran verse afectadas por la acción u omisión de las autoridades indígenas. Por lo anterior, la Corte decide declarar sin valor ni efecto la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y le ordena resolver nuevamente el conflicto de competencias de conformidad con los criterios expuestos en esta sentencia nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-552-03

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