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Última modificación: 2006-08-01
Ausencia de jurisdicción del juez ordinario para pronunciarse sobre asuntos que competen a la jurisdicción indígena

Un miembro de cierta comunidad indígena ubicada en Caldas inició el proceso de sucesión ante la jurisdicción ordinaria, sobre un bien inmueble de uso de su padre pero que se hallaba ubicado en el resguardo indígena al que pertenecían ambos. Al mismo tiempo, el cabildo indígena resolvió adjudicar la posesión de los haberes del causante a otra habitante indígena del resguardo. Pese a contar con la prueba de que la ubicación del inmueble era dentro del territorio del resguardo, el juez ordinario tramitó el proceso y reconoció como sucesor al demandante, efectuando la adjudicación del inmueble. Las autoridades indígenas presentaron una acción de tutela contra la decisión tomada por el juez, al considerar que su jurisdicción había sido usurpada.

?La Corte Constitucional concedió el amparo y estimó que la decisión del juez, al definir un asunto que estaba fuera de su jurisdicción, por pertenecerle éste a la autoridad indígena, había incurrido en una vía de hecho por falta de competencia. La vía de hecho en la que incurrió el juzgado se configura cuando el juez ordinario, al tener elementos de juicio para deducir que no tenía jurisdicción, no declara oficiosamente la nulidad. Es evidente que actuó sin jurisdicción lo cual implicó una serie de afectaciones a los derechos fundamentales, como el debido proceso, el acceso a la justicia, el respeto a la autonomía indígena y dentro de ella a la forma de propiedad comunitaria y al ámbito territorial indígena. La vía de hecho en la que incurrió el juez que tramitó el proceso de sucesión, se concretó en errores tales como: a. Consideró como propiedad del causante lo que era propiedad comunal; b. No podía secuestrar, ni entregar un inmueble que hace parte de un resguardo; c. No podía declarar como heredero a quien según el derecho consuetudinario indígena no lo era, para lo cual invocó normas sobre legitimarios, que no eran aplicables al caso; d. No podía negar el levantamiento del embargo recaído sobre propiedad colectiva; y, e. Negó una nulidad que inclusive ha debido declarar de oficio. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-606-01

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