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Última modificación: 2006-08-01
Obligación de dar curso al conflicto de competencias que promuevan autoridades indígenas

El actor como miembro de la comunidad indígena Chenche-Amayarco fue condenado por el delito de homicidio en la jurisdicción ordinaria, por lo cual presentó acción de tutela y solicitó la protección de su derecho al debido proceso y al respeto de la autonomía y la jurisdicción indígena. De otra parte, la Defensora Regional del Pueblo del Huila interpuso acción de tutela en favor de los derechos de petición y debido proceso de una mujer indígena, quien fue condenada a 64 meses de prisión por tráfico de estupefacientes en la jurisdicción ordinaria, no obstante que la procesada manifestó su calidad de indígena desde el momento de la indagatoria, y que la jurisdicción indígena planteó un conflicto de competencia reclamando el conocimiento del caso, al cual no se le dio el trámite respectivo.

La Corte acumuló la revisión de estos dos casos en la medida que comparten dos problemas fundamentales, a saber: de una parte, el desconocimiento por parte de la justicia nacional del conflicto de competencias con la jurisdicción especial, lo que implicó una violación del debido proceso en el aspecto de las formas propias de cada juicio, y de otra parte, la mencionada omisión acompañada de sentencia condenatoria podría constituir una violación al debido proceso en lo que respecta al juez natural y a la autonomía de la jurisdicción especial indígena, en el caso que la solución del conflicto de competencias lleve a concluir que los indígenas sí tenían derecho al fuero especial.

En consideración al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los indígenas, la Corte analizó la concurrencia de los criterios personal y territorial para la determinación del derecho de los indígenas a ser juzgados por su jurisdicción especial, en la medida que estos dos elementos hayan contribuido a que, por su diferente concepción valorativa, no comprendieran la ilicitud de la conducta por la cual se les condenó. En el caso del primer actor, la Corte encontró que como miembro de la comunidad al igual que la víctima de su delito, y que el hecho ocurrió dentro del territorio comunitario, tenía derecho al fuero. En consecuencia, se tuteló el derecho al debido proceso en sus diferentes aspectos, tanto del individuo como de la comunidad, se revocó la sentencia penal condenatoria y se ordenó el traslado del expediente a la justicia especial indígena. En el segundo caso, si bien se encontró probado el criterio personal, no ocurrió así con el territorial y el juez constitucional concluyó que, por la forma de comisión del ilícito y las pruebas obrantes en el expediente, la indígena conocía la ilicitud de su conducta. Por lo tanto, se negó la tutela y se confirmó la sentencia penal nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-728-02

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