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Última modificación: 2007-07-24
Obligación de remitir procesos penales a autoridades indígenas surge con la manifestación de voluntad de éstas de asumirlos

Un ciudadano indígena del pueblo Cofán, recluido en una Penitenciaría Nacional presentó acción de tutela contra un Juzgado Promiscuo del Circuito por presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa técnica. Alegó que el juzgado había incurrido en vía de hecho al no declarar la nulidad de lo actuado en el proceso penal que se le seguía, por falta de competencia, y no haber remitido las diligencias a las autoridades del pueblo Cofán para que éstas adelantaran su juzgamiento a través de la Jurisdicción Especial Indígena. Esta petición fue apoyada por cuatro indígenas que se presentaron, uno como el cacique de la Comunidad Cofán y los otros tres como autoridades tradicionales, para que se remitieran las diligencias penales al consejo de Ancianos, Casa Indígena del Pueblo Cofán en la Hormiga, Putumayo, con el fin de que el actor fuera juzgado de acuerdo con sus usos y costumbres.

En el proceso de tutela se estableció que el actor había sido condenado en marzo de 1998 a diez años de prisión por el delito de homicidio, por un hecho que había acaecido en febrero de 1983, antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991 y del reconocimiento de la jurisdicción especial indígena. También se estableció que el cierre de investigación y la resolución de acusación sólo se habían producido en el año de 1995, y que como éstas no habían podido ser notificadas al sindicado o a su defensor pues se desconocían sus lugares de residencia, el proceso había continuado con un defensor de oficio. Por eso, el actor sólo se había enterado de la existencia de esas providencias en el año 2002, cuando le fue notificada la sentencia condenatoria y se lo recluyó en la penitenciaría para que cumpliera la condena.

Al conocer el caso, la Corte Constitucional se preguntó si ?constituía vía de hecho violatoria de los derechos fundamentales de una persona, que el juez en un proceso penal, si tuviere indicios que permitieran suponer que se trata de juzgar a un indígena, omitiera adelantar oficiosamente las diligencias probatorias necesarias para establecer si habría lugar a aplicar el fuero indígena y en caso de encontrarlo así, remitir el proceso a las autoridades tradicionales?. La Corte estimó que la respuesta a éste interrogante es, en principio, negativa, ?por cuanto el fuero sólo se materializa cuando la autoridad indígena exterioriza su voluntad de asumir el conocimiento de una determinada causa?. Así, si en un proceso penal el sindicado considera que está amparado por el fuero especial indígena, debe dirigirse a la autoridad tradicional que en su criterio es competente, para que ella presente la solicitud al juez del conocimiento.

Dos consideraciones tiene en cuenta la Corte para llegar a esta conclusión: Por una parte ?dice-, el juez ordinario tiene jurisdicción de acuerdo con la ley y no puede renunciar a ella a partir de consideraciones sobre elementos objetivos que podrían, solo eventualmente, dar lugar a un fuero especial, y por otra parte, ese fuero especial solamente surge cuando (i) existe una autoridad indígena con capacidad de ejercer la jurisdicción de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad y (ii) esa autoridad manifiesta su decisión de asumir el conocimiento de los hechos.

La Corte precisa que el artículo 246 de la Constitución faculta a las autoridades de los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, y por consiguiente, no es posible, en principio, imponerles dicho ejercicio. Ello debido a que dentro del proceso de integración cultural que se había promovido en el pasado, era usual que en ciertas comunidades, cuyas autoridades tradicionales ejercían control social en relación con faltas menores, el conocimiento de ofensas mayores, tales como el homicidio, se dejase a las autoridades nacionales. En una hipótesis tal ?señala-, es posible que las autoridades tradicionales no tengan la capacidad para asumir el conocimiento de esas ofensas, que no existan precedentes en la comunidad sobre el particular y que no estén en condiciones de hacer efectiva una sanción a los infractores. El reconocimiento de la jurisdicción especial indígena en 1991 ha dado lugar a un proceso progresivo a partir del cual las comunidades indígenas pueden iniciar un camino orientado a recuperar su identidad y a reafirmar su autonomía, y en ese proceso complejo e integral, la decisión de ejercer la jurisdicción obedece a una opción de la comunidad, expresada a través de sus autoridades cuando quiera que se estime que están dados los presupuestos para ello.

En síntesis, dice la Corte, ?para que proceda la jurisdicción indígena se requiere que la conducta que pretende someterse a su conocimiento pueda ser reconducida a un ámbito cultural, en razón de la calidad de los sujetos activos y pasivos, del territorio en donde tuvo ocurrencia, y de la existencia en el mismo de una autoridad tradicional con vocación para ejercer la jurisdicción de acuerdo con las normas y procedimientos de la comunidad?.

No obstante lo anterior, la Corte consideró que en el caso concreto objeto de estudio, la autoridad accionada si había incurrido en una vía de hecho al no darle la oportunidad a las autoridades indígenas del Pueblo Cofán de asumir el conocimiento de los hechos. Esto, por las particulares circunstancias del caso, dado que los hechos habían ocurrido en una época en la cual no se les reconocía ese derecho, lo que les impedía hacer ese tipo de manifestación, y porque además el proceso había permanecido inactivo durante mucho tiempo y se había reactivado muchos años después ?cerca de 14 años-, período en el cual no era razonable exigirles que estuvieran al tanto de la existencia y desarrollo del proceso. Por esa razón, y atendiendo la manifestación hecha por las autoridades indígenas en el proceso de tutela y el análisis de la misma Corte sobre la existencia de las condiciones para reconocer ese fuero, la Corporación concedió la tutela, dejó sin efecto la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada, otorgó la libertad al actor y ordenó ponerlo a disposición de las autoridades indígenas con el anexo que contiene la causa para que ellas lo juzguen de acuerdo con sus usos y costumbres. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1238-04

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