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Última modificación: 2007-07-24
Autoridades indígenas deben respetar los principios de legalidad, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad de las penas

Un comunero del Resguardo Indígena de Quizgo (Sivia, Cauca) presentó acción de tutela contra las autoridades del Cabildo, alegando la violación a sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al principio de non bis idem, pues se le había condenado por un homicidio que él no había cometido, y se lo había sentenciado dos veces por el mismo hecho, la primera vez a pena de expulsión del resguardo por el término de un año y la segunda, por la Asamblea General del Cabildo, a cinco años de reclusión y dos de trabajo comunitario.

En el proceso se estableció que la Asamblea General del Cabildo había considerado al actor responsable del homicidio, porque éste había tenido un altercado con otro indígena en el lugar donde ocurrieron los hechos, altercado que a juicio de ellos había dado lugar a que un tercer indígena le causara heridas con arma corto punzante al fallecido. También se estableció, que la pena que se le había impuesto por la Asamblea General obedecía, además, al reproche de la comunidad a la decisión del autor de acudir a la acción de hábeas corpus para obtener su libertad, desconociendo los usos y costumbres del pueblo indígena. De igual forma, se hizo evidente que la pena que se le había impuesto al actor era superior a la señalada para el autor material de homicidio.

La Corte Constitucional consideró que en este caso no se había vulnerado el principio de non bis in idem porque la primera condena que había producido el cabildo nunca había sido aprobada, debido a que ellos no eran competentes para conocer de ese juzgamiento. Por eso el caso había pasado a la Asamblea General del Cabildo, donde se había tomado la segunda decisión y única considerada como válida.

Sin embargo, la Corte si estimó que se le había vulnerado al actor el derecho al debido proceso y el principio de culpabilidad previstos en el artículo 29 Superior, pues era indudable que a éste se le había impuesto una pena por un acto que no había cometido, pues si bien, junto a otro comunero había alterado el orden público el día de los hechos, no por ello era responsable de la muerte.

La Corte indicó que ?como consecuencia del reconocimiento de la dignidad humana, la Constitución Política proscribe la responsabilidad penal objetiva y prevé un derecho penal de acto y no de autor. Al respecto, el artículo 29 superior establece que ?no puede haber delito sin conducta?, al señalar que ?nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa? y que ?toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable? (?).

Recordó que la Constitución ?excluye la responsabilidad penal objetiva, y exige que la persona haya actuado con culpabilidad. Esto significa que la Carta ha constitucionalizado un derecho penal culpabilista, en donde la exigencia de culpabilidad limita el poder punitivo del Estado, pues sólo puede sancionarse penalmente a quien haya actuado culpablemente. Por consiguiente, para que pueda imponerse una pena a una persona, es necesario que se le pueda realizar el correspondiente juicio de reproche, por no haber cumplido con la norma penal cuando las necesidades de prevención le imponían el deber de comportarse de conformidad con el ordenamiento, en las circunstancias en que se encontraba?. Por lo tanto, ?sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente?.

En el presente caso, dice la Corte, no fue el accionante el causante de la muerte que se le imputa; dicho resultado no hizo parte de la exteriorización de su conducta, de lo efectivamente realizado por él. Por lo tanto, la pena impuesta por la Asamblea General y la Comisión de Exgobernadores de Quizgó resulta a todas luces violatoria del derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual rige para todo tipo de actuaciones judiciales, incluidas las que adelanten las autoridades de los pueblos indígenas en ejercicio de la jurisdicción especial que les reconoce la Carta Política.

La Corte advierte, sin embargo, que si a la luz de los usos y costumbres de la comunidad indígena la riña en lugar público es objeto de sanción, las autoridades indígenas puede investigar y sancionar al actor por ese comportamiento. Pero en tal caso, la sanción que se le imponga deberá respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las penas, así como el criterio de previsibilidad de las actuaciones de las autoridades.

La Corte recuerda que en materia penal, el principio de legalidad se traduce como de predecibilidad. Y explica que ?en principio, ello remite a la existencia de precedentes que permitan establecer, dentro de ciertos márgenes, qué conductas se consideran ilícitas, cuáles son los procedimientos para el juzgamiento, y cuál el tipo y el rango de las sanciones. Sin embargo, esa predecibilidad, que podríamos llamar específica, puede dar paso, en ciertos casos, a una predecibilidad genérica, en razón de la situación de transición que comporta el reciente reconocimiento de la autonomía de las comunidades indígenas y el proceso de reafirmación de su identidad cultural que se produjo a raíz de la Constitución de 1991. De este modo la previsibilidad estaría referida a la ilicitud genérica de la conducta, la existencia de autoridades tradicionales establecidas y con capacidad de control social, un procedimiento interno para la solución de los conflictos y un concepto genérico del contenido de reproche comunitario aplicable a la conducta y de las penas que le puedan ser atribuidas, todo lo cual debe valorarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad?.

Agrega que para el caso concreto, ?una garantía del principio de legalidad estaría, desde el punto de vista orgánico, en el juzgamiento por autoridad previamente constituida; desde la perspectiva procesal, conforme a prácticas tradicionales que garanticen el derecho de defensa, y desde la sustantiva, por la ilicitud de la conducta de acuerdo con criterios tradicionales generalmente aceptados?. ?. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-811-04

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