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Última modificación: 2006-08-01
Competencias en materia de ordenamiento territorial deben atribuirse mediante ley orgánica

Se presentó demanda de inconstitucionalidad del artículo 7, numeral 2, parcial, de la Ley 388 de 1997 que distribuye competencias en materia de ordenamiento territorial. Consideró el demandante que se conculcan valores y principios constitucionales porque no se debe involucrar a los pueblos indígenas en un proceso de ordenamiento territorial y urbano, bajo las directrices de los departamentos, sin que previamente se encuentren conformadas y definidas sus entidades territoriales, a través de una ley orgánica que establezca las competencias entre las comunidades indígenas y las demás entidades territoriales.

La Corte declaró inexequible la norma acusada por cuanto la Ley 388 de 1997 desconoció la reserva de ley orgánica consagrada en la Constitución (C.P. art. 288). La inconstitucionalidad de la disposición demandada derivó de la violación directa de la citada norma constitucional porque la Ley 388 de 1997 no se presentó como ley orgánica de ordenamiento territorial. Se ha advertido, a propósito de las leyes orgánicas, que, junto a los requisitos de un quórum cualificado y de una materia específica, debe concurrir también el propósito legislativo explícito de proponer y tramitar una ley de ese tipo. Además, el tema territorial y la distribución de competencias para su ordenación y desarrollo, afecta en grado superlativo a las comunidades indígenas cuyas culturas y cosmovisiones plantean un profundo e inescindible arraigo con la tierra?.

?La ley orgánica de ordenamiento territorial, debe ocuparse de las comunidades indígenas asentadas dentro de los límites de las entidades territoriales existentes o de las que en el futuro se erijan. La respuesta estatal a estas necesidades y problemas debe surgir de un procedimiento legislativo que ha de surtirse conforme a las reglas previstas en la Constitución para la adopción de leyes orgánicas. Cuando está en juego la autonomía y la forma histórica de vida y de organización de personas y grupos - como ocurre con las comunidades indígenas y otros colectivos -, se percibe con mayor nitidez que las competencias vinculadas a la función de ordenación y desarrollo del territorio, tienen una relevancia tan significativas que su debate y posterior definición deben ostentar el rango y atención asociados a las leyes orgánicas. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-795-00

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