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Última modificación: 2006-08-01
Derecho de las comunidades negras de la cuenca del pacífico a ser consultadas por las autoridades en los procesos de toma de decisiones que los afecten

La Corte Constitucional al estudiar una acción de tutela instaurada por afrocolombianos miembros de la Junta Directiva de la Cuenca del Río Cacarica, quienes buscaban la suspensión transitoria de los actos administrativos que autorizaron a Maderas del Darién S.A. la explotación forestal de sus territorios colectivos, precisó el derecho que tienen estas comunidades a ser tenidas como ?Pueblos?, atendiendo las condiciones sociales, culturales y económicas que las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, además de que se rigen por sus costumbres y tradiciones y cuentan con una legislación propia. Para la Corte es claro que los pueblos que han venido ocupando las zonas ribereñas de las cuencas del Pacífico tienen derecho a la delimitación de su territorio, y que esta comporta el derecho de las comunidades negras a utilizar, conservar y administrar sus recursos naturales, no sólo porque las previsiones del Convenio 169 de la OIT así lo indican, sino porque el artículo 55 transitorio de la Carta reconoce en estos pueblos, de antemano, la conciencia de identidad tribal, criterio fundamental, aunque no único, para que opere dicho reconocimiento en los términos del artículo primero del instrumento internacional y los artículos 1 y 4 de la Ley 70 de 1993.

La Corte señala que el derecho de las comunidades negras a la propiedad colectiva de sus territorios comprende la facultad de usar, gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad y de acuerdo con ciertas limitaciones legales. Precisa que las autoridades de la República, en especial las ambientales, están en el deber de apoyar a las comunidades negras en las acciones que emprendan para impedir el uso de la tierra y la explotación de sus recursos naturales por personas ajenas y para sancionar a quienes se aprovechen de los productos de los suelos y bosques de sus territorios colectivos.

La Corte reiteró la obligatoriedad de la consulta previa, en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos que puedan afectar a los pueblos indígenas y tribales, por aplicación de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, que forman parte del bloque de constitucionalidad conforme a lo dispuestos en los artículos 93 y 94 de la Carta Política, y del artículo 330 ibídem que se aplica también a las relaciones de los pueblos tribales. La Corte ordena al Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó ?CODECHOCO- dentro de sus competencias, que dispongan lo necesario y consulten de manera efectiva y eficiente a las comunidades negras que han venido ocupando las zonas ribereñas de la cuenca del río Cacarica, inicialmente: i) sobre el procedimiento que dichas entidades utilizaran para adelantar una consulta definitiva y ii) posteriormente, sobre la reglamentación, asesoría y acompañamiento y capacitación que deberá regir la explotación forestal de sus bosques colectivos, a fin de asegurar el afianzamiento de la identidad cultural, propiciar un avance en su proceso comunitario y asegurar el beneficio de las comunidades negras en todos los campos. Tales autoridades deberán también someter a consideración de los representantes de las comunidades negras de la cuenca del río Cacarica, de las organizaciones de base de estas comunidades y de los accionantes, además del procedimiento, los términos y los lugares en donde se adelantarán las consultas, atendiendo las condiciones de orden público de la región. Hasta tanto se adelanten los procesos de consulta respectivos y se expida una reglamentación legal para la explotación forestal de dichos territorios, la Corte ordena a Maderas del Darién S.A. suspender la explotación forestal en dichos territorios. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-955-03

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