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Última modificación: 2013-09-12
La constitución de un resguardo hace ineficaces los actos que autorizaron la creación de juntas de acción comunal en su territorio

El ciudadano demandante interpuso acción de tutela en su calidad de Gobernador y representante del resguardo Triunfo Cristal Paez, de la etnia NASA, por una presunta vulneración del derecho a la consulta previa, a la identidad cultural, a la autonomía y al debido proceso de las comunidades que componen el mencionado resguardo por parte de la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Departamento y del señor G.R., quien junto con otros miembros de la comunidad indígena se separó de la comunidad debido a las diferencias con las políticas y autoridades del Resguardo y procedió a reactivar la personería de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juanito, corregimiento de la Diana, la cual funciona dentro del territorio reconocido, desde 1995, como parte del Resguardo que representa el accionante.

Ante esta situación el gobernador del Resguardo presentó acción de tutela, argumentando que reconocer efectos jurídicos a una junta de acción comunal que funcionará en el territorio de un resguardo indígena es una vulneración a la autonomía que debe garantizarse a la comunidad indígena para la gestión de sus intereses al interior del Resguardo, así como al derecho de consulta previa. Igualmente, que dicha separación tiene como causa la conversión de algunos miembros de la comunidad a una religión que no corresponde a la tradicional de la comunidad y que, por consiguiente, es su deber como autoridad el proteger la identidad y cultura tradicionales de la comunidad NASA, por lo que pide se deje sin efectos los actos administrativos que reconocen la existencia de la organización comunal.

La Corte empezó señalando que el territorio de una comunidad indígena hace parte de las manifestaciones culturales garantizadas a la misma por el ordenamiento constitucional, así como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que, en cuanto organismo con jurisdicción reconocida por el Estado colombiano, se constituye en criterio de interpretación vinculante de los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional.

A renglón seguido, señaló que las juntas de acción comunal son uno entre varios tipos de organizaciones previstos para promover el desarrollo comunitario por parte de la ley 743 de 2002 y, en esa medida, resultan concreción del derecho fundamental de asociación que tienen las personas para la gestión de sus intereses. Dicho cuerpo normativo las define como organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integradas voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa -ley 743 de 2002, Art. 8°, literal a-, que desarrollarán sus actividades dentro de un territorio delimitado, según las orientaciones que fija la misma normativa -ley 743 de 2002, Art. 12-; y, de acuerdo con el literal a) del artículo 16 del mencionado cuerpo normativo, "[l]a junta de acción comunal estará constituida por personas naturales mayores de 14 años que residan dentro de su territorio".

Es el artículo 12, literal d), de la misma Ley 743 de 2002 el que prevé una restricción a la creación de estas formas de asociación comunal, al establecer que en cada caserío o vereda sólo podrá constituirse una junta de acción comunal, aunque esta regla podrá excepcionarse si la extensión del territorio así lo aconsejare.

Siendo esta la situación, encontró la Corte que la resolución 3915 de 1977, que crea y reconoce personería jurídica a la junta de acción comunal objeto de controversia; y la resolución 504 de 2009, proferida por la Secretaría Jurídica de la Gobernación Departamental, por medio de la cual se aprobó la reforma de estatutos y la inscripción de dignatarios de la entidad denominada Junta de Acción Comunal de la Vereda San Juanito, aunque concreten el derecho fundamental de asociación que tiene toda persona para la gestión de sus intereses en sociedad ?artículo 38 de la Constitución-, vulneran la autonomía para la administración de su territorio reconocida a la comunidad indígena del Resguardo Triunfo Cristal Paez. Dicha autonomía, que debe entenderse como un derecho fundamental de la comunidad indígena, se concreta, entre otras manifestaciones, en la posibilidad de determinar las formas de organización y gestión de desarrollo por parte de la comunidad indígena dentro de su territorio. Por consiguiente, el hecho de que la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Departamento haya determinado que, luego de constituido el Resguardo en el mismo territorio en que actualmente funciona la junta de acción comunal, se podía mantener la personería jurídica de la junta de San Juanito, implicó un desconocimiento de las posibilidades de determinar la organización social y política que tienen las autoridades tradicionales al interior del territorio del Resguardo, en ejercicio de un derecho fundamental, que resulta concreción del principio de diversidad étnica y cultural, el cual, en este caso, resulta de mayor valía que el derecho de asociación ejercido en la conformación de juntas de acción comunal.

En consecuencia, por tratarse de la concreción de un principio fundamental de carácter constitucional, como es el de diversidad étnica y cultural, así como del desarrollo de los artículos 329 y 330 de la Constitución, la constitución del Resguardo hizo ineficaces los actos que, dieciocho años atrás en ejercicio del derecho fundamental de asociación, habían creado la junta de acción comunal de San Juanito.

En ese sentido, la Corte resolvió dejar sin efectos los actos administrativos por medio de los cuales se reconoció la existencia de la junta de acción comunal de San Juanito, así como aquellos en los que se registró la modificación de los estatutos y la elección de dignatarios para la mencionada Junta, por cuanto los mismos no fueron fruto de un proceso en que se diera participación a la comunidad del resguardo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-513-12

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