› Observatorio de Justicia Constitucional
» Grupos Étnicos
Tabla de Contenidos
  • Mostrando únicamente sección 2
2. Protección a las comunidades indígenas

· Derechos fundamentales de los pueblos indígenas en su condición de sujetos colectivos

Las comunidades indígenas, como tales, son sujeto de derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha precisado que los derechos de las comunidades indígenas no deben ser confundidos con los derechos colectivos de otros grupos humanos. ?Ciertamente, cada comunidad indígena es un verdadero sujeto colectivo y no una sumatoria de individuos particulares que comparten una serie de derechos o intereses difusos (C.P., artículo 88)?. Con base en la anterior doctrina, la Corte ha señalado que los derechos fundamentales de los cuales son titulares las comunidades indígenas son, básicamente, el derecho a la subsistencia, derivado de la protección constitucional a la vida (C.P., artículo 11); el derecho a la integridad étnica, cultural y social, el cual se desprende no sólo de la protección a la diversidad y del carácter pluralista de la Nación (C.P., artículos 1° y 7°) sino, también, de la prohibición de toda forma de desaparición forzada (C.P., artículo 12); el derecho a la propiedad colectiva (C.P., artículos 58, 63 y 329); y, el derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en sus territorios. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-510-98. Ver T-380-93, T-001-94, entre otras.
2.1. Derechos fundamentales y derechos culturales especiales

2.1.1. Protección a la comunidad indígena respecto de actos que atentan contra su identidad cultural

?La Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales de la comunidad indígena "Nukak-Maku" a la libertad, libre desarrollo de la personalidad y libertades de conciencia y de cultos, y principalmente de sus derechos culturales que, como etnia con características singulares, tienen el carácter de fundamentales en cuanto constituyen el soporte de su cohesión como grupo social, cuando se ven abocados a la invasión progresiva de su territorio por colonos de la región, que ha determinado la destrucción constante de su ambiente natural; el contacto directo, a veces inocente y en otras ocasiones con fines dolosos e ilícitos, de dichos colonos con miembros de la comunidad y, la aparición de enfermedades, al parecer adquiridas por el contacto con extraños, que amenazan su supervivencia?.

?Cualquier acción de las autoridades públicas o de los particulares que impliquen violación o amenaza de la diversidad étnica y cultural de la comunidad "Nukak-Maku", puede configurar la trasgresión o amenaza de vulneración de otros derechos que son fundamentales, como la igualdad, la libertad, la autonomía para el desarrollo de la personalidad, la salud y la educación. La aplicación de métodos, medicamentos o tratamientos excepcionales o extraños a los que tradicionalmente son aceptados por una determinada comunidad indígena, no atentan, en principio, contra la diversidad étnica, religiosa y cultural que se les reconoce y es objeto de protección estatal, porque sus características congénitas y socio culturales continúan incólumes.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-342-94
2.1.2. Identidad cultural: uso de la lengua nativa

· Deber de los maestros de hablar también la lengua local

?La Corte Constitucional al declarar exequible el inciso del artículo 43 de la Ley 47 de 1993, señaló que en las regiones del país que cuentan con una identidad lingüística propia, reconocida como oficial, se desarrollan los fines del Estado - proteger la riqueza cultural - cuando se exige al maestro que no ignore el uso de la lengua local. Ello no le impide establecer autónomamente los contenidos de su cátedra. Por el contrario, garantiza que su misión educadora sea eficaz y cumpla su propósito. La caracterización de Colombia como una comunidad multicultural impone al sistema educativo el deber de garantizar la continuidad y la identidad de las manifestaciones culturales propias. Nada más lejano a este objetivo que excusar al educador de comprender el lenguaje propio de la comunidad?.

?Por otra parte, la negativa del Estado de fomentar, en el medio educativo, el uso de la lengua nativa oficial, supondría una violación a la igualdad, al discriminar, sin razón admisible, entre expresiones lingüísticas legítimas. El castellano, en su condición de lengua mayoritaria, tiene la función de cohesionar a los colombianos. Es decir, es símbolo de unidad nacional, no de su homogeneidad. En definitiva, la generación de un marco democrático y de un ambiente de libre competencia y convivencia de las ideas, exige un profundo respeto por las manifestaciones lingüísticas de cada comunidad. En esta tarea, se repite, el educador juega un papel preponderante. El conocimiento de la lengua nativa oficial es muestra de debida consideración y respeto hacia dicha comunidad, factor decisivo para generar una cultura de paz en Colombia.?* nota 1

· Conferencias radiales de tipo político en lengua nativa

?Un ciudadano instauró acción de tutela contra el Secretario de Gobierno del departamento del Guainía quien expidió una circular dirigida a los corregidores, inspectores departamentales y radio-operadores de equipos de radio de la Gobernación del Guainía, en torno a la prohibición de conferencias radiales de carácter político en un idioma diferente al castellano. La Corte Constitucional señaló que se vulnera el derecho a la igualdad de los indígenas y se provoca la incomunicación entre grupos y personas indígenas cuando se les prohíbe la utilización de su lengua nativa para la difusión de mensajes por los medios masivos de comunicación, ya que la lengua nativa (curripaco para el caso) también es oficial en sus territorios (el departamento del Guainía para el caso).?* nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-053-99
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-384-94
2.1.3. Protección a prácticas y conocimientos tradicionales de las culturas minoritarias

?La Corte Constitucional resolvió declarar la exequibilidad del "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales - UPOV - del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978", y la Ley 243 de 1995 que lo aprobó. Entiende la Corte que, en el proceso de explotación sustentable de los recursos naturales que llevan a cabo las comunidades indígenas, negras y campesinas, pueden llegar a presentarse modificaciones de las especies vegetales con las que se relacionan estos grupos o, incluso, puede haber lugar a la aparición de especies nuevas que se adaptan a las necesidades particulares de la comunidad que las explota. De este modo, las prácticas y conocimientos tradicionales de las culturas minoritarias son fuente de obtenciones vegetales, que deben ser protegidas a través de los mecanismos de propiedad intelectual que surjan como desarrollo del artículo 61 de la Carta, con particular atención al mandato constitucional que exige del Estado y de la sociedad una especial protección a las minorías étnicas y campesinas, y al imperativo deber de resguardar y preservar la diversidad cultural y biológica de la Nación?.

?La forma de interacción de las comunidades étnicas con los recursos naturales implica que, en ocasiones, no sea admisible la idea de una apropiación individual, comercial y excluyente de las variedades vegetales obtenidas a través de la gestión cultural. Incluso, el reconocimiento de formas tradicionales ´occidentales´ de propiedad - que suelen traducirse en el otorgamiento de un derecho de uso individual y exclusivo -, sobre las especies vegetales que los grupos étnicos explotan a través de métodos tradicionales de producción, podría conducir a las consecuencias negativas que se ponen de presente en los conceptos de los dos antropólogos consultados (desintegración cultural, desnutrición, hambrunas, insatisfacción de las necesidades médicas y de salud, y en general la amenaza a la supervivencia de la etnia). El Convenio bajo estudio reconoce, dentro de los lineamientos generales establecidos, la potestad del Estado colombiano para regular el régimen de propiedad intelectual en materia de obtenciones vegetales.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-262-96
2.1.4. Creación del fondo para el desarrollo de pueblos indígenas

?La Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992, y de su ley aprobatoria No. 145 del 13 de julio de 1994, sostuvo que esta se encontraba enmarcada por el objeto que se persigue con la creación del Fondo Indígena, cual es: dotar a los pueblos indígenas de los instrumentos y condiciones para que puedan lograr su propio desarrollo, con el respeto de su cultura, etnia y sus instituciones sociales, económicas y políticas.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-104-95
2.1.5. Derecho a la igualdad de las comunidades indígenas respecto a las consecuencias de la diversidad étnica en el proceso penal. medidas de seguridad a miembros de grupos étnicos.

Los artículos 33 (parcial), 69 (parcial) y 73 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal, que define como inimputable a quien no pueda comprender la ilicitud por su diversidad sociocultural y determinan como medida de aseguramiento la reintegración al medio cultural propio, fueron demandados por acción pública de inconstitucionalidad por considerar que dichas normas suponen la competencia de la justicia nacional sobre los procesos penales contra indígenas, en desconocimiento de su derecho a la jurisdicción especial indígena. Asimismo, las normas demandadas consideran inimputable a la persona indígena por el hecho de poseer una cosmovisión diferente, siendo por ello discriminatoria y desconocedora de la diversidad cultural.

La Corte consideró que la diversidad sociocultural como causa de inimputabilidad en cuanto implique el desconocimiento de la ilicitud del hecho, es violatoria de la igualdad y del principio constitucional de protección a la diversidad étnica. Lo primero, por cuanto la consecuencia de la inimputabilidad implica una medida de aseguramiento, mientras que si el desconocimiento de la ilicitud del hecho se trata como una causal de inculpabilidad la consecuencia es la absolución. Lo segundo, por cuanto el tratamiento de la diversidad como inimputabilidad asociada a trastornos psiquiátricos (afecciones en la salud mental) implica un trato peyorativo. Sin embargo, considerando que no existe típicamente la figura de inculpabilidad por diversidad cultural, y aún existiendo sólo operaría para hechos imprevisibles, la Corte señaló que la medida demandada sería constitucional solo en cuanto no origine medida de aseguramiento y no le sea atribuida connotación de inferioridad sino de diversidad. Por esa razón, se declaró exequible la norma sobre inimputabilidad e inexequibles todas las concernientes a la medida de aseguramiento nota 1.

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 470 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) que se ocupa de las medidas de seguridad para indígenas. La norma acusada indica que corresponde a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad disponer lo necesario para la ejecución de las medidas de seguridad aplicables a los inimputables por diversidad sociocultural, en coordinación con la máxima autoridad indígena de la comunidad respectiva?. La demandante considera que la norma vulnera los artículos 1 y 70 de la Carta Política, pues parte de la existencia de inimputables por diversidad sociocultural, en contravía del principio que ampara la pluriculturalidad y lo establecido en la sentencia C-370 de 2002.

Con relación a la expresión ?diversidad sociocultural?, la Corte la declaró exequible bajo los siguientes dos entendidos: i) que, la inimputabilidad no se deriva de una incapacidad sino de una cosmovisión diferente, y ii) que en casos de error invencible de prohibición proveniente de esa diversidad cultural, la persona debe ser absuelta y no declarada inimputable, conforme a lo señalado en la decisión. Invocando la sentencia C-370/02, la Corte reiteró que la figura de la inimputabilidad por diversidad cultural es exequible, siempre y cuando se entienda que la declaración de inimputabilidad y la eventual medida de seguridad no tienen un carácter sancionatorio, ni de cura o rehabilitación sino exclusivamente de tutela o protección, pues la diversidad cultural no puede ser criminalizada, ni el Estado puede pretender ?curar? de ella a los miembros de los distintos grupos culturales que conviven en el país. Decir que se aplicará una medida de seguridad al indígena que en razón de su diferencia cultural no comprende el carácter perjudicial de su conducta, es desconocer que el indígena es un ser normal que no está afectado por ninguna insuficiencia síquica, que requiera ser "curada o rehabilitada".

La Corte determinó que el artículo 470 alude a la ejecución de unas medidas de seguridad para los indígenas, que no existen en el actual ordenamiento jurídico penal colombiano por cuanto la reintegración al medio cultural propio fue declarada inexequible por la Corte en sentencia C-370 de 2002, con lo cual, se estaría desconociendo el principio de legalidad de la pena. Señaló que se trata de un caso de responsabilidad penal sin medida de seguridad aplicable por cuanto no existen aquellas destinadas a los indígenas y precisó que, en el futuro, aquellas que adopte el legislador deberán ajustarse a los condicionamientos señalados por la jurisprudencia constitucional.

La Corte declaró exequible el artículo 470 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, en el entendido de que esta norma será aplicable cuando el legislador establezca la medida, respetando lo establecido en sentencia C- 370 de 2002. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-591-05
2.1.6. Vulneración de los derechos a la honra, el buen nombre e igualdad del menor indígena desplazado

De acuerdo con la Corte Constitucional, se violan los derechos al buen nombre y a la honra y por tanto se incurre en discriminación, cuando un profesor trata mal a un menor indígena desplazado, denigra de su condición y lo compara con prostitutas y delincuentes. En este caso, la Corte no dicta ninguna orden debido a que el menor indígena se retiró del colegio nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-856-03
2.1.7. Vulneración de los derechos a la igualdad y libre escogencia de profesión u oficio de indígena con rotacismo rechazado por la escuela nacional de policía

El accionante pertenece a la comunidad indígena Wayuu. Por esa condición se presentó a un proceso de admisión a la Escuela Nacional de Policía ?sede Barranquilla-, con el objeto de que le fuera adjudicada una de las becas otorgadas a los aspirantes indígenas. La institución universitaria lo declaró ?no apto? para ingresar porque padece rotacismo, que es una dificultad para pronunciar la ?rr? y, además, porque al hacerle el estudio de seguridad, encontró que era sobrino de un ciudadano que presuntamente cometía actos delictivos. Señala el peticionario que tal actuación violó sus derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.

La Corte manifestó que si bien, tanto la disposición normativa que prescribe las condiciones de acceso a la institución, como el artículo que establece entre las causales de no aptitud algunas condiciones o defectos que impiden que el individuo realice satisfactoriamente sus funciones en la vida militar o policial, no vulneraban por sí mismos la Carta Constitucional si era violatoria de los derechos del actor la interpretación que de ésta norma hizo el centro universitario. La Corte explicó que si la causal de no admisión era la presencia de afecciones que impedían el desempeño satisfactorio de su labor por parte del aspirante, ni el rotacismo en general, ni en particular el que presentaba el peticionario lo incapacitaban para desarrollar labores policiales.

Además, de las pruebas que obraban en el expediente, que indicaban que el indígena había prestado servicio militar como bachiller de la policía atendiendo la línea 112 y que tal particularidad del habla no había sido impedimento para que realizara adecuadamente sus funciones, se infería que su rotacismo no era problema para el ejercicio de sus funciones como policía. Por el contrario, se había hecho acreedor a una mención de honor suscrita por el Comando de Policía del Departamento en la cual constaba que se le había entregado ?por su excelente servicio prestado al comunidad?.

En ese mismo sentido, tanto el Instituto de Medicina Legal al realizar valoración del caso, como un concepto emitido por una fonoaudióloga acreditaban la capacidad verbal del demandante. No era admisible, entonces, que de manera general se determinara que ?todo rotacismo genera incapacidad? y que, no obstante que los conceptos de la misma entidad policial no hacían más que reafirmar la destacada labor y la fluidez verbal del actor, la interpretación de la norma y la adecuación de la situación del actor fuera como ?incapacidad?. Esta apreciación para la Corte era evidentemente contrafáctica e inadmisible.

Para la Corte, también el argumento del estudio de seguridad adelantado a la familia del demandante, que dio como resultado que un tío del mismo presuntamente ejecutaba acciones delictivas, constituía una discriminación por razón del origen familiar al peticionario. En primer lugar, por que cuando el actor prestó servicio militar obligatorio como auxiliar de la policía ?atendiendo la línea 112- sus vínculos filiales no constituyeron ningún impedimento. En segundo lugar, porque la jurisprudencia al respecto, tanto de la Corporación, como de la Corte Suprema de Justicia ?en su calidad de juez de tutela-, ha sido enfática en proscribir este tipo de consideraciones que excluye, con razones ilegítimas, a una categoría de la población.

La Corte concluyó que las dos razones esgrimidas por la institución de educación superior para declarar ?no apto? al actor para ingresar a la escuela de policía, vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y a la libre escogencia de profesión u oficio. En consecuencia, concedió el amparo solicitado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-215-05
2.1.8. Condiciones de reclusión para indígenas infractores de la ley penal

· Centros especiales de reclusión

?La Corte Constitucional señaló que se justifica la reclusión de los miembros de las comunidades indígenas en establecimientos especiales ya que la reclusión de indígenas en establecimientos penitenciarios corrientes implicaría una amenaza contra los valores propios de su cultura, los que gozan de especial reconocimiento constitucional. Esta excepción hace referencia únicamente a aquellos individuos que además de tener ancestros aborígenes, pertenecen en la actualidad a núcleos indígenas autóctonos, cuya cultura, tradiciones y costumbres deben ser respetadas y garantizadas, en tanto no vulneren la Constitución y la ley.?* nota 1

· Reclusión en establecimientos corrientes por solicitud de la comunidad indígena

El accionante, miembro de la comunidad indígena Emberá-Chamí, fue condenado a nueve (9) años de prisión por el delito de homicidio, en proceso adelantado ante el Consejo de Conciliación y Justicia Indígena. Sin embargo, dado que la comunidad no contaba con un lugar de reclusión, fue trasladado a cumplir la condena en un centro de la jurisdicción ordinaria. Por esta razón interpuso acción de tutela contra la autoridad indígena y contra el INPEC, por la violación de su derecho al debido proceso. La Corte consideró que una armonización del deber de colaboración con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95) y la autonomía atribuida a la jurisdicción especial indígena (CP. Art. 246), lleva a precisar que dicha autonomía no es absoluta y requiere de la colaboración de la justicia ordinaria. En consecuencia, la remisión por parte de la jurisdicción indígena y la reclusión por parte del INPEC no constituyen una violación al debido proceso, sino que obedece al acuerdo de colaboración celebrado por las jurisdicciones especial y ordinaria, por lo que la Corte niega la tutela nota 2.

· Solicitud de traslado de cárcel para estar cerca de su comunidad y recibir tratamiento de medicina alternativa

?La Corte Constitucional tuteló el derecho de petición, dignidad, autonomía y protección de la diversidad étnica y cultural, disponiendo el traslado de un recluso al establecimiento carcelario en Leticia dadas las circunstancias de edad, entorno y acercamiento a la medicina vernácula. Aunque no es obligación del Estado suministrar medicina alternativa a un recluso, salvo que ya exista infraestructura, de todas maneras se protegen las actividades de los ?curanderos? indígenas, de lo cual se deduce que no se rechaza la medicina alternativa que ellos proponen, luego hay que ponderar en cada caso particular la autonomía y la protección a la diversidad étnica y cultural, especialmente si el recluso no pide que se le dé medicina vernácula, sino que se le facilite recibir esa medicina que el Estado no le va a dar?.

?Se trata de una persona que supera la edad de la vida probable, que culturalmente ha pertenecido a una etnia y que tiene una enfermedad terminal, el traslado hacia el sitio donde están los suyos, consideró la Corte, es una razonable petición que ha debido ser estudiada por el INPEC y al no serlo se afectó la dignidad del recluso. La autoridad está obligada, de manera preferencial, a ponderar si las circunstancias son ciertas y hacen aconsejable el traslado de los ancianos enfermos al establecimiento carcelario donde ellos soliciten.?* nota 3

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-394-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-239-02
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-214-97
2.1.9. Exención del servicio militar a indígenas

?La Corte Constitucional protegió el principio que obliga el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural al señalar que la exención de la prestación del servicio militar a los miembros de comunidades indígenas que habiten en sus territorios no vulnera el principio de igualdad al otorgar un tratamiento diferente a los indígenas, puesto que la distinción se basa en las particularidades del entorno cultural en el que se desarrollan sus vidas y en el que adquieren su identidad. Se enfatizó en el hecho de que el beneficio es sólo para quienes viven con su comunidad en sus territorios, puesto que el propósito esencial de la norma es proteger el derecho a la supervivencia de la comunidad y no otorgar un privilegio a los individuos en razón de su pertenencia a una etnia. Esto explica la doble exigencia establecida por la ley para eximir del servicio militar puesto que la finalidad de la misma es la de proteger al grupo indígena como tal, y por ende, proteger a los indígenas que vivan con los indígenas y como indígenas.?* nota 1

En otra decisión, la Corte Constitucional precisó que los jóvenes indígenas tienen derecho a incorporarse al Ejército Nacional a prestar servicio militar cuando así lo decidan voluntariamente y a desincorporarse también voluntariamente cuando así lo decidan y que ese consentimiento debe ser libre e informado. Indicó además que cuando un indígena decide prestar el servicio público militar no por ese hecho adquiere la obligación de prestarlo, pues la excepción etnocultural establecida en la Ley 48 de 1993 es categórica y "en todo tiempo".

De igual forma, la Corte señaló que las comunidades tienen derecho a paricipar en el proceso de incorporación voluntaria de cualquiera de sus jóvenes, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) que el espacio de dialogo que se entable sea real y acorde con la comunidad indígena específica; b) que la comunidad tenga oportunidad de dialogar, tanto con el jóven indígena que voluntariamente desea ingresar al Ejército Nacional, como con la Institución, sobre el impacto del reclutamiento; c) que el espacio de diálogo de la comunidad indígena con el Ejército sea una opción y no una obligación; y d) que el diálogo entre el ejército y la comunidad sea permanente y continuo antes de la incorporación de los jóvenes indígenas y durante su permanencia en la institución castrense. nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-058-94
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-113-09
2.1.10. Condiciones especiales de las comunidades indígenas en el sistema de seguridad social en salud

El Gobierno objetó por inconstitucionales algunos artículos del proyecto de ley por medio del cual se reglamenta la participación de los pueblos indígenas en el sistema general de seguridad social por considerarlos violatorios del principio de igualdad. De una parte, porque discrimina otros sectores sociales que también se encuentran en precaria situación económica, y, de otra, por cuanto las medidas implican una gran erogación del Estado para la cual no se cuenta con la apropiada disposición de recursos.

Las normas demandadas otorgan a las comunidades indígenas: 1) el acceso de todos los miembros de las comunidades indígenas al sistema subsidiado de salud exceptuando a los trabajadores, servidores públicos y pensionados; 2) la posibilidad de recibir subsidios para las madres indígenas gestantes y los niños menores de cinco (5) años; 3) la facultad concedida al Consejo Nacional de Seguridad Social en salud para fijar el valor de la UPC para los pueblos indígenas, hasta en un cincuenta por ciento por encima del valor normal de la UPC, lo que representa muchos más recursos por número de personas; 4) el establecimiento de planes en salud y urgencias para las comunidades; y 5) La exclusión a los miembros de comunidades indígenas del pago de cuotas moderadoras y copagos, con lo cual se viola además del derecho a la igualdad, el principio de solidaridad. La Corte Constitucional advirtió que el Congreso puede crear regímenes diferenciados para las comunidades indígenas y otras etnias, en virtud del reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural en nuestro país. Sin embargo, deben existir razones suficientes para que se de esta desigualdad de trato, que es lo que ocurre, a criterio de la Corte, respecto de las medidas demandadas en materia de salud.

La exclusión de ciertos grupos de indígenas del régimen contributivo, para acceder al régimen subsidiado se comprende bajo el supuesto de que dentro de esas comunidades funciona un sistema económico ajeno al sistema capitalista, que culturalmente impide la cotización de aportes individuales al sistema de seguridad social. De tal manera que la aplicación del sistema de aportes convertiría al sistema de seguridad social en algo inaccesible para los indígenas. Ahora bien, la medida es coherente al excluir del beneficio a los miembros que por sus condiciones laborales cuenten con capacidad de pago. Estas mismas razones explican que el proyecto de ley de vía libre a la creación de ARS especiales para las comunidades indígenas si se tiene en cuenta que la forma particular en que funciona la mayoría de esas comunidades, requiere que sean ellas mismas las que establezcan el procedimiento de escogencia de la ARS a la que se afiliarán sus miembros, pues son las que mejor conocen sus necesidades en materia de salud. Por último, la posibilidad de conceder subsidios a las madres gestantes y lactantes también es una discriminación positiva aceptada por la Constitución, pues ella va dirigida a garantizar a minorías discriminadas su supervivencia, protegiendo a los miembros más débiles de la comunidad de la malnutrición a la que pueden verse expuestos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-088-01
2.1.11. Libre escogencia y traslado de ars por parte de las comunidades indígenas

De acuerdo con la Corte Constitucional, se vulneran los derechos fundamentales de integridad étnica y libre autodeterminación, consagrados en la Constitución cuando la autoridad competente no da cumplimiento a la decisión de traslado de ARS adoptada por una comunidad indígena, con base en lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 691 de 2001. El desconocimiento de la decisión de traslado de ARS adoptada por una comunidad indígena vulnera los derechos fundamentales a la integridad étnica y cultural de la comunidad. Por consiguiente, los contratos de aseguramiento o de administración suscritos por la alcaldía carecen de validez.

El procedimiento de traslado deberá tener presente la interpretación del artículo 14 del Acuerdo 77 de 1997 de la CNSSS, de conformidad con la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Ley 691 de 2001 que aparejan las siguientes consecuencias: 1) en virtud de su autonomía, a las comunidades indígenas les asiste el derecho de escoger libremente la institución administradora de recursos subsidiados en salud, afiliando a todos sus integrantes con el fin de mantener la unidad étnica. 2) la voluntad de traslado de ARS debe manifestarse con arreglo al procedimiento establecido por las comunidades indígenas en acta suscrita por sus autoridades propias, dentro del término previsto en el Acuerdo 77 de 1997. 3) la comunidad indígena debe entregar copia del acta a la ARS de la cual se retire, sin que para ello cuente con término alguno pues se trata de un mero formalismo que no tiene ninguna incidencia en el proceso de contratación. 4) dentro del término legal la comunidad debe comunicar su decisión de traslado a la ARS donde ha decidido afiliarse. 5) informada del traslado, la ARS seleccionada por la comunidad indígena debe dar noticia a la alcaldía o dirección local de salud sobre las personas que se afiliaron a la entidad administradora. 6) recibida y verificada esta información la alcaldía debe proceder a la celebración del contrato de aseguramiento dentro de los plazos legalmente establecidos. Por lo anterior, la Corte ordena a la alcaldía municipal celebrar el contrato de régimen subsidiado con la ARS seleccionada por la comunidad, si la empresa cumple con los requisitos legales y previene al alcalde para que adopte las medidas necesarias a fin de evitar que se incurra en conductas como la censurada en esta sentencia nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-379-03
2.1.12. Traslado colectivo de ars o eps

Algunos miembros de una comunidad indígena presentaron acción de tutela en contra del cabildo y de la alcaldía municipal en el trámite realizado para el traslado de ARS; el cabildo no respetó la voluntad comunitaria y amenazó con expulsar a quienes no estaban de acuerdo con la nueva ARS propuesta. De igual manera, el alcalde fue denunciado por expedir un decreto mediante el cual se avalaba el traslado de la comunidad indígena a una nueva ARS.

La Corte considera que no se presenta violación a los derechos a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y al debido proceso en el caso de que se produzca un traslado colectivo de una comunidad indígena si se cumple el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 691 de 2001, al amparo de la concepción de la unidad étnica, en el entendido de que los indígenas como sujetos colectivos que son, están sometidos a las decisiones que se adopten dentro de su comunidad por parte de las autoridades tradicionales y de la comunidad presente en la asamblea, conforme a sus usos y costumbres. De igual manera, no procede la tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, contra el acto administrativo producido por el alcalde municipal que avala dicho traslado, si no se presentan los presupuestos que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, son necesarios para probar dicho perjuicio y si no aparece probada la existencia de una vía de hecho nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-723-03
2.1.13. Alcance del convenio 169 de la oit respecto al derecho a la consulta previa para la expedición de actos administrativos mediante los cuales se designan etnoeducadores escapa al ámbito del juez de tutela

El Gobernador de un cabildo indígena afirmó que el Secretario de Educación Departamental vulneró los derechos de su comunidad a la igualdad, libertad de pensamiento y opinión, debido proceso, consulta previa y educación, porque se negó a designar como etnoeducadores para su comunidad a los docentes que él propuso, por tratarse de personas conocedoras de las costumbres de su cabildo. El Secretario de Educación adujo que había acordado con las cuatro asociaciones indígenas de la región los nombres de los docentes que se debían tener en cuenta para los cabildos que ellas agrupan, incluido el del actor. El Gobernador alegó que las asociaciones no pueden sustituir la voluntad de las autoridades de los cabildos, pues de acuerdo al Convenio 169 de la OIT dichas autoridades deben consultar de manera previa con las comunidades indígenas las decisiones que puedan afectarlos, razón por la cual, esa medida debió concertarse directamente con las autoridades del cabildo.

La Corte Constitucional precisó que no era ella la autoridad competente, para definir el alcance del Convenio 169 de la OIT respecto al derecho de consulta previa frente a la expedición de actos administrativos mediante los cuales se designe etnoeducadores ni para establecer, en el caso concreto, si la asociación a la cual estaba afiliada el cabildo tenía o no facultades para proponer los docentes que habrían de desempeñarse al interior del cabildo del actor. Fundamentó su decisión en el hecho de que la acción de tutela no es procedente para conocer de situaciones de vulneración de derechos fundamentales cuando en el ordenamiento existe otro medio de defensa judicial y no se percibe la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

La Corte señaló, que las autoridades del cabildo indígena al disponer de la posibilidad de demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa el acto administrativo mediante el cual se designa a los docentes, es a aquellas autoridades a las cuales les corresponde dar respuesta a los interrogantes formulados. En especial, ?si se tiene en cuenta que no se evidencia la posibilidad de que la comunidad indígena sufra un perjuicio irremediable, pues de los documentos allegados al expediente, como el listado de docentes que se propuso, se puede inferir que los candidatos reunían los requisitos establecidos por la ley y cumplían el perfil exigido por las instituciones educativas para desempeñar las funciones, lo que permite afirmar que no es evidente una posible afectación de la adecuada prestación del servicio de educación indígena. Más aún, si a lo anterior se le suma que los docentes propuestos lo fueron por las asociaciones de cabildos indígenas de la región, lo que descarta la idea de que se trate de una decisión totalmente invasiva o extraña a los intereses indígenas?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1085-03
2.1.14. Obligación de las autoridades de aplicar la ley 115 de 1994 y sus normas complementarias para vincular educadores y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena

El accionante actuando en calidad de miembro de los pueblos indígenas solicitó a la Corte Constitucional la declaración de inexequibilidad parcial del Decreto 1278 de 2002, ?por el cual se establece el estatuto de profesionalización docente? por considerarlo contrario a los artículos 7, 8, 10, 13, 44, 68 y 70 de la Constitución Política, al someter a los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos de las comunidades indígenas, a concurso público de méritos bajo las mismas reglas y condiciones establecidas para la educación en general.

La Corte Constitucional condicionó la constitucionalidad de las normas demandadas al hecho de que se entendiera que no son aplicables a las situaciones administrativas relacionadas con la vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena. Aclaró que mientras el legislador procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las disposiciones aplicables a los pueblos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación y demás normas complementarias.

La Corte determinó, que hay lugar a declarar la existencia de una omisión legislativa relativa inconstitucional, cuando en un determinado ordenamiento jurídico se detecte la ausencia de regulación de un asunto que forzosamente debe estar incluido en dicho ordenamiento, por mandato de la Constitución política.

Expresó que la incompatibilidad del Decreto 1278/02 con la Constitución Política o inconstitucionalidad por omisión relativa, se presenta por el hecho de no haberse incluido en el mismo, una normatividad especial que regule su aplicación para las comunidades indígenas en lo relacionado con la vinculación, administración y formación de docentes y directivos docentes para los grupos étnicos, acorde con sus usos y costumbres. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-208-07
2.1.15. Garantía del derecho a la etnoeducación, con recursos del sistema general de participaciones (sgp).

La Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la igualdad y a la etnoeducación de los menores indígenas que estudiaban en un centro educativo rural bilingüe de la etnia Inga, en contra del Ministerio de Educación y el Departamento del Putumayo, por no haber situado los recursos de transferencia para ejecutar los planes y proyectos que permitieran un mejor desarrollo de la educación en la comunidad indígena, con el argumento de que el centro educativo no contaba con la organización ni con la infraestructura necesarias para administrar recursos del Estado.

La Corte señaló que en el evento de presentarse falta de infraestructura en los centros educativos, los recursos de transferencia deben ser administrados por el departamento, ente territorial que esta obligado a desarrollar las acciones necesarias para impulsar el mejoramiento de las condiciones materiales del centro educativo, de tal forma que permitiera a la población indígena recibir una educación adecuada respetando su propia cultura.

La Corte determinó que por disposición del artículo 67 de la Constitución Política el Estado está llamado a contribuir en la garantía de acceso al servicio público de educación, y le corresponde asegurar su adecuado cubrimiento y la permanencia de los educandos en el sistema educativo, tanto en el sector público como en el sector privado, dotando a los establecimientos donde se presta el servicio, de la infraestructura y los elementos necesarios para que los grupos indígenas conserven su identidad cultural, su etnoeducación, su multiculturalidad, y su diversidad lingüística, acorde con las disposiciones especiales contenidas en el decreto No. 804 de mayo 18 de 1995.

Señaló que el desarrollo cultural de un grupo minoritario, exige recursos adecuados, y que debe darse prelación a los grupos étnicos, por cuanto se encuentran en inferioridad de condiciones en su número, carecen de la suficiente capacidad de expresión y de formación integral que les permita hacer uso de los mecanismos que la ley contempla para exigir el respeto de sus derechos cuando estos sean vulnerados. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-899-05
2.1.16. Medidas afirmativas en la protección de los derechos a la educación y a la diversidad étnica de las personas indígenas desplazadas

La actora como miembro activa de una comunidad indígena fue desplazada junto con los demás integrantes de su familia, por causa del conflicto armado interno en el año 2000, cuando cursaba décimo grado en un colegio de esa misma localidad; motivo por el cual se trasladó a otra ciudad donde culminó sus estudios de bachillerato.

En el año 2008, la peticionaria se inscribió en una universidad pública para cursar estudios superiores, pero este centro de educación superior se abstuvo de concederle el cupo especial como miembro de una comunidad indígena, argumentando que no cumplía un requisito adicional introducido por una disposición interna de la Universidad, según el cual en el otorgamiento de estos cupos especiales tendrían prelación los estudiantes indígenas que hubiesen culminado el bachillerato en un colegio de la región a la que pertenece el resguardo; razón por la cual la universidad le confirió el cupo a otro bachiller indígena que había obtenido un puntaje inferior al de la accionante.

Ante lo sucedido la indígena interpuso acción de tutela en contra del centro universitario, por considerar que había violado sus derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y a no sufrir tratos crueles ni degradantes.

La Corte se refirió a la importancia de aplicar protección extendida de la cual gozan los derechos de los pueblos indígenas derivada del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, señalando que la jurisprudencia de la Corte Interamericana junto con los criterios que se desprenden de otros instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, constituyen una pauta importante para interpretar los derechos constitucionales fundamentales.

Con relación al derecho a la igualdad la Corte puntualizó que las autoridades públicas, los particulares encargados de prestar servicios públicos y el legislador están en la obligación de dar un trato preferente a los grupos discriminados y sujetos de especial protección constitucional, como es el caso de las minorías étnicas. Expresó que se trata de un principio superior que ordena tener en cuenta las diferencias para lograr una igualdad real y efectiva.

Bajo los presupuestos anteriores concluyó que el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas vincula no sólo a las autoridades estatales sino también a quienes en calidad de particulares están comprometidos con la prestación de un servicio público, como es el caso de los establecimientos de educación superior.

Señaló que para quien ostenta la doble condición de persona indígena y desplazada, se deben aplicar de manera rigurosa y urgente las mediadas afirmativas o compensadoras y el enfoque diferencial, dado el compendio de derechos fundamentales que pueden verse afectados por las circunstancias de marginación social que padecen las minorías étnicas, y las consecuencias que se derivan del desplazamiento forzado.

La Corte Constitucional concluyo que la universidad con su accionar había desconocido el derecho constitucional fundamental al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y cultural así como el derecho a la educación y el derecho de la accionante a recibir una atención especial y diferenciada al negarse a conferirle el cupo especial de bachiller indígena. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1105-08
2.1.17. La política etnoeducativa de una institución en la que estudian miembros de la comunidad indígena, debe ser definida mediante consulta previa

La Gobernadora del Resguardo Indígena Páez de la Gaitana interpuso acción de tutela en nombre de su resguardo solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la consulta previa de las decisiones que lo afecten directamente y a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural los cuales, en su opinión, están siendo vulnerados por el Departamento del Cauca.

Estima la actora que la exclusión de la Institución Educativa Promoción Social Guanacas y sus sedes de la aplicación del decreto 0591 de 2009 vulnera los derechos fundamentales de su resguardo. En primer lugar señala que se viola su derecho fundamental a la consulta previa pues "el departamento no informó ni concertó esta exclusión con las comunidades indígenas afectadas" y porque con ella se "desconoció el estudio técnico realizado por la misma Gobernación del Cauca, el Ministerio de Educación Nacional y concertado con las autoridades indígenas, con el cual se pudo determinar las instituciones indígenas ubicadas en territorios indígenas y que atendían población indígena (?)".

En segundo lugar, a su juicio, se vulnera su derecho fundamental a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural ya que "al no catalogarse como Institución que atiende población indígena, el colegio Promoción Social de Guanacas (?) no tendrá la obligación de aplicar de forma continua y coherente las políticas etnoeducativas del Estado y mucho menos de efectuar un proceso de educación que fortalezca la identidad cultural de su población infantil y juvenil atendida (?)".

Llama la atención sobre el hecho de que, para realizar la exclusión, "no se tuvo en cuenta lo concerniente a la población indígena atendida por estos centros e instituciones educativas y solo se tuvo como elemento de decisión la ubicación territorial de los planteles en los respectivos municipios (?)".


La Corte advirtió que se presentó una vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana por parte del Departamento del Cauca. En efecto, la exclusión de la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus respectivas sedes del decreto 0591 de 2009 es, indudablemente, una medida administrativa que afecta directamente a la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana y, en ese sentido, no debió haber sido adoptada unilateralmente por el demandado a través del decreto 0102 de 2010 sin antes surtir un proceso de consulta con la misma.

La afectación directa se hace patente si se tiene en cuenta que, de los 545 estudiantes matriculados en el mencionado establecimiento educativo, 248 ?el 45.5%- pertenecen a la etnia Páez según el último estudio técnico realizado por los Servicios Informáticos del Sector Educativo de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, porcentaje que si bien no constituye la mayoría representa una porción importante de la población estudiantil. Esta circunstancia fáctica lleva a la conclusión de que, como consecuencia de la exclusión, una institución educativa en la que estudian, en una proporción significativa, miembros de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana, no tendrá una política etnoeducativa y que la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana no podrá participar en el proceso educativo que adelantan sus miembros en el establecimiento educativo mencionado. Lo anterior sin duda alguna repercute directamente en el goce del derecho a una educación que respete y desarrolle la identidad cultural en cabeza de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana y sus miembros.

Lo dicho no se desvirtúa por la discusión existente en torno a si la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus sedes se encuentran o no en el territorio indígena de la Gaitana pues, al tenor del artículo 6 del Convenio 169 de OIT, la obligación de adelantar la consulta previa se activa en presencia de cualquier medida que afecte directamente a una comunidad étnica y no solamente con aquellas que se ejecuten en su territorio. Tampoco se altera en nada la conclusión a la que se ha arribado porque la etnia Páez no sea la mayoría numérica ?sino el 45.5%- de la población estudiantil ya que, independientemente de ello, toda medida tomada en la entidad educativa a la que asisten les será aplicable y los afectará.

Así mismo, encontró la Corte que, respecto del proceso de consulta surtido con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Cabildo de Guambia para la expedición del decreto 0591 de 2009, el Departamento del Cauca trasgredió el principio de buena fe que, según la jurisprudencia constitucional, debe guiar toda consulta previa.

La Corte hizo énfasis en que en el "Acta de compromisos entre las Autoridades Indígenas del Cauca representadas en el CRIC, el Cabildo de Guambia, el Departamento del Cauca y el Ministerio de Educación Nacional", con la cual finalizó el referido proceso, se acordó que existían "un total de 666 establecimientos ubicados en territorios indígenas que atienden población mayoritariamente indígena", los cuales fueron los que resultaron incluidos en el decreto 0591 de 2009. Este resultado fue desconocido por el demandado con la expedición de forma inconsulta del decreto 0102 de 2010, en el que se excluyó a la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus sedes a pesar de que ésta hacía parte del acuerdo inicial.

Para la Corte resulta contrario al principio de buena fe hacer creer al CRIC que el proceso de consulta previa había concluido exitosamente al llegarse a un acuerdo sobre los establecimientos educativos oficiales en los que se aplicaría una política etnoeducativa y después, de forma unilateral, transgredir los compromisos adquiridos. En este entendido, si el Departamento del Cauca advirtió la existencia de razones que, a su juicio, justificaban la exclusión de la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus respectivas sedes del decreto 0591 de 2009 -tales como la oposición de parte de la comunidad educativa- debió proceder a convocar al CRIC a un proceso de consulta antes de expedir el decreto 0102 de 2010.

La Corte decidió en consecuencia conceder la tutela de los derechos fundamentales de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana a la consulta previa y a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural, dispuso dejar sin efectos, en lo que se refiere a la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus sedes, el decreto 0102 del 12 de abril de 2010 expedido por el Gobernador del Departamento del Cauca, y ordenó que, a través de la Secretaría de Educación Departamental del Cauca, con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional, se lleve a cabo un proceso de consulta respecto de la manera en que operarán los distintos componentes de la política etnoeducativa en el establecimiento educativo mencionado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-116-11
2.1.18. No se puede excluir a una institución educativa de las políticas de etnoeducación con base en criterios de mayoría numérica y territorialidad

La Gobernadora del Resguardo Indígena Páez de la Gaitana interpuso acción de tutela en nombre de su resguardo, solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa de las decisiones que lo afecten directamente y a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural los cuales, en su opinión, están siendo vulnerados por el Departamento del Cauca a través del Decreto 0102 de 2010 que excluyó a la Institución Educativa Promoción Social Guanacas y a sus sedes del grupo de establecimientos educativos oficiales ubicados en territorio indígena y que atienden población indígena, definidos previamente en el Decreto 0591 de 2009.

La Corte encontró que el Departamento del Cauca había faltado al principio de buena fe al hacer creer a las autoridades indígenas que el proceso de consulta previa había concluido exitosamente, toda vez que, pese a haber expedido el Decreto 0591 de 2009 en el que se plasmaba la concertación sobre los establecimientos educativos oficiales en los que se aplicaría una política etnoeducativa, decidió expedir ?de forma unilateral- el Decreto 0102 de 2010 que excluía a la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus respectivas sedes del Decreto 0591, sin haber consultado previamente a la comunidad indígena afectada con esta decisión.

Por lo anterior, estimó que el Departamento vulneró el derecho fundamental a la consulta previa de la Comunidad Indígena de la Gaitana, del Consejo Regional Indígena del Cauca y del Cabildo de Guambia y, con ello, transgredió su derecho fundamental a la identidad cultural. Lo anterior por el hecho de que la participación de las comunidades étnicas, a través del mecanismo de consulta previa, es necesaria para preservar su integridad étnica, social, económica y cultural y, por tanto, asegurar su subsistencia como grupo social.

Asimismo, la Corte consideró que, como consecuencia de la aludida exclusión, se configuró una violación del derecho fundamental ?tanto de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana como de sus miembros individualmente considerados- a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. Ello, básicamente, por dos razones: en primer lugar, porque a una proporción importante de estudiantes de la institución educativa pertenecientes a la etnia Paez -esto es, el 45.5%-, no se les ofrecerá una educación que respete y desarrolle su identidad cultural, a pesar de que la Constitución Política (artículo 68) y el Convenio 169 de la OIT (artículo 27) les reconocen ese derecho a los integrantes de los grupos étnicos. En segundo término, debido a que la Comunidad Indígena Paez de la Gaitana no podrá participar en el proceso educativo que adelantan sus miembros en el establecimiento educativo excluido, tal y como lo prevén el artículo 27 del Convenio 169 de la OIT, la ley 115 de 1994 y el decreto 804 de 1995.

El Tribunal enfatizó que no es respetuoso de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas excluir una institución educativa de las políticas de etnoeducación con base en criterios de mayoría numérica y territorialidad. En efecto, el hecho de que los estudiantes pertenecientes a la etnia Paez no constituyan la mayoría dentro de la población educativa de la Institución Educativa Promoción Social Guanacas y sus sedes, no significa que ellos y su comunidad pierdan su calidad de titulares del derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural. Tampoco puede hacerse depender este derecho del hecho de que la institución educativa se encuentre en el territorio de la comunidad indígena, pues la Constitución Política (artículo 68) y el Convenio 169 de la OIT (artículo 27) lo radican en cabeza de los integrantes de los grupos étnicos -sin limitación geográfica alguna-, lo cual quiere decir que estas personas gozan del derecho a la etnoeducación en cualquier lugar del territorio nacional.

En consecuencia, dejó sin efectos el Decreto 0102 de 2010, en lo que se refiere a la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus sedes, y le ordenó al Departamento del Cauca llevar a cabo un proceso de consulta previa ?siguiendo los parámetros establecidos por las jurisprudencia constitucional- respecto de la manera en que operarán los distintos componentes de la política etnoeducativa en el establecimiento educativo, en el que deberán participar el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Cabildo de Guambia, el Cabildo de la Comunidad Indígena Páez de la Gaitana y la comunidad educativa concernida.

En el evento en que el proceso de consulta no desemboque en un acuerdo, advirtió al Departamento que la política etnoeducativa que se diseñe para la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus sedes deberá responder -en alguna medida- a los componentes del derecho a una educación que respete y desarrolle la identidad cultural de las comunidades étnicas, los cuales han sido desarrollados por la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, el Capítulo III de la Ley 115 de 1994 y su Decreto Reglamentario 804 de 1995. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-116-11
2.1.19. La exigencia del idioma inglés para optar por el título profesional de abogado no vulnera el derecho a la diversidad étnica y cultural

Un miembro de la comunidad indígena Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta y estudiante de la carrera de Derecho, interpone acción de tutela en contra de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, al libre desarrollo de la personalidad y a la educación, por parte de la institución referida, la cual establece como requisito académico de grado la suficiencia del inglés como segunda lengua y no le homologa su lengua nativa Ikun como equivalente para obtener el título profesional de abogado.

Teniendo en cuenta que en el presente caso se encuentra involucrado el derecho a la igualdad, puesto que se está frente al hecho de no consagrar un trato diferencial para un sujeto respecto de quien la Constitución exige una especial protección, la Corte efectúa el juicio intermedio de igualdad por cuanto no se utiliza un criterio sospechoso de discriminación, sino que se está frente a una situación de paridad que sin embargo puede ser potencialmente discriminatoria.

Producto de este análisis la Corte encontró que la medida prevista para todos los estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de cursar y aprobar seis niveles de inglés como requisito de grado: i) es idónea para la consecución de fines constitucionalmente legítimos relacionados con la autonomía universitaria y la concepción de la educación como derecho-deber; ii) no es manifiestamente innecesaria porque el ámbito de apreciación reservado a los entes universitarios en el marco de su autonomía le permite adoptar, dentro de las múltiples opciones con que cuenta, esta clase de medidas; iii) no es desproporcionada porque no se está desconociendo la igualdad en sentido formal ni material, ya que la exigencia realizada por la universidad, no desconoce el derecho a la diversidad étnica y cultural del estudiante; por el contrario, reconoce en todos los estudiantes la capacidad cognitiva suficiente para enfrentar este requisito.

La Corte considera que la condición de indígena no lleva a la consecuencia directa de otorgar un trato diferenciado de exoneración de un requisito establecido en el marco de la autonomía universitaria; por el contrario, sí generaría discriminación de los demás compañeros que se encuentran en igualdad de condiciones.

Por tanto, la condición de indígena no es razón suficiente para afirmar que a la universidad le correspondía adoptar un trato diferenciado con el accionante, ya que para este evento la discriminación que aduce padecer y la exigencia adicional -tener que aprender no dos, sino tres idiomas- resulta irrelevante y no afecta ni desconoce sus derechos como miembro de una comunidad indígena con una lengua propia como es el Ikun. Por consiguiente, estima que la medida de hacer exigible el requisito general de suficiencia del inglés como único idioma extranjero válido para cumplir con el requisito académico y obtener el título de abogado, no es desproporcionada; en cambio, de llegar a privilegiar el derecho a la diversidad étnica -que no se ve transgredido-, sí se generaría una grave afectación a la autonomía universitaria. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-659-10
2.1.20. La consulta previa es indispensable para identificar criterios temporales que permitan determinar en qué casos las vacantes en cargos docentes o directivos docentes deben ser excluidas del concurso de méritos

Docentes pertenecientes a comunidades indígenas que laboraban en calidad de provisionales en instituciones educativas de carácter público fueron desvinculados de sus cargos en razón a la realización de concursos de mérito y reemplazados por las personas que ganaron los concursos.

La Corte Constitucional recordó ?tal y como lo sostuvo en la sentencia C-208 de 2007- que el contenido del derecho a una educación que respete y desarrolle la identidad cultural de las comunidades étnicas incluye la existencia de un régimen especial para el ingreso, ascenso y retiro de docentes y directivos docentes para tales grupos, el cual debe ser consultado previamente con las comunidades étnicas, en la medida en que les afecta directamente.

Sin embargo, a la fecha, no existe tal régimen especial y, por supuesto, no se ha realizado aún ningún concurso público de méritos para que ingresen definitivamente al servicio público de educación los docentes y directivos docentes necesarios para atender a la población indígena, debido a que las normas para regulan el concurso de méritos de etnoeducadores se encuentran en proceso de consulta previa en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, creada mediante el Decreto 2406 de 2007.

En este orden de ideas, las disposiciones que actualmente rigen este tema son el artículo 62 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 12 del Decreto 804 de 1995, sin que allí se prevea el régimen integral que se requiere. Por ello, el Decreto 3982 de 2006 (artículo 4, parágrafo 1) prescribió que, al determinar los cargos vacantes de docentes y directivos docentes que serían sometidos a concurso público de méritos, se deberían excluir aquellos necesarios para la atención educativa de los grupos indígenas, ya que estos sólo deben ser provistos mediante las normas especiales que se encuentran en proceso de consulta previa.

Posteriormente, a través de la Directiva Ministerial 02 del 18 de febrero de 2008, la Ministra de Educación Nacional orientó a los Gobernadores, Alcaldes y Secretarios de Educación en cuanto a proveer temporalmente los cargos vacantes necesarios para la atención educativa de los grupos indígenas, mediante nombramiento provisional.

Puestas así las cosas, en esta ocasión el Alto Tribunal razonó sobre el ámbito de aplicación que el futuro régimen especial debería tener y los criterios a considerar al excluir los cargos de docentes y directivos docentes para las comunidades étnicas, de los concursos públicos de méritos del Decreto-Ley 1278 de 2002, en aquellas instituciones educativas que atienden población indígena y población que no se identifica como perteneciente a una etnia.

Así, consideró que, mientras culmina el proceso de consulta previa en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, para reportar las vacantes en cargos de docentes o directivos docentes que hagan parte de instituciones educativas oficiales que atiendan población indígena y población que no se identifica como perteneciente a una etnia, el departamento, el municipio o el distrito -según el caso- deberá convocar a una consulta previa a las comunidades indígenas con presencia en la respectiva entidad territorial, con la finalidad de identificar criterios temporales para determinar en qué casos estas vacantes deben ser excluidas de los concursos públicos de méritos del Decreto-Ley 1278 de 2002.

Los cargos que queden excluidos deberán ser provistos temporalmente, mediante nombramiento en provisionalidad, con respeto del artículo 62 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 12 del Decreto 804 de 1995, mientras se concluye el proceso de consulta previa en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas.

En conclusión, la providencia concedió el amparo del derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad indígena Quillasinga y, ordenó al Municipio de Pasto y a su Secretaria de Educación Municipal, iniciar las gestiones necesarias para reubicar a los docentes ganadores del concurso de méritos efectuado, quienes reemplazaron a los actores en la Institución Educativa Municipal El Encanto, una vez logrado lo cual deberían iniciar las acciones necesarias para reintegrar a los accionantes, mediante nombramiento provisional. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-379-11
2.1.21. La designación de etnoeducadores debe hacerse de manera concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos

El peticionario, representante legal del Resguardo Indígena KAKIONA, interpuso acción de tutela por considerar vulnerados los derechos fundamentales colectivos a mantener una singularidad como pueblos indígenas, a la educación especial que conserve y desarrolle su identidad cultural, a su determinación y a la consulta previa, así como también el derecho fundamental de los niños indígenas a la educación especial, presuntamente vulnerados por la Secretaría de Educación del Cauca.

Manifiesta el accionante que la Secretaría de Educación del Cauca en concertación con la autoridad tradicional del resguardo KAKIONA, conforme a los parámetros de la Ley 115 de 1994 y su Decreto reglamentario Nº 804 de 1995, nombró a 20 docentes en provisionalidad para laborar en dicho resguardo. Expresa que el 26 de junio de 2009 solicitó a la Secretaría de Educación del Cauca el nombramiento en propiedad de dicho personal. La Secretaría negó dicha petición, argumentando que al tratarse de empleos de carrera, sólo es posible el nombramiento previo proceso de selección por méritos. Lo anterior con fundamento en el Decreto 1278 de 2002. Resalta el accionante que todos los nombramientos son actos administrativos del Ejecutivo Departamental, los cuales deben ser consultados con los representantes de los grupos étnicos, conforme al artículo 6 del Convenio Internacional Nº 169 de la OIT.

Concluye que aceptar los concursos destruye la autonomía, la libre determinación, los usos y costumbres y la singularidad indígena, que les permite gozar de la especial protección constitucional, pues se verían obligados a aceptar a los docentes que ganen el concurso, corriendo el riesgo de que muchos no sean indígenas y no conozcan sus costumbres y cultura, lo que les impedirá aportar conocimiento al alumnado acorde a su identidad cultural. Así mismo, mediante los concursos, los cuales pueden no ser aprobados por los indígenas, se afecta gravemente "el Derecho Mayor Indígena", cuyas leyes de origen establecen la obligación de las autoridades de no permitir que se pierda la identidad étnica y cultural de sus descendientes.

La Corte manifestó que el Decreto 1278 de 2002 fue estudiado en sede de control abstracto en la Sentencia C-208 de 2007. Con relación a este Decreto, la Corte señaló que el legislador había incurrido "en una omisión legislativa relativa, consistente en haberse abstenido de regular lo relacionado con la vinculación, administración y formación de docentes y directivos docentes para los grupos indígenas. Con dicha omisión, se desconocieron los derechos fundamentales de las comunidades indígenas al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y a ser destinatarios de un régimen educativo especial, ajustado a los requerimientos y características de los distintos grupos étnicos que habitan el territorio nacional y que, por tanto, responda a sus diferentes manifestaciones de cultura y formas de vida. De igual manera, se desconoció el derecho de los grupos indígenas a que los programas y los servicios de educación a ellos destinados se desarrollen con su participación y cooperación, siendo éste el elemento determinante que marca la diferencia entre la etnoeducación y la educación tradicional."

De igual modo, la Corporación dejó en claro que resultaba constitucionalmente inadmisible dejar en cabeza del Gobierno la competencia para estructurar y regular, por vía de un decreto reglamentario, el régimen jurídico de vinculación al servicio educativo estatal de los docentes y directivos docentes indígenas, así como también la adopción de las medidas necesarias para implementar un sistema de carrera especial ajustado a las condiciones y formas de vida de las distintas etnias.

En esta línea consideró la Corte que el Decreto Ley 1278 de 2002, que dispone la previsión de docentes mediante el sistema de carrera, no era aplicable a las comunidades indígenas por cuando dicha regulación (i) no había sido consultada con las comunidades indígenas y (ii) el decreto había omitido incluir una normatividad especial en la materia aplicable a las comunidades indígenas, acorde con sus usos y costumbres.

Sostuvo la Sentencia C-208 de 2007: "lo que procede en este caso es que la Corte dicte una sentencia integradora, en el sentido de declarar exequible el Decreto-Ley 1278 de 2002, ?por el cual se establece el estatuto de profesionalización docente?, siempre y cuando se entienda que el mismo no es aplicable a las situaciones administrativas relacionadas con la vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena, aclarando que, mientras el legislador procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las normas aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y las demás normas complementarias."

Es decir la elección de los docentes debe realizarse en concertación con tales grupos, y prefiriendo escogerlos entre los miembros de las comunidades en ellas radicados; debiendo verificar además que dichos educadores acrediten formación en etnoeducación y posean conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del castellano (art. 62).

Es decir, hasta tanto no se expida tal normatividad, el nombramiento en propiedad se hará con base en los criterios consagrados en el artículo 62 de la Ley 115 de 1994, por ello, deberá realizarse (i) una selección concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos, (ii) una preferencia de los miembros de las comunidades que se encuentran radicados en ellas, (ii) acreditación de formación en etnoeducación y (iv) conocimientos básicos del respectivo grupo étnico.

Una vez se presenta el cumplimiento de estos requisitos, la comunidad indígena y los docentes tienen el derecho a que se proceda al nombramiento en propiedad. Ello como una manifestación de la obligación constitucional de reconocer y proteger la diversidad étnica y en respeto al derecho a la autonomía de las comunidades indígenas. En efecto, tal y como lo dispone la Ley 115 de 1994, el hecho de que dicha decisión se realice de forma concertada con los miembros de las comunidades impone que la decisión sea respetada.

Por las razones expuestas, la Corte concedió el amparo a los derechos fundamentales alegados por la autoridad tradicional del Resguardo Indígena Kakiona. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-907-11
2.1.22. Protección de los derechos de los grupos étnicos de los desastres naturales

A partir del mes de noviembre de 2008 comenzó una fuerte temporada invernal que afectó al municipio de Dagua, Valle del Cauca, y generó una situación de emergencia de especial gravedad en la Comunidad Indígena del Cañón del Río Pepitas, pues la creciente del río del mismo nombre tornó sus caminos intransitables, afectó algunas viviendas de miembros de la comunidad y produjo daños en la escuela étnica Indio Agualongo.

Durante el año 2009, las autoridades del Resguardo del Río Pepitas elevaron diversas solicitudes ante la oficina de atención y prevención de desastres del municipio de Dagua, requiriendo el arreglo de los caminos destruidos y las edificaciones afectadas por las ?avenidas? de los diferentes ríos y quebradas de la región, acompañadas de informes ?serios y ponderados? suscritos por el comandante del cuerpo de bomberos del municipio.

Luego de más de un año desde que culminó la ola invernal, las autoridades accionadas no habían efectuado ninguna acción para solucionar la situación del Resguardo: no enviaron trabajadores ni maquinaria para el arreglo de los pasos peligrosos; tampoco adelantaron convenios con los propietarios de fincas aledañas para abrir nuevos caminos que no presentaran riesgos para los habitantes del resguardo.

La accionante, Gobernadora y Representante Legal de la Comunidad Indígena del Cañón del Río Pepitas, interpuso acción de tutela en contra la Alcaldía Municipal de Dagua?Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres-, con el fin de obtener amparo constitucional a los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la vivienda digna de los miembros de la comunidad que representa, los cuales considera amenazados por la actitud omisiva de los accionados.

Al analizar las actuaciones del Sistema de Prevención y Atención de Desastres -en todos sus niveles u órdenes territoriales- determinó que estas se encontraban signadas por la insuficiencia, la ausencia de coordinación y un enfoque exclusivamente centrado en la atención del desastre (ayuda humanitaria), verificando la inexistencia de medidas de atención diferenciadas en favor de grupos indígenas que puedan verse afectados por amenazas naturales. Por tanto, otorgó el amparo invocado fijando plazos entre 6 meses y 2 años para el cumplimiento de las diferentes medidas, según su naturaleza, e involucrando la participación activa de la comunidad indígena en el diseño y toma de decisiones.

Así, señaló como medidas materiales de protección las siguientes:

En relación con el derecho a la vivienda digna ordenó a la Alcaldía de Dagua que efectuara un nuevo diagnóstico de los daños y de la posibilidad de reparación o la necesidad de evacuación de esas viviendas. De otro lado, las autoridades del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres ?Clopad- deberían reunirse con la comunidad para determinar la mejor forma de repararlas respetando el concepto de adecuación cultural, y proceder a su reparación con el concurso de la comunidad indígena. En la eventualidad de que algunas viviendas presentaran pérdida absoluta o no pudieran ser reparadas por motivos de seguridad, el municipio tendría que proceder a la reubicación de los afectados ?contando con su consentimiento y solo en caso de que no exista otra alternativa para mantener su seguridad- e incluirlos en los planes de vivienda de interés social desarrollados por el municipio, orden que se extiende al Departamento del Valle del Cauca.

Sobre el derecho a la educación obligó al municipio a iniciar de inmediato la reparación y adecuación de la escuela comunitaria -en coordinación con las personas asignadas por la comunidad- con el fin de asegurar que no se afecte la adecuación cultural de la misma.

En cuanto a los derechos fundamentales a la seguridad e integridad personal de los indígenas del Cañón del Río Pepitas, al territorio colectivo y el derecho colectivo a la prevención y atención de desastres, el Tribunal Constitucional estipuló, como medidas estructurales para la seguridad del resguardo y de sus habitantes, el manejo o contención del Río Pepitas y la reconstrucción de los caminos adyacentes al territorio colectivo.
En el plano de adecuación de planes y programas de mitigación del riesgo y atención de desastres, ante la ausencia de un plan de atención de desastres en el municipio de Dagua y de un plan de acción específico para atemperar la situación del 2008, además de la carencia de un componente de atención diferencial para grupos vulnerables (como lo son los grupos indígenas ubicados en zonas de riesgo) en el plan nacional para la atención de desastres, la Corte decretó, por un lado, la adopción inmediata de los planes municipales mencionados señalando como componentes mínimos a integrarlos: evaluación, monitoreo, alerta temprana, transporte y movilización, información y adecuación cultural. Y en lo que atañe al componente étnico/cultural, dictaminó tomar en cuenta los siguientes elementos: (i) garantía de participación para la Comunidad del Río Pepitas en la definición de los planes de manejo del riesgo; (ii) consideración de los factores determinantes para asegurar el respeto por la identidad étnica de la Comunidad del Cañón del Río Pepitas, principalmente, en los sistemas de alerta temprana y de monitoreo de las amenazas; (iii) adecuación cultural de las viviendas o de los lugares de eventual reubicación de la comunidad indígena, teniendo en cuenta que esa medida se considera excepcional y de última alternativa en el caso de las comunidades indígenas, y (iv) protección del territorio colectivo como objetivo central de la política diferencial en manejo de riesgo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-235-11
2.1.23. Siempre que la diligencia de desalojo afecte de manera desproporcionada a grupos vulnerables como los grupos étnicos, la protección de los bienes de uso público debe ceder para garantizar sus derechos

Integrantes de 120 familias de las etnias nasa y yanacona desplazadas por la violencia en el Departamento del Cauca se asentaron en un bien baldío en Cali donde construyeron ranchos de bahareque y guadua y decidieron constituirse en Cabildo Indígena. Nueve meses después, la Inspección Urbana de Policía Municipal adelanta un trámite de desalojo que los indígenas consideran que atenta contra su proceso de reconstrucción social.

De acuerdo con los antecedentes del caso, en los peticionarios concurren dos condiciones de vulnerabilidad: ser población desplazada y pertenecer a minorías étnicas, razón por la que resultan aplicables los contenidos normativos relevantes sobre protección a la población desplazada y aquellos que cobijan a las personas y pueblos indígenas, entre los que se destaca el Convenio 169 de la OIT.

En cuanto a lo primero, el Tribunal reiteró que la acción de tutela resultaba procedente para estudiar asuntos en donde la población desplazada se encontraba inmersa en procesos policivos de restitución bienes ocupados irregularmente (en particular, diligencias de desalojo), incluso cuando dichos bienes fueran de propiedad pública. También, que el Estado tenía la obligación de garantizar un albergue en condiciones acordes con la dignidad humana para los afectados con la actuación policiva y, en caso de que ello no hubiese ocurrido aún, tenía el deber de activar el sistema de protección de la población desplazada, asumiendo las obligaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, la ley y el reglamento en cabeza de las distintas autoridades públicas frente a las víctimas del desplazamiento forzado.

Sobre lo segundo ?esto es, la especial afectación que enfrentan los pueblos aborígenes en el marco del desplazamiento, en especial en lo relativo a la defensa de sus territorios- afirmó que, a pesar de que la posesión ancestral de las tierras que habita una comunidad indígena es un elemento importante para la titularidad del derecho al territorio colectivo, cuando la comunidad pierde esa posesión por motivos ajenos a su voluntad (como por definición sucede en caso de desplazamiento forzado), el Estado mantiene la obligación de propender por la recuperación de su territorio; velar porque se haga efectivo el derecho al retorno; y, en caso de que este no sea posible, iniciar los trámites y adoptar las medidas necesarias para que la comunidad obtenga tierras aptas para mantener sus tradiciones y desarrollar su proyecto de vida.

La Corte al analizar la proporcionalidad de la medida de desalojo, concluyó la protección de la población desplazada y de las personas étnicamente diversas ?entre las cuales habían menores de edad, mujeres embarazadas y ancianos- en tanto representa una proyección del principio de igualdad material y del carácter social del Estado de derecho, tiene ?en principio- un peso ligeramente superior frente a la protección de bienes de uso público ordenada por el principio de legalidad.

La cantidad y calidad de las personas afectadas con el desalojo y el deseo del grupo indígena de organizarse como cabildo y reconstruir o preservar un modo de vida ancestral y constitucionalmente protegido, comporta para la Corte una intervención intensa de los intereses de los accionantes; mientras que la afectación al patrimonio público, pese a ser seria, interviene de manera intermedia el interés general, dada la ausencia de un uso socialmente adecuado del inmueble al momento de ser en ocupado por las familias indígenas y la inexistencia de proyectos de desarrollo social sobre el mismo.

Por último, aunque la afectación de los intereses enfrentados es cierta, el Tribunal considera que ?la propia función de albergue dada de hecho al predio, no debería ser despreciada para un bien sobre el cual se notaba plena indiferencia por parte de la Secretaría de Vivienda de Santiago de Cali hasta sus intervenciones ante los jueces de tutela?.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el componente de diversidad, identidad y autonomía indígena debía considerarse para determinar el alcance del amparo, en la medida en que, de una parte, la orden de albergue temporal amenazaría el proceso comunitario de las 120 familias del predio de Alto Nápoles si tuviera como consecuencia la reubicación de cada familia en un lugar diferente y, de otra parte, en el predio ocupado se encontraban personas indígenas que pertenecían a etnias diferentes , la Corte consideró pertinente proferir una orden compleja en razón a que resultaba plausible suponer que no ocupaban un mismo territorio ancestral que pudiera ser identificado y recuperado por el Estado.

Así, determinó que debía notificarse al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior -autoridades plenamente concernidas con la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento- para que, en el ámbito de sus competencias legales y constitucionales, inicien: (i) los trámites de concertación con la naciente comunidad de Alto Nápoles para determinar si es posible identificar su territorio colectivo; y, si resulta procedente, (ii) el proceso de retorno para la comunidad bajo los parámetros normativos constitucionales y los estándares del DIDH.

Pero, en caso de que no resulte posible llevar a cabo esta orden por la difícil situación de orden público del Departamento del Cauca -especialmente en lugares habitados tradicionalmente por pueblos indígenas- y la decisión de la comunidad sea la de asentarse en tierras lejanas a su lugar de origen, el Estado -a través de las instituciones concernidas- deberá iniciar: (iii) los trámites necesarios para que los peticionarios sean incluidos en la política de adjudicación, restitución o recuperación de tierras que actualmente adelanta el Gobierno Nacional, con el fin de cumplir su obligación convencional de entregar tierras de igual o superior calidad y estatus jurídico a las comunidades indígenas afectadas por el desplazamiento forzado.

Entretanto, el Tribunal suspendió el desalojo ordenado por la Inspección Fray Damián contra las familias indígenas alojadas en el predio de Alto Nápoles y, instó a las autoridades municipales accionadas a que preservaran dicho predio como albergue temporal de las 120 familias que actualmente lo ocupan, garantizando que sus condiciones sean acordes con la dignidad humana. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-282-11
2.2. Derechos de autogestión: jurisdicción especial indígena

2.2.1. Concepto y alcance

?La Corte Constitucional expresó que el análisis del artículo 246 de la Constitución muestra cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias; la potestad de éstas de establecer normas y procedimientos propios; la sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la ley; y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas -que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de "normas y procedimientos"-, mientras que los segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional. Si bien, es de competencia del legislador coordinar el funcionamiento de la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional, el funcionamiento mismo de ésta no depende de dicho acto del legislativo.

La potestad otorgada al Gobierno y a las autoridades eclesiásticas para intervenir en el gobierno de los pueblos indígenas contraría el artículo 330 de la Constitución Política, que prescribe: "de conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades". En este precepto se consagra el autogobierno indígena, cuyo ejercicio puede ser limitado sólo por las disposiciones de la Carta Política y las expedidas por el legislador, que a su vez deben ser conformes a aquéllas. Ni el Gobierno nacional ni las autoridades eclesiásticas están autorizadas por la Constitución para intervenir en la esfera del gobierno indígena.

La limitación del tipo de sanción que puede imponer la comunidad para conservar sus usos y costumbres, contraría tanto la letra del artículo 246 (que confiere a las autoridades indígenas la facultad de administrar justicia "de acuerdo con sus propias normas y procedimientos"), como la realidad de las comunidades destinatarias de la norma. En efecto, el arresto no es la única sanción compatible con la Constitución y las leyes; dentro del marco constitucional, es posible que las comunidades indígenas apliquen una amplia variedad de sanciones, que pueden ser más o menos gravosas que las aplicadas fuera de la comunidad para faltas similares; es constitucionalmente viable así mismo que conductas que son consideradas inofensivas en la cultura nacional predominante, sean sin embargo sancionadas en el seno de una comunidad indígena, y viceversa.

En este punto, no entra la Corte a determinar cuáles pueden ser estas conductas, ni cuáles los límites de su sanción. Corresponde al juez en cada caso trazar dichos límites, y al legislador establecer directivas generales de coordinación entre los ordenamientos jurídicos indígenas y el nacional que, siempre dentro del respeto del principio de la diversidad étnica y cultural, armonicen de manera razonable la aplicación de éste con las disposiciones de la Carta.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-139-96
2.2.2. Procedencia no depende del reconocimiento externo en torno a la existencia y validez del orden jurídico tradicional

?La Corte Constitucional consideró que se presenta violación a los derechos fundamentales a la diversidad, la autonomía y el debido proceso de la comunidad indígena Yanacona y a uno de sus integrantes cuando, al resolver un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial indígena, la autoridad judicial competente atribuyó el conocimiento del caso a la jurisdicción ordinaria, incurriendo al hacerlo, en una vía de hecho. Esta vía de hecho se constituyó por incorrecta aplicación de la ley, en tanto que el fallo se sustentó en la aparente ausencia de normas sustantivas y procesales conforme a las cuales la comunidad indígena accionante carecía de normas tradicionales, que definieran como ilícita una conducta, el procedimiento para juzgar a los responsables y las sanciones aplicables al caso: omitiendo el principio de legalidad aplicado a la jurisdicción indígena como análisis de previsibilidad?.

En el sentir de la Corte, ?resulta contraria al principio de la diversidad étnica y cultural, la pretensión de que la procedencia de la jurisdicción indígena dependa del reconocimiento externo en torno a la existencia y validez del orden jurídico tradicional. Establecida la existencia de una comunidad indígena que cuente con autoridades propias que ejerzan su poder en un ámbito territorial determinado, surge directamente de la Constitución el derecho del ejercicio de la jurisdicción. Las prácticas y usos tradicionales constituyen el marco de referencia para el ejercicio de esa facultad, pero su determinación corresponde de manera autónoma a la propia comunidad indígena con la sola limitación según la cual ese sistema normativo tradicional no puede contrariar la Constitución y la ley. Esta última condición sería objeto de una verificación posterior para la garantía de los derechos fundamentales de las personas que pudieran verse afectadas por la acción u omisión de las autoridades indígenas. Por lo anterior, la Corte decide declarar sin valor ni efecto la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y le ordena resolver nuevamente el conflicto de competencias de conformidad con los criterios expuestos en esta sentencia nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-552-03
2.2.3. Ausencia de jurisdicción del juez ordinario para pronunciarse sobre asuntos que competen a la jurisdicción indígena

Un miembro de cierta comunidad indígena ubicada en Caldas inició el proceso de sucesión ante la jurisdicción ordinaria, sobre un bien inmueble de uso de su padre pero que se hallaba ubicado en el resguardo indígena al que pertenecían ambos. Al mismo tiempo, el cabildo indígena resolvió adjudicar la posesión de los haberes del causante a otra habitante indígena del resguardo. Pese a contar con la prueba de que la ubicación del inmueble era dentro del territorio del resguardo, el juez ordinario tramitó el proceso y reconoció como sucesor al demandante, efectuando la adjudicación del inmueble. Las autoridades indígenas presentaron una acción de tutela contra la decisión tomada por el juez, al considerar que su jurisdicción había sido usurpada.

?La Corte Constitucional concedió el amparo y estimó que la decisión del juez, al definir un asunto que estaba fuera de su jurisdicción, por pertenecerle éste a la autoridad indígena, había incurrido en una vía de hecho por falta de competencia. La vía de hecho en la que incurrió el juzgado se configura cuando el juez ordinario, al tener elementos de juicio para deducir que no tenía jurisdicción, no declara oficiosamente la nulidad. Es evidente que actuó sin jurisdicción lo cual implicó una serie de afectaciones a los derechos fundamentales, como el debido proceso, el acceso a la justicia, el respeto a la autonomía indígena y dentro de ella a la forma de propiedad comunitaria y al ámbito territorial indígena. La vía de hecho en la que incurrió el juez que tramitó el proceso de sucesión, se concretó en errores tales como: a. Consideró como propiedad del causante lo que era propiedad comunal; b. No podía secuestrar, ni entregar un inmueble que hace parte de un resguardo; c. No podía declarar como heredero a quien según el derecho consuetudinario indígena no lo era, para lo cual invocó normas sobre legitimarios, que no eran aplicables al caso; d. No podía negar el levantamiento del embargo recaído sobre propiedad colectiva; y, e. Negó una nulidad que inclusive ha debido declarar de oficio. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-606-01
2.2.4. Obligación de dar curso al conflicto de competencias que promuevan autoridades indígenas

El actor como miembro de la comunidad indígena Chenche-Amayarco fue condenado por el delito de homicidio en la jurisdicción ordinaria, por lo cual presentó acción de tutela y solicitó la protección de su derecho al debido proceso y al respeto de la autonomía y la jurisdicción indígena. De otra parte, la Defensora Regional del Pueblo del Huila interpuso acción de tutela en favor de los derechos de petición y debido proceso de una mujer indígena, quien fue condenada a 64 meses de prisión por tráfico de estupefacientes en la jurisdicción ordinaria, no obstante que la procesada manifestó su calidad de indígena desde el momento de la indagatoria, y que la jurisdicción indígena planteó un conflicto de competencia reclamando el conocimiento del caso, al cual no se le dio el trámite respectivo.

La Corte acumuló la revisión de estos dos casos en la medida que comparten dos problemas fundamentales, a saber: de una parte, el desconocimiento por parte de la justicia nacional del conflicto de competencias con la jurisdicción especial, lo que implicó una violación del debido proceso en el aspecto de las formas propias de cada juicio, y de otra parte, la mencionada omisión acompañada de sentencia condenatoria podría constituir una violación al debido proceso en lo que respecta al juez natural y a la autonomía de la jurisdicción especial indígena, en el caso que la solución del conflicto de competencias lleve a concluir que los indígenas sí tenían derecho al fuero especial.

En consideración al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los indígenas, la Corte analizó la concurrencia de los criterios personal y territorial para la determinación del derecho de los indígenas a ser juzgados por su jurisdicción especial, en la medida que estos dos elementos hayan contribuido a que, por su diferente concepción valorativa, no comprendieran la ilicitud de la conducta por la cual se les condenó. En el caso del primer actor, la Corte encontró que como miembro de la comunidad al igual que la víctima de su delito, y que el hecho ocurrió dentro del territorio comunitario, tenía derecho al fuero. En consecuencia, se tuteló el derecho al debido proceso en sus diferentes aspectos, tanto del individuo como de la comunidad, se revocó la sentencia penal condenatoria y se ordenó el traslado del expediente a la justicia especial indígena. En el segundo caso, si bien se encontró probado el criterio personal, no ocurrió así con el territorial y el juez constitucional concluyó que, por la forma de comisión del ilícito y las pruebas obrantes en el expediente, la indígena conocía la ilicitud de su conducta. Por lo tanto, se negó la tutela y se confirmó la sentencia penal nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-728-02
2.2.5. Importancia de los factores de competencia personal y territorial para la aplicación de la jurisdicción especial indígena.

Un indígena interpuso acción de tutela en contra de un juzgado promiscuo de familia por considerar que éste había incurrido en vías de hecho dentro de proceso civil de fijación de alimentos adelantado en su contra. Afirmó que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al no haberlo notificado en debida forma y no haberse permitido que las autoridades indígenas de su resguardo asumieran el caso.

La Corte negó la tutela solicitada al considerar que en el proceso de familia no se acreditó la condición de indígena del actor ni de la demandante y por el hecho de que ninguna autoridad tradicional había reclamado la competencia para conocer del conflicto jurídico suscitado ni planteado un posible conflicto positivo de competencia.

Al referirse al alcance de los factores de competencia personal y territorial de la jurisdicción especial indígena, la Corte puntualizó que no basta con acreditar que una persona pertenece a una determinada etnia como presupuesto para la procedencia del fuero indígena, sino que además, es necesario demostrar que la persona esta integrada a una comunidad y que vive según sus usos y costumbres. Señaló, que el fuero especial solamente surge cuando existe una autoridad indígena con capacidad de ejercer la jurisdicción y ha hecho manifiesta su decisión de asumir el conocimiento de los hechos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1070-05
2.2.6. Aplicación de la jurisdicción especial indígena para dirimir controversias laborales

El Gobernador y Representante del Cabildo Indígena de la Laguna de Liberia interpuso acción de tutela contra una decisión confirmatoria de un tribunal laboral en la cual se denegó la remisión del proceso a las autoridades indígenas para que ellas le dieran trámite por ser las competentes. El actor adujo la vulneración de derechos de la comunidad indígena al debido proceso, a la integridad étnica y cultural y social, a la autonomía y a la participación en las decisiones que las afecten. La Corte Constitucional concedió la tutela, dejó sin efectos las providencias laborales de primera y segunda instancia y ordenó que se remitiera el caso a las autoridades tradicionales del resguardo para que asumieran su conocimiento por competencia.

La Corte Constitucional determinó que las normas laborales no pueden restringuir la jurisdicción indígena. Ello porque si bien las normas laborales son de orden público, ellas no protegen intereses de superior jerarquía a la diversidad étnica y cultural. La Corte consideró que en este caso las autoridades judiciales habían incurrido en vía de hecho por defecto orgánico tras haberse negado a reconocer la competencia de las autoridades indígenas para conocer de la demanda laboral instaurada por quien fuera el conductor del Cabildo Indígena, fundados en argumentos de tipo occidentalista, contrarios a la jurisprudencia que la misma Corte ha establecido sobre el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-009-07
2.2.7. Obligación de remitir procesos penales a autoridades indígenas surge con la manifestación de voluntad de éstas de asumirlos

Un ciudadano indígena del pueblo Cofán, recluido en una Penitenciaría Nacional presentó acción de tutela contra un Juzgado Promiscuo del Circuito por presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa técnica. Alegó que el juzgado había incurrido en vía de hecho al no declarar la nulidad de lo actuado en el proceso penal que se le seguía, por falta de competencia, y no haber remitido las diligencias a las autoridades del pueblo Cofán para que éstas adelantaran su juzgamiento a través de la Jurisdicción Especial Indígena. Esta petición fue apoyada por cuatro indígenas que se presentaron, uno como el cacique de la Comunidad Cofán y los otros tres como autoridades tradicionales, para que se remitieran las diligencias penales al consejo de Ancianos, Casa Indígena del Pueblo Cofán en la Hormiga, Putumayo, con el fin de que el actor fuera juzgado de acuerdo con sus usos y costumbres.

En el proceso de tutela se estableció que el actor había sido condenado en marzo de 1998 a diez años de prisión por el delito de homicidio, por un hecho que había acaecido en febrero de 1983, antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991 y del reconocimiento de la jurisdicción especial indígena. También se estableció que el cierre de investigación y la resolución de acusación sólo se habían producido en el año de 1995, y que como éstas no habían podido ser notificadas al sindicado o a su defensor pues se desconocían sus lugares de residencia, el proceso había continuado con un defensor de oficio. Por eso, el actor sólo se había enterado de la existencia de esas providencias en el año 2002, cuando le fue notificada la sentencia condenatoria y se lo recluyó en la penitenciaría para que cumpliera la condena.

Al conocer el caso, la Corte Constitucional se preguntó si ?constituía vía de hecho violatoria de los derechos fundamentales de una persona, que el juez en un proceso penal, si tuviere indicios que permitieran suponer que se trata de juzgar a un indígena, omitiera adelantar oficiosamente las diligencias probatorias necesarias para establecer si habría lugar a aplicar el fuero indígena y en caso de encontrarlo así, remitir el proceso a las autoridades tradicionales?. La Corte estimó que la respuesta a éste interrogante es, en principio, negativa, ?por cuanto el fuero sólo se materializa cuando la autoridad indígena exterioriza su voluntad de asumir el conocimiento de una determinada causa?. Así, si en un proceso penal el sindicado considera que está amparado por el fuero especial indígena, debe dirigirse a la autoridad tradicional que en su criterio es competente, para que ella presente la solicitud al juez del conocimiento.

Dos consideraciones tiene en cuenta la Corte para llegar a esta conclusión: Por una parte ?dice-, el juez ordinario tiene jurisdicción de acuerdo con la ley y no puede renunciar a ella a partir de consideraciones sobre elementos objetivos que podrían, solo eventualmente, dar lugar a un fuero especial, y por otra parte, ese fuero especial solamente surge cuando (i) existe una autoridad indígena con capacidad de ejercer la jurisdicción de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad y (ii) esa autoridad manifiesta su decisión de asumir el conocimiento de los hechos.

La Corte precisa que el artículo 246 de la Constitución faculta a las autoridades de los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, y por consiguiente, no es posible, en principio, imponerles dicho ejercicio. Ello debido a que dentro del proceso de integración cultural que se había promovido en el pasado, era usual que en ciertas comunidades, cuyas autoridades tradicionales ejercían control social en relación con faltas menores, el conocimiento de ofensas mayores, tales como el homicidio, se dejase a las autoridades nacionales. En una hipótesis tal ?señala-, es posible que las autoridades tradicionales no tengan la capacidad para asumir el conocimiento de esas ofensas, que no existan precedentes en la comunidad sobre el particular y que no estén en condiciones de hacer efectiva una sanción a los infractores. El reconocimiento de la jurisdicción especial indígena en 1991 ha dado lugar a un proceso progresivo a partir del cual las comunidades indígenas pueden iniciar un camino orientado a recuperar su identidad y a reafirmar su autonomía, y en ese proceso complejo e integral, la decisión de ejercer la jurisdicción obedece a una opción de la comunidad, expresada a través de sus autoridades cuando quiera que se estime que están dados los presupuestos para ello.

En síntesis, dice la Corte, ?para que proceda la jurisdicción indígena se requiere que la conducta que pretende someterse a su conocimiento pueda ser reconducida a un ámbito cultural, en razón de la calidad de los sujetos activos y pasivos, del territorio en donde tuvo ocurrencia, y de la existencia en el mismo de una autoridad tradicional con vocación para ejercer la jurisdicción de acuerdo con las normas y procedimientos de la comunidad?.

No obstante lo anterior, la Corte consideró que en el caso concreto objeto de estudio, la autoridad accionada si había incurrido en una vía de hecho al no darle la oportunidad a las autoridades indígenas del Pueblo Cofán de asumir el conocimiento de los hechos. Esto, por las particulares circunstancias del caso, dado que los hechos habían ocurrido en una época en la cual no se les reconocía ese derecho, lo que les impedía hacer ese tipo de manifestación, y porque además el proceso había permanecido inactivo durante mucho tiempo y se había reactivado muchos años después ?cerca de 14 años-, período en el cual no era razonable exigirles que estuvieran al tanto de la existencia y desarrollo del proceso. Por esa razón, y atendiendo la manifestación hecha por las autoridades indígenas en el proceso de tutela y el análisis de la misma Corte sobre la existencia de las condiciones para reconocer ese fuero, la Corporación concedió la tutela, dejó sin efecto la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada, otorgó la libertad al actor y ordenó ponerlo a disposición de las autoridades indígenas con el anexo que contiene la causa para que ellas lo juzguen de acuerdo con sus usos y costumbres. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1238-04
2.2.8. Límites a la aplicación de la jurisdicción indígena en materia penal

Un integrante de una comunidad indígena interpuso acción de tutela por considera que su juzgamiento debió ser efectuarlo no por un juez de la República sino por las autoridades de la comunidad a la que pertenece. La Corte Constitucional consideró ?que el proceso penal seguido contra el actor por el delito de homicidio se surtió con sujeción a las normas legales, bajo la consideración de que el procesado es un ciudadano colombiano, cuya pertenencia a una comunidad indígena no fue invocada en ese proceso. Razón por la cual no podía, en manera alguna, exigírsele al juez dar aplicación al artículo 246 de la Constitución Política de 1991, para que el hecho delictivo imputado al sindicado se juzgara por las autoridades indígenas. Asimismo, tampoco se encontró demostrado que la víctima del delito de homicidio, por el cual se condenó al solicitante en tutela, perteneciera a una comunidad indígena?.

Conforme al artículo 246 de la Constitución Política, el Estado colombiano reconoce y respeta la jurisdicción indígena, en virtud de la cual se acepta la existencia de autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, así como la potestad de las comunidades de esta índole para establecer normas y procedimientos propios, adoptar decisiones de carácter imperativo conforme a ellas, siempre y cuando no se quebranten principios mínimos elementales para garantizar el debido proceso, pero sin que ello signifique que pueda aceptarse que se invoque la pertenencia a una comunidad indígena luego de surtido un proceso e impuesta una pena, como subterfugio para eludir el cumplimiento de ésta, o, lo que resulta más grave, para pretender la nulidad de un proceso válidamente adelantado por la jurisdicción del Estado.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-344-98
2.2.9. Inaplicación de fuero indígena cuando el sujeto ha tenido contacto permanente con la cultura occidental dominante y el delito lo ha cometido fuera de su territorio

?El fuero indígena contempla dos elementos esenciales, el personal que establece si el indígena tiene o no derecho a ser juzgado por su comunidad y el territorial que hace referencia a si el hecho punible ocurrió dentro del ámbito territorial indígena. En el caso presente el accionante no residía dentro de su resguardo y el delito se cometió fuera de los límites del mismo. Del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. En efecto, se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo. Cuando un indígena es sujeto activo de un hecho punible lo que debe hacer el juez es cambiar la perspectiva del análisis, ya no fundada en un concepto de inmadurez sicológica, sino en la diferencia de racionalidad y cosmovisión que tienen los pueblos indígenas?.

?El juez, en cada caso, debe hacer un estudio sobre la situación particular del indígena, observando su nivel de conciencia étnica y el grado de influencia de los valores occidentales hegemónicos, para tratar de establecer si conforme a sus parámetros culturales, sabía que estaba cometiendo un acto ilícito. Por otro lado, cuando un indígena se ha alejado de su comunidad, no accidentalmente, sino por deseo propio, debe asumir los ´riesgos´ que se derivan de su acción, es decir, que como miembro del territorio colombiano goza de las mismas prerrogativas de todo ciudadano, pero también está expuesto al cumplimiento de deberes y sanciones que imponen las autoridades de la República. No es dable reconocer el derecho al fuero indígena a un ciudadano con estas características, con base exclusiva en el factor personal, pues al ser un sujeto ´aculturado´ capaz de entender los valores de la conducta mayoritaria, no resulta inconveniente juzgarlo de acuerdo con el sistema jurídico nacional?.

La Corte hace énfasis en que para el caso que se estudia no importa que quien hubiese cometido el homicidio fuere un indígena pues para el efecto, la víctima, como miembro del territorio colombiano, es considerada como un ciudadano. ?El homicidio, pues, no es una conducta que los miembros de la comunidad Páez desconozcan como reprochable. Aun aceptándose la ´pureza cultural´ del sujeto, éste puede comprender la dimensión del ilícito y ser consciente de que su actuación acarrea sanciones. En el caso del actor, es claro que no puede argumentar una diferencia valorativa en razón de su pertenencia a otra comunidad, no sólo porque los paeces sancionan el homicidio, sino además porque el actor ha tenido contacto con la visión externa predominante, tanto por su tradición cultural que se vio expuesta al sometimiento al orden colonial y al intento de integración a la "vida civilizada", como por el interactuar particular e individual que ha tenido el demandante con miembros de la sociedad mayoritaria.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-667A-98 y SU-039-97
2.2.10. Límites a la autonomía de los pueblos indígenas al administrar justicia.

El accionante instauró acción de tutela contra el Cabildo Indígena Paéz de Pioyá y la Aguada San Antonio en el Municipio de Caldono Cauca, tras considerar que la imposición de una sanción de cuarenta años, sin descuento de pena ni excarcelación por el delito de homicidio, es injusta y desborda los limites de la legislación colombiana.

La Corte Constitucional acogiendo el concepto emitido por la Coordinación del Programa de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, determinó que la pena de 40 años impuesta al indígena por haber incurrido en el delito de homicidio agravado no es exagerada a la luz de las costumbres paeces, ni es contraria a la ley penal ordinaria. Dejo sin efectos la parte que niega los beneficios durante la condena, por considerar que es contraria a la ley penal y a los usos y costumbres de la comunidad Paéz que también los consagra.

Con relación a los límites a la autonomía de los pueblos indígenas al administrar justicia, la Corte reiteró lo establecido en la Sentencia T-349 de 1996 que señala ?que sólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural de los pueblos indígenas y por ello, sus facultades constitucionales debían ser interpretadas según el principio de maximización de la autonomía y de minimización de las restricciones?. No obstante reconoció, que son admisibles y necesarias ciertas limitaciones para salvaguardar intereses de superior jerarquía. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1294-05
2.2.11. Sanciones que imponen autoridades indígenas deben respetar el debido proceso penal

Un indígena Embera-Chamí que se encuentra recluido en una cárcel distrital interpusoe tutela contra la Asamblea General de Cabildos de la comunidad a la que pertenece, intentando a través de este mecanismo judicial, que se le permita regresar a su comunidad. ?La Corte Constitucional sostuvo que procede la acción de tutela iniciada por un miembro de una comunidad indígena contra ésta, por violación del derecho al debido proceso, cuando en el juzgamiento y en la sanción impuesta se presenta exceso en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que la Constitución reconoce a las autoridades de las comunidades indígenas; ya que además de implicar la vulneración de un derecho fundamental, el actor no dispone de otro medio de defensa judicial?.

?Se vulnera el principio de legalidad de la pena y el debido proceso de un miembro de una comunidad indígena cuando en su juzgamiento las autoridades de la comunidad imponen al sindicado una sanción que no se encuentra establecida dentro de los usos y costumbres de la comunidad. En este sentido, se vulnera el debido proceso del actor cuando se le impone como sanción la ´pena privativa de la libertad en una cárcel blanca´, ya que este tipo de sanciones no forman parte de las previstas tradicionalmente por el correspondiente ordenamiento jurídico de la comunidad. La práctica del cepo en la comunidad Emberá-Chamí lejos de tratarse de un comportamiento cruel e inhumano, se trata de una pena que hace parte de su tradición y que la misma comunidad considera como valiosa por su alto grado intimidatorio y por su corta duración, de manera que, armonizando con el respeto a la jurisdicción indígena y al principio de protección de la diversidad étnica y cultural, no se considera violatoria de los derechos del indígena castigado.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-349-96
2.2.12. Autoridades indígenas deben respetar los principios de legalidad, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad de las penas

Un comunero del Resguardo Indígena de Quizgo (Sivia, Cauca) presentó acción de tutela contra las autoridades del Cabildo, alegando la violación a sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al principio de non bis idem, pues se le había condenado por un homicidio que él no había cometido, y se lo había sentenciado dos veces por el mismo hecho, la primera vez a pena de expulsión del resguardo por el término de un año y la segunda, por la Asamblea General del Cabildo, a cinco años de reclusión y dos de trabajo comunitario.

En el proceso se estableció que la Asamblea General del Cabildo había considerado al actor responsable del homicidio, porque éste había tenido un altercado con otro indígena en el lugar donde ocurrieron los hechos, altercado que a juicio de ellos había dado lugar a que un tercer indígena le causara heridas con arma corto punzante al fallecido. También se estableció, que la pena que se le había impuesto por la Asamblea General obedecía, además, al reproche de la comunidad a la decisión del autor de acudir a la acción de hábeas corpus para obtener su libertad, desconociendo los usos y costumbres del pueblo indígena. De igual forma, se hizo evidente que la pena que se le había impuesto al actor era superior a la señalada para el autor material de homicidio.

La Corte Constitucional consideró que en este caso no se había vulnerado el principio de non bis in idem porque la primera condena que había producido el cabildo nunca había sido aprobada, debido a que ellos no eran competentes para conocer de ese juzgamiento. Por eso el caso había pasado a la Asamblea General del Cabildo, donde se había tomado la segunda decisión y única considerada como válida.

Sin embargo, la Corte si estimó que se le había vulnerado al actor el derecho al debido proceso y el principio de culpabilidad previstos en el artículo 29 Superior, pues era indudable que a éste se le había impuesto una pena por un acto que no había cometido, pues si bien, junto a otro comunero había alterado el orden público el día de los hechos, no por ello era responsable de la muerte.

La Corte indicó que ?como consecuencia del reconocimiento de la dignidad humana, la Constitución Política proscribe la responsabilidad penal objetiva y prevé un derecho penal de acto y no de autor. Al respecto, el artículo 29 superior establece que ?no puede haber delito sin conducta?, al señalar que ?nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa? y que ?toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable? (?).

Recordó que la Constitución ?excluye la responsabilidad penal objetiva, y exige que la persona haya actuado con culpabilidad. Esto significa que la Carta ha constitucionalizado un derecho penal culpabilista, en donde la exigencia de culpabilidad limita el poder punitivo del Estado, pues sólo puede sancionarse penalmente a quien haya actuado culpablemente. Por consiguiente, para que pueda imponerse una pena a una persona, es necesario que se le pueda realizar el correspondiente juicio de reproche, por no haber cumplido con la norma penal cuando las necesidades de prevención le imponían el deber de comportarse de conformidad con el ordenamiento, en las circunstancias en que se encontraba?. Por lo tanto, ?sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente?.

En el presente caso, dice la Corte, no fue el accionante el causante de la muerte que se le imputa; dicho resultado no hizo parte de la exteriorización de su conducta, de lo efectivamente realizado por él. Por lo tanto, la pena impuesta por la Asamblea General y la Comisión de Exgobernadores de Quizgó resulta a todas luces violatoria del derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual rige para todo tipo de actuaciones judiciales, incluidas las que adelanten las autoridades de los pueblos indígenas en ejercicio de la jurisdicción especial que les reconoce la Carta Política.

La Corte advierte, sin embargo, que si a la luz de los usos y costumbres de la comunidad indígena la riña en lugar público es objeto de sanción, las autoridades indígenas puede investigar y sancionar al actor por ese comportamiento. Pero en tal caso, la sanción que se le imponga deberá respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las penas, así como el criterio de previsibilidad de las actuaciones de las autoridades.

La Corte recuerda que en materia penal, el principio de legalidad se traduce como de predecibilidad. Y explica que ?en principio, ello remite a la existencia de precedentes que permitan establecer, dentro de ciertos márgenes, qué conductas se consideran ilícitas, cuáles son los procedimientos para el juzgamiento, y cuál el tipo y el rango de las sanciones. Sin embargo, esa predecibilidad, que podríamos llamar específica, puede dar paso, en ciertos casos, a una predecibilidad genérica, en razón de la situación de transición que comporta el reciente reconocimiento de la autonomía de las comunidades indígenas y el proceso de reafirmación de su identidad cultural que se produjo a raíz de la Constitución de 1991. De este modo la previsibilidad estaría referida a la ilicitud genérica de la conducta, la existencia de autoridades tradicionales establecidas y con capacidad de control social, un procedimiento interno para la solución de los conflictos y un concepto genérico del contenido de reproche comunitario aplicable a la conducta y de las penas que le puedan ser atribuidas, todo lo cual debe valorarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad?.

Agrega que para el caso concreto, ?una garantía del principio de legalidad estaría, desde el punto de vista orgánico, en el juzgamiento por autoridad previamente constituida; desde la perspectiva procesal, conforme a prácticas tradicionales que garanticen el derecho de defensa, y desde la sustantiva, por la ilicitud de la conducta de acuerdo con criterios tradicionales generalmente aceptados?. ?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-811-04
2.2.13. Las comunidades indígenas no pueden prohibir el eventual reconocimiento de los beneficios de rebaja de pena y de excarcelación a los condenados por la comisión de un delito si dentro de sus usos y costumbres se prevé este tipo de reconocimientos

Un Indígena Páez, privado de la libertad en la Penitenciaría Nacional San Isidro de Popayán, interpuso acción de tutela contra las autoridades de los Resguardos Indígenas de Pioyá y San Antonio La Aguada de Caldono, Cauca, tras haber considerado que la pena de 40 años de prisión que le fue impuesta por el delito de homicidio simple constituye una violación a sus derechos fundamentales por ser una condena exagerada y caprichosa. Indicó que tal pena desborda los límites de la legislación colombiana pues ésta prevé para esa clase de delitos una pena que oscila entre los 13 y los 25 años de prisión. Solicitó la tutela de su derecho a una pena justa y razonable.

Al estudiar el caso la Corte verificó que la autoridad indígena tenía competencia para juzgar al accionante tanto por el factor personal como por el factor territorial pues el actor pertenecía a esa comunidad indígena y la situación que se había juzgado había tenido lugar dentro del territorio de la comunidad. De igual forma estableció que en el proceso de juzgamiento se había seguido el debido proceso conforme estaba consignado en las dos actas de las Asambleas de los Resguardos. Al revisar tales actas, la Corte observó que la condena que se había impuesto al actor no había sido por homicidio simple sino por homicidio agravado pues el actor había cometido reiteradamente faltas que atentaban contra la armonía y el equilibrio de la Comunidad de Pioyá y también de los resguardos vecinos y, porque ya anteriormente había cometido otro homicidio. De tal manera que la pena a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado no era contraria al artículo 104 del Código Penal Colombiano. Para la Corte, la comunidad indígena había actuado de conformidad con sus usos y costumbres, pues se trataba de un delito altamente penalizado y sancionado por ellos.

En las mismas actas, la Corte observó que parte de la condena era la decisión de que el actor no gozara de rebaja de pena o de excarcelación y la prohibición expresa de que esta decisión fuera suspendida por autoridad alguna. La Corte decidió eliminar esta última disposición, tras advertir que ella resulta contraria a las leyes ordinarias colombianas y a los usos y costumbres de la comunidad Páez pues también dentro de ellos está contemplada la usanza de rebaja de las penas y concesión de la libertad antes del cumplimiento de la sanción.

Por lo anterior, la Corte resolvió dejar en firme la decisión tomada por la Asamblea General de los Cabildos de Pioyá y la Aguada de Caldono, salvo lo relacionado con la última parte en cuanto a la prohibición de reconocimiento de beneficios durante la condena al accionante. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1294-05
2.2.14. Obligación de colaboración a las autoridades indígena en la materialización de las penas y autonomía de la jurisdicción especial indígena

Un Cabildo Mayor y un Consejo de Justicia del Pueblo Inga, juzgaron y sentenciaron a dos indígenas de su comunidad a la pena de seis años de prisión sin beneficio de excarcelación, la cual debía ser cumplida en una de las cárceles del Estado Colombiano.

El Director de la Cárcel Judicial requerido para dar cumplimiento a la decisión adoptada por las autoridades indígenas, argumentando que sólo las autoridades penales contaban con la investidura y facultades para imponer sanciones penales y que el centro penitenciario que tenía bajo su responsabilidad carecía de las condiciones carcelarias adecuadas para recibir miembros de las comunidades indígenas, se negó a dar cumplimiento a la decisión adoptada por las autoridades indígenas en ejercicio de sus facultades constitucionales, lo cual fue calificado por las las autoridades indígenas como una indebida injerencia en las decisiones adoptadas en el seno de su comunidad.

Motivado por los hechos anteriores, el Cabildo Mayor de la comunidad afectada con la decisión de la autoridad carcelaria del INPEC, interpuso acción de tutela para que se protegieran los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural del territorio y a la jurisdicción especial indígena.

La Corte señaló que la falta de una ley de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la indígena deja en cabeza del juez de tutela la obligación de determinar y equilibrar los intereses en conflicto, bajo el principio de la maximización de la autonomía indígena.

Con relación a la falta de infraestructura carcelaria para albergar los miembros de las comunidades indígenas condenados a cumplir las penas en los establecimientos carcelarios del Estado señaló que, cuando los establecimientos carcelarios no cuenten con la infraestructura necesaria para que los indígenas rediman las penas impuestas por sus comunidades y autoridades, ?es obligación del Estado, a través de las autoridades (Ministerio del Interior y de Justicia, Inpec) y de la jurisdicción ordinaria, convertir en realidad tal autonomía, a través de la colaboración permanente, con el fin de que la jurisdicción indígena, incipiente en ciertos aspectos, pueda avanzar en su consolidación.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1026-08
2.2.15. Prohibición de expulsión de miembros de la comunidad

La Corte Constitucional dispuso que ?la pena de confiscación y de destierro no puede ser impuesta por el Estado y, menos aún, por una comunidad indígena que, como lo expresa la Constitución, se gobierna por sus usos y costumbres siempre que ellos no pugnen con la Constitución y la ley imperativa. De manera que la expulsión del peticionario y de su familia por parte de la comunidad indígena de El Tambo es violatoria de sus derechos al debido proceso, proporcionalidad de la pena y el derecho a la integridad física de sus hijos.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-254-94
2.2.16. Límite a las decisiones de las comunidades indígenas frente a la protección de la vida de los niños

?Los indígenas U´wa padres de dos menores gemelos, resolvieron dejar transitoriamente a sus hijos al cuidado del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), mientras consultaban el caso con sus autoridades tradicionales y demás miembros de la comunidad, pues la tradición practicada es la de que los hijos nacidos en partos múltiples deben morir. Los menores fueron remitidos a una casa de adopción, cuya representante legal interpuso, a nombre de los niños, una acción de tutela solicitando que se protegieran sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a tener una familia, los cuales consideró estaban siendo vulnerados por los padres de los menores y las autoridades tradicionales de los U"wa. Para la Corte Constitucional, la tradición que practicaba la comunidad U"wa respecto de niños nacidos en partos múltiples, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico es inaceptable, pues el derecho a la vida prima sobre el derecho de las comunidades indígenas a autodeterminarse e imponer sus propios usos y costumbres dentro de los límites de su jurisdicción, como se desprende del mandato superior contenido en el artículo 330 de la Carta Política?.

?Sin embargo, la comunidad no pretendía darle cumplimiento, razón por la cual, ante el hecho concreto, se introdujo un proceso de reflexión y consulta, al parecer motivado entre otras muchas cosas por la experiencia que han tenido a partir de su contacto intenso con otras culturas, que la llevó a concluir que puede, sin riesgo, aceptar en su seno a dichos menores, los cuales no son distintos a sus otros niños, exigiendo entonces su retorno. El debate y la definición del mismo, sobre la manera en que la comunidad replantee y recontextualice el contenido de esa tradición, y sobre el destino de los menores, le corresponde a la jurisdicción especial que ellos constituyan. Para la Corte la decisión de revocar la declaratoria de abandono y la orden de iniciar el proceso de adopción, y en cambio ordenar el regreso de los niños al seno de su familia y de su comunidad, cumple con el objeto esencial de la tutela, que no es otro que garantizar la protección inmediata y eficaz de los derechos de los menores.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-030-00
2.2.17. Protección de la cosmovisión de la cultura indígena frente a grupo minoritario religioso: límites

?La Corte Constitucional señaló que, la decisión acompañada de retaliaciones de las autoridades tradicionales, dirigida a impedir dentro de la Comunidad Indígena Arhuaca, actividades de proselitismo religioso -práctica del culto evangélico-, sólo puede ser impartida por las autoridades tradicionales. La cosmovisión de la cultura arhuaca es incompatible con la doctrina evangélica lo que implica que el cambio de mentalidad religiosa conlleve, necesariamente, un proceso profundo y radical de sustitución cultural, con independencia de que ciertas apariencias formales -como el vestido, el largo del cabello, la utilización de collares, o la vivienda- se mantengan intactas. En el caso de las comunidades indígenas, la conservación de su cultura legitima el empleo de mecanismos para determinar la presencia de ?extraños? o ?no-extraños? y poder comportarse en consecuencia. Si se insiste en recortarles a dichos grupos estos elementales mecanismos de defensa y preservación, no será posible que mantengan su identidad cultural. Sin embargo, el respeto a la persona humana impide a las autoridades indígenas incurrir en actos arbitrarios y apelar a procedimientos inhumanos y degradantes para sujetar a los miembros de la comunidad que se desvíen de los cánones tradicionales.

Si bien, ?las autoridades tradicionales tienen autonomía para establecer sus faltas, la sanción a una persona por el mero hecho de profesar el culto evangélico es arbitraria, pues la simple creencia no amenaza gravemente la supervivencia de la cultura y, en cambio, sí viola el núcleo esencial -el mínimo de los mínimos- de la libertad de cultos. No obstante, la creencia en unos dogmas religiosos distintos a los de la cosmovisión indígena puede implicar que se incumplan las normas tradicionales de la comunidad. En este caso, las autoridades están en su derecho de sancionar a quien no obedece en los términos en los que deben obedecer los restantes miembros de la comunidad.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-510-98
2.2.18. Aplicación del código único disciplinario para los indígenas que manejen recursos públicos

El inciso segundo del artículo 25 de la Ley 734 de 2002, al establecer que los indígenas que manejen recursos públicos pueden ser sujetos de aplicación del Código Único Disciplinario, no viola el derecho a la autonomía y el ejercicio de su propia jurisdicción establecido en el artículo 246 de la Constitución Política, siempre y cuando, tal como lo señalan el interviniente y el Ministerio Público, el Estado capacite y asesore a las autoridades indígenas para que se produzca la comprensión de cada una de las cláusulas del contrato a través del cual se administran recursos públicos y las consecuencias de su infracción. Sólo bajo este supuesto se coloca a los integrantes de las comunidades indígenas que administran recursos públicos en la misma situación que cualquier otro colombiano que se encuentre en esta hipótesis, sin que ello indique una decisión anticipada de responsabilidad nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-127-03
2.2.19. Autoridades indígenes deben permitir el dereho de defensa previo a la imposición de medidas sancionatorias

Una líder del Pueblo Indígena kankuamo interpuso acción de tutela en contra del Cabildo Gobernador y el Consejo de Mayores de la Organización Indígena Kankuama, para obtener protección constitucional a sus derechos fundamentales al debido proceso, a elevar peticiones respetuosas, y a la estabilidad laboral reforzada, como madre lactante.
El caso tuvo origen en una disputa entre la accionante y otra mujer ambas pertenecientes a la etnia kankuama, por la posesión de un bien inmueble ubicado dentro del Resguardo indígena Kankuamo, situación que resolvió el Concejo de Mayores de acuerdo con su ley de origen, dando a cada una el 50% del inmueble en litigio, decisión que no fue aceptada por la peticionaria, lo que motivó la interposición de la acción de tutela.

La accionante además se desempeñaba desde hacía varios años sin remuneración, en el cargo de Coordinadora de Mujeres del Resguardo, y al culminar su licencia de maternidad, no se le permitió reasumir sus funciones de coordinación, lo que consideró como una retaliación por no haber aceptado la decisión del Concejo de Mayores.

La Corte consideró que la asignación en partes iguales de bien inmueble a las dos mujeres había respetado el debido proceso del pueblo indígena y la decisión había operado en equidad, conforme era costumbre de esa etnia. Sin embargo, respecto del retiro de la actora de su cargo de coordinadora de mujeres del resguardo la Corte encontró que esa decisión tenía un origen claramente sancionatorio y por esa razón estimó que se habían vulnerado los derechos de la accionante.

Al respecto la Corte expresó: el ejercicio del papel de coordinadora del grupo de mujeres tiene una importante connotación social dentro del Pueblo Kankuamo, y la separación de la actora de esa posición tuvo carácter sancionatorio. Esa decisión, sin embargo no contó con la participación de la afectada, a quien no se permitió el ejercicio del derecho a la defensa, en el marco de los procedimientos internos. Tampoco se permitió la participación del grupo de mujeres para la adopción de la determinación, pese a que la misma puede afectar directamente su funcionamiento.

Siguiendo la orientación de permitir una decisión interna del Resguardo indígena en asuntos que afectan únicamente a miembros de la comunidad; y fiel a la convicción de que la interferencia externa puede agudizar las facciones de una comunidad indígena; pero consciente, a la vez, de la necesidad de proteger el derecho fundamental de la peticionaria al debido proceso afectado en la decisión de separarla del papel de coordinadora del grupo de mujeres, la Corte ordena que, en la próxima reunión de las autoridades competentes (Consejo de Mayores o Cabildo Mayor, de conformidad con lo que disponga la normatividad interna), se someta a un estudio interno de la comunidad la permanencia de la actora como coordinadora del grupo de mujeres, garantizando que la peticionaria sea oída por las autoridades indígenas, y que se tome en cuenta la posición del grupo de mujeres, o de artesanas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-903-09
2.3. Derechos políticos de las comunidades indígenas

2.3.1. El deber de consulta a las comunidades indígenas no procede frente a decisiones del legislativo, si no existe norma que así lo estipule

En la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria, por el cual se crea una circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior, la Corte analizó si era necesario realizar la consulta previa a las comunidades indígenas cuando se trate de medidas que buscan la amplia participación política de los indígenas. Colombia ratificó un tratado internacional por el cual existe la obligación de consultar a los grupos étnicos que habiten en el territorio nacional, cuando se prevea una medida legislativa o administrativa, que tenga la virtud de afectarlos en forma directa; sin embargo, el alcance que se le debe dar a esta disposición es discrecional para cada país dependiendo de sus propias condiciones?.

?En Colombia, los órganos indicados para determinar cuándo y cómo se habrá de cumplir con la citada obligación internacional son, en principio, el Constituyente y el Legislador, ya que son éstos, por excelencia, los canales de expresión de la voluntad soberana del pueblo. La Constitución Política, ciertas disposiciones legales y la jurisprudencia anterior de la Corte (Sentencia SU-039/97) definen en qué situaciones se deben realizar las consultas a las comunidades étnicas, y es claro que en la mayoría de los casos se trata de la explotación de recursos naturales o la utilización de territorios indígenas. Sostiene además, que la norma revisada se orienta a la protección del derecho a la participación democrática y busca la igualdad de estas comunidades en la sociedad. La Corte declara exequible la norma revisada, tras considerar que en materia legislativa y administrativa no existe norma interna o internacional que obligue a consultar. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-169-01
2.3.2. La consulta previa no sustrae de la competencia de las autoridades legislativas la adopción final de la medida que corresponda luego de la concertación. explotación de las minas de sal de manaure por la comunidad wayúu

Por presentarse un desacuerdo entre la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu, del área de influencia inmediata de las Salinas de Manaure, Sumain Ichi y algunos de sus miembros, fue demandado por inconstitucional, un aparte del artículo 1 de la Ley 773 de 2002 que autoriza al ?gobierno nacional para crear una sociedad de economía mixta, en calidad de concesionaria, vinculada al Ministerio de Desarrollo, cuyo objeto principal sería la administración, fabricación, explotación, transformación y comercialización de las sales que se producen en las salinas marítimas de Manaure (Guajira). Actividades que actualmente desarrolla el Instituto de Fomento Industrial IFI, en virtud del contrato de administración delegada celebrado con la Nación el 1 de abril de 1970".

La Corte Constitucional consideró que el artículo 1 de la Ley 773 de 2002 no vulnera, entre otros, los derechos a la diversidad étnica, a la función social de la propiedad y el derecho a la igualdad. Consideró igualmente que ?en materia de explotación de recursos naturales existentes en los territorios indígenas, se ha establecido que la protección de la identidad de estas comunidades, es un derecho fundamental. De este reconocimiento se desprende el derecho a la participación que debe hacerse efectivo mediante la consulta previa que es obligatoria en cuanto a su verificación, pero no sustrae de la competencia de las autoridades la adopción final de la medida legislativa o administrativa como en general sucede con los mecanismos de concertación?.

En el caso que se decide, se estableció que ?desde tiempos inmemorables, la comunidad Wayúu está vinculada a las labores de explotación de las minas de sal de Manaure. Debido a problemas que se presentaron por haber asumido el Estado colombiano la explotación de las minas de sal con participación de la comunidad Wayúu, se llegó al acuerdo de 27 de julio de 1991, como una fórmula de concertación entre el Estado y la comunidad, mediante el cual se pretendía solucionar los conflictos relacionados con la explotación y, a su vez, lograr condiciones de desarrollo para la comunidad indígena. En desarrollo de una de las fórmulas del acuerdo que consistía en la constitución de una sociedad de economía mixta para la explotación de la sal con la participación de la comunidad, devino la Ley 773, demandada. Por ello, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, la Corte consideró constitucional el artículo 1 demandado nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-620-03
2.3.3. Consulta de los planes de desarrollo con los pueblos indígenas

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, un senador indígena demandó en su integridad la Ley 1151 de 2007, ?por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010?, argumentando que su contenido violaba el convenio 169 de la OIT, por cuanto no se sometió el Proyecto de Ley del Plan, al proceso de consulta previa con los grupos étnicos que los afecta.

La Corte señaló que la participación, expresada a través de la consulta previa, es una garantía de orden procedimental encaminada a respetar los derechos a la subsistencia y la integridad cultural de los grupos étnicos. Aclaró que la consulta no es el único medio para alcanzar esta finalidad, y que en caso de generarse perjuicios actuales o potenciales para las comunidades indígenas o afrodescendientes como consecuencia de la realización de proyectos de exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios, pueden hacer uso de las demás vías previstas en el ordenamiento jurídico constitucional para la protección de sus derechos fundamentales colectivos e individuales y el resarcimiento de cualquier daño causado.

La Corte hizo enfasis en que, ??la mera realización de la consulta previa no justifica la violación material posterior de los derechos fundamentales de los grupos indígenas o afrodescendientes afectados por un proyecto en concreto?.

Declaró exequible la Ley por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo condicionada a que se suspenda la ejecución de los proyectos, programas o presupuestos plurianuales incluidos en la misma, que tengan la potencialidad de incidir directa y específicamente sobre pueblos indígenas o comunidades étnicas afrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral y completa la consulta previa específica exigida por el bloque de constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas para ello por la jurisprudencia constitucional. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-461-08
2.3.4. La consulta previa para la aprobación de acuerdos o tratados internacionales sólo es obligatoria cuando éstos contienen medidas legislativas que afectan de forma directa a las comunidades

La Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la Ley 1411 de 2009 "por medio de la cual se aprueba el acuerdo en materia de informes anuales sobre derechos humanos y libre comercio entre la República de Colombia y Canadá", examinó el derecho fundamental a la consulta previa en el marco de las medidas legislativas y los tratados internacionales.

Para la Corte, las disposiciones de orden legislativo o administrativo que se expidan en desarrollo y aplicación de las medidas legislativas y los tratados internacionales deben surtir la consulta previa obligatoria si alguna de ellas es susceptible de afectar de manera directa a las comunidades étnicas, conforme al análisis que se realice para cada caso concreto. Esta se daría cuando la ley altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios, independientemente de que tal efecto sea positivo o negativo, aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de consulta. No así cuando por su generalidad los efectos de las disposiciones estén dirigidos a la población en general y no a la comunidad en particular.

Para el caso concreto, la Corte consideró que la revisión del texto del tratado permite concluir que las normas prescritas en él se previeron de manera uniforme para la generalidad de los colombianos ya que su objeto es que cada parte, mediante un informe anual y público, dé a conocer a su organismo legislativo nacional ?el efecto de las medidas tomadas en virtud del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá sobre los derechos humanos tanto en los territorios de la República de Colombia como Canadá?, lo cual incluye no sólo las posibles consecuencias respecto de los derechos humanos de las comunidades étnicas sino de la población en general de ambos países.

Por lo anterior, la Corte declara la exequibilidad de las normas revisadas, no sin antes precisar que ?en caso de que algunos de los desarrollos legislativos y reglamentarios del tratado internacional en revisión afecten directamente a las comunidades étnicas, el gobierno deberá adelantar la consulta previa obligatoria de esas medidas legislativas o administrativas? en los términos que han sido delimitados por la jurisprudencia constitucional y que ante el incumplimiento de este requisito se podrá acudir a la acción de tutela o a la de inconstitucionalidad según sea el caso. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-187-11
2.3.5. El porte y consumo de estupefacientes no es un problema de salud pública para las comunidades indígenas cuyo control requiera ser objeto de consulta previa

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, grupos diversos de ciudadanos demandaron apartes del Acto Legislativo 2 de 2009 "Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política".

Las demandas plantean que el artículo 1 del Acto Legislativo No. 02 de 2010, al prohibir el porte y consumo de sustancias sicotrópicas, salvo prescripción médica, desconoció el uso y consumo de estas sustancias como parte de las tradiciones de las comunidades indígenas, y por lo tanto impuso una restricción que evidentemente afecta ámbitos propios de estos grupos, en particular la afectación del derecho a la identidad cultural. Se trata entonces de una medida legislativa que afecta directamente las comunidades indígenas, y, por esa razón, era necesario que se realizara la consulta previa.

La Corte encontró que el reproche del demandante y de los intervinientes que lo apoyan se dirigía principalmente contra la oración de apertura del inciso primero del artículo 1° del A.L. N° 02/10, esta es, "[e]l porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica", ya que ?a su juicio- contiene una prohibición absoluta que únicamente admite una excepción: el consumo para fines médicos respaldado por una prescripción de un profesional en salud.

La Corte observó que, en principio, una interpretación textual y aislada del precepto censurado confirmaría la afirmación del demandante y los intervinientes que lo acompañan. Sin embargo, acudiendo a los criterios de interpretación histórico, teleológico y sistemático, concluyó que el precepto debía ser interpretado de una manera diferente, esta es: (i) el acto legislativo solamente proscribe el uso y consumo de sustancias estupefacientes y sicoactivas con el fin de prevenir y atacar la drogadicción como enfermedad y problema de salud pública; y (ii) en todo caso, la prohibición no es aplicable dentro de los territorios indígenas ni a los miembros de las comunidades cuando el porte y consumo está asociado con prácticas ancestrales, pues el artículo 49 superior, sobre el derecho a la salud y en el que se insertó la reforma, no hace parte de los derechos que limitan la autonomía de las comunidades indígenas, en los términos de la jurisprudencia constitucional.

La voluntad del constituyente derivado al aprobar el Acto Legislativo 02 de 2009 fue proscribir el porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicoactivas para evitar y combatir la adicción y el comercio ilícito de dichas sustancias como causa del fenómeno. El Gobierno al presentar el proyecto de acto legislativo y el Congreso al aprobarlo partieron de las siguientes premisas: (i) la drogadicción es una enfermedad; (ii) el consumo creciente de drogas ilícitas y los altos índices de drogadicción mostrados por un reciente estudio del Gobierno Nacional evidencian que la farmacodependencia se ha convertido en un problema de salud pública; (iii) para atacar el problema es necesario prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicoactivas, y acompañar esta prohibición con medidas pedagógicas, profilácticas y terapéuticas que permitan la recuperación del enfermo. Con fundamento en estas premisas, la prohibición en comento se ubicó en el artículo 49 de la Carta sobre el derecho fundamental a la salud.

Como se puede observar, no fue intención ni del Gobierno ni del Congreso limitar los derechos a la identidad cultural o a la libertad religiosa de las comunidades indígenas, sino adoptar medidas para atacar y combatir la drogadicción.

En este orden de ideas, a partir de una interpretación sistemática del Acto Legislativo 02 de 2009 en el contexto del artículo 49 superior, la Corte concluyó que su propósito era desarrollar el deber de los titulares del derecho a la salud de procurar el cuidado integral de su salud y el de la comunidad, precisamente con fundamento en la premisa de que la adicción es una enfermedad y un problema de salud pública. Estas consideraciones confirmaban que el precepto acusado tenia aplicación solamente en el marco de la drogadicción.

Con fundamento en una interpretación histórica, teleológica y sistemática del Acto Legislativo 02 de 2009, la Corte concluyó que las medidas adoptadas no afectaban directamente a las comunidades indígenas y, en consecuencia, no era necesario que les fuera consultado previamente. La conclusión de la Corte sobre la no afectación directa a las comunidades étnicas se basó, entonces, en las siguientes razones:

En primer lugar, la Corte observó con fundamento en los antecedentes legislativos y en la ubicación de la reforma en el texto constitucional, que el Acto Legislativo 02 de 2009 prohíbe el porte y consumo de sustancias estupefacientes ?incluida la hoja de coca- y sicoactivas con el propósito exclusivo de atacar la drogadicción como un problema de salud pública. Por tanto, esta prohibición, desde el punto de vista teleológico y sistemático, no era aplicable a las comunidades indígenas, pues el uso, consumo y cultivo de la hoja de coca en estas comunidades no está asociado a la drogadicción ni conlleva problemas de salud para sus miembros. Para la Corte, el uso, consumo y cultivo de la hoja de coca en las comunidades indígenas hacía parte de sus costumbres ancestrales, es decir, era una práctica protegida por los derechos a la identidad cultural y a la autonomía de los pueblos indígenas y, por tanto, amparada por el principio de respeto y protección de la diversidad étnica y cultural. En consecuencia, afirmar que los indígenas ?son adictos o contribuyen al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes como causa de la drogadicción? sería desconocer el valor cultural de la práctica y constituiría un atentado directo contra sus derechos a la identidad étnica y cultural y a la autonomía. Por estas razones, debía concluirse que el Acto Legislativo no era aplicable a las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas ligadas a la hoja de coca.

En segundo lugar, desde el punto de vista sistemático, el acto legislativo censurado debía leerse en conjunto con los preceptos constitucionales que introducían y desarrollaban el principio de respeto y protección de la diversidad étnica y cultural, así como los derechos de los pueblos indígenas a la integridad étnica y cultural y a la autonomía. Estas últimas disposiciones constitucionales, como ha reconocido la jurisprudencia constitucional, implicaban que las prácticas, costumbres y decisiones autonómicas de las comunidades indígenas solamente podían ser limitadas por valores y principios constitucionales de mayor monta. En este caso, las preocupaciones de salud pública que inspiraron el acto legislativo no eran suficientes para limitar las prácticas culturales de los pueblos indígenas, puesto que (i) el uso de la hoja de coca en las comunidades indígenas no constituía un problema de drogadicción y (ii) tampoco existía evidencia de que contribuyera al tráfico ilícito de la planta como causa del mismo problema a nivel más general.

En este orden de ideas, en tanto la prohibición no era oponible a las comunidades indígenas ni era susceptible de limitar o restringir sus prácticas tradicionales ligadas a la hoja de coca, la Corte concluyó que el Acto legislativo 02 de 2009 no debía serles consultado antes del trámite legislativo respectivo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-882-11
2.3.6. Protección del derecho a la igualdad a través de una circunscripción especial para minorías políticas

Respecto al derecho de Participación Política, la Corte Constitucional consideró que el proyecto de ley No. 025/1999 (Senado) y 217/1999 (Cámara) por el cual se reglamentó el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia, es un ejemplo de discriminación positiva, porque asigna una situación más ventajosa a unos grupos de la sociedad al concederles una circunscripción especial, para contrarrestar las desigualdades materiales que les aquejan y lograr, así, una mayor posibilidad de que accedan a los beneficios que justamente les corresponden. Lo anterior no contradice el artículo 13 de la Constitución en la medida que los grupos a los que se refiere son aquellos de los cuales dicho artículo reclama especial protección. En cuanto a la distribución de las cinco curules de la circunscripción especial, la Corte advierte que se dejó a la discreción del Legislador y era inevitable que a uno de los cuatro grupos de minorías le fueran asignadas dos curules, lo que favoreció a las comunidades negras. Para la Corte, este trato diferente se justifica por cuanto estas comunidades son un grupo étnico que no se encuentra representado en el Congreso más allá de la representación en la circunscripción territorial, pese a que conforma un número importante de personas de la sociedad colombiana. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-169-01
2.3.7. Requisitos de los candidatos de las comunidades indígenas para acceder a la cámara de representantes

En el mismo fallo, la Corte se refirió a los requisitos para los representantes de las comunidades indígenas establecidos en el artículo 2, haber ejercido un cargo de autoridad tradicional o haber sido líder de una organización indígena, y afirmó que son idénticos a los contemplados para quienes aspiren a ser elegidos senadores por la circunscripción especial indígena que allí se consagra (inc. 5 art. 171 de la CP). Estos requisitos, son razonables porque están orientados hacia la selección de quien mejor conozca los intereses y problemas de las comunidades indígenas y son los que más concuerdan con el principio de igualdad, puesto que no sería justificable la imposición de condiciones diferentes para los senadores y los representantes indígenas, siendo que ambos actúan en pro de las comunidades aborígenes del país y, para esos efectos, no existe una diferencia significativa entre las dos cámaras legislativas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-169-01
2.3.8. Derecho a la participación política no incluye régimen especial de cedulación

?Varios indígenas solicitaron ante la Registraduría que se adelantara una proceso de cedulación de 7.000 personas. Consideran los afectados que con la omisión de la Registraduría, se les están negando los derechos a participar en la vida política del país. La Corte Constitucional consideró que la omisión de la autoridad competente, en atender el requerimiento de una persona para que se le expida la cédula de ciudadanía, puede implicar la violación de diferentes derechos fundamentales, como los de igualdad y petición, entre otros, pero especialmente en cuanto dicho documento es indispensable para ejercer el derecho al sufragio, el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político?.

?No existe régimen particular en cuanto a la preparación y expedición de documentos de identidad para los integrantes de las comunidades indígenas, es decir, con respecto a estas personas no existe en la ley tratamiento especial; por consiguiente sus miembros al igual que cualquier ciudadano deben acudir a los sitios donde el Estado presta el correspondiente servicio, pues no es su obligación localizar a la persona que no tiene cédula de ciudadanía, para proveerla de la misma. Por ello, no se vulnera el derecho a la participación política de los miembros de las comunidades indígenas cuando no se acude a los respectivos resguardos para la mencionada cedulación, máxime cuando cada una de ellos no ha elevado una solicitud formal de cedulación ante la autoridad competente, como ocurre en este caso.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-305-94
2.3.9. Deber de reservar los recursos no ejecutados girados por la nación con destino a las comunidades indígenas

Los actores instauraron acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia ?Dirección de Etnias-, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación así como contra la Alcaldía municipal. Según los peticionarios, las entidades mencionadas han incurrido en actuaciones y omisiones por medio de las cuales se les ha impedido a las comunidades asociadas en Wayuu Araurayuu percibir y ejecutar los recursos que por concepto de participaciones en los ingresos corrientes de la Nación les corresponden con cargo a las vigencias fiscales de los años 1999, 2000, 2001 y 2002 y, en consecuencia, han desconocido su derecho constitucional fundamental al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y, de paso, su derecho a la dignidad humana, a la salud, a la educación, a la igualdad (a no ser discriminados por razones culturales).

La Corte Constitucional observó que durante la vigencia de la Ley 60 de 1993 así como luego de la puesta en vigor de la Ley 715 de 2001, son los Municipios quienes están facultados para administrar los recursos que por participaciones le correspondan a los Resguardos asentados dentro de la jurisdicción del respectivo Municipio. La Alcaldía, advirtió la Corte, no puede en ningún caso hacer un uso discrecional de estos recursos. Los recursos deben ser destinados de manera exclusiva a inversiones con las cuales se ofrezca un beneficio a la población indígena, previa la celebración de un contrato entre el Municipio o Municipios y las autoridades del Resguardo. Sólo en el evento en que los Resguardos se constituyan en entidades territoriales pueden administrar directamente los recursos.

La Corte argumentó que el derecho constitucional fundamental al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas implica:

(i) Que se garantice a los Resguardos la posibilidad de conocer cuál es el monto de los recursos de que disponen.

(ii) Que se asegure a los Resguardos su derecho a participar de manera libre, informada y activa en el diseño del Plan de Inversiones y en el control sobre la forma en que la Alcaldía administra y ejecuta esos recursos.

(iii) Que las entidades nacionales y territoriales permanezcan atentas respecto de los destinos de estos recursos por cuanto existe en su cabeza un grupo de obligaciones que no se restringe únicamente a la distribución y pago oportuno de los mismos. Esta obligación se extiende también a tareas de apoyo, asesoría, seguimiento, evaluación y control sin el cumplimiento de las cuales el derecho a participar de modo libre, informado y activo en aquellos asuntos que puedan afectar el derecho constitucional fundamental de los pueblos indígenas al reconocimiento y debida protección de su diversidad étnica y cultural se hace imposible.

(iv) Que el trabajo de apoyo, asesoría, seguimiento y evaluación por parte de las entidades nacionales y territoriales sea de naturaleza preventiva y se efectúe de manera continua y no sólo esporádicamente. Esta actividad está relacionada, por tanto, con varios aspectos dentro de los cuales se destaca, de un lado, la necesidad de elaborar planes de divulgación de la legislación vigente así como la obligación de capacitar a los Resguardos y a las Entidades involucradas con el manejo de los recursos que les pertenecen para que estos se inviertan de modo efectivo y se garantice con ello la realización de la metas propuestas por el Resguardo. Implica, de otro lado, exigir balances periódicos de avances y resultados así como respuestas orientadas a cumplir con la realización de los derechos constitucionales fundamentales en juego. Con ello se busca que las distintas entidades participen de manera activa en la realización de los derechos así como evitar que los recursos necesarios para tales efectos se desvíen o se inviertan de manera irregular.

La Alcaldía no podía alegar, como en efecto lo hizo, que debía abstenerse de firmar los convenios de la manera en que lo solicitó el Resguardo esgrimiendo como excusa que eso significaría atentar contra el principio de anualidad del presupuesto. La Corte advirtió que este principio no tiene aplicación en el caso bajo examen. Por el contrario, la Alcaldía municipal ha debido reservar los recursos girados y no ejecutados y, en tal sentido, asegurar que los recursos estuvieran disponibles para poderlos ejecutar en el momento en que se firmara el respectivo convenio interadministrativo. Al dejar de hacerlo, la Alcaldía incurrió en una grave omisión respecto del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias.

La Corte encontró que, tratándose de sumas ciertas que no estaban bajo discusión ?pues fueron debidamente giradas?, debían ser repuestas por las entidades del nivel nacional, departamental y municipal, quienes de manera injustificada, en virtud de sus acciones o de sus omisiones contribuyeron a desconocer los derechos constitucionales fundamentales de la Comunidad Indígena Wayuu Araurayuu.

Dada la importancia que tienen los recursos dejados de percibir por el Resguardo para la obtención del amparo efectivo ?y no meramente formal- del derecho fundamental al reconocimiento y debida protección de los pueblos indígenas, la Corte ordenó que la Nación, el Departamento y el Municipio aportaran cada uno un tercio de los recursos que, por concepto de la participación en los Ingresos Corrientes de la Nación, correspondían al Resguardo Wayuu Araurayuu para las vigencias 1999, 2000, 2001, 2002, recursos éstos, que ?de acuerdo con los documentos que obraban como prueba en el expediente- se dejaron de invertir en beneficio del Resguardo sin que mediara justificación alguna. La Corte advirtió que estas entidades podrían, luego, repetir contra los funcionarios que, obrando de manera dolosa o gravemente culposa, omitieron destinar los recursos para los fines que la Constitución y la Ley lo habían previsto.

Con el fin de regular el modo como habrán de ponerse los recursos a disposición del Resguardo, de forma que esto no suceda de una sola vez y evitar así generar desajustes macroeconómicos o propiciar un manejo desordenado de los recursos que pueda conducir a despilfarros, estimó la Corte necesario establecer que los recursos correspondientes a las distintas vigencias debían dedicarse a inversiones en el Resguardo de manera gradual. En este sentido, los recursos que por concepto de la participación en los Ingresos Corrientes de la Nación correspondían al Resguardo Wayuu Araurayuu para las vigencias 1999, 2000, 2001, 2002, debían ser invertidos en un plazo de cinco años contados a partir de la notificación de la sentencia. Para tales efectos, el Resguardo debía suscribir convenios interadministrativos con la Alcaldía del municipio, en armonía con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y sus disposiciones reglamentarias. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-704-06
2.4. Derechos territoriales

2.4.1. Protección constitucional a los resguardos indígenas

La Constitución Política de 1991 protege de manera especial los resguardos. Es así como en el Título "De la organización territorial" los ubica al lado de los territorios indígenas, al decir: "Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable" (art. 329), de lo cual se deduce que son más que simplemente una tierra o propiedad raíz; aunque la misma Constitución al ubicarlos dentro de los derechos sociales, económicos y culturales, en el artículo 63 sobre ´tierras de resguardo´ les otorga la característica de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Como dentro de la juridicidad occidental es un contrasentido que la tierra sea sujeto del derecho, entonces, hay que inferir que la Constitución le otorga ´derechos´ al territorio del resguardo como una entidad que en su identidad no solo expresa parte de nuestra nacionalidad colombiana, sino que es un concepto que también se ubica en el terreno de la cultura?.

?En consecuencia, los resguardos son algo más que simple ´tierra´ y algo menos que ´territorio indígena´; es decir, que no son términos iguales en la conceptualización constitucional, aunque, en una ley de ordenamiento territorial, geográficamente podrían coincidir. Ese carácter de los resguardos permite una calificación diferente a tierra y territorio y es la de ´ámbito territorial´, que aparece en el artículo 246 de la C.P. El habitar en ese ámbito territorial tiene variadas connotaciones constitucionales. Lo principal es el respeto del ´ámbito territorial´ que incluye los resguardos indígenas. Se colige del artículo 357 de la Constitución Política que expresamente dice que "la ley determinará los resguardos indígenas que serían considerados como municipios" para efectos de la participación en el situado fiscal.

Las culturas indígenas enriquecen la cultura nacional, e inclusive a la cultura universal porque es sabido que los indígenas tienen como eje de la vida a la naturaleza, luego ésta, al no ser una simple mercancía, adquiere una connotación indispensable para un equilibrio ecológico que permita que sobreviva la humanidad. La Asamblea Departamental del Cesar aprobó la creación del municipio de Pueblo Bello conformado por unos corregimientos y veredas que están dentro de la línea negra o zona teológica de la comunidad arhuaca. Para la creación de dicho municipio no se consultó previamente con el pueblo arhuaco, sino que, con posterioridad a la expedición de la ordenanza y por mandato de ésta se hizo un referendo que aprobó la creación del municipio. La consulta previa tiene como escenario única y exclusivamente el pueblo indígena, luego es algo completamente diferente a un referendo posterior en donde el universo de votantes va más allá de los indígenas. Para la Corte,en el caso de estudio, no solo existe la acción contencioso-administrativa de nulidad (que ya se instauró y hay sentencia favorable de primera instancia) sino la acción popular antes indicada y esto impide tramitar y decidir mediante tutela.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-188-93. Mediante el artículo 3 del Acto Legislativo N° 1 del 30 de julio de 2001 se modificó el artículo 357 de la Constitución Política, eliminando la expresión "la ley determinará los resguardos indígenas que serían considerados como municipios".
2.4.2. Deber del incora de constituir resguardos indígenas

?La negativa a dar curso, sin aducir ninguna justificación válida, a la solicitud de constitución de ciertos resguardos sobre el predio de CHICUAMBE, por parte del Incora, desvirtúa adicionalmente el alcance de los principios de autonomía y autogestión comunitaria. La Corte Constitucional señaló que el derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes?.

?Esta circunstancia es reconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso (Ley 21 de 1991 aprobatoria del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado por la 76ª, reunión de la Conferencia General de la O.I.T, Ginebra 1989) , donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Lo anterior, permite ratificar el carácter fundamental del derecho de propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios. La protección jurídica del derecho fundamental a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas tiene, además, desarrollo legislativo explícito tratándose de la constitución de resguardos indígenas (Ley 135 de 1961, arts. 29 y 94; D. 2001 de 1988).

El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos lleva implícito un derecho a la constitución de resguardos en cabeza de las comunidades indígenas. El desarrollo legislativo de la protección a la propiedad colectiva mediante la constitución de resguardos confiere precisas facultades al INCORA, entidad oficial que está obligada a colaborar efectivamente para la realización de los fines del Estado, en especial asegurando la convivencia pacífica (Constitución Política, artículo 2) y adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados (Constitución Política, artículo 13). El derecho fundamental de petición es aquí un medio o presupuesto indispensable para la realización de aquellos derechos. Su desconocimiento, en consecuencia, apareja necesariamente la vulneración de los artículos 7, 58, 63 y 229 de la Constitución.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-188-93
2.4.3. Participación de los resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la nación: proceso de clasificación de títulos

"La Corte resalta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 160 de 1994, el INCORA tiene señalada la posibilidad de llevar a cabo el estudio de los títulos que las comunidades indígenas presentan con el fin de establecer la existencia legal de los resguardos, factor esencial que a su vez define el derecho de éstos a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, según la Carta Política, y en consecuencia no se puede afirmar que el solo hecho de iniciar y proseguir el trámite indispensable ante esa entidad represente vulneración de los derechos inherentes a la propiedad colectiva sobre los terrenos de resguardo.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia C-058-94
2.4.4. Prohibición de fomentar colonizaciones en territorio de resguardos indígenas

?El fomento a la colonización previsto por el artículo 63 de la Ley 48 de 1993 según la Corte Constitucional se encuentra conforme a la Constitución. Sin embargo, esa colonización deberá efectuarse dentro del marco de los principios, derechos y valores consagrados por la Constitución. Esto significa entonces que ella deberá respetar las orientaciones establecidas por las autoridades civiles y políticas. Las colonizaciones sólo podrán efectuarse en tierras baldías por cuanto no pueden desconocer el derecho de propiedad en general ni en particular los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo y aquellas que hagan parte del patrimonio arqueológico de la Nación, puesto que, conforme al artículo 63 de la Constitución. Todas ellas son inalienables, de manera que el fomento a la colonización previsto por el artículo impugnado tiene legitimidad constitucional únicamente si se efectúa de acuerdo a los principios del desarrollo sostenible constitucionalizados por la Carta de 1991, de lo cual derivan restricciones y limitaciones.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-528-92
2.4.5. Omisión del incora al permitir que una multinacional se apodere de territorios indígenas

?Un cabildo indígena instauró acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA porque esta entidad omitió evitar que una multinacional se apoderara de todos los terrenos de la zona de influencia del Cabildo. Se produjo la destrucción de los sembrados que le permitían a esa comunidad subsistir y el encarcelamiento de sus representantes. La Corte Constitucional señaló que la reticencia en que la administración había incurrió vulneraba, además del derecho de petición, el derecho a la igualdad material; pues existe el deber constitucional de adoptar las medidas pertinentes en favor de grupos discriminados o marginados. Para la Corte, siendo evidente el abandono, humillación y discriminación a los que han sido expuestos los indígenas durante siglos, se hace necesario que se imponga siempre a su favor un trato preferencial.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-567-92
2.4.6. Derecho de propiedad indígena sobre los resguardos: límites al derecho de locomoción

?A una asociación evangélica que tiene como finalidad la promulgación y difusión del evangelio entre tribus indígenas desde el año de 1967, el Gobierno le otorgó los permisos necesarios para evangelizar en los territorios indígenas. Actualmente solicitan permiso para la operación en la pista de Yapima (Vaupés). La porción de terreno ocupada por la pista es el resguardo de la comunidad indígena que la habita, por lo cual es hace necesario el consentimiento de dicha comunidad a fin de legitimar al interesado para obtener el respectivo permiso de operaciones. Las comunidades indígenas manifestaron su negativa frente a tal solicitud debido a que ´en el mencionado aeródromo estuvo operando hace un tiempo la Misión Nuevas Tribus, pero hoy la comunidad no desea que vuelva´. La Corte Constitucional señaló que la propiedad es una de las limitaciones al derecho de locomoción, por tanto, no existe vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de locomoción (art. 24), igualdad (art. 13) y libertad religiosa (art. 19), cuando se niega el otorgamiento del permiso definitivo para la operación de la pista Yutica-Yapima sobre un terreno propiedad de unas comunidades indígenas, por cuanto la nueva Constitución consagró la protección del derecho de propiedad privada de los indígenas sobre los resguardos; lo anterior sin perjuicio de la libertad de toda comunidad religiosa de expandir su mensaje a quien quiera recibirlo.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-257-93
2.4.7. Límites al derecho de propiedad colectiva indígena

?Ante un conflicto por la instalación de bases militares al interior de los predios del resguardo de Monochoa, propiedad colectiva de los grupos étnicos huitoto y muinane, la Corte Constitucional señaló que no obstante tratarse de terrenos de propiedad de las comunidades indígenas, respecto de los cuales tienen plena autonomía y respaldo por convenios internacionales, como el 169 de la O.I.T., no se puede decir que se trate de derechos absolutos, pues como lo ha sostenido esta Corporación, y así se deduce del texto de la Carta Política, ningún derecho es absoluto?.

?Igualmente, expuso la Corte que la instalación del radar contó, previamente a su ´instalación´, con el visto bueno de la comunidad indígena; se hicieron reuniones previas con éstos, y de otra parte, los mismos indígenas prestaron su mano de obra, con carácter remunerado, para los trabajos de adecuación de la zona y puesta en operación del radar. La Corte agregó que se piensa en el caso concreto de la instalación de un radar para el control de aeronaves del narcotráfico, elemento por demás perturbador del orden público y grave amenaza de la integridad nacional, como medida de protección de la seguridad de los colombianos, ella debe respaldarse por la comunidad pues está dirigida al beneficio de todos?.

?Por lo tanto, no obstante el lugar de su ubicación, representa para la comunidad indígena un territorio sagrado, no puede pensarse dado que su ubicación estratégica es esencial para el control que a través de él se ejerce, que vulnere derechos fundamentales que deban ser amparados a través de la acción de tutela. Nos rige, como así lo establece el artículo 1o. de la Constitución, un Estado que está organizado "en forma de República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales". Este sistema de articulación del poder en el ámbito territorial, comporta que la decisión política y el derecho sean monopolio del Estado central, del Congreso -en el mejor de los casos- o del Gobierno; en consecuencia, se excluye cualquier fuente alternativa de producción del derecho, y las instancias locales aparecen tan sólo como instrumentos neutrales del poder central. Finalmente, aunque los resguardos indigenistas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, ello no es óbice para que el Estado en uso de su soberanía pacte convenios y tratados internacionales con los demás entes gubernamentales y fije estrategias en aras de cumplir con su cometido, como son mantener el orden público, vigilar el narcotráfico y proteger a todos los residentes en el suelo patrio sin distingo de clase social, raza, lengua, religión, etc., acudiendo a los mecanismos técnicos y científicos pertinentes, lógicamente sin afectar a ningún ciudadano?.

En consecuencia, la acción de tutela no es procedente para obtener de manera autónoma la protección de derechos colectivos como el ambiente, pues aquella procede para obtener el amparo específico de los derechos constitucionales fundamentales y no el de otros derechos que, como los colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del ejercicio de las acciones populares en los términos de su regulación legal, salvo las hipótesis de su protección indirecta o consecuencial como la amenaza del derecho fundamental a la vida y a la salud de la comunidad indígena y pobladores del Araracuara. En conclusión, la contaminación de las aguas constituye una amenaza del derecho fundamental a la vida y a la salud, por la aparición de graves enfermedades que no sólo ponen en peligro y afectan gravemente la salud de los habitantes del sector, sino que además pueden conducir incluso a la muerte de las personas afectadas.

Cuando el medio ambiente ha sido afectado (aunque no en forma grave e irremediable) por la instalación de un radar de la Fuerza Aérea en la cabecera del aeropuerto del Araracuara y las consecuencias que de las operaciones del mismo se derivan, y ello afecta los derechos fundamentales a la salud y la vida de los habitantes de la región, tratándose de la defensa de dichos derechos, toda previsión es poca y debe el Estado, en este caso a través de sus Fuerzas Militares, redoblar sus esfuerzos para lograr que tanto la operación del radar que se hace necesaria e imprescindible para efectos del control de las actividades del narcotráfico y por ende para garantizarle la seguridad a los colombianos, como el desarrollo de la región no dañe el ecosistema donde viven y trabajan las comunidades del Araracuara. Por ello, se debe poner en práctica un plan para lograr un control eficaz al ambiente y al ecosistema del Araracuara, en beneficio no sólo de las comunidades indígenas del sector, sino del Estado colombiano, dada la importancia y valor cultural y ecológico del Araracuara.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-405-93
2.4.8. La entrega a título gratuito de predios a las comunidades indígenas consolida la propiedad colectiva de los resguardos

El actor demandó los literales a y b del artículo 21 de la Ley 160 de 1994 y el parágrafo del artículo 85 del mismo cuerpo normativo porque, a su juicio, consagran un trato diferente no justificado constitucionalmente ?trato discriminatorio- entre los campesinos y los indígenas en materia de acceso a la propiedad de la tierra. Dicho trato discriminatorio consiste en que mientras los literales a y b del artículo 21 prevén que el monto del subsidio que se otorga a los hombres y mujeres campesinos para la adquisición de unidades agrícolas familiares será del 70% del valor del predio, el parágrafo del artículo 85 de la misma ley consigna que los predios y mejoras que se adquieran con destino a los resguardos y a la dotación de tierras de las comunidades indígenas serán entregados a título gratuito a sus autoridades tradicionales o a los Cabildos.

La representante del Ministerio de Agricultura solicitó a la Corte que se declarara inhibida porque las disposiciones acusadas no están vigentes al haber sido derogadas por los artículos 24 y 25 de la Ley 812 de 2003. Sin embargo, la Corporación consideró que era relevante examinar si ese régimen establecía un trato discriminatorio de los hombres y mujeres campesinos frente a las comunidades indígenas, pues los subsidios otorgados bajo el anterior ordenamiento continúan vigentes y sus adjudicatarios conservan la obligación de pagar los créditos contraídos para garantizar la adquisición de las unidades agrícolas familiares.

La Corte indicó que no se trata de sujetos que se encuentren en circunstancias idénticas como opina el actor, sino de sujetos que se encuentran en circunstancias en parte similar y en parte diversa. Mientras en el caso de las comunidades indígenas se trata de la adquisición de tierras de propiedad colectiva para la constitución, reestructuración, ampliación o saneamiento de los resguardos, y por lo tanto está en juego un derecho fundamental, en el caso de los trabajadores agrícolas, cualquiera que sea su condición, se trata de mecanismos para acceder al derecho de propiedad privada, el cual sólo excepcionalmente tiene el carácter de fundamental de acuerdo a la jurisprudencia constitucional.

En este caso concreto, para la Corte no cabe duda de la constitucionalidad perseguida por la adquisición de predios destinados a los resguardos y a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas, pues tal tratamiento tiene fundamento en el deber de promoción del Estado colombiano de la diversidad étnica y cultural consagrado en el artículo séptimo de la Constitución. De igual manera la entrega de tierras a título gratuito a las comunidades indígenas se revela como un medio idóneo para alcanzar tal finalidad.

En cuanto a la necesidad del trato diferente establecido por el legislador no existen medidas alternativas que revistan una idoneidad equivalente o mayor para fomentar el fin de promocionar la diversidad étnica y cultural. Por un lado el mecanismo de los subsidios no tiene la misma idoneidad que la entrega a título gratuito pues no hay que olvidar que, cuando se trata de comunidades indígenas, los predios adquiridos serán destinados a la propiedad colectiva y no a la propiedad privada de quienes la constituyen, razón por la cual establecer mecanismos de financiación que obliguen a que la comunidad o sus miembros aporten parte del valor de los predios y mejoras resultaría cuando menos antitécnico.

El grado de promoción o satisfacción de la finalidad perseguida con la medida de protección contemplada por el legislador es alto, pues la entrega a título gratuito de predios a las comunidades indígenas permite que se consolide la propiedad colectiva sobre los resguardos y con ello se arraigue la identidad cultural de las comunidades indígenas estrechamente vinculada a la propiedad de la tierra. Mientras que el grado de afectación del deber de promoción de los campesinos es débil pues estos son titulares de medidas que igualmente les permiten el acceso a la propiedad como lo son los subsidios y los créditos.

Así, resulta claro para la Corte que las diferencias entre las comunidades indígenas y los campesinos tienen sustento en razones constitucionalmente legítimas como los son la diferencia de los sujetos destinatarios, la diferente destinación de los predios adquiridos, y la diferencia de principios y valores constitucionales en juego. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-180-05
2.4.9. La demora del estado en la culminación del trámite de definición del territorio colectivo que le corresponde a una comunidad indígena, vulnera sus derechos a la integridad, identidad y autonomía cultural así como el derecho a la propiedad colectiva

Desde el año 1992, la Comunidad Indígena Embera Dobidá de Eyakera inició un proceso de titulación de su territorio colectivo, el cual no ha culminado luego de 16 años de solicitudes e intervenciones ante el INCORA y el INCODER.

El INCODER ha hecho cuatro (4) estudios de reconocimiento de las tierras con levantamientos cartográficos, a fin de adelantar y culminar el proceso de constitución y ampliación del Resguardo Indígena ?Embera Dobida de Eyakera?, con base en los cuales reconoció a la comunidad cinco globos de tierra que ascienden a 500 hectáreas.

Sin embargo, lo pretendido por la Comunidad Indígena accionante -a la luz de su historia ancestral- es un territorio colectivo de 5.000 hectáreas, razón por la cual solicitan reiniciar los trámites de constitución del resguardo, realizando un nuevo estudio técnico y topográfico del área real que se pretende titular.

Para la Corte, la demora injustificada por parte del Estado en la culminación del trámite de definición del territorio colectivo que le corresponde a la comunidad indígena, quebranta de manera grave la identidad misma de la comunidad, implica ruptura del principio constitucional que la reconoce y, en el fondo, lleva a destruir la independencia que la caracteriza, con notorio daño para la conservación y adecuado desarrollo de sus culturas y creencias. En este sentido, recuerda que, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, el Estado colombiano como parte de la Convención se ve obligado a asegurarle a esta comunidad la protección efectiva de su derecho de propiedad.

La Corporación también advierte que la ausencia de un territorio debidamente reconocido y amparado por un título colectivo, supone un altísimo riesgo de que estas comunidades permanezcan en situación de vulnerabilidad. Por tanto, ordena en forma imperiosa al INCODER agilizar el trámite de titulación sobre el Resguardo "Embera Dobida de Eyakera. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-433-11
2.4.10. Protección a los recursos naturales del resguardo indígena

?La Corte Constitucional, al ordenar a una Corporación Nacional para el Desarrollo dar inicio a las actuaciones necesarias para restaurar los recursos naturales afectados por el aprovechamiento forestal ilícito que tuvo lugar en el resguardo de la comunidad indígena Emberá-Catío, señaló que la inacción estatal, con posterioridad a la causación de un grave daño al medio ambiente de un grupo étnico, dada la interdependencia biológica del ecosistema, puede contribuir pasivamente a la perpetración de un etnocidio, consistente en la desaparición forzada de una etnia por la destrucción de sus condiciones de vida y su sistema de creencias. Bajo la perspectiva constitucional, la omisión del deber de restauración de los recursos naturales por parte de las entidades oficiales que tienen a su cargo funciones de vigilancia y restauración del medio ambiente constituye una amenaza directa contra los derechos fundamentales a la vida y a la no desaparición forzada de la comunidad indígena.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-380-93
2.4.11. Consulta para decisiones que afecten el medio ambiente del resguardo indígena

?La Corte Constitucional tuteló transitoriamente los derechos de participación, integridad étnica, cultural, social y económica y al debido proceso de la comunidad U"wa al señalar la obligación del Estado de consultar a la comunidad, antes de proferir una resolución que pueda afectar sus derechos e intereses como era la expedición de una la licencia ambiental, para adelantar exploraciones sísmicas en desarrollo del proyecto de explotación de pozos o yacimientos petroleros dentro del territorio del resguardo indígena. Estimó la Corte que el perjuicio irremediable que se pretende evitar, consiste en que al ejecutarse la resolución que autorizó la licencia ambiental, que se extiende hasta cuando culminen las labores de exploración y se evalúen sus resultados, se violaría en forma permanente los derechos fundamentales señalados. Se evita que pueda llegarse a un punto de no retorno, como sería la destrucción o aniquilación del grupo humano U"wa.

La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas hace necesario armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en los referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (art. 80 C.P.), y la de asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas que ocupan dichos territorios. Es decir, garantizar los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social y que, por lo tanto, son el sustrato para su subsistencia. Debe buscarse un equilibrio o balance entre el desarrollo económico del país que exige la explotación de dichos recursos y la preservación de dicha integridad que es condición para la subsistencia del grupo humano indígena.

La participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social. La participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales, no se reduce meramente a una intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización de la licencia ambiental (arts. 14 y 35 del C.C.A., 69, 70, 72 y 76 de la Ley 99 de 1993), sino que tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca tutelar, como son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de la subsistencia de las referidas comunidades.

?No tiene el valor de consulta, como mecanismo de participación de la comunidad, la información o notificación que se le hace a la comunidad indígena sobre un proyecto de exploración o explotación de recursos naturales. Es necesario que se cumplan las directrices señaladas en la legislación correspondiente, que se presenten fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta manifieste, a través de sus representantes autorizados, su conformidad o inconformidad con dicho proyecto y la manera cómo se afecta su identidad étnica, cultural, social y económica.?* nota 1

En otra ocasión, se demandó el artículo 122 de la Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. Sus disposiciones establecen para la autoridad minera la obligación de determinar las zonas indígenas en donde deberán seguirse disposiciones especiales de protección y participación de las comunidades, por considerar que la norma enjuiciada vulnera el derecho que tienen las minorías étnicas para determinar, en concierto con la administración, las zonas dentro de sus territorios que deben tener la calificación de zonas mineras. La Corte consideró que ?las normas constitucionales e internacionales no obligan al establecimiento de consulta en todos los casos sino que se reconoce en el supuesto de la explotación de recursos naturales, lo cual no es el caso de la norma demandada. Sin embargo, resaltó la importancia de la participación de las comunidades desde el momento de delimitar las llamadas zonas mineras indígenas y declaró exequible la norma bajo el entendido de que en el procedimiento de señalamiento y delimitación de las zonas mineras indígenas se deberá dar cumplimiento al parágrafo del artículo 330 de la Constitución y al artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, sobre la obligación del Gobierno de dar participación a las comunidades para asegurar que la explotación se realice sin detrimento de la integridad social, cultural y económica de los grupos indígenas? nota 2

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-039-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-418-02
2.4.12. Consulta previa a las comunidades indígenas de la amazonía sobre erradicación de cultivos ilícitos en sus territorios

La Corte Constitucional consideró que se vulnera el derecho constitucional de los derechos a la integridad cultural y participación de las comunidades indígenas si no se realiza la consulta previa, establecida en el Convenio 169 de la OIT. Para distinguir dentro del territorio de la Amazonía colombiana, cuáles son las poblaciones o comunidades con conciencia e identidad cultural propia y dónde se ubican, para efectos de la aplicación del programa de erradicación de cultivos promovido por las entidades accionadas, entre ellas, el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Presidencia de la República y la Policía Nacional, el juez constitucional consideró que:

?La consulta deberá realizarse con los lineamientos establecidos en el Convenio 169 y su guía de aplicación, con el propósito de llegar a un acuerdo o lograr las medidas propuestas sin que se pueda alegar para no realizarla, el compromiso internacional del Estado en su lucha contra el narcotráfico. Esta consulta se realizará en dos fases. La primera comprenderá a las autoridades y organizaciones indígenas y permitirá determinar el método que se aplicará para adelantar la consulta definitiva, el ámbito territorial de la misma y los medios adecuados para la erradicación de los cultivos en los territorios delimitados. La segunda fase o definitiva permitirá adelantar la consulta efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales sobre todas las decisiones atinentes al programa de erradicación de cultivos ilícitos que la entidades mencionadas adelantan en sus territorios nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-383-03
2.4.13. El concepto de territorio para las comunidades étnicas, incluye áreas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y religiosas

El Gobernador del Cabildo Indígena Resguardo Turpial ? La Victoria, a través de apoderado judicial, solicita la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa regulada por el Convenio 169 de la OIT, a otras formas de participación democrática, a la integridad étnica y cultural de la Nación y a la igualdad de culturas que conforman la Nación, presuntamente vulnerados por el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la empresa Meta Petroleum Limited.

Afirma que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución No. 1712 del 29 de agosto de 2006, otorgó licencia a la empresa Meta Petroleum Limited para la realización del proyecto Oleoducto de los Llanos, desde el campo Rubiales hasta las facilidades del CPF-Cusiana, sin cumplir con la consulta previa a que tiene derecho el Pueblo Indígena Achagua y Piapoco del Resguardo Turpial-La Victoria. Además, la empresa petrolera y sus filiales han violado la licencia concedida al invadir el territorio de su comunidad, abrir broches y construir carreteras dentro de terrenos prohibidos, lo que ha generado graves impactos en el resguardo y en la reserva forestal, la cual ha sido arrasada por aserradores furtivos.

Concluye que las autoridades indígenas de la comunidad Achagua, conscientes de su vulnerabilidad, durante el año 2008 gestionaron ante los funcionarios de "ODL y CRM la solución de las múltiples vulneraciones que está sufriendo la comunidad sin que se les haya solucionado tales impactos causados por la compañía".

La Corte, advirtiendo que el concepto de territorio para las comunidades étnicas, no sólo está integrado por las áreas tituladas a una comunidad, sino también por aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales, religiosas y económicas, etc., encontró que el área de El Charcón Humapo, por ser el lugar donde la comunidad indígena puede desenvolverse libremente según su cultura, su saber y sus costumbres, hace parte de su territorio ancestral.

En consecuencia, en el presente evento, teniendo en cuenta (i) que el proyecto intervino un área sagrada y de vital importancia ecológica, social y económica del territorio ancestral de la comunidad accionante y (ii) que tal intervención tenía la potencialidad de causar graves impactos culturales de sus integrantes, la consulta previa era un procedimiento que debía haberse surtido de manera obligatoria antes de iniciar la construcción del oleoducto, con el fin de que la comunidad Achagua pudiera no solamente manifestar sus opiniones, sino también adoptar medidas para mitigar los efectos (culturales, económicos, sociales, religiosos, etc.) que causaría la construcción del oleoducto en territorios tradicionalmente utilizados. Por esta razón la intervención inconsulta del Charcón Humapo por Meta Petroleum y ODL, con la anuencia de las autoridades gubernamentales, constituye una vulneración de su derecho a la libre determinación, específicamente a la consulta previa.

La Corte consideró importante reiterar que, atendiendo los lineamientos planteados en las consideraciones y lo señalado por el artículo 14 del Convenio 169, el Charcón de Humapo, ubicado en el área de influencia directa del proyecto, ya que por allí cruza el tubo del oleoducto, goza de especial protección, aún estando fuera del resguardo, pues se trata de una porción de tierra que tradicionalmente han ocupado y usado los miembros de la comunidad tutelante.

Por otra parte, al margen de la obligatoriedad de la consulta previa, para la Corte la intervención misma del Charcón Humapo ?así fuera subterránea y no hubiera causado daños al ambiente- también había lesionado el derecho de la comunidad a la protección de su integridad cultural y puesto en riesgo su supervivencia misma, de modo que constituía una segunda violación de los derechos de la comunidad.

En resumen, la Corte encontró que en el presente caso existió una doble vulneración de los derechos de la comunidad accionante: de un lado, el derecho de la comunidad a la libre determinación y, en particular, a la participación fueron vulnerados por las autoridades y empresas demandas al no llevar a cabo la consulta previa, la cual era obligatoria teniendo en cuenta que la construcción del oleoducto iba a intervenir áreas que si bien no se hallan dentro del resguardo de la comunidad, sí hacen parte de su territorio ancestral debido a las prácticas religiosas, tradicionales y de subsistencia que se llevan a cabo allí. De otro lado, las empresas y autoridades accionadas lesionaron con la intervención misma del territorio indígena el derecho de la comunidad a la integridad cultural y pusieron en riesgo su subsistencia, entre otras razones, porque con la construcción afectaron la espiritualidad de los miembros de la comunidad, al punto que atribuyen al paso del tubo enfermedades y muertes; esta transgresión continúa vigente, de modo que se requieren medidas para ponerle fin y mitigar sus impactos.

La Corte estimó necesario acudir a la modalidad de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha descrito como "(?) la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos."

A juicio de la Corte, esta modalidad de reparación requería en este caso específico, (i) además del reconocimiento público de la vulneración por parte de las autoridades y empresas demandadas, y un ofrecimiento de disculpas en un acto público, (ii) la adopción de medidas que aseguraran que la comunidad pudiera continuar haciendo uso del Charcón Humapo, si así lo deseaban, como por ejemplo la insonorización de la válvula ubicada en cercanías del Charcón; (iii) la determinación en conjunto con la comunidad de los impactos específicos del proyecto en términos culturales, espirituales, etc.; (iv) y el diseño conjunto (de conformidad con los usos y costumbres de la comunidad y su derecho consuetudinario) de acciones y medidas que permitieran el alivio espiritual de la comunidad y que contribuyeran a recuperar y conservar sus prácticas, costumbres y tradiciones, por ejemplo, a través de programas de etnoeducación y de recuperación de las tradiciones orales, de su lengua y de las prácticas religiosas y alimenticias asociadas a la pesca. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-693-11
2.4.14. Competencias en materia de ordenamiento territorial deben atribuirse mediante ley orgánica

Se presentó demanda de inconstitucionalidad del artículo 7, numeral 2, parcial, de la Ley 388 de 1997 que distribuye competencias en materia de ordenamiento territorial. Consideró el demandante que se conculcan valores y principios constitucionales porque no se debe involucrar a los pueblos indígenas en un proceso de ordenamiento territorial y urbano, bajo las directrices de los departamentos, sin que previamente se encuentren conformadas y definidas sus entidades territoriales, a través de una ley orgánica que establezca las competencias entre las comunidades indígenas y las demás entidades territoriales.

La Corte declaró inexequible la norma acusada por cuanto la Ley 388 de 1997 desconoció la reserva de ley orgánica consagrada en la Constitución (C.P. art. 288). La inconstitucionalidad de la disposición demandada derivó de la violación directa de la citada norma constitucional porque la Ley 388 de 1997 no se presentó como ley orgánica de ordenamiento territorial. Se ha advertido, a propósito de las leyes orgánicas, que, junto a los requisitos de un quórum cualificado y de una materia específica, debe concurrir también el propósito legislativo explícito de proponer y tramitar una ley de ese tipo. Además, el tema territorial y la distribución de competencias para su ordenación y desarrollo, afecta en grado superlativo a las comunidades indígenas cuyas culturas y cosmovisiones plantean un profundo e inescindible arraigo con la tierra?.

?La ley orgánica de ordenamiento territorial, debe ocuparse de las comunidades indígenas asentadas dentro de los límites de las entidades territoriales existentes o de las que en el futuro se erijan. La respuesta estatal a estas necesidades y problemas debe surgir de un procedimiento legislativo que ha de surtirse conforme a las reglas previstas en la Constitución para la adopción de leyes orgánicas. Cuando está en juego la autonomía y la forma histórica de vida y de organización de personas y grupos - como ocurre con las comunidades indígenas y otros colectivos -, se percibe con mayor nitidez que las competencias vinculadas a la función de ordenación y desarrollo del territorio, tienen una relevancia tan significativas que su debate y posterior definición deben ostentar el rango y atención asociados a las leyes orgánicas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-795-00
2.4.15. Libertad del legislador para excluir a territorios indígenas de compensaciones fruto del impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos

Se demandó la inconstitucionalidad parcial del parágrafo del artículo 26 de la Ley 141 de 1994, que establece la cesión del impuesto de transporte por los oleoductos y gasoductos a las entidades territoriales. Para el actor es injusto y discriminatorio que se excluya a las comunidades indígenas de percibir los recursos de este impuesto cuando los oleoductos o gasoductos atraviesen sus territorios.

La Corte declaró exequible la disposición al considerar, de conformidad con el artículo 360 de la Constitución, que el legislador está facultado para determinar los derechos de las entidades territoriales sobre los recursos naturales no renovables; lo que no significa que todas las entidades territoriales definidas en el artículo 286 superior tengan derecho a participar en las regalías y compensaciones, y que si algunas lo tienen, tampoco puede afirmarse que deba ser proporcionalmente igual. De manera expresa, la disposición constitucional reserva el derecho a participar en las regalías a los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables.

El legislador está habilitado para definir qué entidad territorial es la beneficiaria de las regalías, compensaciones, y de los derechos sobre los recursos naturales no renovables, así como para determinar las condiciones para la explotación de dichos recursos. No existe el presunto trato discriminatorio en la norma acusada, entre los municipios no productores y los territorios indígenas y los distritos, ya que el legislador en desarrollo de los expresos y precisos mandatos constitucionales, sólo consideró justificado y apropiado reconocer en cabeza de los primeros la compensación consistente en la cesión del impuesto de transporte, lo cual no significa que los territorios indígenas y los distritos, al tenor del artículo 361 de la Carta Política, no puedan ser beneficiarios de los ingresos provenientes de las regalías que distribuya el Fondo Nacional de Regalías. La Constitución en ningún momento consagró la absoluta igualdad entre las entidades territoriales, pues aunque todas gozan en principio de los mismos derechos, como gobernarse por autoridades propias y participar en las rentas nacionales, algunas de ellas tienen ciertas prerrogativas especiales que no se reconocen a otras, como ocurre con las regalías y las compensaciones. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-127-00
2.4.16. La conformación o renovación de juntas de acción comunal dentro de los territorios indígenas únicamente resulta admisible cuando se garantice la consulta previa

El Resguardo Indígena de San Lorenzo, comunidad Embera Chamí, actuando por intermedio de su Gobernador, incoó acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Riosucio, Caldas, con el fin de que sean restablecidos los derechos fundamentales a la supervivencia, a la autonomía, a la integridad étnica, social, cultural y económica del cabildo, supuestamente vulnerados en razón del impulso y apoyo dado desde el Plan de Desarrollo Municipal, a las juntas de acción comunal dentro del territorio de la parcialidad.

Aseguran que la Administración ha incurrido en falta de acatamiento de la Resolución N° 006 de 2008, dictada por el cabildo indígena de la comunidad Embera Chamí de San Lorenzo, que dispuso no permitir la constitución de juntas de acción comunal dentro del territorio colectivo.

Estimó la Corte que el apoyo y fomento emprendido por la Alcaldía Municipal de Riosucio para la renovación de juntas de acción comunal dentro del territorio del Resguardo Indígena de San Lorenzo, comunidad indígena Embera Chamí, sin contar previamente con el consentimiento del cabildo, vulneró los derechos fundamentales a la autonomía indígena, a la supervivencia, a la identidad, a la integridad territorial y a la consulta previa de la parcialidad.

Para el Tribunal Constitucional la conformación de juntas de acción comunal dentro de los territorios indígenas se torna problemática en la medida en que se trata de un criterio homogeneizador de la cultura occidental que claramente amenaza el principio constitucional de diversidad étnica y cultural. Y teniendo en cuenta que -prima facie- debe privilegiarse el derecho a la autonomía o autodeterminación, el cual resulta determinante para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos, recordó que en relación con la incorporación de figuras foráneas al interior de los territorios indígenas, contrarias a sus usos y costumbres, a través de la sentencia C-292 de 2003 declaró inconstitucional la imposición efectuada por el Legislador en el sentido de constituir veedurías dentro de los territorios indígenas.

Señaló que esta inconveniencia también fue puesta de presente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil presentado el 29 de septiembre de 1997, en el que llamó la atención respecto del establecimiento de municipalidades en áreas indígenas por decisiones estatales, lo cual advirtió, dificulta la aplicación firme de los preceptos constitucionales y legales sobre tierras indígenas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en sentencia del 23 de junio de 2005, que el estado Nicaragüense violó el derecho político a ser elegido del partido político regional indígena YATAMA, al exigirles su participación en los comicios municipales del 5 de noviembre de 2000, a través de partidos políticos ?forma de organización [que] no es propia de las comunidades indígenas?.

Sumado a lo anterior, la Corte indicó que no podía pasarse por alto el deber de consulta previa como base sustancial para hacer posible la conformación o renovación de juntas de acción comunal dentro de los territorios indígenas, ya que se trataba de una decisión que claramente comprometía su proceso de desarrollo y de preservación cultural. Este condicionamiento, resulta igualmente aplicable respecto de la previsión contenida en el parágrafo 2° del artículo 12 de la ley 743 de 2002, en virtud de la cual ?[e]n los asentamientos humanos cuyo territorio no encaje dentro de los conceptos de barrio, vereda o caserío, la autoridad competente podrá autorizar la constitución de una junta de acción comunal, cuando se considere conveniente para su propio desarrollo?, pues allí claramente tienen cabida los resguardos indígenas.

Entonces, con el fin de garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la autonomía de los pueblos indígenas, la Corte consideró que -en principio- existe imposibilidad general por parte de las autoridades competentes para autorizar la constitución de juntas de acción comunal dentro de los territorios de los resguardos, resultando únicamente admisible esta posibilidad, siempre y cuando sea garantizado el proceso de consulta previa en las condiciones precisadas por este Tribunal en la sentencia T-129 de 2011, pues de lo contrario se vería seriamente afectada la existencia de las comunidades indígenas y, por consecuencia, el principio constitucional de diversidad étnica y cultural. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-601-11
2.4.17. La constitución de un resguardo hace ineficaces los actos que autorizaron la creación de juntas de acción comunal en su territorio

El ciudadano demandante interpuso acción de tutela en su calidad de Gobernador y representante del resguardo Triunfo Cristal Paez, de la etnia NASA, por una presunta vulneración del derecho a la consulta previa, a la identidad cultural, a la autonomía y al debido proceso de las comunidades que componen el mencionado resguardo por parte de la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Departamento y del señor G.R., quien junto con otros miembros de la comunidad indígena se separó de la comunidad debido a las diferencias con las políticas y autoridades del Resguardo y procedió a reactivar la personería de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juanito, corregimiento de la Diana, la cual funciona dentro del territorio reconocido, desde 1995, como parte del Resguardo que representa el accionante.

Ante esta situación el gobernador del Resguardo presentó acción de tutela, argumentando que reconocer efectos jurídicos a una junta de acción comunal que funcionará en el territorio de un resguardo indígena es una vulneración a la autonomía que debe garantizarse a la comunidad indígena para la gestión de sus intereses al interior del Resguardo, así como al derecho de consulta previa. Igualmente, que dicha separación tiene como causa la conversión de algunos miembros de la comunidad a una religión que no corresponde a la tradicional de la comunidad y que, por consiguiente, es su deber como autoridad el proteger la identidad y cultura tradicionales de la comunidad NASA, por lo que pide se deje sin efectos los actos administrativos que reconocen la existencia de la organización comunal.

La Corte empezó señalando que el territorio de una comunidad indígena hace parte de las manifestaciones culturales garantizadas a la misma por el ordenamiento constitucional, así como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que, en cuanto organismo con jurisdicción reconocida por el Estado colombiano, se constituye en criterio de interpretación vinculante de los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional.

A renglón seguido, señaló que las juntas de acción comunal son uno entre varios tipos de organizaciones previstos para promover el desarrollo comunitario por parte de la ley 743 de 2002 y, en esa medida, resultan concreción del derecho fundamental de asociación que tienen las personas para la gestión de sus intereses. Dicho cuerpo normativo las define como organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integradas voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa -ley 743 de 2002, Art. 8°, literal a-, que desarrollarán sus actividades dentro de un territorio delimitado, según las orientaciones que fija la misma normativa -ley 743 de 2002, Art. 12-; y, de acuerdo con el literal a) del artículo 16 del mencionado cuerpo normativo, "[l]a junta de acción comunal estará constituida por personas naturales mayores de 14 años que residan dentro de su territorio".

Es el artículo 12, literal d), de la misma Ley 743 de 2002 el que prevé una restricción a la creación de estas formas de asociación comunal, al establecer que en cada caserío o vereda sólo podrá constituirse una junta de acción comunal, aunque esta regla podrá excepcionarse si la extensión del territorio así lo aconsejare.

Siendo esta la situación, encontró la Corte que la resolución 3915 de 1977, que crea y reconoce personería jurídica a la junta de acción comunal objeto de controversia; y la resolución 504 de 2009, proferida por la Secretaría Jurídica de la Gobernación Departamental, por medio de la cual se aprobó la reforma de estatutos y la inscripción de dignatarios de la entidad denominada Junta de Acción Comunal de la Vereda San Juanito, aunque concreten el derecho fundamental de asociación que tiene toda persona para la gestión de sus intereses en sociedad ?artículo 38 de la Constitución-, vulneran la autonomía para la administración de su territorio reconocida a la comunidad indígena del Resguardo Triunfo Cristal Paez. Dicha autonomía, que debe entenderse como un derecho fundamental de la comunidad indígena, se concreta, entre otras manifestaciones, en la posibilidad de determinar las formas de organización y gestión de desarrollo por parte de la comunidad indígena dentro de su territorio. Por consiguiente, el hecho de que la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Departamento haya determinado que, luego de constituido el Resguardo en el mismo territorio en que actualmente funciona la junta de acción comunal, se podía mantener la personería jurídica de la junta de San Juanito, implicó un desconocimiento de las posibilidades de determinar la organización social y política que tienen las autoridades tradicionales al interior del territorio del Resguardo, en ejercicio de un derecho fundamental, que resulta concreción del principio de diversidad étnica y cultural, el cual, en este caso, resulta de mayor valía que el derecho de asociación ejercido en la conformación de juntas de acción comunal.

En consecuencia, por tratarse de la concreción de un principio fundamental de carácter constitucional, como es el de diversidad étnica y cultural, así como del desarrollo de los artículos 329 y 330 de la Constitución, la constitución del Resguardo hizo ineficaces los actos que, dieciocho años atrás en ejercicio del derecho fundamental de asociación, habían creado la junta de acción comunal de San Juanito.

En ese sentido, la Corte resolvió dejar sin efectos los actos administrativos por medio de los cuales se reconoció la existencia de la junta de acción comunal de San Juanito, así como aquellos en los que se registró la modificación de los estatutos y la elección de dignatarios para la mencionada Junta, por cuanto los mismos no fueron fruto de un proceso en que se diera participación a la comunidad del resguardo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-513-12

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-09-12
La constitución de un resguardo hace ineficaces los actos que autorizaron la creación de juntas de acción comunal en su territorio

2013-05-29
La designación de etnoeducadores debe hacerse de manera concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos

2013-05-24
El concepto de territorio para las comunidades étnicas, incluye áreas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y religiosas

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
Puede aumentar o disminuir el tamaño del texto de todos los elementos haciendo clic en el tamaño correspondiente en la parte superior de la página.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Indígenas y Minorías étnicas optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad