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3. Protección a comunidades negras

3.1. Prevalencia del concepto de identidad cultural para determinar la pertenencia a una comunidad negra.

Mediante sentencia de Revisión, la Corte Constitucional ordenó a una universidad pública otorgarle un cupo a una joven afrocolombiana en dicho centro de educación superior, el cual le había sido negado no obstante haber obtenido el primer lugar en las pruebas de ingreso y existir un convenio suscrito con una organización social afrocolombiana de la cual formaba parte la joven, argumentando que ella no pertenecía a dicha comunidad porque su fisonomía no encajaba en esa etnia.

La Corte determinó que la universidad había violado el derecho a la igualdad de la accionante al negarle el cupo para ingresar a este centro de educación superior, con base en un criterio estrictamente racial, el cual calificó de discriminatorio y contrario al artículo 13 de la Constitución Política.

Señaló que la pertenencia de una persona a una comunidad afrocolombiana o la sola tonalidad de la piel no son determinantes para establecer que se es parte de una etnia, y que lo fundamental es la conciencia de pertenencia a determinada comunidad afrocolombiana. Así mismo, que de acuerdo con los precedentes, la normatividad vigente, el bloque de constitucionalidad, las disposiciones legales y el concepto del Ministerio del Interior y de Justicia, en Colombia prima el criterio de identidad cultural como factor para determinar la pertenencia a la comunidad negra. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-375-06
3.2. Protección del derecho a la igualdad a través de una circunscripción especial para minorías políticas y de la distribución de curules

La Corte procedió a analizar la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que reglamenta el artículo 176 de la Constitución, en cuanto a la circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y las minorías políticas de los colombianos residentes en el exterior. Consideró que el proyecto en cuestión es un ejemplo de una discriminación positiva, porque asigna una situación más ventajosa a unos grupos de la sociedad al concederles una circunscripción especial, para contrarrestar las desigualdades materiales que les aquejan y lograr, así, una mayor posibilidad de que accedan a los beneficios que justamente les corresponden.

?Lo anterior no contradice el artículo 13 de la Constitución en la medida que los grupos a los que se refiere son aquellos de los cuales dicho artículo reclama especial protección. En cuanto a la distribución de las cinco curules de la circunscripción especial, la Corte advierte que se dejó a la discreción del Legislador y era inevitable que a uno de los cuatro grupos de minorías le fueran asignadas dos curules, lo que favoreció a las comunidades negras. Para la Corte, este trato diferente se justifica por cuanto estas comunidades son un grupo étnico que no se encuentra representado en el Congreso más allá de la representación en la circunscripción territorial, pese a que conforma un número importante de personas de la sociedad colombiana?.

El reconocimiento de estas comunidades, a nivel nacional, como "grupo étnico", es un presupuesto indispensable para su adecuada inserción en la vida política y económica del país. Por esa misma razón, su doble representación en la Cámara de Representantes, es una medida de diferenciación que halla una sólida razón de ser en sus condiciones materiales de existencia, respetando así el artículo 13 de la Carta, y las disposiciones del Convenio 169 de la O.I.T. De acuerdo con la Corte, se debe entender que hacen parte de las comunidades negras tanto las que habitan en la cuenca del Pacífico como las raizales ubicadas en el archipiélago de San Andrés y Providencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-169-01
3.3. Requisitos de los candidatos de las comunidades negras para acceder a la cámara de representantes

En el mismo fallo anterior, la Corte analizó los requisitos exigidos por el proyecto de ley para ser representante de las comunidades negras: ser miembro de la comunidad, y haber sido avalado por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. La Corte sostiene que son menos exigentes que los de las comunidades indígenas y esto no viola el derecho de igualdad porque la consagración de requisitos más flexibles, constituye un reconocimiento de la realidad específica de los grupos negros, y por lo mismo, resulta acorde con la Carta. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-169-01
3.4. Legitimidad de los miembros de las comunidades negras de la cuenca del pacífico para invocar el derecho a la integridad cultural, sin sujección a la regla de la representación legal

Los miembros de la Junta Directiva del Consejo Mayor de la Cuenca del Río Cacarica instauraron acción de tutela contra el Ministerio del Medio Ambiente y otras autoridades con el fin de obtener la suspensión de los actos administrativos que autorizaron la explotación forestal de sus territorios colectivos. La Corte Constitucional al estudiar el caso detectó dificultades internas al interior de las 23 comunidades que conforman el Consejo Mayor sobre el manejo y administración del territorio colectivo y sobre la conformación de la Junta Directiva del mismo. Ante tal situación, la Corte abordó inicialmente el estudio de la legitimidad de los demandantes para representar los intereses de la comunidad, y consideró que en este caso no tenía importancia si los actores tenían o no la representación legal de la Comunidad, dado que lo que invocaban era la protección de su derecho constitucional a la diversidad étnica y cultural, fundada en la propiedad colectiva de sus territorios y en sus prácticas tradicionales de producción y habida cuenta de su pertenencia a la comunidad.

Para la Corte es claro que los accionantes están legitimados para invocar la protección del Juez Constitucional, sin consideración al estado actual de la representación de su comunidad, en cuanto persona jurídica i) porque pertenecen a las comunidades negras que ocupan la ribera del río Cacarica, y los artículos 2° y 7° constitucionales reconocen y protegen el derecho de estos pueblos a la diferencia, ii) dado que el artículo 58 de la Carta ampara las formas asociativas y solidarias de propiedad, que los integrantes de las comunidades negras conocen y practican, y iii) en razón de que el artículo 55 transitorio de la Carta propende porque los pueblos que ocupan los ríos de la cuenca del Pacífico mantengan sus prácticas tradicionales de producción, con total respeto de su autonomía e identidad cultural.

Sin embargo, la Corte precisó que la legitimación de los integrantes de las comunidades negras para invocar el derecho a la integridad cultural no debe entenderse como ?un interés generalizado para actuar ante todas las instancias judiciales y administrativas a nombre de los Consejos Mayores, porque la organización de éstos, como personas jurídicas, fue la modalidad acogida por el legislador, previa consulta con la Comisión creada por el efecto, para hacer explícito el reconocimiento cultural previsto en el artículo 55 transitorio, y debe ser considerada cada vez que las comunidades negras requieran ejercer sus derechos civiles y administrativos.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-955-03
3.5. Derecho de las comunidades negras de la cuenca del pacífico a ser consultadas por las autoridades en los procesos de toma de decisiones que los afecten

La Corte Constitucional al estudiar una acción de tutela instaurada por afrocolombianos miembros de la Junta Directiva de la Cuenca del Río Cacarica, quienes buscaban la suspensión transitoria de los actos administrativos que autorizaron a Maderas del Darién S.A. la explotación forestal de sus territorios colectivos, precisó el derecho que tienen estas comunidades a ser tenidas como ?Pueblos?, atendiendo las condiciones sociales, culturales y económicas que las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, además de que se rigen por sus costumbres y tradiciones y cuentan con una legislación propia. Para la Corte es claro que los pueblos que han venido ocupando las zonas ribereñas de las cuencas del Pacífico tienen derecho a la delimitación de su territorio, y que esta comporta el derecho de las comunidades negras a utilizar, conservar y administrar sus recursos naturales, no sólo porque las previsiones del Convenio 169 de la OIT así lo indican, sino porque el artículo 55 transitorio de la Carta reconoce en estos pueblos, de antemano, la conciencia de identidad tribal, criterio fundamental, aunque no único, para que opere dicho reconocimiento en los términos del artículo primero del instrumento internacional y los artículos 1 y 4 de la Ley 70 de 1993.

La Corte señala que el derecho de las comunidades negras a la propiedad colectiva de sus territorios comprende la facultad de usar, gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad y de acuerdo con ciertas limitaciones legales. Precisa que las autoridades de la República, en especial las ambientales, están en el deber de apoyar a las comunidades negras en las acciones que emprendan para impedir el uso de la tierra y la explotación de sus recursos naturales por personas ajenas y para sancionar a quienes se aprovechen de los productos de los suelos y bosques de sus territorios colectivos.

La Corte reiteró la obligatoriedad de la consulta previa, en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos que puedan afectar a los pueblos indígenas y tribales, por aplicación de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, que forman parte del bloque de constitucionalidad conforme a lo dispuestos en los artículos 93 y 94 de la Carta Política, y del artículo 330 ibídem que se aplica también a las relaciones de los pueblos tribales. La Corte ordena al Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó ?CODECHOCO- dentro de sus competencias, que dispongan lo necesario y consulten de manera efectiva y eficiente a las comunidades negras que han venido ocupando las zonas ribereñas de la cuenca del río Cacarica, inicialmente: i) sobre el procedimiento que dichas entidades utilizaran para adelantar una consulta definitiva y ii) posteriormente, sobre la reglamentación, asesoría y acompañamiento y capacitación que deberá regir la explotación forestal de sus bosques colectivos, a fin de asegurar el afianzamiento de la identidad cultural, propiciar un avance en su proceso comunitario y asegurar el beneficio de las comunidades negras en todos los campos. Tales autoridades deberán también someter a consideración de los representantes de las comunidades negras de la cuenca del río Cacarica, de las organizaciones de base de estas comunidades y de los accionantes, además del procedimiento, los términos y los lugares en donde se adelantarán las consultas, atendiendo las condiciones de orden público de la región. Hasta tanto se adelanten los procesos de consulta respectivos y se expida una reglamentación legal para la explotación forestal de dichos territorios, la Corte ordena a Maderas del Darién S.A. suspender la explotación forestal en dichos territorios. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-955-03
3.6. Derecho a la titulación colectiva de territorios ancestrales

El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya, a través de su representante legal solicito al juez constitucional el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29 C. N.), a la propiedad territorial (artículos 58, 60, 64, 55 transitorio C. N.) en conexidad con el derecho fundamental a la vida; y a no ser forzados a desaparecer como pueblo afrodescendiente; los cuales consideraba estaban siendo vulnerados con la dilación injustificada de la titulación colectiva de sus territorios solicitada al INCORA desde 1999, debido a que "les estaba ocasionando perjuicios irremediables, al posibilitar la compra y venta de tierras por parte de otras personas, la implementación de cultivos de uso ilícito y el desarrollo de cultivos de palma aceitera por parte de personas ajenas al territorio ancestral, e impidiendo la existencia y pervivencia de las comunidades allí asentadas".

La Corte consideró que el tiempo trascurrido entre la solicitud de titulación colectiva elevada por el representante legal del Consejo Comunitario del Río Naya el día 23 de diciembre de 1999 y que aun se encontraba pendiente de decisión en el año 2009, esto es, diez años después de haberse presentado el requerimiento, no constituye un término razonable ni proporcionado y estima que las entidades competentes incurrieron en una dilación injustificada que viola el derecho constitucional fundamental al debido proceso administrativo (artículo 29 C. N.).

No se explica la Corte el motivo por el cual el Estado colombiano ha dilatado en el tiempo adoptar una decisión de tanta magnitud para la Comunidad Afrodescendiente de la Cuenca del Río Naya, cuyos integrantes se asentaron en ese lugar desde más de tres siglos atrás y han construido su existencia y su cultura en unión estrecha con esas tierras.

En cabeza del Estado colombiano existen un conjunto de obligaciones cuyo cumplimiento significa requisito sine qua non para favorecer la integración social de las Comunidades Afrodescendientes en términos reales y efectivos, así como para impedir que estas comunidades y las personas que las integran se mantengan en situación de discriminación injustificada, de marginalidad e indefensión, en contravía con lo dispuesto por la Constitución y por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Así las cosas, las entidades del orden nacional ni las del orden territorial pueden permanecer indiferentes cuando se incurre ?como sucedió en el caso concreto? en dilación injustificada del procedimiento administrativo que ha impedido cumplir con la solicitud de titulación colectiva de la propiedad ancestral de la Comunidad Afrodescendiente de la Cuenca del Río Naya, asunto éste clave para la protección de su derecho constitucional fundamental al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural.

La Corte decidió exhortar al Consejo de Estado. Sección Tercera ?Sala de Asuntos Agrarios? para que al tenor de lo dispuesto en el artículo 63 A de la Ley 1285 de 2009 ?que adiciona la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia?, en ejercicio de su autonomía e independencia y teniendo en cuenta que, como lo sentenció la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda ?Subsección ?A??, en el caso bajo examen es preciso ?corregir la morosidad en que incurrieron las diferentes entidades que han tenido a cargo el conocimiento del proceso?, le confiera trámite preferente a la Acción de Revisión instaurada por la Universidad del Cauca contra la Resolución N. 1367 de 17 de octubre de 2008.

De igual forma ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural ?INCODER? adelantar las actuaciones necesarias a fin de cumplir con el plan de acción diseñado por dicha entidad para adoptar en el mes de junio de 2010 una decisión de fondo respecto de la solicitud de titulación colectiva y lo mismo una vez resuelta la acción de revisión por parte del Consejo de Estado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-909-09
3.7. Pescadores afectados por contaminación del océano

?La Corte Constitucional protegió el derecho a la libertad de oficio de los pescadores de una comunidad negra al ordenar un monitoreo en el sector costero para superar cualquier secuela de la contaminación de las aguas marinas de un municipio, ocasionado por el vertimiento de petróleo. La contaminación y la degradación de los recursos naturales, en general, afectan gravemente el medio ambiente. Particular incidencia tiene el efecto degradante en las aguas marítimas porque no solamente afecta el sitio donde se produce el daño sino que tiene efectos expansivos de incalculables proporciones. Los estados y las personas deben proteger la Ecología. El daño ecológico marítimo afecta sobremanera a quien tiene por oficio la pesca. Y si este oficio forma parte de la cultura de una etnia, con mayor razón hay que proteger al pescador. Esa protección a la diversidad étnica, en el caso de una comunidad negra de pescadores, fortalece la protección a tal oficio porque éste integra su cultura.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-574-96
3.8. Derecho de participación de comunidades negras en juntas distritales de educación

?Un representante de las comunidades negras fue amparado por la Corte Constitucional pues se consideró agraviado por causa de la omisión en que había incurrido el Departamento Administrativo de Servicio Educativo Distrital al abstenerse de nombrarlo en la Junta Distrital de Educación. La Corte consideró que se le había vulnerado su derecho a la igualdad y se dispuso la designación de un representante de esta comunidad. La participación de una población, tradicionalmente marginada del poder decisorio real, en el sistema de gobierno de la educación, es definitiva para lograr la cabal integración de la sociedad y el respeto y perpetuación de su valioso aporte cultural. Una forma de asegurar que hacia el futuro la educación no sea un campo de discriminación, puede ser, como lo intenta la ley, que representantes de la población negra tomen asiento en la juntas distritales de educación, junto a los representantes de otros grupos y sectores de la sociedad y del Estado. La participación negra en el indicado organismo estimula la integración social y el pluralismo cultural, y a esos fines cabalmente apunta la ley educativa.

La Corte señaló que la diferenciación positiva corresponde en el caso de las comunidades negras al reconocimiento de la situación de marginación social de la que ha sido víctima dicha población y que ha repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Como ocurre con grupos sociales que han sufrido persecuciones y tratamientos injustos en el pasado, que explican su postración actual, el tratamiento legal especial enderezado a crear nuevas condiciones de vida, tiende a instaurar la equidad social y consolidar la paz interna y, por lo mismo, adquiere legitimidad constitucional.?* nota 1

  • * Con autorización, tomado del CD "Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de Colombia", elaborado por la Corte Constitucional y publicado por el Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Corte Constitucional, Sentencia T-422-96
3.9. Prohibición de discriminar por motivos raciales.

La Corte encontró vulnerado el derecho a la igualdad y los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana y a la honra de una ciudadana de la etnia afrocolombiana a quien se le negó el ingreso a dos establecimientos de comercio en razón a su color de piel.

La Corte determinó que la exclusión o supresión de derechos y libertades de una persona en razón a su raza, constituye un franco desconocimiento a los ideales democráticos, al impedir el desenvolvimiento participativo del sujeto en la sociedad, y supone un quebrantamiento de los designios de convivencia plural, diversidad étnica y cultural, igualdad, paz y justicia.

Señaló que la discriminación por sí misma, tiene la capacidad de lesionar manifiestamente varios de los pilares que comprende el preámbulo y los principios fundamentales de la Constitución Política al desconocer y excluir directamente la existencia de la comunidad afrocolombiana y los principios fundadores de la comunidad internacional. nota 1

La Corte reiteró esta decisión en otra sentencia en la que encontró vulnerados los derechos a la igualdad y la dignidad humana de una ciudadana que interpuso acción de tutela contra dos establecimientos de diversión que le impidieron el acceso por su color de piel. La Corte concluyó que la conducta desplegada por los establecimientos comerciales es contraria al principio de no discriminación.

La Corte Constitucional invocando la Sentencia T-098/04 calificó a la discriminación como un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas principalmente con base en estereotipos o prejuicios sociales, ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica, que se materializa mediante conducta, actitud o trato -consciente o inconscientemente- para anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, trayendo como resultado la violación de sus derechos fundamentales.

También dijo la Corte que Constituye un acto discriminatorio, el trato desigual e injustificado que, por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas institucionales o sociales, de forma generalizada, hasta confundirse con la institucionalidad misma, o con el modo de vida de la comunidad, siendo contrario a los valores constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, por imponer una carga, no exigible jurídica ni moralmente, a la persona.

Para la Corte la simple negativa de acceso a un establecimiento abierto al público es sólo una de las estrategias y prácticas de rechazo sustentadas en el prejuicio que materializan el estereotipo racial. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1090-05
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-131-06
3.10. Diversidad étnica y sociocultural de las comunidades afrocolombianas y el derecho a la educación.

Un miembro de de una comunidad afrocolombiana, fue admitido en una universidad púbica para cursar una carrera universitaria a través de un cupo especial para afrodescendientes. Posteriormente le fue fijada una suma de dinero como valor de la matrícula, cifra que estaba en imposibilidad de sufragar en forma oportuna, por lo que solicito a la universidad la revisión del monto de la matrícula, argumentando carecer de los recursos económicos necesarios para realizar dicho pago. La Universidad resolvió la petición del interesado manifestándole que el trámite previsto en tales situaciones era la previa cancelación de la totalidad de la matrícula y la posterior solicitud de revisión.

Finalmente, ante la insuficiencia de recursos, el aspirante propuso pagar de forma inmediata el 20% del valor de la matrícula, pero la universidad se opuso argumentando que las fechas para la matrícula financiera estaban vencidas.

Los anteriores hechos llevaron al afectado a interponer una acción de tutela en contra de la universidad por violación de sus derechos fundamentales.

La Corte Constitucional mediante sentencia de revisión amparó los derechos fundamentales del accionante a la educación y a la igualdad y ordenó a la universidad disponer lo necesario para realizar una nueva valoración de su situación económica del tal forma que se le garantizara el acceso a la educación superior para el período lectivo inmediatamente siguiente a la fecha de la sentencia.

La Corte señaló que el ordenamiento jurídico nacional e internacional consagra garantías especiales a favor de los grupos étnicos, que se reflejan en la especial atención que se brinda a la protección de sus derechos fundamentales, entre los que se cuenta el derecho a la educación y el acceso a ésta. En tal sentido advirtió que le corresponde al Estado y a la sociedad adoptar posturas que tiendan a hacer efectivos esos preceptos normativos, absteniéndose de asumir conductas discriminatorias o desproporcionadas que impidan la materialización de sus derechos.

Con relación al pago del valor de la matrícula universitaria por parte del aspirante afrocolombiano que la solidaridad es pilar del Estado Social de Derecho y que dentro del ordenamiento jurídico colombiano, la prestación del servicio público de educación, está demarcada por su función social y por el interés común, máxime tratándose de personas que pertenecen a grupos étnicos o tribales.

En el caso concreto, la Corte estableció que los parámetros tenidos en cuenta por el Centro Universitario para fijar el valor de la matrículo no eran reales pues el estudiante había estudiado su bachillerato en un Colegio Privado en virtud de un Convenio celebrado con la Alcaldía de su Municipio y no por su capacidad económica para pagarlo.

La Corte ordenó a la Universidad realizar una nueva valoración a través de criterios que midan, subjetivamente, la capacidad económica del accionante y su núcleo familiar y que, conforme con ello, (i) establezca un costo de matrícula financiera razonable y (ii) acuerde con el actor una modalidad de pago que se ajuste a sus posibilidades y, a su vez, garantice la cancelación de los derechos económicos a que tiene derecho la institución. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1261-08
3.11. La raza como criterio para hacer una diferenciación positiva en materia de acceso a la educación

Una joven afrodescendiente residente en la ciudad de Ibague, Tolima interpuso acción de tutela contra un centro de educación superior oficial, por considerar que había vulnerado sus derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al debido proceso y al libre desarrollo de la personalidad, al haber negado su inscripción como aspirante por las comunidades negras a un cupo por minorías étnicas, argumentando que no había acreditado los requisitos establecidos en el reglamento interno de la universidad, atinentes a la pertenencia a una comunidad afrocolombiana y a la terminación de los estudios de secundaria en un colegio de la jurisdicción del municipio donde está asentada la comunidad.

La Corte determino que el ente educativo había desconocido la autoconciencia manifestada por el accionante respecto de su pertenencia a la comunidad afrocolombiana; en desarrollo de la cual formaba parte de una organización para la defensa de los derechos de ese grupo étnico.

La Corte Constitucional señaló como criterios para realizar una diferenciación positiva en materia de acceso a la educación de los afrodecendientes los siguientes: i) La utilización de la raza como criterio para realizar una diferenciación positiva en materia de acceso a la educación, se ajusta a la Constitución Nacional en la medida que busca mejorar la situación de un grupo étnico como las comunidades afrocolombianas, históricamente marginadas, y excluidas de los derechos y beneficios de los demás miembros de la sociedad mayoritaria; ii) Señaló que la existencia de las comunidades afrodescendientes no depende de la ubicación de sus miembros en un lugar específico del territorio nacional y iii) que el factor racial fisionómico es también un elemento relevante junto a los valores culturales fundamentales y a otros rasgos sociales, que permiten distinguir e individualizar a la comunidad afrodescendiente, sin que pueda afirmarse que dicho concepto esté ligado al elemento espacial. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-586-07

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